Tres barrabravas del club de fútbol Cruzeiro fueron condenados a penas de 20 a 48 años de prisión por la muerte de un hincha del Atlético Mineiro en 2021, en Belo Horizonte, informó la justicia brasileña. El incidente ocurrió el 28 de noviembre de 2021: una emboscada de una de las barrabravas del Cruzeiro contra un autobús que llevaba a hinchas del Atlético Mineiro dejó un muerto y nueve heridos.
El fallecido, Matheus de Freitas Ferreira, tenía 20 años. La decisión del Tribunal de Justicia del estado de Minas Gerais, sureste de Brasil, fue dictada la noche del miércoles. Riquelme Enderson Eibeiro da Silva recibió condena de 48 años y seis meses de cárcel; Luiz Gustavo da Silva Veloso, de 24 años; y Pedro Henrique Coimbra Braga, de 20 años, informó la corte en una nota.
De acuerdo con el fallo, los condenados atacaron el bus con “bombas (incendiarias), piedras, barras de hierro y pedazos de madera”. Esperaban una sentencia definitiva por el caso, pues condenas previas habían sido anuladas debido a irregularidades procesales.
La violencia es un mal recurrente en Brasil y el fútbol sudamericano, con serios episodios en partidos de torneos internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y en las ligas locales.
Las autoridades brasileñas investigan vínculos de las barras con el crimen organizado.
En septiembre del año pasado, la policía lanzó un operativo contra “criminales” en barras de clubes de Rio de Janeiro, en el que hizo 70 allanamientos. Reportó un muerto en esas acciones por enfrentamiento con armas de fuego. Los controles biométricos vía huella digital o reconocimiento facial son obligatorios por ley en los estadios de Brasil con capacidad para 20.000 aficionados o mayor, como medida para reforzar la seguridad.
Fuente: AFP.
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Investigarán al hijo de Lula por presunto tráfico de influencias en Brasil
Un magistrado de la corte suprema de Brasil autorizó a la policía a investigar a un hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informó ayer jueves a la AFP una fuente judicial. La decisión fue tomada por el juez André Mendonça, dijo la fuente en condición de anonimato, sin dar más informaciones sobre las sospechas que pesan sobre Fábio Luís Lula da Silva, conocido como “Lulinha”.
El anuncio llega a tres días de que el mandatario izquierdista sea oficializado como candidato a la reelección en los comicios de octubre. Según el diario Folha de S.Paulo, la investigación busca determinar si el hijo de Lula actuó para favorecer a un lobista en gestiones ante el Ministerio de Salud relacionadas con la comercialización de cannabis medicinal.
El lobista es un empresario que se encuentra preso desde septiembre, señalado como una de las figuras centrales de un esquema de fraude millonario a jubilados y pensionados. Ese escándalo, que estalló en abril del año pasado, llevó a la destitución del ministro de Previsión Social y del presidente del Instituto Nacional de Seguridad Social del gobierno de Lula.
“Si acusan a mi hijo de algo, recibirá el mismo trato que cualquier otro hijo. No tendrá privilegios. Jamás le pediría a un policía ni a un juez que no hicieran lo correcto”, reaccionó Lula durante una entrevista con el podcast Inteligencia Ltda, tras conocerse la decisión del magistrado.
La apertura de esta investigación se suma a otro frente que “Lulinha” enfrenta desde febrero, cuando una comisión del Congreso autorizó indagar sus cuentas bancarias por sospechas de haber actuado como “socio oculto” en emprendimientos presuntamente financiados con fondos desviados de ese mismo esquema.
Lula, que fue condenado en 2018 por un escándalo de corrupción antes de ver su condena anulada tras más de un año y medio en prisión, será proclamado oficialmente candidato del Partido de los Trabajadores este domingo en Sao Paulo. Flavio Bolsonaro, hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro y quien se medirá con Lula en las urnas, cuestionó un supuesto trato desigual de la policía.
“¿Se imaginan si fuera el hijo del presidente Bolsonaro el sospechoso de recibir dinero de jubilados del INSS? ¿Tienen alguna duda de que estarían todos presos, destituidos de sus cargos, con un grupo de trabajo especial, la prensa encima y hablando del tema sin parar todos los días?”, dijo el dirigente derechista en una transmisión en internet el jueves.
Fuente: AFP.
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Paraguay oficializará rechazo a declaraciones de Lula ante el embajador de Brasil
Paraguay convocó al embajador de Brasil en Asunción, José Antonio Marcondes de Carvalho, para entregarle un comunicado en el que rechaza expresiones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre la guerra que enfrentó a ambos países en el siglo XIX.
El ministro paraguayo de Exteriores, Rubén Ramírez, anunció que convocó al representante diplomático brasileño para el viernes al mediodía. Lo recibirá acompañado del vicepresidente Pedro Alliana “para entregarle una nota oficial del gobierno” del presidente Santiago Peña.
