La hija de uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo quedó en el centro de un escándalo que amenaza con convertirse en un serio problema judicial, informó este jueves la agencia RT. Phoebe Gates, hija de Bill Gates, enfrenta cuestionamientos por el funcionamiento de Phia, la startup de compras digitales que cofundó y que habría utilizado mecanismos para atribuirse ventas que, según las acusaciones, no había generado.
El caso cobró una nueva dimensión después de que una investigación de Bloomberg señalara que Gates y su socia, Sophia Kianni, aparentemente conocían desde hacía varios meses determinadas funciones del software que permitían colocar automáticamente cookies de seguimiento y reclamar comisiones por operaciones realizadas en internet.
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Phia funciona como un asistente digital de compras y dispone de una extensión para navegadores que ayuda a los usuarios a encontrar descuentos y cupones. Su modelo de negocios contempla recibir una comisión cuando una compra es atribuida a la plataforma. El problema surge cuando esa atribución se produce aunque Phia no haya generado realmente la venta.
La práctica cuestionada es conocida como “cookie stuffing”, una técnica mediante la cual se introducen cookies de afiliación en el navegador para hacer aparecer a una determinada plataforma como responsable de una compra. De esta manera, puede terminar cobrando una comisión correspondiente a una venta que en realidad fue impulsada por otro canal.
“El problema”
Lo que inicialmente fue presentado por la empresa como un problema detectado recientemente tomó otro cariz con las nuevas revelaciones. De acuerdo con los reportes citados, comunicaciones internas y elementos del código de Phia indicarían que determinadas funciones destinadas a colocar automáticamente esas cookies estaban en discusión desde diciembre de 2025.
El escándalo también golpeó las cifras del negocio. Tras desactivar las funciones cuestionadas en julio, los ingresos diarios promedio de Phia habrían caído desde aproximadamente USD 80.000 hasta un rango de entre USD 10.000 y USD 28.000, aunque la compañía sostiene que la caída también obedeció a la suspensión de otras herramientas de monetización y cuestiona parte de las conclusiones sobre el impacto del mecanismo.
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La dimensión legal es la que ahora genera mayor preocupación. El abogado Ariel Givner advirtió que una conducta de este tipo puede ser considerada en Estados Unidos como fraude electrónico federal, delito cuya legislación contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión, además de posibles multas y restituciones.