Washington, Estados Unidos. AFP

Estados Unidos sumó presión este viernes contra la Venezuela del “ex presidente” Nicolás Maduro, al anunciar sanciones contra cinco funcionarios de inteligencia y seguridad de su entorno, mientras en el frente diplomático sigue el pulso con la oposición liderada por Juan Guaidó.

“El Tesoro sigue tomando medidas contra funcionarios que han ayudado a que el régimen ilegítimo de Maduro reprimiera al pueblo venezolano”, apuntó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

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Entre los sancionados este viernes figuran el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Manuel Ricardo Figuera, a quien Washington acusa de “torturas masivas” y el presidente de la petrolera estatal PDVSA, Manuel Salvador Quevedo Fernández.

El Tesoro apuntó que sancionó a “cinco funcionarios alineados con el ilegítimo ex presidente Nicolás Maduro, quien sigue reprimiendo la democracia y a los actores democráticos en Venezuela, y que incurre en hechos significativos de corrupción y fraude contra el pueblo de Venezuela”.

En la lista está también el comandante de la Guardia Presidencial, Iván Hernández Dala, “responsable de graves violaciones de derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”.

Además figura Hildemaro Rodríguez Mucura, primer comisario del Sebin, que según Washington ordenó la detención de Guaidó. El quinto es Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de una unidad de la policía conocida como Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

GRUPO DE CONTACTO

La Unión Europea y Uruguay enviarán la próxima semana una misión técnica a Venezuela con expertos electorales y de ayuda humanitaria, en el marco del Grupo de Contacto Internacional (GCI), anunciaron este viernes fuentes europeas.

Una “misión técnica” de la UE y Uruguay, que copresiden el GCI, “viajará a Caracas la próxima semana y estará en contacto con las partes interesadas, también de la sociedad civil”, aseguró un alto funcionario europeo, sin precisar qué días tendría lugar. Es una de las acciones acordadas en la primera reunión del grupo de contacto celebrada el 7 de febrero en Montevideo.

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