El gobierno de Honduras declaró en alerta a casi el 80 % de su territorio, incluida la capital Tegucigalpa, debido a la sequía agravada por el fenómeno de El Niño, anunciaron el miércoles las autoridades. El Niño eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que genera cambios globales en los vientos y las lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas.

La medida del gobierno hondureño abarca 234 municipios (de un total de 298) afectados por el bajo nivel de los embalses, la pérdida de cosechas y la muerte de animales, y apunta a liberar recursos para afrontar la crisis, según un comunicado. Tegucigalpa, de 1,7 millones de habitantes, encabeza la lista de 75 demarcaciones declaradas en alerta roja, de máximo riesgo. Las demás localidades fueron clasificadas en distintos niveles de emergencia por tiempo indefinido.

La zona más afectada se encuentra en el Corredor Seco centroamericano, una franja árida que abarca partes de Honduras, El Salvador y Nicaragua y es vulnerable a eventos climáticos extremos. “Esta crisis nos va a llevar hasta marzo o abril del próximo año”, dijo el presidente hondureño, Nasry Asfura, al declarar la emergencia, cuyas medidas prevén perforar nuevos pozos, construir reservorios de agua y entregar alimentos en las zonas más críticas.

Además, el gobierno intervendrá en la producción agrícola y ganadera.

“Ha muerto ganado y las vacas que todavía tenemos están flacas. Está crítica la situación, son desalentadores los pronósticos”, declaró a la AFP Francisco Euceda, ganadero de uno de los municipios en alerta roja.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU estimó recientemente que Centroamérica “será probablemente la región más afectada en términos de aumento relativo de la inseguridad alimentaria” por el fenómeno climático.

Según un análisis de la AFP basado en datos del programa europeo Copernicus, en Centroamérica y el norte de Sudamérica, El Niño, que comenzó en junio y alcanzará su punto álgido a finales de año, ha propiciado temperaturas sin precedentes.

Desde México hasta el norte de Brasil, pasando por las costas del Pacífico y el escudo guayanés, unos 110 millones de personas vivieron el mes de julio más caluroso de toda la historia de los registros. El Salvador, Nicaragua y Honduras batieron sus récords de temperatura mensual tanto en junio como en julio, lo que ha agravado los temores de hambruna.

Fuente: AFP.

El Congreso de Honduras reformó el lunes el Código Penal y aumentó hasta 60 años de cárcel las penas por femicidio en este país que cuenta con la tasa más alta de muertes violentas de mujeres en América Latina. Honduras reporta la tasa más elevada de femicidios en 17 países latinoamericanos evaluados, con 4,3 casos por cada 100.000 habitantes, según un informe de la Cepal publicado a finales del año pasado.

El país centroamericano registró 262 femicidios en 2025, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Organizaciones feministas señalan que en lo que va del año, 116 mujeres han sido asesinadas. En la reforma aprobada por el Congreso, controlado por el oficialismo de derecha, la condena seguirá siendo de 25 a 30 años de prisión, pero “cuando existan circunstancias agravantes”, la “pena podrá oscilar entre 30 y 40 años”, señaló el Parlamento en una nota de prensa.

Además, en “contextos de violencia de género o secuestros que culminen con la muerte de la víctima”, la sentencia “podrá alcanzar hasta 60 años de prisión”, agregó. “El delincuente que ejerce violencia contra la mujer tiene que estar claro que si le quita la vida le va a caer todo el peso de la ley (...). Este es un instrumento para que se haga justicia”, dijo durante la sesión plenaria el presidente del Congreso, el oficialista Tomás Zambrano.

La ley también ordena crear órganos judiciales especializados en prevenir el femicidio que estarán compuestos solo por mujeres. Sin embargo, la directora del Centro de Derechos de Mujeres, Regina Fonseca, dijo a la AFP que “el problema no se resuelve cuando se aumentan las penas”, sino cuando “se evita que sucedan los femicidios”. “No nos sirve una ley que aumenta los años de cárcel a los casos que rara vez van a tener acceso a la justicia”, lamentó la activista, al denunciar que un 90 % de los femicidios quedan en la impunidad.

Fuente: AFP.

Al menos 25 personas entre civiles y policías murieron el jueves en dos ataques del crimen organizado en el norte de Honduras, informaron las autoridades, en momentos en que el país alista una ofensiva contra esas bandas. El hecho más letal se produjo en la madrugada en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), donde al menos 19 personas fueron ejecutadas con armas largas.

Esa localidad se halla bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan dos fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades. “Hay dos equipos trabajando en dos lugares. El primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo lleva un conteo de seis personas que perdieron la vida”, dijo a la televisora local HCH Yuri Mora, vocero de la fiscalía.

En tanto, en Omoa (departamento de Cortés), región fronteriza con Guatemala, la policía nacional reportó cinco agentes y un civil muertos en un enfrentamiento entre un escuadrón antipandillas y presuntos narcotraficantes. “Los encontramos en un sector montañoso de la frontera entre Honduras y Guatemala (...), ahí les habrían quitado la vida”, dijo a la AFP el portavoz de la policía hondureña, Edgardo Barahona.

