Lima, Perú | AFP

La prisión preventiva para el octogenario ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y el suicidio del ex mandatario Alan Gar­cía abren polémica sobre los posibles excesos de la justicia peruana para los presuntos involucrados en el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht.

Estos dos casos pusieron la mirada de la población, los políticos y analistas en la decisiones judiciales, y si se están cometiendo excesos o abusos al aplicar la ley en los casos de las investigaciones sobre la corrupción de Ode­brecht, un entramado de millonarios sobornos que ha tocado a varios políticos latinoamericanos.

El juez Jorge Chávez Tama­riz, especializado en delitos de corrupción, dictó el vier­nes prisión preventiva de 36 meses para Kuczynski, pese a que estaba internado en una clínica donde había sido sometido a una cirugía car­díaca derivada de una crisis hipertensiva.

El diario Perú 21, en su sec­ción editorial, criticó una orden “a todas luces exage­rada” contra el ex presidente “como parte del proceso que se le sigue por presunto lavado de activos” en un caso vinculado al escándalo Ode­brecht.

“Es una decisión inhumana, arbitraria y abusiva que espero que el abogado apele de inme­diato. Este tipo de medidas a los ojos del mundo deslegiti­man y desacreditan a la justi­cia peruana”, señaló a AFP el congresista Gilbert Violeta, de la tolda de Kuczynski.

Pero para el legislador izquierdista de Nuevo Perú, Oracio Pacori, el suicidio de García y la prisión preven­tiva de Kuczynski “no deben usarse para entorpecer las investigaciones de la corrup­ción de Odebrecht, la justi­cia tiene que ser igual para todos”.

Tras rechazar el pedido de arresto por el estado de salud del ex mandatario, planteada por la defensa, el juez Chávez Tamariz señaló que “si bien Kuczynski tiene 80 años existe peligro procesal de obs­taculización y fuga porque no tiene arraigo familiar, ya que su esposa vive en Estados Uni­dos y trató de viajar a ese país para una atención médica”.