A través de la denuncia, se requirió a la Fiscalía verificar títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a las ofertas observadas.

La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Evaluación y Acredi­tación de la Educación Supe­rior (Aneaes), Adriana Pesoa, se refirió a la apertura de una causa penal para investigar las titulaciones universita­rias registradas entre 2023 y 2026 de carreras univer­sitarias que no cuentan con acreditación vigente. “Si se podría ir mucho más atrás es por eso que justamente pro­porcionamos esta información al Ministerio Público, real­mente esto es un trabajo que se podría continuar”, afirmó Pesoa en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La institución encargada de evaluar, asegurar y certifi­car la calidad de las carre­ras de grado, programas de posgrado y de las propias instituciones de educación superior, presentó días atrás una denuncia ante el Minis­terio Público, tras un pro­ceso de análisis de 138.256 títulos de grado registrados durante el citado periodo. Del total, 71.093 corresponden a carreras que no contaban con la acreditación vigente al momento del registro.

A través de la denuncia, se requirió a la Fiscalía veri­ficar títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a las ofertas observadas. “Queda pendiente para el Ministerio Público hacer mucho análisis sobre cada uno de los títulos, de dónde provienen, la cali­dad, si son auténticos o no, si provienen de las carreras acreditadas o no”, manifestó Pesoa.

Señaló también que “están identificadas las institucio­nes que más emitieron títu­los y bueno ya quedará a cargo del Ministerio Público poder llegar a un análisis más fino y que cada institución asuma la responsabilidad al respecto”. El informe entregado por la Aneaes coloca especial aten­ción en las carreras de acre­ditación obligatoria por ley y en las del área de la salud. Desde la institución tam­bién se había aclarado que la falta de acreditación vigente no significa, por sí sola, que todos los títulos sean irre­gulares.

De acuerdo a ese informe, existe evidencia de un patrón de evasión de los controles de calidad por parte de un con­junto de instituciones: carre­ras de acreditación obligato­ria que no se presentan a las convocatorias de la Agencia durante años, que siguen titu­lando con acreditación ven­cida o denegada, o que titu­lan desde ofertas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Edu­cación Superior (Cones). Para la causa fueron designados los agentes fiscales Silvia Gonzá­lez, Laura Giacummo y Chris­tian Benítez.

La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), Adriana Pesoa, se refirió a la apertura de una causa penal para investigar las titulaciones universitarias registradas entre 2023 y 2026 de carreras universitarias que no cuentan con acreditación vigente.

“Si se podría ir mucho más atrás es por eso que justamente proporcionamos esta información al Ministerio Público, realmente esto es un trabajo que se podría continuar”, afirmó Pesoa este viernes en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La institución encargada de evaluar, asegurar y certificar la calidad de las carreras de grado, programas de posgrado y de las propias instituciones de educación superior, presentó días atrás una denuncia ante el Ministerio Público, tras un proceso de análisis de 138.256 títulos de grado registrados durante el citado periodo. Del total, 71.093 corresponden a carreras que no contaban con la acreditación vigente al momento del registro.

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A través de la denuncia, se requirió a la Fiscalía verificar títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a las ofertas observadas. “Queda pendiente para el Ministerio Público hacer mucho análisis sobre cada uno de los títulos, de dónde provienen, la calidad, si son auténticos o no, si provienen de las carreras acreditadas o no”, manifestó Pesoa.

Señaló también que “están identificadas las instituciones que más emitieron títulos y bueno ya quedará a cargo del Ministerio Público poder llegar a un análisis más fino y que cada institución asuma la responsabilidad al respecto”. El informe entregado por la Aneaes coloca especial atención en las carreras de acreditación obligatoria por ley y en las del área de la salud. Desde la institución también se había aclarado que la falta de acreditación vigente no significa, por sí sola, que todos los títulos sean irregulares.

De acuerdo a ese informe, existe evidencia de un patrón de evasión de los controles de calidad por parte de un conjunto de instituciones: carreras de acreditación obligatoria que no se presentan a las convocatorias de la Agencia durante años, que siguen titulando con acreditación vencida o denegada, o que titulan desde ofertas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Para la causa fueron designados los agentes fiscales Silvia González, Laura Giacummo y Christian Benítez.

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La Fiscalía investiga un posible feminicidio, tras la muerte de una adolescente de 18 años en Villa Hayes, luego de la denuncia de familiares de presunta violencia y amenazas de muerte de parte de su pareja. La víctima, identificada como Sara Elizabeth Prieto (18), fue encontrada sin vida en el baño de su vivienda.

