La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el miércoles una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión “urgente” de cancilleres que debata acciones frente al plan del gobierno de Nicaragua de eliminar las elecciones competitivas. El Consejo Permanente de la OEA adoptó la propuesta a pocos días de que el Congreso de Nicaragua, controlado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, apruebe una reforma constitucional que excluye a la oposición de los comicios y establece un mandato presidencial de siete años “renovables”.

Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, tras las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 350 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.

La reunión extraordinaria de cancilleres -en fecha aún no anunciada- fue aprobada con 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México, luego de que el pasado 5 de agosto no se reunieron los apoyos necesarios.

Todo cambió después de un llamamiento que lideró Estados Unidos a “tomar acciones reales” frente al régimen de los copresidentes, sin especificar qué tipo de medidas.

“La repetición de condenas sin una acción institucional significativa enseña a Murillo y Ortega que pueden simplemente esperar a que nos cansemos”, dijo Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.

La OEA ha celebrado en los últimos años decenas de sesiones sobre Nicaragua que solo terminaron en comunicados de condena, pero una reunión de cancilleres podría promover rupturas o degradación de nexos diplomáticos o presión económica.

La decisión en la OEA fue aplaudida por la oposición en el exilio. El exprecandidato presidencial y expreso político, Juan Sebastián Chamorro, la calificó como una “apabullante victoria de la democracia en Nicaragua”.

Ortega gobernó en la década de 1980 tras la insurrección que derrocó al dictador Anastasio Somoza, volvió al poder en 2007 y se mantiene en él acusado por sus críticos de elecciones fraudulentas y de instaurar una “dictadura dinástica”.

En 2021 encarceló a los candidatos con opción de vencerlo y, al señalarlos de “traición a la patria”, los desterró y despojó de su ciudadanía, al igual que a medio millar de activistas políticos, humanitarios, intelectuales, periodistas y sacerdotes.

El gobierno de Ortega y Murillo, que no se ha referido hasta ahora a las acciones de la OEA, retiró a Nicaragua del foro en noviembre de 2023, por lo que una expulsión, como ocurrió con Cuba en 1962, no procede.

“Todos estamos a favor de los derechos humanos. Pero no queremos que ningún medicamento mate al paciente”, sostuvo el embajador de Brasil ante la OEA, Benoni Belli, que votó en contra, en referencia a eventuales sanciones que adopten miembros del foro.

Para el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Cherniak, la situación de Nicaragua es “urgente”. “Todos nuestros países están preocupados por organizaciones criminales. ¿No es acaso un régimen que cancela la democracia una plataforma para organizaciones criminales?”, expresó.

Pese a la presión del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, que también recibe crédito de bancos internacionales y del FMI, por lo que la oposición ha pedido a la comunidad internacional acciones económicas concretas.

En vísperas de la aprobación de la reforma constitucional -prevista para septiembre-, una docena de grupos opositores acordó un plan de transición política, que incluye la excarcelación de opositores y la renovación de instituciones electorales, judiciales, policiales y militares, controladas por el gobierno. Ortega camina con dificultad, padece lupus y problemas renales. La oposición en el exilio advierte que la eliminación de los comicios busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega-Murillo.

Fuente: AFP.

“No les quedará más que ladrar”, respondió el presidente Daniel Ortega a la masiva condena internacional por su decisión de prohibir formalmente la participación de opositores en las elecciones de Nicaragua, donde gobierna con poder absoluto junto a su esposa Rosario Murillo.

El Congreso anunció que aprobará en septiembre una reforma constitucional que establece un mandato presidencial de siete años “renovables” -cuyo mecanismo no precisó- y excluye a los partidos opositores a los que Ortega llama “golpistas” al “servicio” de Estados Unidos.

Ortega reveló su iniciativa el 19 de julio en el aniversario de la revolución sandinista. Dice que así protege al país de la injerencia de Washington, al que acusa de patrocinar las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 350 muertos según la ONU. Estas son las claves que explican su decisión.

