El ejército desplegó el miércoles a sus tropas en una zona rural del sureste de Colombia, en medio de letales enfrentamientos entre dos estructuras disidentes de las FARC que se disputan las rentas del narcotráfico en esa región. Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década a cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que el país elegirá al sucesor del izquierdista Gustavo Petro.
El “crudo enfrentamiento” entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, las dos principales estructuras rebeldes del país, dejaron “múltiples víctimas fatales”, dijo en la red social X el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que atribuyó los combates a “disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”.
Los enfrentamientos se registran desde el lunes en el departamento del Guaviare, dijo a la AFP un vocero del ejército, que anunció en un comunicado el despliegue de soldados en la zona para “proteger a la población civil”. Las autoridades aún no han divulgado un balance oficial de víctimas.
Las Fuerzas Militares se movilizan hacia esa zona de difícil acceso en el municipio de San José del Guaviare, una región con vastos cultivos de hoja de coca. Es cuna de las primeras filas que rechazaron el histórico tratado de paz entre las FARC y el gobierno que desmovilizó al grueso de esa guerrilla en 2016.
A cuatro días de la primera vuelta presidencial, el recrudecimiento del conflicto armado de seis décadas es una de las principales preocupaciones de los votantes. Petro, el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia, priorizó una política de diálogos con todos los grupos armados del país conocida como “paz total”.
Pero a tres meses de dejar el poder, ninguna de estas negociaciones ha tenido éxito. La oposición critica su política de paz y lo acusa de ser indulgente con los criminales. El mandatario, que por ley no puede reelegirse, busca continuar su proyecto con la candidatura de su aliado, el senador Iván Cepeda, que parte como favorito en las encuestas. Le siguen los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que defienden una política de mano dura contra los grupos criminales.
Fuente: AFP.
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Riera apunta al gobierno de Abdo por “entregar” el control del cielo al narcotráfico en 2020
El ministro del Interior, Enrique Riera acusó al gobierno del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, de haber entregado la soberanía del espacio aéreo paraguayo al narcotráfico, tras el cajoneo de la iniciativa Cielo Guaraní Soberano impulsada por la administración del también exmandatario y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.
“La iniciativa Cielo Soberano Guaraní se implementó ya en el año 2015 en la época del presidente Horacio Cartes y constituía una suma de esfuerzos para controlar nuestros cielos y evitar naves de tripulación clandestinas y no identificadas en nuestro suelo“, dijo Riera en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El ministro acotó: “Lo curioso de todo esto es que este procedimiento que fue un éxito se hizo hasta el 2020, pero desde ese año sin ninguna explicación desapareció el proyecto, nunca más se implementó. Curiosamente en ese año un antecesor mío (Arnaldo Giuzzio) quien hoy está procesado por narcotráfico también levantó el control de los puertos privados, retiró a los canes antidrogas, desmontó los escáneres con la historia de que iban a reorganizar las tropas en la Secretaría Nacional Antidrogas y luego esto fue sostenido en el Ministerio del Interior“.
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Riera siguió mencionando que “liberaron los cielos y puertos para contaminar las cargas y mediante eso pasaron más de 60 toneladas de cocaína pura. Debemos recordar que el Paraguay no produce ningún gramo de esa droga que no fue descubierta en nuestro país, sino acopiada a través de pistas clandestinas que nos cansábamos de denunciar. Realmente en ese gobierno se declaró arco libre“.
Las afirmaciones de Riera surgieron tras la decisión del gobierno del mandatario Santiago Peña, de impulsar vía decreto la creación de la Comisión Nacional Cielo Guaraní Soberano, con el objetivo de consolidar mecanismos de comunicación directa, intercambio de inteligencia y reacción conjunta para combatir el narcotráfico, el crimen transnacional organizado y los vuelos irregulares que operan en territorio nacional.
“La semana que viene se reunirán sus integrantes para cruzar datos, tener puntos focales y a funcionar coordinadamente, esta es la parte del tablero que nos faltaba”, manifestó.
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El oficialismo apunta a romper histórico estigma y continuar con gestión, dice Baruja
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, indicó que mediante el proyecto presidencial del movimiento Honor Colorado, encabezado por el segundo del Poder Ejecutivo, Pedro Alliana, se apunta a romper el estigma vigente en la era democrática y lograr que el oficialismo mantenga el poder en el próximo periodo de gobierno.
“La ambición es que nuestro proyecto prosiga, estamos tratando de romper el estigma que en toda la era democrática no se ha logrado, que el oficialismo continúe su gestión. Ha continuado el Partido Colorado, pero vamos contra el estigma de que ningún oficialista logró traspasar a otro oficialista el poder, esa es una realidad de que tenemos desde el 89 para acá”, indicó este miércoles en una visita al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Baruja acotó: “Estamos con la intención de romper eso, no será una tarea fácil. El movimiento Honor Colorado tiene una fortaleza que nunca ha existido, para mí es el más poderoso en la historia política del Partido Colorado y del Paraguay, nunca ha existido un movimiento que tenga tantos años de vigencia, que haya estado cinco años en el poder, desde el 2013 al 2018, que haya soportado una llanura desde el 2018 al 2023 y que haya retornado para este periodo”.
