Una hija de Diego Maradona apuntó este martes entre lágrimas contra el equipo médico que atendió a su padre y señaló que en determinadas situaciones “nadie se estaba haciendo cargo” de las condiciones de su internación, en el proceso que juzga a profesionales de la salud por la muerte del ídolo.
Dalma Maradona, su hija mayor, habló durante la audiencia número 17 del juicio que tiene a siete personas acusadas de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía causar la muerte del ‘Diez’.
Con diferentes estrategias, todos claman inocencia.
Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar mientras se recuperaba de una neurocirugía en una casa de Tigre, 50 km al norte de Buenos Aires.
Con la voz entrecortada por la emoción, Dalma dijo que la compañía de salud y los principales médicos se habían comprometido a “una internación domiciliaria seria, con elementos, enfermeros, acompañantes terapéuticos, ambulancia 24 en la puerta”.
“Con el diario del lunes (después) nos dimos cuenta que eso no era así”, señaló la hija del ídolo al tribunal de San Isidro, 30 km al norte de Buenos Aires.
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En un episodio en el que el exfutbolista argentino tuvo una intoxicación, la coordinadora de la internación consultó con las hijas qué acción tomar frente al episodio.
“Dijimos: ‘que lo trasladen con una ambulancia’. Pero no había y nadie se estaba haciendo carga de la situación”, recordó la mujer, de 39 años.
El juicio pone en cuestionamiento tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria.
“Si nosotros hubiéramos sabido que se iba a desarrollar como se desarrolló la internación, no hubiera sido opción. Si nos decían que no iba a haber ambulancia no hubiera pasado, porque con las condiciones de mi papá eso era esencial”, señaló Dalma.
Una octava, enfermera, será juzgada aparte en un juicio por jurados. Los ocho arriesgan 25 años de prisión. Dalma es la tercera y última de las hijas del ídolo en exponer en el juicio por la muerte de su padre.
Primero testificó a su hermana Gianinna, de 37 años, que fue aún más enfática en sus señalamientos contra los médicos, y luego su media hermana Jana, de 30.
El proceso se desarrolla en dos audiencias semanales, comenzó en abril y se espera que se extienda al menos hasta julio.
- Fuente: AFP
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A 6 años del secuestro de Óscar Denis, sus hijas exigen un giro en la estrategia de búsqueda
“Hoy es una fecha que marcó, marca y marcará todavía y espero que no sea por mucho tiempo en nuestras vidas”, comentó Beatriz Denis, hija del dirigente político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y exvicepresidente de la República, Óscar Denis, quien desde el 9 de setiembre de 2020, hace 6 años, permanece secuestrado en manos del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
“Dónde está Óscar Denis. Ya pasaron 6 años y tenemos 6 preguntas. A qué venimos hoy, cómo hace 6 años no venimos solamente a comentar o conmemorar una fecha, venimos a señalar una deuda, pasaron 6 años desde que secuestraron a nuestro papá y el Estado paraguayo todavía no puede decirnos dónde está, qué ocurrió con él ni cuál fue su destino. Cómo llegamos a 6 años sin respuestas”, dijo Beatriz Denis en una conferencia de prensa, en compañía de sus hermanas Silvana y Lorena.
Señaló que “pasaron autoridades, ministros y gobiernos, escuchamos hipótesis, versiones y promesas, nuestra familia esperó, colaboró y confío, sin embargo seguimos en el mismo lugar, 6 años sin resultados no pueden considerarse normales, ya que constituyen una deuda con nuestra familia y con todo el país. Qué debe responder hoy el Estado, debe informar con claridad qué se investigó y qué quedó pendiente, qué se hizo con cada testimonio e información recibida, qué líneas siguen abiertas y cuáles fueron abandonadas y qué está haciendo hoy para encontrar a Óscar Denis”.
Agregó que “no queremos otros informes llenos de generalidades, queremos responsables, acciones, plazos y resultados. Buscar no puede significar esperar que alguna información aparezca, sino ir atrás de ella, revisar qué no funcionó, volver sobre cada testimonio y abrir caminos nuevos. Si una estrategia no produjo respuestas durante 6 años, el deber del Estado es cambiarla”.
Denis mencionó también que “en los últimos tiempos conocimos públicamente la existencia de importantes recursos destinados a la comunicación del Estado, y eso inevitablemente nos lleva a pensar: por qué durante estos 6 años no existió una campaña nacional, seria, permanente y sostenida destinada a obtener información sobre los paraguayos secuestrados y también sobre los secuestradores. Si hay recursos, estructura y capacidad comunicacional para otros objetivos porque no se toma la misma decisión para encontrar a los secuestrados. No cuestionamos la necesidad de que el Estado comunique, cuestionamos sus prioridades”.
