Amnistía Internacional (AI) pidió ayer jueves a la comunidad internacional elevar la presión contra una reforma en Nicaragua que excluirá a la oposición de las elecciones. La Asamblea Nacional -controlada por el gobierno- prevé aprobar a inicios de septiembre los cambios a la Constitución solicitados por el presidente Daniel Ortega para impedir la participación de opositores que, según él, están al servicio de Estados Unidos.

AI “solicita a los demás Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión de este derecho (a elegir) como una decisión soberana de carácter interno”, planteó la organización en un comunicado. Además, insta a que planteen la situación en todos los foros multilaterales pertinentes, y que exijan que “Nicaragua cumpla con todas las obligaciones vinculantes que le corresponden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente aquellas que asumió voluntariamente”.

La “reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.

El exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La pareja presidencial, en el poder desde hace casi dos décadas, considera esas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.

Según el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, la Constitución establecerá que “no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni podrán ejercer cargos públicos (...) los golpistas” y “los que hayan incurrido en actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua”.

También excluirá a “los traidores a la Patria” y a quienes “viven pidiendo intervención militar”, que “aplauden y piden sanciones para todos nosotros”, agregó. La reforma además ampliará el periodo presidencial de seis a siete años “prorrogables”, lo que según líderes opositores supone enterrar las elecciones. El texto completo de la iniciativa no ha sido difundido aún por la Asamblea ni por el gobierno de Ortega.

La Unión Europea exhortó el sábado a Nicaragua a convocar elecciones “de conformidad con las normas internacionales” después de que el copresidente del país, Daniel Ortega, impulsara una reforma para impedir la participación de opositores en los comicios. El Congreso nicaragüense, controlado por partidarios de la dupla presidencial, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, anunció el miércoles que redactará un paquete de reformas que votará en agosto para que no se “pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos” en los comicios, dijo el jefe del legislativo, Gustavo Porras, en referencia a la oposición.

“Instamos a las autoridades a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales”, dijo en un comunicado la Alta Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

Kallas, en nombre de los 27 países del bloque europeo, insistió en “la condena de la represión sistémica”, por parte de Ortega, quien acumula casi dos décadas en el poder, y le pidió" diálogo entre el régimen y la oposición" para llevar adelante cualquier tipo de reforma electoral.

Managua anunció el viernes que explicará a los diplomáticos extranjeros los puntos de esta reforma, después de una oleada de críticas contra el gobierno por su iniciativa.

Aun así, el Ministerio de Exteriores nicaragüense respondió el sábado con dureza a la petición de la UE, que calificó como “injerencista, imperialista, y propio de una mentalidad y prácticas ancladas en un Pasado Colonial”.

“No somos vasallos de nadie”, añadió. Nicaragua debía ir elecciones generales el próximo noviembre, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios tendrían que realizarse en noviembre de 2027.

Fuente: AFP.

La reforma que excluirá a la oposición de las elecciones en Nicaragua vetará expresamente la participación de “golpistas” y “traidores a la patria”, informó el miércoles el Congreso, que retoma así los términos que el presidente Daniel Ortega usa contra todos sus adversarios. La Asamblea Nacional -controlada por el gobierno- prevé aprobar a inicios de septiembre los cambios a la Constitución solicitados por Ortega para impedir la participación de opositores que, según él, estén al servicio de Estados Unidos.

El exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU. La pareja presidencial, en el poder desde hace casi dos décadas, considera esas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.

Durante una reunión con los mandos del Ejército para informar sobre el proyecto, el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, dijo que el “primer elemento” es la reforma del artículo sobre los derechos ciudadanos para postular en comicios. La Constitución establecerá que “no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni podrán ejercer cargos públicos (...) los golpistas” y “los que hayan incurrido en actos que menoscaban la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación de Nicaragua”, dijo Porras en su intervención.

También excluirá a “los traidores a la Patria” y a quienes “viven pidiendo intervención militar”, que “aplauden y piden sanciones para todos nosotros”, agregó Porras, en referencia a opositores exiliados a quienes llamó “demonios”.

Por su lado, el jefe del Ejército, Julio César Avilés, aseguró que la reforma tiene el “firme respaldo” de las Fuerzas Armadas. Al recibir la propuesta de Ortega el pasado martes, Porras dijo que la reforma además ampliará el periodo presidencial de seis a siete años “prorrogables”, lo que según líderes opositores supone enterrar las elecciones.

El texto completo de la iniciativa no ha sido difundido aún por la Asamblea ni por el gobierno de Ortega. El medio oficialista TN8 informó que durante la reunión con los militares se dio a conocer que el proyecto también prevé anular partidos que hayan recibido financiamiento extranjero o cuyos representantes hayan “violentado” la Constitución.

Fuente: AFP.

La reforma constitucional que busca dejar a la oposición fuera de las elecciones en Nicaragua propone además ampliar el periodo presidencial de seis a siete años “renovables”, según el proyecto del presidente Daniel Ortega que recibió el martes la Asamblea Legislativa. La Asamblea -controlada por el gobierno- prevé aprobar a inicios de septiembre las leyes solicitadas por Ortega para que en los comicios no participen “vendepatrias” ni “golpistas” al servicio de Estados Unidos, términos con los que suele referirse a sus adversarios.

