El soldado colombiano de la legión extranjera de Francia que escapó de guerrilleros que lo mantenían en cautiverio en Colombia está “bien” y permanece bajo protección ante posibles “represalias”, dijo este lunes una fuente militar a la AFP. José Olger Melo Charry fue tomado como rehén el 6 de agosto por una disidencia de la extinta guerrilla FARC cuando transitaba por una carretera en el suroeste del país. El jueves se fugó y, tras cuatro días de caminata, se presentó ante las autoridades, que lo trasladaron a un hospital donde recibe atención médica, según un responsable del ejército.
El cabo colombiano de la Legión Extranjera francesa, secuestrado en agosto por la principal disidencia de la extinta guerrilla de las FARC durante un permiso, logró escapar, indicaron medios colombianos este lunes. José Olger Melo Charry consiguió huir después de haber estado retenido varios días por los rebeldes del Estado Mayor Central (EMC) en Nariño, en el suroeste del país, y, por sus propios medios, llegó a un puesto de policía, afirma el diario El Tiempo.
El militar pasó cuatro días huido antes de alcanzar este puesto situado en el municipio de Policarpa en la noche del sábado y horas después, en la mañana del domingo, fue trasladado por helicóptero a la capital de Nariño, según el periódico. “Una vez en Pasto, Melo Charry fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo observación y acompañado por sus familiares”, agrega el diario colombiano.
El militar fue tomado como rehén el 6 de agosto cuando transitaba por una carretera del departamento de Nariño, dominada por grupos armados que se financian del narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos. La guerrilla colombiana del EMC, principal disidencia de las ex-FARC y dirigida por alias Iván Mordisco, había reivindicado su captura.
Fuente: AFP.
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EE. UU. recibe extraditado a líder de las FARC mientras Colombia bombardea al ELN
Estados Unidos anunció este viernes la llegada de un líder de las FARC disidentes, Willinton Henao Gutiérrez, conocido como “El Mocho Olmedo”, de 45 años, extraditado desde Colombia. Líder del Frente 33 de la guerrilla disidente, “El Mocho Olmedo” es acusado de tráfico de cocaína y lavado de dinero, junto a otros tres presuntos involucrados, explicó el Departamento de Justicia.
“Desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2022, Willinton Henao Gutiérrez (...) y sus co-conspiradores participaron en una operación internacional de tráfico de drogas que involucraba cinco kilogramos o más de cocaína. Supuestamente, la conspiración operaba en Colombia y en el sur de Florida”, explicó el texto.
El acusado llegó el jueves al aeropuerto de Miami bajo custodia policial.
El Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos ha identificado al Frente 33 como una unidad de las FARC-EP (disidentes), dirigida por Javier Alonso Veloza, alias “Jhon Mechas”.
Nueve muertos deja bombardeo
Un bombardeo militar contra un campamento guerrillero en el suroeste de Colombia dejó nueve muertos, informó este jueves el presidente Abelardo de la Espriella.
El operativo contra rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tuvo lugar en una zona rural del departamento de Cauca, corredor del narcotráfico con fuerte presencia de grupos armados.
“Hicimos un bombardeo anoche en el Cauca y dimos de baja a nueve bandidos”, anunció sonriente el presidente tras recibir el balance durante un evento en la ciudad de Pereira.
Horas antes, compartió en X un video dando la orden del ataque al ministro de Defensa a través de un radioteléfono.
Con el apoyo de Estados Unidos, el líder derechista promueve una política de mano dura contra los grupos rebeldes que siguieron en armas tras el acuerdo de paz de 2016, que desarmó a la entonces poderosa guerrilla de las FARC.
Los ataques aéreos dejan más de 50 muertos, al menos siete de ellos menores, desde su llegada al poder el 7 de agosto.
Este es el segundo bombardeo de su gobierno contra el ELN, la guerrilla de origen guevarista que ataca frecuentemente a la fuerza pública, políticos y civiles en sus zonas de control.
