México presentará el jueves una reforma a su ley electoral para incluir una investigación a los candidatos sobre posibles vínculos con el crimen organizado, en medio de presiones desde Estados Unidos para arrestar a un gobernador acusado de narcotráfico.

El gobierno de Claudia Sheinbaum enviará el proyecto al Congreso, donde tiene mayoría. El objetivo es que rija para las elecciones de 2027, en la que se renovará el poder legislativo y parte de las gobernaciones y alcaldías.

“Hemos vivido algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada”, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa cotidiana.

Las autoridades anunciaron precisamente la víspera la detención de seis políticos locales por extorsión y vínculos con el crimen organizado. Van 70 desde 2024.

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El gobierno, sin embargo, está bajo presión de Estados Unidos para que arreste y extradite al gobernador Rubén Rocha, a quien relaciona con el peligroso cártel de Sinaloa que fundó Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.

Rocha pidió licencia para apartarse del cargo. Sheinbaum ha pedido más pruebas al Departamento de Justicia estadounidense antes de actuar en contra el funcionario.

“No se encubre a nadie, cuando hay pruebas se procesa”, insistió la mandataria.

La propuesta electoral incluye ahora la creación de una comisión, dependiente de las autoridades electorales, que verifique con la fiscalía y los órganos antilavado que un aspirante no tenga vínculos con el crimen organizado.

La pesquisa no será obligatoria para los partidos políticos, que podrán entregar a “las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia” los nombres de sus candidatos para descartar cualquier “riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada”, explicó Luisa María Alcalde, consultora jurídica de Sheinbaum.

Los resultados no serán vinculantes, aunque pueden llevar a una investigación formal de la justicia.

• Fuente: AFP

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La Cancillería de Colombia anunció ayer miércoles la salida del embajador de Bolivia como medida recíproca, horas después de que La Paz expulsara a la embajadora colombiana tras acusarla de “injerencia”. El presidente izquierdista Gustavo Petro se refirió durante el fin de semana a las protestas que enfrenta el gobierno de su homólogo Rodrigo Paz como una “insurrección popular”, motivo por el que ese país expulsó a la embajadora Elizabeth García.

Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores exigen con fuertes manifestaciones la renuncia del mandatario boliviano, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas. Se anuncia "por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel“, dijo la Cancillería colombiana en un comunicado.

El gobierno de Bolivia acusa al mandatario colombiano de “injerencia directa”. Petro, cercano al expresidente Evo Morales, dijo que en Bolivia están “matando” al pueblo y se ofreció a mediar entre los manifestantes y el gobierno. “Si por proponer un diálogo y una intermediación sacan a la embajadora, se está pasando a extremismos”, dijo el presidente durante una entrevista con Caracol Radio.

“En Bolivia (...) hay un gobierno que está cuestionado por (el) pueblo”, agregó. Paz, que juramentó como presidente hace seis meses, cuenta con el apoyo de Estados Unidos como nuevo aliado del presidente Donald Trump en América Latina. Su llegada al poder puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Morales y Luis Arce (2020-2025).

Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que Paz eliminó en diciembre, y la inflación interanual se situó en el 14 % en abril.

Fuente: AFP.

Bolivia anunció ayer miércoles la expulsión de la embajadora de Colombia a la que acusa de “injerencia” luego de que el presidente Gustavo Petro calificara las protestas que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz como una “insurrección popular”. Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores exigen con fuertes manifestaciones la renuncia del recién asumido mandatario boliviano, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

La decisión “responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados“, dijo la cancillería boliviana en un comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que dio a la embajadora, Elizabeth García, un “plazo”, sin precisar, para que abandone el país, y agregó que esta decisión no implica una ruptura de relaciones bilaterales.

En su cuenta en la red social X, Petro dijo el pasado domingo que “Bolivia vive una insurrección popular” como “respuesta a la soberbia geopolítica”, y agregó que su gobierno “está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”.

Bolivia “considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país” se haga con “responsabilidad” y “prudencia diplomática”, precisó la cancillería. En declaraciones a Caracol Radio ayer miércoles, Petro respondió al conocer la medida de Bolivia: “Si por proponer un diálogo sacan a la embajadora, es porque se están pasando a extremismos”.

“Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra a un gran diálogo nacional (...), o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población”, agregó el mandatario colombiano. Con constantes enfrentamientos con la policía y bloqueos de carreteras que aíslan y mantienen desabastecida a la ciudad de La Paz, sede de gobierno, los manifestantes insisten en pedir la renuncia del presidente boliviano.

El gobierno de Paz considera que las protestas en su contra son un intento de “golpe de Estado” y que son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales, prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor. La expulsión de la embajadora colombiana llega un día después de que Estados Unidos respaldara públicamente a Paz. “Esto es un ‘golpe’ financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región” de América Latina, dijo el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Fuente: AFP.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia, que hace tres semanas es escenario de movilizaciones por parte de mineros, indígenas, agricultores y población civil, que piden la renuncia de su presidente Rodrigo Paz.

A través de un posteo en las redes sociales, Rubio escribió: “Que no haya error: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.

Bolivia denunció este miércoles que las protestas que exigen la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz buscan la “alteración del orden democrático”, en una intervención del canciller Fernando Aramayo ante el Consejo Permanente de la OEA.

El gobierno de Paz asegura que las protestas son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales, prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor.

Ayer martes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguraba que Bolivia, nuevo aliado del gobierno del presidente Donald Trump en América Latina, se enfrenta a un “golpe de Estado”.

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