Dos fuertes explosiones en una dependencia militar de Bolivia donde se guardaba material pirotécnico dejaron ayer viernes al menos dos personas muertas y 81 heridas en una ciudad al sur de La Paz, según un balance del Ministerio de Defensa.

Las dos detonaciones, la segunda la más dañina, ocurrieron alrededor de las 14:30 locales (18:30 GMT) en Viacha, a 30 km de la sede de gobierno. Viviendas con ventanas rotas, escombros volando por los aires y una densa columna de humo negro que se elevó en medio de la ciudad: las imágenes quedaron grabadas en videos ciudadanos difundidos por medios locales.

En los alrededores del recinto militar decenas de policías cerraron el paso a los transeúntes y a la prensa, constató un colaborador de la AFP. “Hasta este momento tenemos dos personas fallecidas confirmadas y siete personas reportadas como desaparecidas”, dijo Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, en conferencia con los medios.

Los muertos y los desaparecidos son militares que sirven en la instalación, confirmó la institución en un comunicado posterior. “Tenemos además 81 personas reportadas heridas, dos de ellas en estado de gravedad”, agregó Justiniano.

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Un informe anterior de la policía daba cuenta de dos muertos, siete desaparecidos y 59 heridos. Vecinos de la zona fueron evacuados a un albergue temporal. Según el ministro, “todavía no es prudente” que vuelvan a sus hogares, pues “existen viviendas afectadas por la onda expansiva”.

En la zona afectada se interrumpió el suministro de luz. En las próximas horas se continuarán trabajos para remover los escombros, informó a la prensa el coronel Roger Roca, vocero de la policía. “Se tiene controlado el incidente”, agregó. Bomberos trabajaban con camiones cisternas en el lugar para reducir el foco de calor, según imágenes difundidas por medios locales.

El presidente Rodrigo Paz expresó su “profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones”.

“He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”, afirmó en X el mandatario.

El ministro Justiniano precisó que hubo dos explosiones. “La primera habría involucrado pólvora negra, correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar”. “Posteriormente se produjo una segunda detonación de mucho mayor magnitud”, cuya causa y el material que explosionó todavía “están siendo determinados”, explicó.

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Sin embargo, el Ministerio de Defensa precisó en un comunicado que ningún tipo de armamento bélico fue detonado. La institución también informó que la Fiscalía, que desplazó investigadores al lugar, abrió una pesquisa penal por “homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos”.

“En este momento, nuestra prioridad está en las personas: atender a los heridos, acompañar a sus familias y continuar las labores de búsqueda y verificación”, dijo Justiniano.

Fuente: AFP

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Por la madrugada de este viernes se registró un enfrentamiento policial con los cinco ocupantes de un vehículo que huyó de un control y que resultó en la detención de tres jóvenes, dos de ellos heridos, mientras que otros dos lograron escapar en medio de la balacera, según reportó el Departamento de Investigaciones de la Policía. Ocurrió aproximadamente a las 2:00 en una cuadra sin salida del barrio Che La Reina de Ciudad del Este. El procedimiento de control se realizaba en la zona del Km 4 y Km 5 de la Ruta PY02.

Fueron aprehendidos Diego Ramón Fernández Brizuela (24), Rodrigo Martínez Escobar (21) y un menor de 15 años, cuya identidad se omite. En tanto, huyeron dos hombres con vestimentas camufladas, chalecos tácticos y con armas de fuego. El vehículo en el que se encontraban es un automóvil de la marca Toyota, modelo Premio, color blanco, sin chapa, con chasis presumiblemente adulterado por golpe.

Incautaron del rodado cuatro armas de fuego, dos largas y dos cortas: un fusil de la marca HK, modelo 416, calibre 5.56x45 mm, de procedencia alemana, con selector de tiro, con portafusil y cargador conteniendo 12 cartuchos; y un fusil sin marca ni procedencia visible, calibre 7.62 x 51, sistema de funcionamiento tipo cerrojo, tiro por tiro, con un cartucho en la recamara y dos en el almacén.