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A la vez, argumentó que “porque las prioridades de un gobierno también se demuestran en aquello para lo cual decide utilizar sus recursos. Y después de 6 años tenemos el derecho a preguntar cuánto se destinó en buscar información sobre Óscar Denis, Edelio Morínigo, don Félix Urbieta; qué campañas se realizaron, durante cuánto tiempo y cuáles fueron sus resultados. Si el Estado tiene capacidad para llegar todos los días a miles de paraguayos a través de los medios y redes sociales, también debería utilizar esa capacidad para algo fundamental: buscar a sus ciudadanos secuestrados”.
Las hijas del político liberal también emitieron un mensaje a la ciudadanía en general expresando que “no se acostumbren. Que no permitan que el paso del tiempo convierta una obligación del Estado en un recuerdo. El 9 de septiembre no queremos memoria durante veinticuatro horas: queremos búsqueda los 365 días del año. Pedimos que pronuncien su nombre y que pregunten con nosotras, porque es la hora de preguntar y de exigir que el Estado cumpla con su deber. A cualquier persona que tenga información sobre nuestro papa, aunque crea que es insignificante que hable, ninguna información es demasiado pequeña cuando llevamos 6 años buscando una respuesta”.
Instalación de un memorial
Ayer martes, las hermanas realizaron la instalación de un memorial en el lugar donde se produjo el secuestro de Óscar Denis en la estancia Tranquerita, en Bella Vista Norte. Detallaron que el monumento no representa una despedida a su padre, sino la manera de mantener viva su memoria y su búsqueda.
El dirigente político fue secuestrado junto a su empleado, Adelio Mendoza, un joven indígena que fue liberado pocos días después del rapto. Denis se desempeñó como vicepresidente de la República entre 2012 y 2013 durante el gobierno del liberal Federico Franco. Tuvo una extensa carrera como senador y gobernador del departamento de Concepción.
Para su liberación, los criminales exigieron a las hermanas Denis la entrega de víveres por valor de USD 2 millones a diversas comunidades y al Estado la liberación de sus líderes encarcelados, como Carmen Villalba, condición que el Gobierno terminó rechazando.
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Tía Chela: tribunal desestima a titular de la DNCP y admite a testigos de la defensa
El tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos, Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dio continuidad este lunes al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El tribunal definió sobre los incidentes planteados tanto por el Ministerio Público, parte acusadora, como de la defensa de Prieto y los demás acusados en el caso conocido como Tía Chela.
La acusación es por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales con la distribución de kits de alimentos en época de la pandemia, por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, cuando Prieto era intendente.
Incidentes planteados por el Ministerio Público
Uno de los incidentes planteados por la Fiscalía es una nota del 28 de marzo del 2020, que ya se encontraba en la carpeta fiscal, en este caso se presentó el pedido de solicitar informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), sobre el cambio de productos incluidos en el kit de alimentos.
“El tribunal, al haber constatado la existencia de la referida nota, que ya obraba en la carpeta fiscal, no se configura en la circunstancia de hecho nuevo invocado por el Ministerio Público como fundamento de su petición. En consecuencia corresponde rechazar la inclusión de los informes solicitados”, fue la respuesta del tribunal.
Agrega que, “no obstante, si en el transcurso del debate el Tribunal considera necesario de contar con algunos de los dichos informes, pueda disponer la solicitud de los mismos conforme a las facultades que le confiere el artículo 394 del Código Procesal Penal, como medida de mejor proveer”.
Declaración testimonial de Agustín Encina
El tribunal también se expidió sobre el pedido de incluir la declaración testifical del director de la DNCP, Agustín Encina. “Debe señalarse que la prueba testimonial tiene por objeto incorporar al juicio el conocimiento que una persona posee respecto a hechos o circunstancias que ha percibido y que guarda relación con el objeto del proceso. Este tribunal advierte que el Ministerio Público no señaló concretamente hecho u objeto del presente juicio había conocido el señor Agustín Encina, ni que el mismo haya tenido intervención directa en las circunstancias fácticas contenidas de la acusación”, mencionan.
Mientras tanto, el tribunal señala que “al fundamentar su pedido el Ministerio Público sostuvo que su declaración resulta necesaria por tratarse de un testigo calificado y experto que podría responder consultas sobre la pertinencia de la nota del 28 de marzo del 2020 sobre su regularidad o irregularidad y explicar si resulta factible ese tipo de procedimientos en materia de contrataciones públicas. Se rechaza dicha incidencia”.
