Washington, Estados Unidos. AFP.

Los legisladores de Estados Unidos que buscan llevar a juicio político al presidente Donald Trump ordenaron el lunes al Pentágono y a la Casa Blanca la entrega de documentos sobre supuestas presiones del mandatario a Ucrania con­dicionando la ayuda militar.

El mandatario republicano está bajo fuego por una con­versación telefónica del 25 de julio a su homólogo ucra­niano Volodimir Zelenski en la que supuestamente intentó obtener la ayuda de Kiev para conseguir información incri­minatoria sobre el ex vicepre­sidente demócrata Joe Biden, el candidato mejor posicio­nado para disputarle la ree­lección en el 2020.

Los tres comités de la cámara baja que lideran la pesquisa de juicio político están inves­tigando hasta qué punto Trump puso en riesgo la segu­ridad nacional con esas pre­siones y su presunto condicio­namiento de la ayuda militar a Ucrania a ese favor, así como cualquier esfuerzo para encu­brir esos asuntos. “La citación exige documentos necesarios para que los comités exami­nen (...) las razones detrás de la decisión de la Casa Blanca de retener crucial asistencia militar a Ucrania aprobada por el Congreso para con­trarrestar la agresión rusa”, indicaron los presidentes de los paneles de Asuntos Exte­riores, Inteligencia y Super­visión en cartas al secreta­rio de Defensa, Mark Esper, y otros funcionarios.

La citación obliga a presen­tar los documentos antes del 15 de octubre. El incumpli­miento “constituirá eviden­cia de obstrucción a la inves­tigación de juicio político de la cámara”, indicaron los legis­ladores.

Un juez federal de Nueva York desestimó el lunes los esfuerzos del mandatario estadounidense, Donald Trump, para bloquear el acceso a sus declaraciones de impuestos personales y corporativas, alegando que los presidentes en ejercicio no son inmunes a las investigaciones penales.

En un fallo de 75 páginas, el juez Víctor Marrero rechazó el argumento de Trump sobre la inmunidad presidencial amplia, diciendo que no considerar los asuntos personales y profesionales del presidente podría ir en contra de la administración de justicia. “Este tribunal no puede respaldar una afirmación tan categó­rica e ilimitada de la inmunidad presidencial del proceso judicial”, escribió Marrero, agregando que tal cosa “colocaría al presidente por encima de la ley”.