Buenos Aires, Argentina. AFP.

La defensa de la ex pre­sidenta de Argentina Cristina Kirchner denunció el lunes que emplea­dos domésticos que acudieron a su departamento de Buenos Aires sufrieron síntomas de intoxicación y dio a entender que puede haber tóxicos en el lugar, versión que rechazó el jefe de la Policía.

El abogado defensor de Kir­chner, Carlos Beraldi, relató en una carta publicada en las redes sociales que personal doméstico que debía hacer la limpieza tras la requisa poli­cial sufrió “mareos, fuerte picazón en la garganta y ojos y dificultades para respirar”.

“Luego de efectuarse los con­troles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, reco­mendándose evitar, por todos los medios, una nueva expo­sición al mismo ambiente”, sostuvo el abogado. Además, indicó que debido a ello la ex mandataria y actual senadora se abstendrá de regresar a su residencia. En respuesta, el jefe de la Policía Federal, Nés­tor Roncaglia, aseguró que en el allanamiento al departa­mento de Kirchner el jueves pasado “no se utilizó ningún químico ni se dejaron tóxicos”.

“Yo, como jefe de la Policía, me ofrezco a ir al departamento y prender los aires (acondicio­nados). Se actuó de acuerdo a la legalidad, con la presencia de dos testigos hábiles que dan cuenta del procedimiento”, señaló Roncaglia para enfati­zar su negativa de que pueda haber en el lugar rastros de algún agente irritante.

Desde que el Senado auto­rizó los allanamientos el 22 de agosto pasado, Kirchner ha permanecido en la casa de su hija Florencia, en Buenos Aires. El departamento de Kirchner en Buenos Aires, así como la residencia familiar en Río Negro (Patagonia, sur) y su casa vacacional de El Calafate (Patagonia, sur) fueron allana­dos entre jueves y domingo en el marco de una causa por corrup­ción que implica también a una docena de ex funcionarios de su gobierno (2007-2015) y del de su ya fallecido esposo Néstor (2003-2007), así como a nume­rosos empresarios.

El juez Claudio Bonadio investiga “la existencia de una organización delictiva conformada por funciona­rios públicos (…) comandados por quienes fueran titulares del poder ejecutivo”, Néstor y Cristina Kirchner, según un informe de la causa publicado por el Centro de Información Judicial. Los cálculos inicia­les apuntan a que la trama de sobornos para obtener contratos de construcción de obra pública puede ascender a 160 millones de dólares.

Desde que se inició la investi­gación el pasado 2 de agosto han sido indagados 52 empre­sarios y ex funcionarios, incluyendo a Cristina Kirch­ner. Como senadora, Kirchner goza de fueros parlamenta­rios que impiden su deten­ción, aunque puede ser impu­tada y condenada.