Estados Unidos anunció ayer jueves sanciones contra el ministro de Salud cubano, José Ángel Portal Miranda, y la red de brigadas médicas en el extranjero, la principal fuente de divisas del gobierno comunista. Las sanciones también afectan a tres entidades cubanas del sector energético y a otras cuatro asociadas al conglomerado militar y empresarial Gaesa, algunas de las cuales habían cambiado de estatuto o habían sido transferidas para intentar evitar sanciones estadounidenses previas, explicó el Departamento de Estado en su comunicado.

El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas del gobierno comunista de Cuba, con 7.000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales. Para el año pasado, unos 24.000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud trabajaban en 56 países. Pero en los últimos meses y bajo presión de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana finalizaron esos acuerdos que, en algunos casos, permitieron el despliegue de personal sanitario cubano durante más de 25 años.

Washington pasa ahora a sancionar financieramente a la Unidad Central de Cooperación Médica, a su directora, Gretza Sánchez Padrón, y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, así como al ministro de Salud Pública, en el cargo desde 2018. El Departamento de Estado considera que esas brigadas son una forma de “tráfico de seres humanos” y de “explotación”.

“Las autoridades cubanas explotan leyes y condiciones económicas inherentemente coercitivas para manipular u obligar a los trabajadores a incorporarse y permanecer en programas de exportación de mano de obra”, asegura su comunicado.

El canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró ayer jueves en X que esas misiones médicas son “un servicio humano y solidario”, reconocido internacionalmente.

“El ataque contra la cooperación médica cubana equivale a una agresión contra el derecho humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en muchas partes del mundo”, reaccionó Rodríguez.

La Habana consideró además que las nuevas sanciones demuestran las “intenciones genocidas” de Washington, que busca provocar “una crisis humanitaria” en la isla.

Las empresas vinculadas a Gaesa sancionadas son la Terminal de Contenedores de Mariel, Coral Marítima, Ceiba Investments y Orbit.

Las empresas del sector energético son el Centro de Investigaciones del Petróleo, Empresa de Energía, que importa gas y lubricantes, y otra importadora, Einarbo.

Entrar en la lista de sancionados de la OFAC significa que esos individuos o empresas no pueden tener bienes en Estados Unidos, ni acceder a servicios financieros o económicos en el país.

La administración del presidente Donald Trump aplica una política de “máxima presión” contra Cuba, en particular desde el derrocamiento a principios de enero del presidente venezolano Nicolás Maduro, hasta entonces el mayor aliado de La Habana.

Fuente: AFP.

El Congreso de Nicaragua, controlado por el gobierno, votará a inicios de agosto una reforma para impedir que partidos opositores compitan en elecciones, a pedido del presidente Daniel Ortega, informó el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, en una entrevista difundida este miércoles.

Los diputados y la autoridad electoral definirán los “elementos para no dejar ni un resquicio” y que no se “pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos” en los comicios, dijo Porras, al referirse a los opositores, y precisó que “en la primera semana de agosto” se someterá “a votación las reformas”.

Las discusiones entre la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral (CSE) comenzaron este miércoles.

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“Somos los nicaragüenses los que decidimos cuándo y cómo serán nuestras elecciones”, declaró Porras a medios afines al gobierno, y detalló que la iniciativa del mandatario se transformará en “leyes”.

Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó el domingo pasado realizar comicios en los que compitan sus adversarios, a los que acusó de “vendepatrias” al servicio de Estados Unidos.

El exguerrillero de 80 años adelantó que serán aprobadas leyes que “les pongan un muro, un bloque a los golpistas”, de forma que “que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán” llegar al poder.

“Esto es lo que nunca va a volver, a eso se refería el comandante Daniel, no va a volver a haber elecciones en manos de los imperialistas para tratar de avasallar y de imponer el poder sobre el pueblo”, remarcó Porras.

