Montevideo, Uruguay. AFP.
La cifra de compradores de marihuana estatal en Uruguay crece rápidamente, pero la negativa de los bancos a operar con empresas que venden cannabis por temor a sanciones internacionales amenaza la iniciativa. El 19 de julio Uruguay dio inicio a un mecanismo inédito de venta en farmacias de marihuana con fines recreativos, producida por privados bajo control del Estado.
Es la última etapa de puesta en marcha de una ley aprobada en 2013 al influjo del entonces presidente José Mujica, que la presentó como "un experimento" contra el tráfico ilícito de drogas.
De casi 5.000 personas anotadas en el registro que habilita la compra de 40 gramos mensuales de la droga antes del comienzo de la venta, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) cuenta ahora más de 12.000 compradores y el stock de marihuana en las farmacias se agota rápidamente.
La discusión de la ley y la puesta en marcha de sus tres patas –autocultivo en hogares, cultivo en clubes cooperativos, y venta en farmacias–, fueron objeto de duras críticas y de la oposición de una mayoría de uruguayos, según encuestas, la última de julio pasado.
Pero un mes después de haber comenzado la venta, el principal problema vino de un origen para muchos inesperado: los bancos. Primero el español Banco Santander dio aviso a farmacéuticos que venden marihuana, de que cerraría sus cuentas.
"Hemos decidido no participar en este rubro como no se participa en otros. Adicionalmente, por ser un banco global con clientes que utilizan bancos en distintos países, debemos cumplir con las diversas normativas locales", dijeron fuentes del banco consultadas por la AFP.
Luego, el jueves, también el estatal Banco República (BROU), al que algunos miraban como alternativa al sector privado, anunció que terminaba con esa operativa.