• Por Ricardo Rivas
  • Corresponsal en Argentina

El presidente Mauricio Macri, derrotado como precandidato presidencial por el Frente Juntos por el Cambio en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y quien lo derrotó, Alberto Fernández, por el Frente con Todos, finalmente, dialogaron. Telefónicamente, pero lo hicieron. Avance sustancial pero, para nada, sencillo de mantener si no sientan las bases para que, en la campaña electoral que viene hasta las presidenciales del venidero 27 de octubre, la coyuntura, las acciones de los halcones que los entornan y múltiples operadores non sanctos que solo trabajan para sus propios intereses y no los de la sociedad en su conjunto no los induzcan a la falta de diálogo. No será fácil.

Macri, a la vez que Presidente hasta el 10 de diciembre, cuando finaliza su mandato, es también el candidato que habrá de competir definitivamente –en la nueva instancia comicial– contra Fernández. Enorme exigencia para ambos porque, por presión de los operadores de los mercados, este último fue significado como el nuevo jefe de Estado y decidieron que había llegado el momento de despedir al que está en ejercicio. ¿Faltará mucho para que entiendan cómo funciona un Estado democrático de derecho?

La incomunicación inicial entre los dos grandes protagonistas políticos de las elecciones del domingo pasado –Mauricio y Alberto– provocó que el primero anunciara medidas económicas de emergencia para intentar contener los indicadores macro y microeconómicos que se desbocaban. Finalmente, dialogaron telefónicamente y lo dejaron trascender. Tampoco sirvió de mucho. El cierre del miércoles último alcanzó algún grado de dramatismo porque tuvo sabor a crisis irreversible. Los petroleros desafiaron al Presidente. Dejaron trascender que no congelarían el precio de los combustibles por 90 días. ¿Incomprensión, rebeldía, malas intenciones?

Los líderes argentinos, en todos los sectores, no suelen tener miradas estratégicas acertadas. Sobredosis de voluntarismo.

Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó prestar a la Argentina 57.800 millones de dólares –14 meses atrás– previó los eventuales desajustes que suelen afectar periódicamente a la economía de este país. Si bien nadie podría afirmar que imaginaron los días de furia que siguieron a las PASO, Christine Lagarde, titular por entonces de aquel organismo multilateral incluyó en el acuerdo una cláusula denominada “salvaguarda social”. ¿Una visionaria? Seguramente no pero –habrá que admitirlo– su mirada estratégica fue más allá de los números, las evaluaciones y las recomendaciones de los técnicos que la asesoraban. La historia argentina pesa –como antecedente negativo de este país– en la carpeta crediticia del Fondo.

La mencionada “salvaguarda social” opera en el caso de una caída en la actividad económica y, en ese contexto, el déficit fiscal acordado con ese organismo se puede aumentar en 0,2% del PBI (Producto Bruto Interno), equivalente a cerca de 1.200 millones de dólares para ampliar el gasto público en programas asistenciales puntuales como lo son, entre otros, la Asignación Universal por Hijo (AUH) u otros planes sociales en general.

Si bien ninguna fuente gubernamental lo explicita en esos términos, las decisiones económicas que el presidente Macri tomó e hizo públicas recientemente se apoya en esa cláusula. El primero de los anuncios realizados equivale a unos 680 millones de dólares. El 8 de junio del 2018, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, junto a Lagarde destacó esa salvaguarda social “inédita” y “novedosa” en la relación de Argentina con el Fondo porque “si la economía no creciera como se espera, se podrían hacer ampliaciones en el gasto público focalizadas especialmente en los programas sociales”. Crónica de un rescate anunciado.

En ese contexto y pese a que destacados analistas sugieren que el programa económico con el FMI se canceló de hecho otros sostienen enfáticamente que “sin ese acuerdo vigente no hubiese sido posible encarar la emergencia sin incumplirlo”. Según voceros de ambas partes, Mauricio y Alberto, priorizaron este tema cuando hablaron. En el cierre del jueves el dólar cedió hasta ubicarse en $ 59 por unidad. Tres pesos menos que el miércoles sin diálogo.