Río de Janeiro. Brasil. AFP.

Una jueza de la Corte Suprema de Bra­sil dio cinco días al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro para expli­car su decreto que autoriza a millones de brasileños a por­tar armas cargadas en espa­cios públicos, algo inconsti­tucional según los críticos. La orden de la jueza del Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, que se extiende al Ministerio de Justicia, fue emitida des­pués de que el partido opo­sitor Rede Sustentabilidade impugnara la constituciona­lidad de la decisión de Bolso­naro.

Su decreto, firmado el mar­tes, fue “un abuso de poder regulatorio” y “contravino el espíritu” de un estatuto de desarme del 2003 que prohíbe portar armas en público, según una copia de los documentos de la corte proporcionados a los perio­distas. Entretanto, docu­mentos que circulaban en el Congreso el viernes acusan a Bolsonaro de “ir más allá” de sus atribuciones presiden­ciales y califican el decreto de “ilegal”, tras otorgar a varias categorías ocupacio­nales, entre ellas políticos, periodistas y camioneros el derecho a portar armas, informó este sábado el dia­rio O Globo.

Bolsonaro, un ex capitán del ejército, defiende que el decreto se apega al resultado de un referéndum del 2005 en el que cerca del 64% de los brasileños rechazó una ley que implicaba, entre otras cosas, una prohibición total de la venta de armas.

Pero especialistas asegu­ran que flexibilizar los con­troles aumentará la violen­cia armada en un país que ya ostenta uno de los mayo­res índices de homicidios del mundo.

Brasil registró 64.000 homi­cidios en el 2017, una tasa de casi 31 por cada 100.000 habi­tantes, cifra tres veces supe­rior al nivel considerado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como violen­cia endémica. Frente a la cre­ciente oposición al decreto, Bolsonaro afirmó el viernes que “si es inconstitucional, debe dejar de existir”, para insistir a continuación en que no era este el caso.

El decreto autoriza a los pro­pietarios de armas con licen­cia a comprar hasta 5.000 municiones por año.