Liderazgo de Cartes
El alto funcionario de Estado mencionó que el liderazgo de Horacio Cartes como cabeza del movimiento Honor Colorado constituye una pieza clave para lograr la ambiciosa meta en las elecciones presidenciales del 2028.
“El liderazgo que hoy tiene Horacio Cartes no tiene parangón, desde el punto de vista de la democracia nunca ha existido un líder tan fuerte como hoy es el presidente del Partido Colorado, es un liderazgo que nunca llegue a ver o leído y que se siente y se nota cuando uno contacta con la dirigencia, la gente y también los números de las mediciones de propios y extraños que indican que hoy el líder político más importante en el Paraguay se llama Horacio Cartes”, comentó.
El alto funcionario de Estado manifestó: “Para mí, el Messi de la política es Horacio Cartes, yo creo que con su conducción es posible que podamos lograr romper ese estigma“. En abril pasado, Baruja fue propuesto por los senadores oficialistas para integrar la chapa presidencial en el 2028, sin embargo su figura junto con la del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y del titular del Consejo de Gobernadores del Paraguay, César Sosa, serán evaluadas por Alliana luego de las internas del próximo 7 de junio.
“Siempre dije que el candidato a presidente tiene que tener la libertad de elegir a su acompañante, tiene que ser una persona de confianza con quien se sienta cómodo tanto en el proceso electoral y de gestión de gobierno, ese es el labor más importante de una dupla. La chapa Santiago Peña-Pedro Alliana es el modelo que se debe replicar. Yo voy a estar en el lugar donde el equipo crea que podré sumar, no necesito tener una candidatura para apoyar al proyecto”, ratificó Baruja.
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Colombia: elección dividida a la sombra de la violencia contra exguerrilleros
La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.
La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.
Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.
Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.
La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.
Dos caminos
Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.
De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.
Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.
Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.
“Ingresar o morir”
Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.
De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.
“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.
Fuente: AFP.
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Gobierno reactiva “Cielo Guaraní Soberano”, estrategia aérea y terrestre contra vuelos ilícitos
El Gobierno del Paraguay anunció un decreto firmado por el presidente Santiago Peña, que reactiva el programa “Cielo Guaraní Soberano”. El programa apunta a articular el trabajo de varias instituciones de seguridad a fin de combatir el narcotráfico, que se mueve través de vuelos irregulares, y lograr la captura de los responsables en tierra.
“Este decreto regula el trabajo coordinado de todas las instituciones del Estado que tienen responsabilidad en la defensa y en la seguridad del país. Lo que queremos lograr con esto es la captura de las aeronaves que aterrizan o de los operadores en tierra”, explicó el comandante de la Fuerza Aérea Paraguay, Julio Fullaondo.
El decreto reactiva un programa que había estado operativo entre 2015 y 2019, y que utilizaba los radares entonces disponibles para el control del espacio aéreo. En esta reactivación, el programa tendrá además de nuevos radares, la participación de los aviones Super Tucano adquiridos por la actual administración para la intercepción de los vuelos.
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El comandante Fullaondo explicó que actualmente la Fuerza Aérea ya despliega acciones de intercepción de aeronaves que realizan vuelos irregulares, a través de los Super Tucano, pero reconoció que es necesaria una articulación con fuerzas operativas en tierra para lograr la captura efectiva de los responsables.
“Las veces que tenemos interceptación de aeronaves, necesitamos la reacción rápida de los otros organismos de seguridad en tierra, como ya ocurrió en el caso de que aterriza el avión y tarda dos minutos para volver a decolar", explicó.
Destacó que con el decreto del Poder Ejecutivo se logrará integrar el trabajo de las instituciones de seguridad del Estado para el combate al narcotráfico, el crimen transnacional organizado y los delitos conexos. “Con este decreto que acaba de firmar el presidente, automáticamente se crea un equipo que va a trabajar coordinado en cielo y en tierra", indicó a su turno el ministro del Interior, Enrique Riera.
Instituciones involucradas
Entre las instituciones que se articulan en este trabajo están la Policía Nacional, la Fiscalía, la Secretaría Nacional Antidrogas y las Fuerzas Armadas, entre otras que tengan jurisdicción en los lugares donde aterricen las aeronaves.
“Este decreto es una señal clara de que está decidido a combatir de frente y con todos los elementos a su alcance al crimen organizado, al terrorismo y sobre todo y especialmente al narcotráfico", afirmó el ministro de Defensa Nacional, Oscar González.
Las autoridades destacaron que Paraguay tiene acuerdos de cooperación firmados con los países de la región, incluyendo a Brasil, Argentina y Bolivia, que permite la comunicación directa, el intercambio de información y trabajo conjunto para la vigilancia y protección del espacio aéreo en la zona fronteriza.
En el marco de la cooperación internacional, el encargado de negocios de los Estados Unidos, Robert Alter, expresó que Paraguay cuenta con la asistencia permanente de su gobierno y que están orgullosos de colaborar con la lucha contra el crimen organizado.
“Los aliados se acompañan y el gobierno del presidente Peña y su equipo de seguridad tienen una visión muy clara con respecto al control del espacio aéreo y su lucha contra el crimen organizado, y los Estados Unidos de América estamos ahí para acompañarlos”,acotó.
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