Más temprano, la policía reportó un civil fallecido en ese hecho.

El presidente del país, Nasry Asfura, aseguró en un mensaje a la nación que van “a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas (...). Esta es una herida más que Honduras no merece. Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune”.

Ambos ataques ocurrieron en la misma semana en que el Congreso aprobó una serie de reformas para combatir la violencia criminal, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras en más de 24 casos por cada 100.000 habitantes.

Las medidas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública. Además, crean una nueva división de lucha contra el crimen organizado y permite catalogar a pandillas y carteles de la droga como grupos terroristas.

Al parecer “las personas asesinadas (en Trujillo) eran empleados de un grupo armado”, dijo telefónicamente a la AFP un líder campesino de una comunidad colindante con Rigores, la aldea donde ocurrió la matanza, que pidió mantener su nombre en reserva.

Videos difundidos más temprano por un canal regional mostraron varios cuerpos ensangrentados y esparcidos en una de las haciendas.

“Es una escena dantesca”, señaló a periodistas el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien indicó que las víctimas al parecer “fueron ejecutadas con fusiles y escopetas”.

Varios de los fallecidos fueron trasladados a sus viviendas por familiares, informó la fiscalía en un comunicado, lo que ha dificultado su labor.

“Son campesinos miembros del Movimiento Campesino de Rigores”, comentó por su parte a la AFP Adilia Castro, líder comunitaria de la zona.

A raíz de los ataques, la embajada de Alemania en Honduras pidió a sus ciudadanos mantener una “precaución especial” en las zonas afectadas.

Sobre los hechos en Trujillo, el ministro sostuvo que se trata de un suceso inédito en una zona que, sin embargo, está “en conflicto desde hace muchos años” por el accionar de bandas dedicadas al narcotráfico y la invasión de terrenos agrícolas.

El jefe de la policía de Trujillo, Carlos Rojas, explicó a un noticiero local que estas organizaciones ocupan y explotan ilegalmente dos fincas de palma africana.

“Pertenecían a una corporación y con el tiempo se fueron apoderando. Ese dinero les permite dotarse de armas para controlar la zona”, señaló Rojas.

Por años, el movimiento campesino en la zona ha acusado a empresas agroindustriales de auspiciar a esos grupos y simular la ocupación para evitar que las tierras pasen a manos de los pobladores.

Debido al revés en Omoa, el gobierno suspendió al director y otros dos altos oficiales de la división antipandillas porque el operativo que terminó con el secuestro y el asesinato de los policías no siguió los “protocolos de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial”.

Fuente: AFP.

Honduras se comprometió ayer domingo a trabajar con las agencias de seguridad de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, tras una reunión entre Kristi Noem, enviada especial de Washington para una alianza de seguridad en América Latina, y el presidente hondureño, Nasry Asfura.

A principios de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una alianza con algunos países latinoamericanos para “destruir” a los cárteles de la droga, durante una cumbre en Florida a la que acudió Asfura, entre otros mandatarios derechistas de la región.

Honduras es uno de los países más violentos de Centroamérica, donde operan las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, protagonistas de la mayor parte de los homicidios y del narcotráfico en el país, y declaradas organizaciones terroristas por Washington. “Ha sido una reunión (...) con muy buena receptividad” donde se abordaron temas como migración y seguridad para “trabajar juntos y hacer una América más próspera”, dijo Asfura tras reunirse con Noem en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa.

Durante la comparecencia de Asfura no se permitieron preguntas a la prensa, mientras que Noem abandonó el lugar sin dar declaraciones. “Garantizamos que vamos a poner todo nuestro empeño para poder trabajar conjuntamente” y coordinadamente “entre nuestras instituciones nacionales” y “las diferentes agencias federales de los Estados Unidos para combatir más eficientemente el crimen”, afirmó el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez.

Se abordaron “temas estratégicos” en el marco de la iniciativa de Trump, conocida como “Escudo de las Américas”, incluyendo “el fortalecimiento de la ciberseguridad, la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado”, indicó el gobierno hondureño en un comunicado. También se acordó, según la nota, el refuerzo de la policía y el ejército hondureño “mediante asistencia técnica especializada”.

Noem, una de las principales figuras de la ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra la inmigración, fue despedida como secretaria de Seguridad Nacional por Trump, que le asignó coordinar esta alianza sobre seguridad con países latinoamericanos, donde también están El Salvador, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Panamá, entre otros.

En Honduras, el oficialismo prepara una reforma penal para endurecer las leyes contra el crimen organizado, en una América Latina donde algunos gobiernos buscan adoptar elementos de la lucha antipandillas del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, muy cuestionado por organizaciones de defensa de los derechos humanos. Asfura recibió durante la campaña el firme apoyo de Trump. A las puertas de la votación, el republicano también indultó al exmandatario conservador y copartidario de Asfura, Juan Orlando Hernández, quien cumplía una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico.

Fuente: AFP.