“Hablé personalmente con mi colega de la República Federativa de Brasil (Mauro Vieira), con quien me reuní en la ciudad de Lima, y como consecuencia de ello, los presidentes de la República del Paraguay y de la República Federativa de Brasil han conversado telefónicamente sobre este delicado asunto”, expresó el canciller Rubén Ramírez Ramírez ayer jueves en conferencia de prensa.
Hace una semana, Lula dijo “no olvidemos que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil”, dando a entender que la Guerra de la Triple Alianza que enfrentó a Paraguay con Brasil, Argentina y Uruguay (1864-1870) fue provocada por Asunción.
Las declaraciones de Lula -para justificar su intención de aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas- despertaron indignación en Paraguay, donde fueron rechazadas por el Ejecutivo, el Senado, la Cámara de Diputados y políticos tanto oficialistas y opositores. “Siempre defenderemos los más altos intereses del Paraguay en todos los ámbitos”, aseguró Ramírez, al subrayar que su país y Brasil mantienen un diálogo permanente “como aliados estratégicos más allá de este lamentable hecho”.
Fuente: AFP.
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Juicio a exjueza: Fiscalía podría presentar alegatos finales y pedir los años de cárcel para la acusada
Este viernes prosigue el juicio oral y público para la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, acusada de prevaricato por entregar presuntamente más de 310 mil hectáreas de tierras a empresas que serían “de maletín” en la zona de Alto Paraguay. En la fecha, el Ministerio Público podría presentar los alegatos finales y solicitar los años de cárcel para la exmagistrada. En la jornada de este viernes se podría generar la sentencia de primera instancia.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo evaluar los elementos probatorios en el presente juicio oral está integrado por Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz. El fiscal del caso es Cristian Benítez, quien sostuvo la acusación del Ministerio Público y aportó los elementos de prueba.
Por su parte, el abogado Francisco de Vargas, querellante en la causa, señaló: “La exjueza Tania Irún cedió tierras protegidas por la ley de seguridad fronteriza a sociedades offshore sin tener a la vista estatutos que definan el tipo de acciones, lo cual es grave”. Durante la audiencia oral se dio lectura a la traducción de los estatutos de dos firmas extranjeras.
Asimismo, De Vargas sostuvo que de la lectura del texto traducido surge con claridad que las sociedades poseen acciones de carácter endosable, circunstancia que se encuentra expresamente restringida por la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza. Indicó que, con base en el fallo dictado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2021 —resolución mediante la cual Irún fue destituida de su cargo—, queda acreditado que la exjueza no contó con los estatutos de ninguna de las cuatro empresas al momento de resolver el juicio civil.
Igualmente, se destacaron los votos de los ministros de la Corte y exmiembros del JEM, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes concluyeron que Irún cometió mal desempeño en sus funciones al violar la ley de seguridad fronteriza, motivo por el cual fue destituida.
Por su parte la defensa sostiene que no se probó el delito de prevaricato por lo que no puede haber sentencia.
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Milei decreta prohibición de entrada a extranjeros que expresen odio hacia Argentina
El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio al país, una medida que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos.
La nueva normativa publicada hacia la medianoche del miércoles prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas.
El Congreso debe avalar la validez del decreto que está vigente en tanto avance el trámite legislativo.
“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”, dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agrega.
Sin embargo “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos” para aplicar las sanciones, señaló Galoppo.
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“Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó.
La medida generó rechazo en sectores opositores. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), dijo en X que “el DNU del presidente es inconstitucional” y consideró que el Congreso “debe rechazarlo expresamente”.
El diputado Agustín Rossi, de bloque peronista (centroizquierda), dijo que “excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes” y afirmó en X que el decreto “replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump”.
Cambio de época
Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.
“Da un poco de miedo, espero que esto no avance”, dice a la AFP sobre el decreto Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. “Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando”, añade.
El presidente derechista, que buscará la reelección en las presidenciales de 2027, resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.
Milei dijo que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial de fútbol.
“Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población”, explicó a la AFP el politólogo e investigador de la Universidad de San Martín Iván Schuliaquer.
“Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando que quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina”, dijo.
El decreto aclara que “en ningún caso” castigos como la expulsión del país pueden aplicarse para “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.
Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un mitin político opositor en Sao Paulo, en el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón” y “presidiario”.
Milei suele incluir insultos y expresiones peyorativas en sus discursos. A la prensa la llama “ensobrada” (corrupta) y a sus opositores políticos los ha calificado de “mandriles”, “inmundos” o “parásitos mentales”.
“Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica por ejemplo los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión”, dijo Schuliaquer.
- Fuente: AFP
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