El primer ministro sueco Stefan Löfven fue interrogado ayer viernes en Estocolmo, a pedido de la justicia brasileña, por sospechas de corrupción en la venta a Brasil de aviones caza Jas Gripen.
El ex presidente brasileño Lula da Silva está procesado en este caso por lavado de dinero y tráfico de influencias. Los fiscales lo acusan de haber recibido 2,25 millones de reales (el equivalente a 1,04 millones de dólares). Este dinero habría sido transferido a través de una empresa de su hijo Luis Claudio con el fin de influenciar a Dilma Roussef, que lo sucedió en la presidencia en el 2011, en la compra del modelo Gripen producido por el fabricante de aviones Saab.
Löfven acudió al tribunal como testigo y negó tener conocimiento alguno sobre sobornos relacionados con el contrato de armamento firmado en el 2013 pero admitió que contribuyó a promover el avión sueco cuando aún no asumía como jefe de Gobierno. “Soy un trabajador, es obvio que ayudo a una empresa sueca a crear empleos en Suecia”, dijo al diario Aftonbladet.
El primer ministro sueco negó ante el juez haberse reunido con Lula y Dilma Roussef en Sudáfrica, al margen del homenaje al difunto presidente Nelson Mandela en diciembre del 2013. También negó conocer a Mauro Marcondes, supuesto intermediario entre Saab y Lula. La audiencia duró menos de cinco minutos, informó Aftonbladet.
El presidente de Saab, Marcus Wallenberg, y su director general Håkan Buskhe también dieron su testimonio sobre este caso. Ambos dijeron que no conocían a Mauro Marcondes, según la agencia de prensa TT.
COMPRA POR US$ 4.500 MILLONES
A fines de diciembre del 2013, Brasil puso fin a más de 10 años de negociaciones y aplazamientos para adquirir el modelo Rafale francés y el F/A-18 Super Hornet del estadounidense Boeing para escoger en su lugar el sueco Gripen por un contrato de 4.500 millones de dólares. El contrato por 36 aparatos fue firmado en octubre del 2014, unos meses después de que Stefan Lövfen se convirtiera en Primer Ministro. Lula, de 72 años, está detenido desde el 7 de abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde cumple una sentencia de 12 años y un mes de cárcel, según el fallo de segunda instancia que lo declaró culpable de lavado de dinero y corrupción pasiva en otro caso.