Río de Janeiro, Brasil. AFP.

Una nueva masacre se produjo este lunes en una prisión del norte de Brasil, donde al menos 52 reclusos murieron en enfren­tamientos entre bandas riva­les que disputan las rutas de la cocaína de esa estratégica región. Al menos 16 de las per­sonas asesinadas en la cárcel de Altamira fueron decapita­das, precisaron las autoridades del estado amazónico de Pará.

La rebelión empezó hacia las 07:00 locales (10:00 GMT) y concluyó antes del mediodía. “Fue un enfrenta­miento entre bandas rivales. Dos guardiacárceles fueron tomados como rehenes, pero ya fueron liberados”, dijo a la AFP un portavoz de la Super­intendencia de Prisiones de Pará. Los enfrentamientos se iniciaron cuando dos perso­nas detenidas en un ala reser­vada a los miembros de una de las facciones irrumpieron en la zona del grupo rival y desen­cadenaron un incendio, pre­cisó el portavoz.

“Es probable que muchos detenidos hayan muerto asfi­xiados”, agregó, indicando que el balance de víctimas podría agravarse una vez que los expertos enviados al lugar terminen su inspección. Un video que circula en las redes sociales, reproducido igual­mente por medios locales, muestra seis cabezas amon­tonadas junto a un muro; un prisionero se aproxima y hace rodar una con el pie, como si fuera una pelota de fútbol.

Otro video muestra cuerpos calcinados sobre un techo del que emana una espesa huma­reda oscura, mientras reclu­sos armados con machetes recorren el lugar. Según las autoridades penitenciarias, la cárcel de Altamira tiene una capacidad de acogida de 200 presos, pero albergaba más de 300. En setiembre pasado, siete presos fueron asesina­dos en otro motín, atribuido a una tentativa de fuga de ese mismo establecimiento.

Brasil, con 727.000 detenidos, tiene la tercera mayor pobla­ción carcelaria del mundo, aunque apenas cuenta con 368.000 plazas en sus prisio­nes. A fines de mayo, 55 pre­sos perdieron la vida en ajus­tes de cuentas durante dos días de enfrentamientos en varias cárceles del estado de Amazonas, vecino de Pará. Una ola de motines en esta­dos del norte y del nordeste, con más de 100 asesinados, muchos de ellos en condicio­nes atroces, sacudió este país de 210 millones de habitantes a inicios del 2017, atribuidos a rivalidades entre bandas por el control de las rutas del trá­fico de cocaína.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes que todavía no hay “ningún indicio fuerte” de que el cacique waiapi hallado muerto en la Amazonía la semana pasada haya sido asesi­nado, un caso que está siendo investigado por la policía.

Las auto­ridades también investigan denuncias de que un grupo de mine­ros ilegales armados invadió el viernes una de las aldeas waiapi del estado de Amapá (norte), tres días después de que el líder fuera hallado muerto en un río.

La Alta Comisionada de las Nacio­nes Unidas para los Derechos Humanos condenó este lunes el asesinato del cacique. “Es un síntoma preocupante del problema creciente de la intrusión en tierras indígenas –sobre todo en las selvas– por parte de mineros, explotadores madereros y agricul­tores en Brasil”, escribió Michelle Bachelet en un comunicado.