El exguerrillero izquierdista gobernó en la década de 1980 tras la insurrección que derrocó al dictador Anastasio Somoza. Volvió al poder en 2007 y se mantiene acusado por sus críticos de fraudulentas reelecciones y de instaurar una “dictadura dinástica”.

En 2021 encarceló a los candidatos con opción de vencerlo, y, al señalarlos de “traición a la patria”, los desterró y despojó de su ciudadanía, al igual que a medio millar de activistas políticos, humanitarios, intelectuales, periodistas y sacerdotes.

La oposición ya estaba entonces anulada de facto, por lo que para Dora María Téllez, excomandante guerrillera refugiada en España, lo crítico de la reforma está en la “renovación” de mandato, más que en eliminar las elecciones competitivas.

Con 80 años, lupus y problemas renales, Ortega reformó la Constitución en 2025 para ascender a Murillo de vice a copresidenta y supeditar a ellos todos los poderes del Estado.

Para el exaspirante presidencial Félix Maradiaga, exiliado en Estados Unidos, Ortega busca garantizar una sucesión del poder en Murillo, cinco años menor, y en Laureano, de 42, uno de sus ocho hijos en cargos públicos.

“Tienen un trauma sucesorio y miedo”, dijo Téllez a la AFP, al señalar que ambos temen, no solo a la oposición, sino a traiciones en el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla), varios de cuyos dirigentes históricos han sido encarcelados.

Maradiaga y Téllez no descartan que la reforma sea para adelantarse a presiones del presidente Donald Trump -tras las ejercidas en Cuba y Venezuela- que obliguen a abrir espacio a la oposición.

Como la Unión Europea, Estados Unidos ha impuesto sanciones al gobierno nicaragüense desde 2018.

“Se acabó el tiempo de las declaraciones sin acciones”, advirtió el miércoles Michael Kozak, responsable para América Latina en el Departamento de Estado, al proponer una reunión de cancilleres de la OEA para analizar medidas antes de que se apruebe la reforma.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, que recibe crédito de bancos internacionales y del FMI.

“Debe elevarse seriamente la presión. No pueden continuar financiando a una dictadura”, subrayó Maradiaga.

Para Téllez, los comunicados de condena no le hacen “ni cosquillas” al gobierno, que apuesta por “seguir haciendo lo que le da la gana con absoluta impunidad”.

Luciano García, miembro de un partido exiliado en Costa Rica, dice que Trump podría aplicar en Nicaragua -aliada de China y Rusia- “la vía quirúrgica, como fue la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela”.

Pero considera que la comunidad internacional “se inclina por el camino más largo: sanciones económicas, pese al alto costo para la población”.

Las protestas de 2018 “marcan un antes y un después”, dice García. Casi un millón de nicaragüenses se han exiliado, no hay prensa independiente y, además del FSLN, solo quedan partidos minoritarios afines al gobierno.

Juan Sebastián Chamorro, también excandidato preso y ahora exiliado en Estados Unidos, afirma que Nicaragua, “como China, Corea del Norte y Cuba”, formalizará un sistema de partido único con el FSLN.

Maradiaga destaca, no obstante, que hay una “resistencia interna silenciada por la cárcel, la persecución y el miedo”, y el reto de la oposición exiliada es conectarse con ella y el “descontento” que existe, “incluso en el FSLN”, para “construir una alternativa democrática creíble”.

En el exilio hay movimientos diversos que no han logrado unirse, pero no significa que la oposición esté “desarticulada” pues sigue denunciando abusos y exigiendo presión internacional, apuntó García. Para el exdiputado Eliseo Núñez, refugiado en Costa Rica, la oposición debe apuntar a un “cambio por vía democrática”. “Otro camino activaría un nuevo ciclo de violencia”, advirtió.

Fuente: AFP.

