La delegación opositora en el diálogo con el gobierno interino de Venezuela se comprometió el jueves a impulsar la liberación de presos políticos, una petición latente al margen de la primera ronda de conversaciones que culminó la víspera. Con el auspicio de Estados Unidos, las partes concluyeron el miércoles por la noche un primer ciclo de seis días, que se celebran siete meses después del derrocamiento de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

“Asumimos el compromiso y es nuestro propósito trabajar para que en los próximos días se vayan dando las liberaciones” de presos políticos, dijo en X la líder de la delegación opositora, Dinorah Figuera, quien fue presidenta de la bancada opositora que ganó mayoría en la Asamblea Nacional de 2015.

La líder opositora dijo que se reunió el martes por separado con un grupo de exdetenidos y familiares de presos políticos que apoyan el diálogo. “Recibimos este respaldo con plena conciencia del significado que tiene para el restablecimiento de la democracia enarbolar la bandera de libertad y desarrollar una agenda para lograr garantías políticas y derechos civiles plenos”, indicó en su mensaje.

Según la oenegé Foro Penal en Venezuela aún quedan 382 presos políticos tras las rejas.

El equipo negociador del gobierno está encabezado por Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la mandataria interina Delcy Rodríguez.

Este miércoles, las partes acordaron avanzar hacia una reforma judicial con el nombramiento de todos los magistrados del Tribunal Supremo y una reforma a la ley que lo rige, así como unir esfuerzos para recuperar activos en oro de Venezuela congelados en Inglaterra. “Lo que tenemos hasta ahora son procesos, no resultados”, aclaró Benigno Alarcón, analista político y profesor universitario con experiencia en negociaciones.

Una opositora cercana a la negociación dijo a la AFP bajo anonimato que “no existe tal cosa como un listado de presos que se pone en la mesa” de negociación con el gobierno interino.

“Eso se presta a la instrumentalización del sufrimiento humano”, apuntó.

El chavismo gobernante ha usado a presos políticos como “monedas de intercambio” en varias ocasiones, recordó el analista Alarcón.

“No representan un peligro real para el gobierno”, mientras que “para la oposición representaría una ganancia muy importante” lograr las cientos de liberaciones aún pendientes, indicó.

“Al gobierno no le interesa fortalecer a los que están en la mesa y darles mayor legitimidad. Más bien, el gobierno se siente muy cómodo”, prosigue el analista, con “divisiones en la oposición”.

El diálogo se realiza sin la participación de la líder opositora y premio Nobel de la paz, María Corina Machado, exiliada en Panamá y quien ha dicho que no interferirá con el proceso.

Bajo fuertes presiones de Washington, la presidenta encargada promulgó en febrero una ley de amnistía para beneficiar a cientos de detenidos por razones políticas. Defensores de derechos humanos, no obstante, tachan el instrumento de insuficiente y discriminario. El clamor por las liberaciones se mantiene en las calles, donde decenas de familiares de presos políticos exigen su liberación.

“No veo un cese al maltrato de los presos políticos”, lamentó Rosa Azuaje, tía de un abogado defensor preso por “terrorismo”. “Ese diálogo se enfoca en problemas que son de competencia gubernamental como prestar el auxilio a todas las familias afectados por el doble terremoto (...), están perdiendo el tiempo en temas que ya debería tener el camino para su solución”, se quejó durante una protesta.

Fuente: AFP.

A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.

La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.

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Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.

Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.

En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.

La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.

“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.

Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.

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El Gobierno paraguayo expresó su solidaridad con la hermana República de Colombia tras el sismo de 7,4 registrado este lunes a primeras horas de la mañana, que afectó a una parte importante del país. A través de las redes sociales, el vicepresidente Pedro Alliana y el Ministerio de Relaciones Exteriores transmitieron sus condolencias al pueblo y al Gobierno colombiano, además de manifestar sus deseos de pronta recuperación para las zonas afectadas.

Poco después de las 7:30 de este lunes 10 de agosto el país vivió un movimiento telútico de gran duración que se sintió en la mayor parte del territorio nacional, afectando localidades como Pereira, Manizales, Chocó y Valle del Cauca, donde ya comenzaron a reportar una veintena de fallecidos, el derrumbe de varios edificios con personas atrapadas y un centenar de heridos.

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Al respecto, el vicepresidente tanto en su cuenta personal en X como la cuenta oficial de la Vicepresidencia expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo colombiano.

“Mi solidaridad con el querido pueblo colombiano ante el doloroso terremoto que hoy enluta a tantas familias. Desde Paraguay acompañamos a nuestros hermanos de Colombia, expresamos nuestras condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos y les enviamos toda nuestra fuerza en este difícil momento”, expresó el segundo del Ejecutivo.