Según el fiscal, el cuerpo presentaba hematomas y rastros de lesiones que llamaron la atención de los investigadores. La denuncia fue presentada en la mañana del miércoles, en la sede del Ministerio Público de Villa Hayes. “Aproximadamente a las 9:00 se acerca una familia a comunicarnos que a eso de las 6:40 encontraron a su hija de 18 años en el baño, sin signos de vida”, relató el fiscal César Pujol, en declaraciones a C9N.

Los familiares trasladaron a la joven hasta el Hospital de Villa Hayes, en donde confirmaron su deceso. “Manifestaron que la noche anterior ella había recibido una llamada telefónica y pidió auxilio a su familia porque su pareja le había amenazado de muerte y le había violentado”, detalló el agente fiscal.

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Por esa razón, los familiares se acercaron a hacer la denuncia. “Estamos haciendo las investigaciones a fin de determinar la verdadera causa de muerte”, añadió.

El representante del Ministerio Público mencionó que llamó mucho la atención el primer diagnóstico del hospital que determinó como causa de muerte asfixia por ahorcamiento.

“Llamó mucho la atención porque, conforme a las averiguaciones que conseguimos de las diligencias realizadas, una de las amigas había manifestado que días antes la pareja le había apretado el cuello tratando de ahorcarle, más la amenaza de muerte”, subrayó Pujol.

Una vez inspeccionado el cuerpo, observaron hematomas a nivel del miembro inferior, en la pierna derecha, como también en las rodillas y en los brazos. “Por ese motivo, el médico forense dispuso que se haga la autopsia para determinar la causa de fallecimiento y esclarecer las circunstancias”, apuntó.

El supuesto autor, Carlos Walter Mencia (19), ya se encuentra aprehendido. Todo indica que se trataría de un nuevo caso de feminicidio. “Hay indicios, tanto las declaraciones de las amigas como de la madre y algunos mensajes telefónicos que nos indican que nos encontramos ante un hecho de violencia”, puntualizó el fiscal.

Sin embargo, no hay antecedentes de denuncias anteriores por violencia familiar.

Asimismo, cuentan con imágenes de circuito cerrado de la vivienda donde ocurrió el hecho y de casas aledañas. Ya se encuentra a cargo del personal de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional para su estudio.

“También llamó mucho la atención que en el hogar se encontró una soga en el baño que, según los familiares, no era de la casa, y conforme a las lesiones inferiores, descartamos que se haya hecho pasar como un hecho de suicidio”, manifestó.

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“Ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas”, señaló el fiscal Francisco Cabrera.

El fiscal Francisco Cabrera, quien lleva adelante el caso sobre los 1.090 títulos presunta­mente falsos detectados en la función pública, indicó que se comenzó una depuración de la nómina inicial ante la exis­tencia de errores en la carga de datos.

Agregó que el proceso durará una semana aproximada­mente para luego proceder a investigar caso por caso. “A medida que pasan estos días, fueron constituyéndose per­sonas ante las unidades fisca­les presentando sus documen­taciones correspondientes, entonces fuimos verificando y el día de ayer martes nos reunimos con los funciona­rios encargados de redactar los informes de la Contralo­ría, quienes nos fueron infor­mando que, por el impacto que generó la denuncia, tam­bién otras instituciones fue­ron corroborando los informes que remitieron inicialmente y ahora están en una suerte de depuración que yo creo que duraría aproximadamente una semana más”, expresó Cabrera, el día de ayer, al pro­grama “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El agente fiscal comentó que “ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas, ya de alguna forma confirma­das. También falta un porcen­taje de las instituciones públi­cas que no respondieron al pedido de la Fiscalía. Acá habrá que estudiar caso por caso. Según la informa­ción preliminar que en su momento se recibió, la irre­gularidad detectada es que la universidad que informó seña­laba que la carrera no existía o que la persona no cursó en esa institución, entonces la hipóte­sis inicial habla de falsificación de títulos”.

Cabrera acotó: “Hay casos donde también se vieron errores en las informaciones que pasaron las instituciones públicas; es decir, un error en la carga de datos en el registro de las instituciones públicas, y son cosas que se irán depurando”. La causa judicial inició tras una denuncia presentada por la Contraloría que detalló que los 1.090 títulos corresponden a 1.083 funcionarios públicos. El 93 % de los casos correspon­den a carreras de educación.