El texto no ha sido difundido aún en su totalidad, pero el presidente del Congreso, Gustavo Porras, adelantó que extiende el mandato presidencial. “Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de siete años renovables”, dijo Porras al leer la parte introductoria de la propuesta.

La ampliación del mandato “asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias”, añadió. La copresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, Rosario Murillo, explicó el lunes que el plan de reforma fue compartido con el cuerpo diplomático y que antes de su aprobación también habrá “consultas” con varios sectores de la sociedad nicaragüense.

Opositores nicaragüenses en el exilio consideraron que con la ampliación del mandato y la posibilidad de prorrogarlo prácticamente las elecciones quedan sepultadas en el país centroamericano. La reforma “pretende perpetuar la tiranía. Los períodos serán ‘renovables’. Claro no hay reelección, porque no habrá elección”, afirmó en X la excomandante guerrillera y expresa política Dora María Téllez.

Para el abogado y antiguo funcionario del poder judicial nicaragüense, Yader Morazán, con esta modificación, los Ortega Murillo “se garantizan el poder vitalicio, sin límite real, sin alternancia y sin elecciones competitivas”.

De su lado, la jurista María Asunción Moreno, dijo en X que con las “reformas se podría extender el periodo actual hasta el 2028, para luego renovar los 7 años, sin elecciones libres”.

La Gran Confederación Opositora Nicaragüense, que opera en el exilio, calificó como un “descaro total de la dictadura sandinista Murillo-Ortega el anuncio de recetarse siete años y más en el poder”. Ortega, un exguerrillero izquierdista, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual fue reelegido tres veces en cuestionados comicios. En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y ganó ampliamente sin rivales.

En 2024, una reforma a la Constitución amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y elevó a Murillo, entonces vicepresidenta, al puesto de copresidenta. Además, aplazó para noviembre de 2027 los comicios que debían realizarse a finales de este año. Varios países y organizaciones internacionales rechazan la intención de Ortega de excluir de las elecciones a los partidos opositores.

Estados Unidos advirtió que no se quedará de “brazos cruzados” frente a la “dictadura”, mientras la Unión Europea (UE) exhortó al gobierno nicaragüense a convocar elecciones “de conformidad con las normas internacionales”. El presidente electo de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, anunció que romperá relaciones con Nicaragua cuando asuma el 7 de agosto.

Por su parte, la presidenta de México, la izquierdista Claudia Sheinbaum, respondió que “cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza”, cuando fue interrogada sobre el proyecto de reforma en Nicaragua. Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU. La pareja presidencial considera esas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.

Fuente: AFP.

Nicaragua aplazó hasta septiembre la aprobación de una reforma constitucional para excluir de las elecciones a los partidos opositores, una medida que provocó amplio rechazo internacional, anunció este lunes la copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo. La Asamblea Nacional y autoridades electorales -controladas por el gobierno- preparan las leyes solicitadas por el mandatario Daniel Ortega para que en los comicios no participen “vendepatrias” y “golpistas” al servicio de Estados Unidos, como suele referirse a sus adversarios.

La votación del proyecto estaba prevista originalmente para inicios de agosto. “Concluido el proceso de consulta, la comisión especial elaborará el dictamen correspondiente para su presentación ante el plenario con el objetivo de aprobar la reforma constitucional en los primeros días” de septiembre, dijo Murillo a un medio estatal.

La copresidenta y esposa de Ortega señaló que la iniciativa fue expuesta este lunes al cuerpo diplomático extranjero en el país en un “encuentro respetuoso y amistoso”. Medios oficialistas nicaragüenses publicaron fotografías de la reunión entre representantes de embajadas y organismos internacionales, el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, ministros y Laureano Ortega, uno de los hijos de la pareja presidencial y actual asesor de inversiones y comercio. El resto de consultas incluirán a la Corte Suprema, el Ejército, la Policía, sectores empresariales, bancarios, iglesias y pueblos indígenas, entre otros, mencionó Murillo.

La congresista republicana estadounidense de origen cubano, María Elvira Salazar, rechazó el encuentro con los diplomáticos “para escuchar otra farsa del régimen”. “No legitimen una dictadura que ya ni siquiera pretende esconder lo que es”, agregó en la red social X. Varios países y organizaciones internacionales rechazaron la intención de Ortega -un exguerrillero izquierdista en el poder desde hace casi 20 años- de dejar por fuera de las elecciones a los partidos opositores.

Estados Unidos advirtió que no se quedará de “brazos cruzados” frente a la “dictadura”, mientras la Unión Europea (UE) exhortó al gobierno nicaragüense a convocar elecciones “de conformidad con las normas internacionales”. Nicaragua tildó esas críticas de “injerencistas e imperialistas”. “No somos vasallos de nadie”, respondió a la UE. Por su parte, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que romperá relaciones con Nicaragua y Cuba tan pronto tome el poder el 7 de agosto. Afirmó que no mantendrá “vínculo alguno con tiranías”.

Consultada este lunes sobre la propuesta de Ortega, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que “cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza”. “Hay otros presidentes que se han reelegido y que quieren reelegirse más veces (...) Europa tiene primeros ministros que se pueden reelegir, reelegir y reelegir, pues cada país decide”, aseguró la mandataria izquierdista.

Nicaragua debía ir elecciones generales en noviembre próximo, pero hace un año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios tendrían que realizarse en noviembre de 2027.

Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU. La pareja presidencial considera esas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.

Fuente: AFP.