Washington, Estados Unidos. AFP

La Comisión Interame­ricana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, denun­ció el lunes un "alarmante" deterioro de la institucionali­dad democrática y la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El "debilitamiento de la insti­tucionalidad democrática en Venezuela" se observa desde el 2002, pero en los últimos dos años, y especialmente en el 2017, "ha tenido una profun­dización e intensificación alar­mantes", afirma la CIDH en un informe que documenta abu­sos y desviación de poder por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

El reporte de la CIDH es el tercero en 15 años en seña­lar un agravamiento de la cri­sis institucional y de derechos humanos que atraviesa Vene­zuela, después de los informes del 2003 y del 2009, elabora­dos bajo el mandato del enton­ces presidente Hugo Chávez.

En este nuevo informe de 165 páginas, la CIDH se centra en las cuatro "preocupaciones centrales" con relación a Vene­zuela: un resquebrajamiento de la institucionalidad demo­crática y "serios obstáculos" para la participación política; un incremento de la represión y la censura; un aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana; y una intensifica­ción de la pobreza y la pobreza extrema.

En Venezuela hay un "despre­cio por el Estado democrático de derecho", asegura el reporte, demostrado por una "inobser­vancia del principio de separa­ción de poderes" y una "usur­pación de funciones del Poder Legislativo" por parte del Eje­cutivo y el Judicial. "La Asam­blea Nacional (Congreso), democráticamente elegida, fue seriamente impedida de ejercer sus funciones constitucionales por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)", subrayó.

RECHAZO A LA REPRESIÓN ESTATAL

La CIDH expresó su "más enérgico rechazo" a la represión estatal al referirse a las protestas de la opo­sición contra el gobierno de Maduro. Entre abril y julio pasados las movilizaciones antigubernamenta­les dejaron como saldo más de un centenar de muertos y miles de detenciones arbitrarias.

El reporte de la CIDH, además, da cuenta de casos de violencia sexual, censura, inseguridad ciudadana, limitacio­nes a los derechos políticos, desabastecimiento, desnutrición y carencias sanitarias, en medio de una hiperinflación y altos niveles de corrupción e impunidad. "La crisis existente ha generado que quienes viven en Venezuela enfrenten dificultades inaceptables para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación", apunta el informe.