• Fuente: AFP

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La anulación masiva de permisos de trabajo para abogados en Nicaragua revela una purga de juristas incómodos al gobierno y pone en primer plano los obstáculos a la defensa legal en países con gobiernos autoritarios. Numerosas credenciales de juristas nicaragüenses fueron anuladas recientemente del registro de la Corte Suprema de Justicia, lo que los liquida laboralmente e impacta las posibilidades de una defensa independiente, según varios afectados.

El gobierno de los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo está usando “el control del registro de abogados y notarios para castigar a personas consideradas opositoras o independientes”, dijo a la AFP, bajo anonimato, una abogada nicaragüense exiliada cuyo nombre fue borrado.

El diario nicaragüense La Prensa, que se edita en el exilio, estimó que fueron eliminadas las licencias de unos 2.000 abogados. La AFP no logró verificar esa cifra de forma independiente. Un alto exfuncionario del poder judicial precisó a la AFP que en Nicaragua hay unos 40.000 juristas, y estimó que “cientos” pudieron haber sido proscritos por motivos políticos, aunque otros lo habrían sido por irregularidades en el ejercicio profesional.

Algunos se enteraron cuando intentaron realizar trámites o ingresar a la plataforma digital de consulta de expedientes, dijeron a la AFP abogados exiliados.

Un grupo de expertos de la ONU sobre Nicaragua denunció el lunes que se trata de una “depuración silenciosa” y un “clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia” nicaragüense.

En 2023, tras una intervención policial, fueron destituidos altos funcionarios de la Corte. Dos años después, reformas constitucionales redefinieron el poder judicial como un “órgano” coordinado por Ortega y Murillo, que gobiernan desde hace casi dos décadas, actualmente con poder absoluto.

Para la abogada exiliada, los colegas activos tendrán que ejercer el derecho como un “privilegio del régimen”, que podrá quitárselos en cualquier momento y “sin causa alguna”.

Pero también prevé que muchos “enfrentarán graves dificultades económicas” y algunos engrosarán la diáspora nicaragüense.

Es “una muerte civil”, resumió esta defensora, para quien la medida forma parte de un “patrón de persecución” que incluye el despojo de la nacionalidad a críticos del gobierno izquierdista.

“En Nicaragua hay un descalabro total del sistema de justicia. Los abogados saben que no pueden pelear contra el Estado y se han quedado haciendo escrituritas. No hay debido proceso, sino una sumisión a los dictadores”, afirmó el exfuncionario judicial exiliado.

La indefensión de los abogados no es exclusiva de Nicaragua.

En El Salvador, el presidente derechista Nayib Bukele y su exitosa guerra contra las pandillas, iniciada en 2022, marcaron un antes y un después para la justicia en su país, opina la abogada salvadoreña, Roxana Cardona.

Bajo el régimen de excepción que ampara esa ofensiva, los abogados no pueden comunicarse con sus defendidos ni tienen acceso oportuno a los expedientes, lo que dificulta preparar la defensa, detalló Cardona.

Entre las más de 92.000 personas encarceladas desde 2022, sin que mediara orden judicial, miles son inocentes, según oenegés.

Las restricciones alcanzan incluso a presos de alto perfil como la abogada Ruth López, cuyo defensor no puede visitarla con regularidad. Fue detenida hace un año tras denunciar supuestos casos de corrupción en el gobierno de Bukele y violación de derechos humanos.

“Por miedo al régimen de excepción, los testigos no quieren colaborarnos con pruebas a favor de nuestros clientes”, comentó a la AFP un abogado privado que refiere el despido de cientos de defensores públicos y un creciente abandono de casos.

Omite su nombre pues, al ser reservados estos procesos bajo el estado de excepción, puede terminar preso.

Desesperado por la falta de avances para demostrar que su hijo “no es pandillero”, el padre ha cambiado de apoderado tres veces en año y medio y no logra que acrediten al último.

“Me angustia que de un día para otro convoquen la audiencia y no tengamos quien lo defienda”, declaró a la AFP.

En países como Venezuela, a estos tropiezos se suman “tratos degradantes, acoso, amenazas y estigmatización” por parte de funcionarios judiciales, según denuncias recopiladas por la oenegé Foro Penal, que representa a cientos de opositores presos. La defensa de esos detenidos está extremadamente limitada en Cuba, donde los bufetes privados no existen y la demostración de su inocencia queda en manos del propio Estado.