El embajador Raúl Florentín, representante permanente del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos, manifestó ayer ante el pleno que la OEA no puede permanecer en silencio ante la intención del presidente nicaragüense Daniel Ortega de suprimir las elecciones libres en el país centroamericano, eliminando la participación de opositores, lo que compromete la seguridad hemisférica.

“Deseamos agradecer en primer lugar a la delegación de los Estados Unidos de América por su iniciativa para la convocatoria de esta sesión extraordinaria, que contó con el copatrocinio de Paraguay, así como con el de las delegaciones de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay, a quienes también agradecemos, declaró Florentín durante el debate en que se planteó una reunión extraordinaria de cancilleres sobre este tema.

“Hemos escuchado con suma atención y preocupación a la relatora de Nicaragua o para Nicaragua, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Rosa María Payá, a quien agradecemos por su presentación”, agregó el diplomático paraguayo. “Observamos como extremamente graves las declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega del 19 de julio pasado, en que mencionó que en Nicaragua nunca más se celebrarían elecciones, así como el posterior anuncio del 24 julio de llevar a cabo una modificación constitucional a inicios de septiembre próximo”.

“Parece hasta irónico que este tipo de declaraciones tengan lugar justamente en el año en que conmemoramos el vigésimo quinto aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Solemos escuchar con frecuencia en este ámbito el rol fundamental que desempeña la OEA en materia democrática en la región y el orgullo que representa el despliegue de las misiones de observación electoral, cuya intervención, en no pocas ocasiones, salvó la democracia de los Estados miembros”, puntualizó Florentín.

El representante de Paraguay mencionó otras situaciones histórica vinculantes: “En ese sentido, me permito traer a colación un ejemplo que antecede incluso a la adopción de la Carta Democrática Interamericana, la misión de observación electoral encabezada por el entonces secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, durante las elecciones generales celebradas en Nicaragua en 1990. Hoy sabemos que la presencia de nuestra organización fue determinante para garantizar una transición pacífica y hacer posible la toma posesión de Violeta Chamorro, la primera mujer elegida democráticamente para ejercer la presidencia de la República en el continente americano”.

“Los ejemplos del pasado también nos recuerdan la responsabilidad que como organización tenemos frente al presente y al futuro de nuestro hemisferio. No podemos permitir que la OEA permanezca en silencio ante una situación de esta gravedad, que ha dejado de ser únicamente una cuestión de violaciones de los derechos humanos y de erosión de la democracia para convertirse en un desafío que compromete la seguridad hemisférica”, refirió.

“Esta afirmación no la hacemos solo nosotros. La propia Asamblea General de la OEA, en su resolución 3022, aprobada en junio de 2024 en Asunción, ya advirtió, y cito: ‘La crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua afecta la estabilidad y la seguridad de otros países en la región’. Fin de la cita”, recordó el vocero del gobierno paraguayo.

“La misma preocupación fue reiterada este lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado de prensa número 15.226. Al respecto, la Comisión señaló, y cito: ‘La intensificación de la represión transnacional del régimen, sumada a la migración forzada de personas nicaragüenses, ha generado serios desafíos en materia de seguridad para otros Estados de la región. A esta situación se suma el impacto del accionar del crimen organizado en Nicaragua y otros países de la región’. Fin de la cita”, acotó Florentín

Continuó: “Por último, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido advirtiendo sobre el desacato sistemático de sus decisiones por parte del Estado de Nicaragua, habiendo urgido al Consejo Permanente para la aplicación de garantías colectivas en respuesta al incumplimiento de sus fallos por parte del régimen. Esto es particularmente grave porque atenta contra la efectividad misma del sistema interamericano”.

“Como bien lo señaló el tribunal en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto a Nicaragua, la garantía colectiva se traduce en una obligación que tienen tanto los Estados partes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como los Estados miembros de la OEA entre sí, de proteger el efecto útil de la Convención Americana y evitar que la justicia interamericana se torne ilusoria”, dijo el embajador en la parte final.

