Brasilia, Brasil. | AFP.

La presidenta del Ibama, la agencia reguladora medioambiental de Brasil, presentó el lunes su renuncia tras rebatir cues­tionamientos del gobierno de Jair Bolsonaro por su gestión al frente de un organismo que estorba a menudo los planes del agronegocio o las empre­sas mineras.

Suelly Araújo, al frente del Ibama desde junio del 2016, anunció en una carta al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que a partir del martes dejará su cargo.

Salles colgó el fin de semana un tuit en el que llamaba la atención sobre un contrato firmado por el Ibama en julio del 2018 por 28,7 millones de reales (7,8 millones de dóla­res al cambio promedio de ese año) para el alquiler de vehículos usados en misio­nes del organismo. “Casi 30 millones de reales en alquiler de carros solo para el Ibama”, escribió el flamante ministro.

El propio Bolsonaro. que asumió el cargo el 1 de enero, retuiteó el mensaje, desta­cando que su gobierno estaba desmontando “rápidamente montañas de irregularida­des”, aunque poco después lo suprimió.

En su mensaje en Instagram, Suelly Araújo consideró que se trata de una “acusación infundada, que demuestra un total desconocimiento de la magnitud del Ibama y de sus funciones”.

El contrato, explica, remite a “393 camionetas” adapta­das a “actividades de control, combate a incendios fores­tales, exámenes técnicos, en los 27 estados brasileños, e incluye combustible, mante­nimiento y seguro, con susti­tución cada dos años”.

“La presidenta del Ibama refuta con vehemencia cualquier insinuación de irregularidad y espera que el nuevo gobierno consagre toda la atención necesaria a las importantes tareas del Ibama y no a crear obstácu­los a la actuación de esta autoridad”.

Consultada por la AFP, la asesoría de comunicación del Ibama indicó que Araújo no había recibido hasta ahora oficialmente la comunicación de su relevo. El presidente Jair Bolsonaro criticó en varias ocasiones el ritmo de atribución de licencias ambientales, demasiado lento a sus ojos, y la existencia de lo que denominó una “industria de la multa” contra actividades madereras, mineras o agrícolas.

Ricardo Salles negó en otro tuit que tuviese la intención de cues­tionar a Araújo. “No levanté ninguna sospecha sobre el contrato, solo destaqué su costo elevado”, alegó. El nuevo ministro llega al cargo acusado de improbidad administrativa por presunto favore­cimiento de empresas mineras en 2016, cuando era secretario de Medio Ambiente del estado de San Pablo.