Santiago, Chile. AFP

A tres semanas de manifestaciones pacíficas y disturbios muy violentos, gran parte de la ciudadanía sigue pidiendo correcciones a las desigualdades, pero Chile luce perplejo ante un descalabro social que se alarga sin que sus autoridades den con la fórmula para bajar la tensión.

“La tercera marcha más grande de Chile” o “La tercera es la vencida”, son las consignas para este viernes en la tarde, cuando diversas agrupaciones se sirven de Whatsapp, Facebook e Instagram para convocar a marchas pacíficas que buscan rivalizar con los 1,2 millones de personas que el 25 de octubre se reunieron históricamente en el centro de Santiago, y con otra no tan multitudinaria del 1 de noviembre.

Pero los incidentes violentos, liderados por encapuchados que se suceden desde el 18 de octubre también han desinflado las convocatorias multitudinarias. “Desafortunadamente las necesidades de la gente están siendo el ‘caballo de Troya’ para todo lo malo que está pasando en la calle”, dijo Hernán, un conserje de un edificio de Santiago, de 60 años, indignado con la destrucción que ve a diario.

Desde aquel viernes 18 de octubre, cuando el aumento en la tarifa del metro destapó ira en las calles de Santiago, los chilenos reclaman contra las desigualdades en un país con una economía próspera de libre mercado pero con un Estado ausente o laxo en educación, salud y pensiones. Veinte muertos y más de mil heridos dejan tres semanas de manifestaciones diarias, que muchas veces terminan en disturbios, afectando a pequeños y medianos empresarios de una de las economías más estables de América Latina.

Una reforma a la carta magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), parece ser la propuesta clave para salir de una crisis que el gobierno se empeña en tratar como un tema de desorden público. Para la activista Javiera Parada, ex agregada cultural de Chile en Estados Unidos durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-18), “claramente ha habido una falla en el sistema político”.

“REQUIERE CAMBIO DE CONSTITUCIÓN”

Felipe Berríos, sacerdote jesuita y referente de opinión pública, dijo a la AFP que cree que el gobierno de Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos de la región, ha sido muy lento para reaccionar, porque justamente está tocando intereses de los más poderosos. “Hay cosas urgentes como el tema de las pensiones, el sueldo mínimo (de 418 dólares). Eso es para calmar la fiebre, pero para terminar con la enfermedad se requiere hacer un cambio de Constitución, ya que tenemos una que protege el privilegio de algunos, entonces es un desafío mayor y por eso es que hay tanta tensión”, indicó Berríos. Para Chile, que estuvo 17 años bajo una dictadura –que dejó 3.200 muertos y más de 1.000 desaparecidos–, significó un gran desafío unirse para sacar al dictador a través de un plebiscito, en 1988.