Colombia inauguró este miércoles su embajada en Jerusalén, y se une al restringido club de países, entre ellos Estados Unidos, que tienen su representación en esta ciudad cuyo estatuto como capital de Israel no es reconocido por el conjunto de la comunidad internacional. La apertura de la legación en Jerusalén, dirigida por la embajadora Tania Gilinski, cumple con una promesa del mandatario colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, en el poder desde agosto.
Y marca un giro de 180 grados respecto a su predecesor izquierdista Gustavo Petro, quien rompió en 2024 las relaciones con Israel en rechazo a la ofensiva israelí en Gaza. “Es una fecha importante para el Estado de Israel. Es también una fecha importante para la ciudad de Jerusalén”, declaró el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, al firmar en el libro de oro de la embajada, acompañado de su homólogo colombiano, Omar Bula.
“Hoy, con la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, damos un paso concreto hacia la restauración de nuestras relaciones diplomáticas. Una relación que nunca debió haber sido interrumpida”, dijo Bula en el acto. “La seguridad es una prioridad fundamental para los dos pueblos. Colombia enfrenta amenazas derivadas del terrorismo, del narcotráfico, de la delincuencia transnacional organizada que afecta a nuestras comunidades (...) En este esfuerzo, Israel es un socio estratégico, siempre lo ha sido y de ahora en adelante lo será con aún más ahínco y fuerza”, agregó la embajadora.
La gran mayoría de países tienen su embajada ante Israel en Tel Aviv, bajo el argumento de que el estatus de Jerusalén está pendiente de dilucidar en una futura resolución del conflicto israelo-palestino. El ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina condenó “firmemente” la iniciativa del gobierno colombiano. En un comunicado, denunció una “violación flagrante del derecho internacional y las resoluciones” de Naciones Unidas, así como “un ataque al pueblo palestino y a sus derechos nacionales justos y legítimos”.
Un apoyo sin fisuras
Abelardo de la Espriella anunció en julio que trasladaría la embajada a Jerusalén como gesto fuerte en favor de Israel, tras la gestión de su predecesor Gustavo Petro, muy crítico con la campaña israelí en Gaza. El presidente Donald Trump ya rompió el consenso en 2018 cuando en su primer mandato decidió llevar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, donde se encuentran el Parlamento de Israel, las oficinas del primer ministro, la Corte Suprema y otras instituciones.
Desde entonces, un puñado de países siguió el ejemplo norteamericano, entre ellos Guatemala, Honduras, Paraguay, Fiyi y Papúa Nueva Guinea. El presidente argentino Javier Milei, un dirigente ultraliberal conocido por su férreo apoyo a Israel, ha prometido llevar la embajada de su país a Jerusalén. El futuro estatus de Jerusalén es una de las cuestiones más espinosas del conflicto israelo-palestino.
Israel ocupa desde 1967 y anexionó posteriormente la parte oriental de la ciudad, de mayoría árabe y donde los palestinos aspiran a establecer la capital de un hipotético Estado propio. Dicha anexión no fue reconocida por la amplia mayoría de la comunidad internacional. En agosto, el gobierno de De la Espriella reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, una meseta de gran valor estratégico que el Estado hebreo arrebató a Siria en la Guerra de los Seis Días, en 1967. Hasta entonces, Estados Unidos era el único país que reconocía la anexión de este territorio en 1981.
Cambios sobre protesta social
El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, firmó la noche del martes un decreto que modifica la respuesta de las autoridades frente a las manifestaciones, en la víspera de marchas convocadas por la oposición.
Sindicatos, estudiantes e indígenas se manifestarán el miércoles en las principales ciudades en contra de las políticas económicas, sociales y de orden público del nuevo gobierno, que promueve medidas mano dura.
El nuevo decreto modifica otra orden ejecutiva de 2021 que privilegiaba el diálogo y la mediación antes de que la fuerza pública actuara en caso de manifestaciones violentas.
Ese año, el denominado “estallido social” generó violentas protestas contra el gobierno del expresidente Iván Duque, que se extendieron por cerca de tres meses con fuertes choques entre manifestantes y la fuerza pública.
El decreto de De la Espriella establece también nuevas definiciones sobre actos violentos, agresiones, la retención de personas o acciones como los bloqueos en vía pública.
“¡No se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!”, escribió el mandatario en X.
La orden ejecutiva también busca establecer corredores y zonas seguras para el transporte, los servicios esenciales, la infraestructura crítica y las vías nacionales.
“No voy a permitir que se bloqueen vías, que se impida el tránsito libre de los ciudadanos”, agregó De la Espriella en un video que acompaña su mensaje en X.
“No existe el derecho a destruir, a bloquear, a atacar la fuerza pública, a agredir y por supuesto no existe el derecho a sembrar caos”, insistió.
La exsenadora del opositor Pacto Histórico María José Pizarro cuestionó en X la medida: “¿Cumple con el principio de publicidad? ¿Se pudieron presentar observaciones por parte de la sociedad civil?”.
De la Espriella criticó en campaña la fallida política de seguridad y paz del gobierno de su antecesor, el izquierdista Gustavo Petro.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo a periodistas más temprano que el departamento del Cauca es una zona de “especial atención”, que ha sido epicentro de fuertes disturbios y bloqueos de arterias viales.
Fuente: AFP.