En el mismo sentido, la Cancillería Nacional expresó su solidaridad y condolencias en estos momentos de dolor ante este desastre generado por la naturaleza. “El Paraguay expresa su solidaridad al pueblo y al Gobierno de la República de Colombia por los efectos del sismo registrado el día de hoy. Extiende sus condolencias a las familias afectadas y manifiesta sus mejores deseos de pronta recuperación de las zonas alcanzadas. También reitera los sentimientos de fraternidad hacia la nación hermana”, expresa el comunicado.

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• Por Mônica R. de Carvalho

Hace más de cien años, la econo­mista Katharine Coman publicó un artículo en la American Economic Review (1911), en el que abordaba la “tragedia de los comunes”, un concepto discutido repetidamente a lo largo de la historia desde Malthus. Transcu­rrido tanto tiempo, el pro­blema y la controversia planteados siguen siendo no solo actuales, sino cada vez más complejos. Cuando Coman escribió su artículo, reflexionaba aún sobre los problemas de irrigación de tierras y sobre cómo resol­ver la cuestión de los bie­nes “comunes”: aquellos cuyo uso por parte de una persona impide el uso por parte de otra (bienes riva­les), pero que, al mismo tiempo, son de acceso abierto y están disponi­bles para todos (bienes no excluyentes).

Incertidumbre, dispersión espacial y temporal, larga duración. ¿Cuántos proble­mas de la actualidad se pre­sentan de esta manera? En particular, podemos pensar en los problemas ambien­tales. Las cuestiones de acceso abierto están asocia­das a preocupaciones cre­cientes relacionadas con la calidad del aire y del agua, los residuos peligrosos, la extinción de especies, la preservación del ozono estratosférico y la estabili­dad del clima global frente a la acumulación constante de gases de efecto inverna­dero. Sin embargo, lo más interesante es que, a pesar de los grandes avances en los estudios económicos a lo largo del último siglo, los instrumentos para el desa­rrollo de políticas econó­micas destinadas a con­tribuir a la resolución de estos problemas son, en cierta medida, antiguos. Hablamos, por ejemplo, de impuestos sobre las emisio­nes de carbono o de merca­dos en los que se negocie el derecho a contaminar.

¿Pero realmente fun­cionan? Durante mucho tiempo, la respuesta fue más teórica que empírica. En 2024, un grupo lide­rado por Jan Minx publicó en Nature Communica­tions el artículo Systema­tic Review and Meta-Analy­sis of Ex-Post Evaluations on the Effectiveness of Car­bon Pricing, que analizó 483 estimaciones extraí­das de 80 evaluaciones realizadas sobre 21 siste­mas de fijación de precios del carbono en funciona­miento en distintas partes del mundo. El veredicto es alentador y modesto al mismo tiempo: en al menos 17 de estos casos, la intro­ducción de un precio al car­bono produjo reducciones inmediatas y significativas de las emisiones, de entre el 5 % y el 21 %, alrededor del 10 % en promedio, o cerca del 7 % cuando se corrige el sesgo de publicación típico de esta literatura. Y ello a pesar de que los precios aplicados son, casi siempre, demasiado bajos en com­paración con lo que reco­mienda la ciencia climá­tica. Es decir, la intuición centenaria de que es posi­ble disciplinar el uso de un bien común simplemente cobrando por él resiste la prueba de los hechos y de los datos. El problema no parece residir en el instru­mento, sino en la intensidad con que se aplica, así como en la reticencia política a hacerlo.

En el artículo Global Eco­nomic Exposure to Climate Change Amplified by Spa­tially Compounding Cli­mate Extremes (BIESS, B.; GUDMUNDSSON, L.; SENEVIRATNE, S. I., Nature Communications, marzo de 2026), investigadores del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich muestran que el riesgo cli­mático ha dejado de ser un problema local. Cruzando proyecciones de modelos climáticos con datos del PIB distribuidos a escala global, miden no las pérdi­das ya contabilizadas, sino la riqueza expuesta a olas de calor, lluvias extremas, sequías y escasez de agua y, sobre todo, la probabili­dad de que varios lugares sean afectados simultánea­mente.

La conclusión es inquie­tante: las regiones de meno­res ingresos son precisa­mente las más propensas a enfrentar fenómenos extre­mos simultáneos junto con otras partes del mundo, lo que reduce las posibilidades de ayuda externa y ampli­fica la inestabilidad econó­mica. Se trata de la “trage­dia de los comunes” en su versión contemporánea: el gas emitido en un patio trasero presenta la factura en otro, y el seguro natu­ral contra las pérdidas, la diversificación geográfica del riesgo, se desvanece pre­cisamente cuando más se necesita. Después de más de cien años, las solucio­nes siguen siendo conoci­das: impuestos, mercados de cuotas y regulación. Lo que ha cambiado es el costo de seguir postergándolas. Bajo un cielo sin fronteras, el patio es de todos noso­tros.

Texto elaborado por Mônica R. de Carvalho, Core Faculty y profesora asociada de la Fundación Dom Cabral, donde actúa en las áreas de Finanzas y Gobierno Cor­porativo. Mônica es econo­mista y doctora en Estudios Globales por la Sophia Uni­versity (Japón).