Incidentes planteados por la defensa
Sobre la inclusión probatoria de 28 enlaces o links correspondientes a publicaciones realizadas en redes sociales que habían sido ofrecidas durante la audiencia preliminar y que no habían sido admitidas por el juzgado penal de Garantías, correspondientes a publicaciones y registros audiovisuales vinculados, entre otros aspectos con la adquisición, preparación y entrega de los kits de alimentos y publicaciones de medios periodísticos, el tribunal considera que corresponde diferir sobre su resolución.
Inclusión de testigos
La defensa dividió la solicitud en dos grupos, el primer grupo cuatro personas, “se sustentó en hechos nuevos señalando que dichas personas fueron localizadas pocos días antes del inicio del juicio, las mismas se encuentran individualizadas entre las 25 personas mencionadas en el informe y sus declaraciones permitirían establecer si se recibieron los kits de alimentos, si las firmas obrantes en las planillas les pertenece, y dónde residía al momento de los hechos, así como confrontar tales circunstancias con el contenido del informe”.
Por lo que el tribunal definió que “sus testimonios pueden resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos y para la elaboración del elemento probatorio, razón por la cual corresponde admitirlos”. De igual manera admitió los 56 testigos, ofrecidos por la defensa en un segundo grupo, que no fueron admitidos por el juzgado penal de Garantías, fueron seleccionados de una nómina de 126 personas, afectadas a la preparación y distribución y entrega de los kits de alimentos en distintos.
“Será durante el debate del juicio cuando podrá determinarse si resulta necesaria la declaración de los testigos admitidos, pudiendo prescindirse de aquellos cuyos testimonios resulten repetitivos o sobreabundante”, definió el tribunal.
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Transmisión del juicio
Por otra parte, el tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa, de utilizar las redes sociales del exintendente para la transmisión del juicio, argumentando que los canales institucionales de la Corte y los diferentes medios de comunicación ya están transmitiendo cumpliendo el principio de publicidad.
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Sicariato en PJC: detienen a mujer acusada de atentar contra su padre
Detienen a la mujer que fue acusada de atentar contra la vida de su padre. El hecho ocurrió el fin de semana en una funeraria de Pedro Juan Caballero, donde la víctima sobrevivió al ataque de un sicario y había responsabilizado a su hija de ser la autora intelectual del atentado.
Se trata de Lucía Morel Alves (35), quien poseía una orden de captura pendiente por homicidio doloso en grado de tentativa, según registros de la Policía Nacional. La misma guarda reclusión en el Departamento de Investigaciones.
La víctima, identificada como Marcelino Morel Cabrera (61), recibió un disparo de arma de fuego en la espalda, pero logró sobrevivir. El motivo del ataque sería un conflicto familiar.
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Según datos recabados por los intervinientes, aproximadamente a las 1:00 del domingo llegó una persona a bordo de una motocicleta realizando disparos contra la puerta de blíndex de la funeraria Pax Conesul, ubicada sobre la calle Aquidabán entre Rubio Ñu y Lomas Valentinas del barrio Mariscal Estigarribia.
En el sitio fueron encontradas siete vainillas servidas y percutidas calibre 9 mm, que fueron levantadas por agentes de Criminalística. La propietaria fue involucrada de atentar contra su propio padre y fue detenida por personal de la Comisaría Séptima.
El local ya había sido blanco de disparos anteriormente. El nuevo ataque se produjo apenas horas después del primer atentado. Agentes del Departamento de Investigaciones participaron del procedimiento y se dio intervención al Ministerio Público, que tendrá a su cargo las diligencias correspondientes.
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Juicio de Giuzzio fue suspendido por malestar de su abogada
Este lunes prosiguió el juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio con una sesión corta en que se alistaron pruebas documentales y concluyó, a los diez minutos, debido a una indisposición de salud de la abogada Gilvi Quiñonez, representante legal del exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El proceso continuará el próximo lunes 14 de setiembre.
Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado, por haber recibido presuntamente favores del empresario brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marquéz de Padua, detenido en Brasil por narcotráfico; mientras ocupaba el cargo de ministro del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, hasta su destitución en febrero de 2022, a causa del escándalo vinculado por dicho relacionamiento.
El proceso judicial en contra del exministro se encuentra en su etapa final, de acuerdo a la presentación de la acusación por parte de la fiscalía, Giuzzio tuvo pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideró hasta febrero del 2022.
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En el marco del juicio oral, la fiscalía expuso la hipótesis que trabajaron en el caso conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius.
Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta particular del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022. La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, integrada por los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce, realizó la acusación por cohecho pasivo agravado el 16 de agosto del 2023.