Se financia del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
El Cauca es una de las regiones con más narcocultivos del país, cuyas rentas se disputan a muerte los grupos ilegales.
El ELN, la guerrilla más longeva del continente, con más de seis décadas de actividad, sostuvo negociaciones de paz con el pasado gobierno izquierdista de Gustavo Petro sin alcanzar ningún acuerdo.
Fuente: AFP.
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EE. UU. retira visas a decenas de altos cargos de Colombia y Bolivia
Estados Unidos anunció este jueves el retiro de visas a más de sesenta altos cargos, funcionarios y personalidades de Colombia y Bolivia, supuestamente vinculados a actividades de narcotráfico o corrupción.
Entre los 21 afectados en Colombia se encuentra Ricardo Roa Barragán, expresidente de la estatal petrolera Ecopetrol y exgerente de la campaña del izquierdista Gustavo Petro, que lo llevó a la presidencia en 2022.
“Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.
Los líderes de la alianza Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado en el continente, acordaron multiplicar esfuerzos esos conjuntos, recordó.
Colombia se sumó al Escudo de las Américas justo después de que asumiera en agosto el presidente de derecha Abelardo de la Espriella, que venció a Petro en las últimas elecciones.
Además del exjefe de campaña de Petro, aparecen en la lista el poderoso político regional Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en el Caribe colombiano.
También el senador electo Wadith Manzur, que no alcanzó a poseerse en el cargo porque la justicia ordenó su detención en marzo.
En Bolivia, cuarenta ciudadanos se quedan sin visa para ingresar o transitar por Estados Unidos, entre ellos el juez Julio Alba Flores y el magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz, así como varios legisladores y el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce.
Asimismo, resultaron afectados Julio César Porras Velarde, coordinador fiscal de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, y Rony Suárez Milliet, investigado como parte de las pesquisas internacionales sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Washington ya había retirado a finales de septiembre la visa a otra veintena de altos funcionarios bolivianos, entre ellos el fiscal general del país, Roger Mariaca, que poco después fue detenido por la policía.
- Fuente: AFP
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El Congreso colombiano aprueba el presupuesto de 2027 con un elevado déficit fiscal
El Congreso de Colombia aprobó el martes el presupuesto para 2027, en un claro respaldo al gobierno del derechista Abelardo de la Espriella pero proyecta un déficit fiscal que estará entre los más altos de la región. Después de casi 20 horas de discusión, en la madrugada ambas cámaras dieron luz verde a un presupuesto equivalente a unos 201.000 millones de dólares presentado por el gobierno, que prometió recortes en el tamaño del Estado y austeridad.
La aprobación supone la primera victoria legislativa de De la Espriella desde que asumió el poder el 7 de agosto. Pero la oposición critica su impacto en el empleo, los sectores más pobres y el pacto de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC. Además proyecta un déficit fiscal para el próximo año de 9,4 % del PIB, similar al de Brasil, el más alto de Latinoamérica.
“Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. (...) Mi reconocimiento especial por su patriotismo”, escribió De la Espriella en X. El monto contempla recortes para varias entidades, entre ellas el tribunal surgido del acuerdo de paz y encargado de juzgar los peores crímenes del conflicto armado, que verá reducida su financiación en unos 57,5 millones de dólares contra unos 235 millones de presupuesto anterior (-24 %).
“Va a condenar a los jóvenes a la pobreza, porque no le va a permitir a la gente en los territorios vivir en dignidad (...) Con el presupuesto presentado están recortando derechos consagrados en la Constitución”, dijo Oscar Benavides, representante opositor. El Pacto Histórico, partido del expresidente Gustavo Petro, convocó a movilizaciones el próximo 24 de noviembre en contra del presupuesto.
Del total de los recursos aprobados unos 124.500 millones de dólares se destinarán a gastos de funcionamiento. “Tenemos que aceptar un recorte en la inversión y necesitamos un entorno de austeridad”, afirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante el debate.
