El presidente peruano, Martín Vizcarra, afianzaba el martes su poder al obtener el respaldo de miles de ciudadanos, de la cúpula militar y de los gobernadores regionales, al día siguiente de disolver el Congreso dominado por la oposición, que reaccionó suspendiendo a su vez al jefe de Estado.
El popular mandatario peruano disolvió el parlamento invocando normas constitucionales después de que este le negara un voto de confianza ligado a una reforma del procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
El Congreso respondió horas después aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia y designando en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, en una sesión en que no participaron los parlamentarios que apoyaron la decisión de Vizcarra.
Coloridas y bulliciosas marchas en respaldo a la disolución se sucedieron la noche del lunes en Lima y las ciudades de Huancayo, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, Moquegua y Tacna.
Sin embargo, nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, que enfrenta el rechazo de casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos. A pesar de la tensión, el país ha permanecido en calma.
Vizcarra ha ganado popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir dádivas de la constructora brasileña Odebrecht.
Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio un “autogolpe” y asumió plenos poderes con apoyo de los militares.
Vizcarra convocó elecciones parlamentarias para el 26 de enero, según un decreto publicado en la gaceta oficial. Por una reforma ratificada en referéndum en el 2018, los parlamentarios no pueden ser reelegidos.
Aráoz, economista y ex ministra del difunto presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), fue juramentada el lunes por el jefe del Congreso, Pedro Olaechea.
UN ULTIMÁTUM PARA EL PARLAMENTO
Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al anunciar que lo disolvería si este lunes le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados, con lo que buscaba impedir que ese alto tribunal sea copado por la oposición.
“Acá la Comisión Permanente del Congreso continuará funcionando hasta que se produzcan las elecciones parlamentarias (…). Lo que está claro es que aquí no hay golpe de Estado”, declaró el ex canciller Diego García-Sayán. Pero un ex jefe del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, afirmó que “el Congreso tiene que vacar (destituir) a Vizcarra, pues la decisión del mismo de disolver el Congreso es inconstitucional”.