También un revolver de la marca Smith & Wesson, calibre .38 Special, niquelado, de procedencia USA, con una vaina servida y percutida en el interior del tambor giratorio; y un revolver de la marca Positive, calibre .38 Special, con serie y procedencia no visible, con cuatro cartuchos calibre .38 en el tambor giratorio.

Además se incautaron dos pasamontañas de color negro; tres celulares, uno de la marca Samsumg y dos de la marca Xiomi, prendidos y bloqueados; un papel de color blanco, roto, conteniendo un croquis a mano alzada; una billetera con cédula de identidad de uno de los detenidos; y vestimentas varias entre camisas camufladas y sombrero.

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El reporte indica que se realizaba un control policial en la zona indicada cuando el personal vio un automóvil sin chapa a gran velocidad y procedió a interceptarlo, pero el vehículo no paró y huyó. Se inició una persecución, con pedido de apoyo vía frecuencia radial, pero los ocupantes del vehículo realizaron disparos para cubrir su huida y atropellaron retenes policiales.

Entonces se produjo un enfrentamiento a tiros que continuó por varias cuadras, hasta que ingresaron a una calle sin salida y embistieron a un árbol situado en la vereda, descendieron dos ocupantes, quienes continuaron su huida a pie realizando disparos, y se internaron en los yuyales.

A otros tres hombres que salieron del rodado se les exigió que suelten sus armas y se procedió a reducirlos. Al hacer la revisión de los mismos se vio que dos estaban heridos y se pidió el auxilio médico. En el rodado encontraron cuatros armas de fuego. El caso fue comunicado al fiscal Elvio Aguilera.

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El gobierno de Bolivia informó el miércoles que puso bajo su supervisión temporal a la petrolera estatal YPFB por deficiencias en la importación y distribución de combustibles, en medio de una grave crisis de abastecimiento. Además de la intervención, el Ministerio de Hidrocarburos anunció que el gobierno tiene “la intención” de quitar “paulatinamente” a YPFB su rol de comercializadora para cedérselo a empresas privadas y dedicarse a la explotación, exploración y refinación.

La compañía estatal se encarga hasta ahora de comercializar el combustible, un proceso que incluye desde su importación hasta su distribución en el mercado interno. Largas filas de espera son comunes en las gasolineras, en las que algunos conductores duermen en sus vehículos.

El problema del suministro se ha convertido en el principal obstáculo del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que asumió el poder en noviembre de 2025 con la promesa de dar solución a la escasez. “El gobierno nacional dispone la Intervención Estatal Extraordinaria de YPFB para recuperar su eficiencia, fortalecer el abastecimiento de combustibles y transparentar su cadena logística”, informó la oficina presidencial en Facebook.

La intervención tiene un plazo de hasta 180 días y no implica la supresión de la empresa. Según el decreto, publicado el martes en la gaceta oficial, se busca “obtener información fidedigna y suficiente para elaborar un análisis”.

Una comisión de intervención será integrada por los ministros de Economía, Producción Sostenible, Hidrocarburos y Obras Públicas y por el viceministro de Transparencia, quienes recomendarán auditorías y acciones.

“Las medidas regulares que habíamos tomado no funcionaron y (...) es por eso que estamos tomando esta medida extraordinaria” de intervención, dijo en conferencia de prensa Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos.

Blanco atribuyó la escasez a “deficiencias logísticas en la importación y distribución” de YPFB.

“La intención del gobierno nacional es que” la estatal “vuelva a su rol natural” de exploración, explotación y refinación y “no se dedique a comercializar hidrocarburos”, dijo el alto funcionario.

En diciembre, Paz eliminó los subsidios a los combustibles, una política emblemática de los gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) que hundió a Bolivia en su peor crisis económica en cuatro décadas.

