Tres barrabravas del club de fútbol Cruzeiro fueron condenados a penas de 20 a 48 años de prisión por la muerte de un hincha del Atlético Mineiro en 2021, en Belo Horizonte, informó la justicia brasileña. El incidente ocurrió el 28 de noviembre de 2021: una emboscada de una de las barrabravas del Cruzeiro contra un autobús que llevaba a hinchas del Atlético Mineiro dejó un muerto y nueve heridos.
El fallecido, Matheus de Freitas Ferreira, tenía 20 años. La decisión del Tribunal de Justicia del estado de Minas Gerais, sureste de Brasil, fue dictada la noche del miércoles. Riquelme Enderson Eibeiro da Silva recibió condena de 48 años y seis meses de cárcel; Luiz Gustavo da Silva Veloso, de 24 años; y Pedro Henrique Coimbra Braga, de 20 años, informó la corte en una nota.
De acuerdo con el fallo, los condenados atacaron el bus con “bombas (incendiarias), piedras, barras de hierro y pedazos de madera”. Esperaban una sentencia definitiva por el caso, pues condenas previas habían sido anuladas debido a irregularidades procesales.
La violencia es un mal recurrente en Brasil y el fútbol sudamericano, con serios episodios en partidos de torneos internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y en las ligas locales.
Las autoridades brasileñas investigan vínculos de las barras con el crimen organizado.
En septiembre del año pasado, la policía lanzó un operativo contra “criminales” en barras de clubes de Rio de Janeiro, en el que hizo 70 allanamientos. Reportó un muerto en esas acciones por enfrentamiento con armas de fuego. Los controles biométricos vía huella digital o reconocimiento facial son obligatorios por ley en los estadios de Brasil con capacidad para 20.000 aficionados o mayor, como medida para reforzar la seguridad.
Fuente: AFP.
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São Paulo: una paraguaya falleció por el derrumbe de un edificio que dejó seis víctimas
El derrumbe de un edificio en construcción en la localidad de São Paulo, Brasil, causó la muerte de seis personas, entre ellas una paraguaya, según reportaron autoridades del vecino país.
La construcción se desplomó sobre una vivienda lindante que operaba como taller de costura, donde se encontraba la compatriota junto a otras personas de nacionalidad boliviana. La connacional fallecida fue identificada como Ana Lucía Ruiz Romero, de 38 años, oriunda de la ciudad de Belén, departamento de Concepción.
Las otras cinco víctimas eran bolivianas, entre ellas, una niña de 7 años. En su mayoría, pertenecían a un mismo núcleo familiar.
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El colapso de la edificación de 12 pisos se produjo durante la madrugada del sábado, en el barrio Penha de dicha ciudad. Según los datos, la mujer se encontraba trabajando en el taller de costura junto con ciudadanos bolivianos cuando la estructura del edificio en construcción cedió y cayó sobre el local.
Tras conocerse la tragedia, familiares y allegados realizaron las gestiones correspondientes para la repatriación del cuerpo para ser velado y darle sepultura. Los restos de Ana Lucía llegaron ayer a Paraguay.
Los equipos de rescate trabajaron durante más de 24 horas entre los escombros hasta localizar a todas las personas que habían quedado atrapadas. Dos sobrevivientes fueron rescatados con vida y trasladados a un centro asistencial.
La Policía brasileña detuvo a un socio de la constructora responsable de la obra e investiga posibles irregularidades para determinar las causas del derrumbe. En ese sentido, autoridades locales indagan presuntas omisiones y fallas en la fiscalización de la obra, la cual ya contaba con antecedentes de advertencia.
La Municipalidad de São Paulo dispuso el embargo de otras obras vinculadas a las empresas involucradas y suspendió nuevos pedidos de permisos mientras se investigan posibles irregularidades administrativas.
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Dos jueces del Supremo brasileño protagonizan un enfrentamiento inédito
Dos jueces del Supremo brasileño protagonizan un enfrentamiento inédito que hace temblar la máxima institución judicial del país en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre. Detonada por la investigación sobre un enorme fraude financiero, la crisis sacude la campaña entre el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.
¿Quiénes son los dos magistrados que este martes están llamados a verse las caras en una sesión transmitida por televisión nacional? Por un lado, Alexandre de Moraes, considerado por la derecha como la bestia negra del bolsonarismo. Por otro, André Mendonça, nombrado por Jair Bolsonaro.
Las hostilidades empezaron cuando Mendonça ordenó divulgar un informe policial que reveló mensajes de un banquero preso por estafa, Daniel Vorcaro, a un número atribuido a Moraes para pedirle ayuda durante la investigación. En respuesta, Moraes denunció a Mendonça por supuesto abuso de autoridad. Los 10 jueces que integran el tribunal, incluidos ellos dos, se pondrán el martes sus togas en una sesión en que pueden decidir investigar a Moraes por vínculos con el banquero.
Moraes, el némesis de Bolsonaro
De mirada implacable y cabeza afeitada, Moraes, de 57 años, ha estado a cargo de los casos de mayor repercusión de la corte en tiempos recientes.
En 2024, determinó el bloqueo de la red social X durante 40 días por incumplir órdenes contra la desinformación y el año pasado fue relator del juicio que condenó a 27 años de cárcel por golpismo a Jair Bolsonaro.
Como presidente del Tribunal Superior Electoral, inhabilitó políticamente en 2023 a Bolsonaro por abuso de poder.
Entre otras injurias, Jair Bolsonaro tachó a Moraes de “canalla” y “dictador”.
Propuesto para el Supremo en 2017 por el expresidente de centroderecha Michel Temer, de quien fue ministro de Justicia, Moraes fue resistido inicialmente por la izquierda.