Fuente: AFP.

Estados Unidos advirtió el martes que no se quedará “de brazos cruzados” tras el anuncio del presidente Daniel Ortega de que Nicaragua no tendrá más elecciones, lo que hace temer un avance hacia un modelo de partido único. Ortega, un exguerrillero izquierdista en el poder desde hace casi dos décadas, realizó el anuncio el domingo en momentos en que grupos opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión de Estados Unidos y otros países lograse una transición o comicios libres.

La Asamblea Nacional nicaragüense informó ayer martes que inició el “análisis” de reformas para cumplir las “orientaciones presidenciales”. El presidente Donald Trump y la comunidad internacional “no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura (...) profundiza la represión y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional” de Estados Unidos, advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio, en X.

“Abolir” las elecciones “demuestra su cobardía y miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense”, añadió. Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan con poder absoluto y aniquilaron a la oposición interna tras masivas protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, consideradas por ellos un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.

Washington aplica sanciones al gobierno nicaragüense como la restricción de visado a más de 2.350 funcionarios y sus familiares, pero ha evitado ir tan lejos como en Cuba, sometida a una dura presión que tiene su economía al borde del colapso.

Tras una reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Murilo a copresidenta, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en 2027.

Pero Ortega, de 80 años, advirtió el domingo en el 47 aniversario de la revolución sandinista que “en Nicaragua no volverá a haber elecciones” en las que “partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos)” puedan tomar el poder. Su anuncio fue rechazado también por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien sostuvo que “el régimen ha abandonado la democracia”, y por el gobierno de Costa Rica, que llamo a consultas a su embajador en Managua.

En los últimos comicios, celebrados en noviembre de 2021 tras el encarcelamiento de opositores con posibilidad de disputar la presidencia, Ortega ganó ampliamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), exguerrilla que en julio de 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza. Con la reforma constitucional, Nicaragua fue definida como un Estado “revolucionario” y “socialista”, y elevó a símbolo patrios la bandera rojinegra del FSLN.

Dirigentes opositores consultados por AFP coinciden en que el anuncio de Ortega esconde el temor a perder en una elección competitiva, por lo que ha decidido avanzar hacia un régimen como el de Cuba, donde el Partido Comunista es el único reconocido legalmente y los candidatos son nominados por asambleas vecinales u organizaciones civiles afines al gobierno.

“Ortega confiesa lo que más le inquieta: no ha conseguido neutralizar a la oposición (...), sabe que la voluntad de cambio sigue viva y que aún le disputa el país”, declaró Félix Maradiaga, exaspirante presidencial y ex-preso político, despojado de su nacionalidad y exiliado en Estados Unidos.

“El miedo aumentó”, asegura por su parte la excomandante guerrillera y ex-presa política Dora María Téllez, al señalar que Murillo “fracasó en tratar de embarcar” a algunas agrupaciones políticas en el país en una “farsa electoral” para maquillar las votaciones.

Para Juan Sebastián Chamorro, coordinador de un movimiento político en el exilio, Ortega finalmente confesó su deseo de “convertir a Nicaragua en un país de partido único como China, Corea del Norte y Cuba”.

“Ante la dictadura más cerrada del hemisferio, todos los gobiernos de la región deberían impulsar una transición y abrir la vía de la justicia internacional”, instó la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, pues Ortega es señalado por un grupo de expertos de la ONU de crímenes de lesa humanidad.

Activistas opositores, intelectuales, periodistas y religiosos partieron al exilio -muchos tras estar en prisión-. Unos 450 fueron despojados de su nacionalidad y bienes.

Hace dos semanas, el gobierno eliminó los permisos de trabajo a unos 2.000 abogados, según medios nicaragüenses en el exilio. Opositores aseguran que Murillo realiza una purga interna, que mantiene en prisión a unos 200 copartidarios, ante un eventual fallecimiento de Ortega, quien sufre lupus e insuficiencia renal.

Fuente: AFP.