“Me permito aquí agradecer la presencia en sala de la víctima de este emblemático asunto ante la CIDH o la Corte IDH, el señor Juan Sebastián Chamorro. Muchas gracias por estar acá”, indicó al mencionar al precandidato presidencial nicaragüense que pidió una reforma electoral y fue encarcelado por el gobierno de Daniel Ortega, cinco meses antes de los comicios de noviembre de 2021. Chamorro fue liberado en febrero de 2023, y expulsado a Estados Unidos tras serle revocada la nacionalidad.

“Señor presidente, por la gravedad de la situación que representa un abierto desafío a las democracias del hemisferio, me complace anunciar ante este Consejo el copatrocinio de la República del Paraguay al proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos, a los efectos de activar la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores prevista en la carta de la OEA para considerar la situación grave que estamos viviendo en Nicaragua”, concluyó el embajador de Paraguay.

Estados Unidos y países aliados propusieron ayer miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar posibles medidas contra Nicaragua, cuyo gobierno quiere excluir a la oposición de las elecciones. Esa reunión debería realizarse antes de septiembre, cuando el régimen nicaragüense prevé aprobar esa reforma constitucional, propuso Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.

Washington formuló esa demanda al inicio de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que agrupa a todos los embajadores de la organización regional. La moción fue bien recibida por una amplia mayoría, pero México y Brasil formularon reservas. La propuesta debía ser en principio votada este mismo miércoles, pero los representantes levantaron la sesión para seguir negociando.

“Estados Unidos, junto con Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay, está presionando a la OEA para ir más allá de declaraciones sobre Nicaragua. Es hora de una acción colectiva contra el asalto de la dictadura Murillo-Ortega a las libertades del pueblo nicaragüense y a la estabilidad de nuestro hemisferio. Las palabras solas no han funcionado. La acción está retrasada”, publicó el embajador Leandro Rizzuto, representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, en su cuenta oficial de X.

La resolución “sigue en la agenda del Consejo Permanente” pero “se necesitan más conversaciones” explicó una fuente de la OEA a la AFP bajo anonimato. Nicaragua, aislada diplomáticamente en la región, se retiró de la OEA en noviembre de 2023. El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, declaró recientemente que su país iba a acabar con las elecciones, ya que a su juicio la oposición está al servicio de Estados Unidos.

La reforma que irá a debate ante la Asamblea Nacional nicaragüense propone ampliar el periodo presidencial a siete años “prorrogables”. Los opositores, dijo Ortega la semana pasada, son “golpistas” y “traidores a la Patria”. Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, cogobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

“Se acabó el tiempo de las declaraciones sin acciones. Ahora es el momento de una respuesta formal, institucional y colectiva”, pidió Kozak en su discurso ante los países miembros. La propuesta de resolución “propone convocar una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores para determinar una respuesta colectiva apropiada”, indicó Kozak.

“El texto establece explícitamente que no autoriza el uso de la fuerza armada”, precisó. “Lo que pedimos a este consejo es que defina qué deben decidir los ministros”, añadió el alto funcionario diplomático estadounidense. “En nuestra opinión, los ministros deberían reunirse antes del 1 de septiembre”, añadió.

“Los ministros deberían examinar todo el abanico de opciones lícitas disponibles en los planos diplomático, institucional, económico y de seguridad colectiva”, propuso Kozak ante la OEA. La convocatoria de una reunión de cancilleres es una de las potestades de la OEA, y sería “un espacio propicio” de debate, indicó Uruguay en su moción de apoyo.

En términos similares se expresaron la mayoría de países aliados de Washington, que suponen una mayoría (en torno a 18) en la actual composición del Consejo Permanente. Pero México consideró por su parte que “debe ponderarse adecuadamente la convocatoria a una reunión de consulta” de los cancilleres, y que hay que buscar “canales de diálogo” con Managua, explicó el embajador ante la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez. “La organización debe desempeñar un papel constructivo, priorizando la apertura de canales de negociación”, añadió Brasil.

Fuente: AFP.