Pero se ganó los elogios de Lula por combatir la desinformación en la campaña presidencial de 2022.
También tiene otros enemigos de peso.
El gobierno estadounidense de Donald Trump lo sancionó por el juicio a Bolsonaro, aliado del republicano.
Cuando Washington revirtió el castigo, Moraes agradeció públicamente a Lula su gestión diplomática.
Sin embargo, con el caso Master, el presidente advirtió: “Si Alexandre de Moraes es culpable, tiene que pagar”.
Mendonça, “terriblemente” evangélico
Mendonça, de 53 años, es pastor presbiterano y fue ministro de Justicia durante el gobierno Bolsonaro (2019-2022).
El expresidente lo postuló a la corte suprema en 2021 para cumplir su promesa de nombrar a un magistrado “terriblemente evangélico”.
Luego, el juez fue sometido a una de las audiencias más largas en la historia del Senado. Para obtener su aprobación, debió comprometerse a respetar la separación entre iglesia y Estado.
Celebró su llegada a la corte con una oración entre lágrimas junto a su familia y la ex primera dama Michelle Bolsonaro, también evangélica.
En medio de la tempestad actual, Michelle Bolsonaro salió en su defensa.
“¡Sepa que usted es un elegido y ungido del señor!”, publicó la ahora candidata al Senado en Instagram.
El pasado 7 de septiembre, día de la fiesta nacional, la figura de Mendonça fue elevada literalmente por la derecha brasileña, que llevó un enorme muñeco inflable del magistrado a una manifestación de simpatizantes de Flávio Bolsonaro en Sao Paulo.
Fuente: AFP.
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Condenan a exfuncionarios por corrupción en fundación de derechos humanos en Argentina
Un tribunal argentino condenó a dos exfuncionarios y dos exadministradores de la organización humanitaria Madres de Plaza de Mayo por el desvío de millonarios fondos destinados a construir viviendas sociales, informó el Ministerio Público Fiscal.
El caso, que estalló en 2011, salpicó a la presidenta de la asociación, Hebe de Bonafini, mundialmente reconocida en la búsqueda de víctimas de la última dictadura militar (1976-1983).
Bonafini estuvo imputada pero falleció en noviembre de 2022, a los 93 años, antes de que concluyera el juicio.
La justicia impuso penas menores a tres años, por lo que ninguno de los condenados irá a la cárcel. El fiscal había pedido seis años de prisión.
Los cuatro fueron encontrados culpables por “el delito de administración fraudulenta (...) por el desvío de dinero que originalmente estaba destinado a la construcción de viviendas sociales”, según el comunicado del Ministerio Público Fiscal.
La fiscalía explicó que desde el Estado “se otorgaron más de 900 millones y se comprobó un desvío de 206 millones, dinero que nunca debían haberse entregado a la Fundación porque nunca tendrían que haberle adjudicado esas obras” entre 2007 y 2011.
Uno de los condenados, la exmano derecha de Bonafini, Sergio Schoklender, dijo que el proceso “es un absurdo” a la salida del tribunal.
“No se desvió un puto fondo. Hay muchas casas que no se terminaron (pero fue) después de que yo me fui”, dijo entre gritos Schoklender, que rompió con Bonafini en 2011 tras el estallido del escándalo. Su hermano Pablo también fue condenado.
El exsecretario de Obras Públicas José López -detenido desde 2016 tras haber sido hallado in fraganti cuando ocultaba 9 millones de dólares en bolsos en un monasterio- y el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, también fueron hallados culpables. El fiscal había pedido seis años de prisión.
El exjefe de ambos, el exministro de Obras Públicas Julio De Vido, fue absuelto. Todos trabajaron durante los gobiernos de centroizquierda de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).
- Fuente: AFP
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Cámara confirma condena a tres expolicías por torturas
Un Tribunal de Apelación de Asunción confirmó las sentencias condenatorias de tres expolicías del régimen de Alfredo Stroessner, hallados culpables de someter a torturas físicas y psicológicas a Domingo Rolón, quien estuvo preso por motivos políticos entre 1976 y 1978. Eusebio Torres y Fortunato Laspina fueron condenados a 25 años de prisión, mientras que Manuel Alcaraz recibió una pena de 20 años.
La Cámara de Apelación consideró que las penas son proporcionales a la gravedad de los hechos y al grado de reprochabilidad de los autores. Asimismo, sostuvo que los condenados eran funcionarios públicos encargados de la seguridad y que las sanciones responden a criterios de prevención. Además, señaló que no existen elementos de desproporcionalidad o arbitrariedad en la sentencia de primera instancia.
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Respecto a la tortura y su imprescriptibilidad, la resolución señala que el Estado tiene la obligación de investigar crímenes atroces y evitar que queden impunes. La Cámara sostuvo que aplicar este criterio no constituye una aplicación retroactiva en perjuicio de los acusados
Durante el juicio se tuvo por probado que los tres participaron en las torturas sufridas por Rolón en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital. La víctima, fallecida en 2024, fue sometida a golpes con garrote, látigo y otros objetos. Entre las pruebas valoradas se destacó el testimonio de Carlos Casco, quien también fue torturado y señaló a los tres condenados como responsables
Según el tribunal, los métodos de tortura fueron utilizados para obtener información sobre las Ligas Agrarias y otras organizaciones políticas críticas al régimen de Alfredo Stroessner. Domingo Rolón fue detenido tras ser traído desde Formosa por portar documentos no auténticos. Llegó a Asunción en el baúl de un vehículo y permaneció como preso político hasta 1977; posteriormente, fue trasladado a Emboscada, donde permaneció hasta 1978.
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