El gobierno no ha detallado qué gastos planea reducir, aunque se comprometió a presentar en los próximos tres meses una iniciativa legislativa para disminuir el gasto público en 2,2 % del PIB. También se aprobaron unos 1.236 millones de dólares para la atención y prevención de desastres, aunque la oposición recordó que la reconstrucción tras el terremoto de agosto se estima en unos 9.500 millones de dólares.
Proyecto antiterrorista
La Corte Suprema de Justicia de Colombia cuestionó un proyecto de ley del gobierno derechista de Abelardo de la Espriella con el que pretende agilizar la identificación de grupos terroristas al considerar que algunos puntos son inconstitucionales, según el acta de una reunión a la que la AFP tuvo acceso el martes.
El llamado “estatuto antiterrorista” es una de las principales medidas de seguridad del mandatario, que asumió el poder el 7 de agosto con la promesa de “mano dura” contra los grupos criminales con apoyo de Estados Unidos. El proyecto contempla que el gobierno tenga la facultad para clasificar como “terroristas” o “colaboradores del terrorismo” a grupos armados, narcotraficantes y otras organizaciones ilegales sin condenas o investigaciones judiciales previas.
Para el presidente de la Corte, Carlos Roberto Solórzano, la inclusión de una persona u organización en ese registro no puede convertirse, por sí sola, en una prueba de culpabilidad para justificar sanciones penales o patrimoniales. Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló a la AFP que, bajo el discurso de la lucha antiterrorista, la iniciativa oculta intereses políticos.
“Es un caballo de Troya, que se muestra como una lucha contra el terrorismo pero que por dentro está plagado de causas políticas”, expresó. El acta al que tuvo acceso la AFP corresponde a una reunión interna del Consejo Superior de Política Criminal en la que se discutió el proyecto de ley. La Corte consideró que el texto vulnera derechos como la presunción de inocencia y la propiedad privada, ya que contempla el decomiso de bienes y la congelación de activos de los considerados por el gobierno como terroristas o colaboradores del terrorismo.
Aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, De la Espriella inspira su estrategia en políticas de lucha contra el terrorismo impulsadas por Washington. El nuevo estatuto debe ser discutido y aprobado por el Congreso, donde De la Espriella cuenta con mayorías. Washington ha designado como terroristas a organizaciones ilegales de México, Colombia y Ecuador.
Fuente: AFP.
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Derrumbe en mina de oro ilegal deja hasta ahora nueve muertos en Colombia
Un deslizamiento de tierra dejó nueve muertos y más de una decena de desaparecidos en una mina de oro ilegal en el suroeste de Colombia, en una zona de difícil acceso controlada por grupos armados, informaron las autoridades locales el lunes.
La minería ilegal es una de las principales fuentes de financiamiento de los poderosos grupos armados presentes en Nariño, región fronteriza con Ecuador.
En las minas informales, los trabajadores suelen operar bajo deficientes medidas de seguridad.
“Varias personas están sepultadas (...) el reporte que tenemos hasta el momento es de nueve muertos”, dijo Álex González, secretario de paz y seguridad de Nariño, a la cadena Caracol.
También hay entre 12 y 15 desaparecidos, según la entidad regional encargada de atender desastres.
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Videos compartidos en redes muestran a personas con palas y una retroexcavadora removiendo escombros entre barro.
Según la gobernación de Nariño, los equipos de rescate tienen dificultades para acceder al lugar del accidente debido al complicado terreno y a la presencia de grupos criminales, que se financian también del narcotráfico y la extorsión.
“Las comunidades no tienen más alternativas económicas que estas actividades supremamente riesgosas. La minería artesanal prácticamente se perdió”, dijo una fuente de la gobernación a la AFP.
La extracción ilegal de oro es una de las causas de la deforestación en Colombia e implica riesgos como la contaminación de ríos con mercurio.
La Defensoría del Pueblo pidió apoyo aéreo de las fuerzas militares y garantizar el acceso al personal médico y humanitario.
En agosto otro accidente minero en Nariño dejó trece muertos.
Fuente: AFP
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