Agotó las reservas en divisas y terminó por complicar la continuidad de las importaciones de los mismos carburantes que se subsidiaban.

Paz prometió que el cese de las subvenciones acabaría con las largas filas de espera en las gasolineras, pero eso no ocurrió hasta ahora.

Y a ese malestar se sumó en enero una ola de denuncias contra YPFB por distribuir una gasolina contaminada, que dañó al menos a 36.000 vehículos hasta junio.

Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, denunció a la prensa que “la mitad del combustible” importado por el Estado termina contrabandeado a otros países, con la complicidad de trabajadores de YPFB.

Algunas protestas intermitentes de campesinos se reportan desde la semana pasada, luego de que el Ejecutivo duplicara el precio del diésel hasta los 1,5 dólares por litro para evitar que por su bajo precio interno se destine al contrabando, que señala como causa del desabastecimiento actual.

Con neumáticos y árboles derribados, decenas de campesinos manifestantes se juntaron para cerrar por 24 horas el paso a una fila de camiones y otros vehículos en la localidad de Cuatro Cañadas, uno de los cuatro puntos de bloqueo registrados en el departamento oriental de Santa Cruz el miércoles, constató la AFP. Las tomas de vías desafían el estado de excepción que el gobierno decretó para apagar las anteriores protestas contra la crisis económica, que paralizaron al país entre mayo y junio.

Fuente: AFP.

El líder de una temida organización criminal y uno de los hombres más buscados por Perú fue capturado el martes en Bolivia, de donde será expulsado en las próximas horas, informaron autoridades. Jhonsson Smit Cruz dirigía Los Pulpos, una banda dedicada a extorsiones, secuestros y asesinatos a sueldo.

Conocido como “John Pulpo”, el hombre de 30 años fue condenado a cadena perpetua por asesinar en 2020 a un comerciante durante un robo en Trujillo. Ubicada a 500 kilómetros al norte de Lima, en esa ciudad la banda armó su red de extorsiones. “En Bolivia ha sido detenido” el líder de Los Pulpos “que en Trujillo particularmente (...) son el temor de toda la gente”, dijo el ministro de Interior peruano, César Astudillo, a la televisora Canal N.

Cruz fue capturado durante la mañana en un edificio comercial en La Paz, tras intentar darse a la fuga, según el jefe policial boliviano Adrián Álvarez. Junto con él fue detenido otro miembro de la banda. Ambos serán expulsados de Bolivia para su procesamiento en Perú. El jefe policial describió a Cruz como “un blanco de alto valor regional”, pues también habría operado en Chile y Argentina y buscaba en Bolivia hacer lo mismo.

Cruz, que dirigía a los más de 100 integrantes de Los Pulpos, se sometió a varias cirugías estéticas para evitar su identificación, según las investigaciones. Fue encontrado sin armas y con 10.000 dólares.

El ministerio del Interior de Perú confirmó la noche del martes que los detenidos quedaron bajo custodia de la policía peruana tras su llegada al Centro Binacional de Atención Fronteriza de Desaguadero, ubicado en el límite fronterizo entre Perú y Bolivia.

El traslado a Lima se realizará el miércoles y estará a cargo del ministro del Interior.

Estados Unidos cooperó con las policías peruana y boliviana en las labores que condujeron a la detención de “John Pulpo”, informó la Policía Nacional del Perú en Facebook.

“¡Capturado! Gracias a la colaboración de nuestros equipos FBI y DEA con las autoridades peruanas y bolivianas, ‘Jhon Pulpos’ ya se encuentra bajo custodia en Perú”, señaló el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, en sus redes sociales.

Sólo el domingo Los Pulpos asesinaron a cuatro personas en Trujillo durante el secuestro de un empresario minero que fue liberado la tarde del lunes. En Perú las autoridades policiales ofrecían una recompensa equivalente a unos 146.000 dólares por información que llevara a su ubicación.

Fuente: AFP.