La autorización para que un petrolero de bandera británica opere en el puerto de Ushuaia abrió un nuevo frente de conflicto político en Argentina y provocó un fuerte rechazo en Tierra del Fuego. El episodio es considerado por sectores políticos y ciudadanos como una contradicción inaceptable con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, e incluso algunos lo califican directamente de “traición a la Patria”, según informó este martes la agencia RT.

El protagonista de la controversia es el VS Promise, un buque tanque de 228,6 metros de eslora y con capacidad para transportar más de 500.000 barriles de petróleo. La embarcación, registrada bajo bandera del Reino Unido, llegó al puerto comercial de Ushuaia después de operar en la zona petrolera de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego.

El punto que encendió la polémica es que el puerto de Ushuaia se encuentra actualmente intervenido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), luego de que el Gobierno de Milei desplazara a la administración provincial. Por ese motivo, el Ejecutivo fueguino responsabilizó a las autoridades nacionales por haber permitido el amarre del petrolero británico.

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La presencia de la embarcación desató una fuerte reacción política y social por su carácter simbólico en una provincia que incluye, según la legislación argentina, a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Foto: Captura de pantalla

Tormenta política

El Gobierno de Tierra del Fuego calificó de “inadmisible” la presencia del buque y cuestionó especialmente que una embarcación vinculada al Reino Unido opere en la capital de una provincia que comprende, dentro de su jurisdicción constitucional, los territorios argentinos reclamados en el Atlántico Sur.

La administración provincial cuestionó especialmente la decisión porque el Gobierno de Milei justificó la intervención del puerto de Ushuaia alegando que se trata de un enclave estratégico para defender los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Por eso, considera contradictorio que, bajo control nacional, se haya autorizado el ingreso de un petrolero de bandera británica.

Para Tierra del Fuego, existe una evidente contradicción entre ese argumento y la posterior autorización de una embarcación de bandera británica.

La Provincia reclamó que el Gobierno nacional explique públicamente qué criterios políticos, estratégicos y administrativos fueron utilizados para habilitar la operación.

El episodio reavivó una de las cuestiones más sensibles de la política argentina: la disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas y otros territorios del Atlántico Sur.

La controversia tiene además un fuerte componente simbólico. El petrolero británico llegó a una ciudad considerada por Argentina como puerta de entrada al Atlántico Sur y a la Antártida, en una provincia cuya denominación oficial incluye precisamente a las Islas del Atlántico Sur.

Interrogantes

El caso también generó preguntas sobre la cadena de permisos que permitió al VS Promise ingresar y permanecer en el puerto. Mientras la Provincia exige conocer quién autorizó la operación y bajo qué fundamentos, desde sectores nacionales se sostuvo que la actividad del buque no habría violado la normativa aplicable en este caso.

Según explicaron fuentes citadas por medios argentinos, la legislación fueguina que restringe la presencia de embarcaciones vinculadas con el Reino Unido no se aplica automáticamente a todo buque de bandera británica, sino que contempla determinados vínculos con actividades de exploración o explotación de recursos en la Cuenca de Malvinas. También se señaló que el petrolero no provenía de las islas.

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Sin embargo, esa explicación no consiguió apagar la polémica. La imagen de un gigantesco petrolero británico amarrado en Ushuaia, en plena disputa por Malvinas y mientras el puerto permanece bajo control nacional, se convirtió rápidamente en el símbolo de una controversia que trasciende lo estrictamente portuario.

La acusación de “traición a la Patria” lanzada desde sectores políticos y ciudadanos refleja la intensidad de la reacción, aunque se trata de una calificación política y no de una determinación judicial. El Gobierno de Tierra del Fuego, por su parte, mantiene su reclamo de explicaciones formales y de restitución de la administración provincial del puerto.

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