La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados por su papel en la guerra contra Ucrania, un texto ya adoptado por el Senado y respaldado por el presidente Donald Trump. La iniciativa fue aprobada por 262 votos contra 159 y constituye la primera acción de envergadura del Congreso estadounidense contra Moscú desde el regreso al poder de Trump el año pasado.

El magnate republicano ha dicho que promulgará la legislación, que el mes pasado fue avalada sin dificultades en el Senado por 86 votos a favor y 11 en contra. La iniciativa apunta a los sectores energético y de defensa de Rusia, al presidente Vladimir Putin y a otros altos funcionarios, así como a la llamada “flota fantasma” de petroleros de Moscú utilizada para eludir las sanciones de las potencias occidentales.

El texto otorga también al presidente estadounidense el poder de imponer aranceles de hasta el 100 % a los cinco principales países importadores de gas y petróleo rusos, entre ellos China e India, con el objetivo de cortar los ingresos que financian la guerra de Moscú. Sin embargo, Nueva Delhi señaló el jueves que seguirá diversificando sus compras de petróleo, ya que “sigue firmemente comprometida a garantizar la seguridad energética de sus 1.400 millones de habitantes”.

“La parte india también ha dejado clara su determinación de tomar todas las medidas necesarias para proteger sus intereses comerciales y económicos”, agregó la cancillería en un comunicado. Este conflicto en el corazón de Europa, desencadenado por la invasión de gran escala de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, es el más mortífero en ese continente desde la Segunda Guerra Mundial.

La votación en la Cámara Baja fue celebrada por activistas pro-Ucrania, que señalaron que la ofensiva rusa continúa. El miércoles, ataques con drones contra el transporte civil en el sur del país dejaron al menos cinco muertos, según funcionarios en Kiev. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había instado al Congreso estadounidense a aprobar el paquete de sanciones, en particular durante una visita a Washington en julio.

Este proyecto de ley lleva el nombre de su principal artífice, el senador republicano Lindsey Graham, fallecido repentinamente en julio, férreo defensor de Ucrania y crítico implacable de Rusia e Irán, también objeto del texto. Graham impulsaba este texto desde abril de 2025, pero Trump, que prefiere tomar medidas por sí mismo en lugar de ceder poder al Congreso, frenó el proyecto de ley hasta que un acuerdo a comienzos del verano boreal permitió su aprobación por el Senado.

La Cámara de Representantes está apremiada por el calendario, pues los legisladores deben abandonar pronto Washington para hacer campaña para las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre. “Una vez que el proyecto de ley haya sido rápidamente firmado y entre en vigor, esperamos que Estados Unidos vele por su estricta aplicación para poner fin a los flujos financieros que alimentan la guerra del Kremlin”, explicó Svitlana Romanko, directora del movimiento ucraniano Razom We Stand. “Cada día de retraso es un día en el que nosotros, en Ucrania, debemos enterrar a más personas”, dijo.

Fuente: AFP.

El mandatario Santiago Peña se reunió este miércoles con Mónica Ager Jacobsen, coordinadora adjunta de Seguridad Nacional, Control y Designación de Terroristas para la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El encuentro consideró acciones para combatir el crimen organizado transnacional en la región.

“En la ocasión abordamos temas relativos al crimen organizado trasnacional en la región y coincidimos en la necesidad de un trabajo coordinado para contrarrestar el accionar de esos grupos criminales”, afirmó el jefe de Estado en sus redes sociales oficiales. “Señalamos que las operaciones de estos grupos trascienden fronteras por lo que es primordial un trabajo conjunto de los países porque las acciones aisladas son insuficientes”.

Del encuentro participaron también el encargado de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Alter; el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano y el ministro del Interior, Enrique Riera.

Jacobsen se encuentra de visita en el país con el fin de participar de la sexta reunión del “Foro Contra el Terrorismo Transnacional” (CTTF, por sus siglas en inglés), que se realizará los días 16 y 17 de setiembre en Asunción. En la ocasión se hará una evaluación de la amenaza del crimen transnacional en la región, se analizará la financiación de las actividades terroristas en el hemisferio, así como el uso de las nuevas tecnologías.

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Jacobsen también mantuvo ayer martes un encuentro con el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández, con quien diálogo sobre la necesidad de impulsar acuerdos de cooperación internacional orientados a la transferencia tecnológica y el combate al crimen organizado y al terrorismo.

La alta funcionaria del país norteamericano también se reunió con el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, y la fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Terrorismo, Matilde Moreno. El encuentro contó con la presencia de Robert Alter; el asesor senior del Departamento de Estado, Mark Flemming, y la oficial política de la representación diplomática, Kate Applegate.

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El exministro de Industria venezolano y aliado del expresidente Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró el martes culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, informó un tribunal de Miami. Extraditado en mayo de este año, Saab se había declarado inicialmente “no culpable” ante el juez el pasado 24 de julio, pero ahora modificó a “culpable” a cambio de cooperar para reducir su condena, según un auto judicial.

“El acusado acepta declararse culpable del único cargo de la acusación, que imputa al acusado el delito de Conspiración para Blanquear Instrumentos Monetarios”, explica el auto de la corte del Distrito Sur de Florida. El acuerdo establece un monto de confiscación de 195 millones de dólares, valor que la Fiscalía vincula a una presunta trama de corrupción y desvío de dinero durante años del programa de ayuda alimentaria CLAP en Venezuela.

Saab podría ser condenado a unos 20 años de cárcel por ese cargo de lavado de dinero, pero tanto el monto de confiscación como la condena firme dependen del grado de colaboración con las autoridades. Su caso está estrechamente ligado al del expresidente Maduro y su esposa Cilia Flores, que se litiga ante una corte en Nueva York, tras su captura en Caracas el 3 de enero por fuerzas armadas estadounidenses.

Nacido en Colombia, este exempresario fue una figura muy activa de la política venezolana durante los últimos años de la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013). Fue supuestamente gracias a sus actividades de testaferro de Maduro y lavador de dinero que recibió la ciudadanía venezolana y un pasaporte diplomático.

“El acusado acuerda que cooperará plenamente con esta Oficina”, explica el documento firmado por Saab y los fiscales encargados de su caso. “Además, el acusado acepta que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, y que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad”, añadió el texto.

Tras ser objeto por primera vez de sanciones estadounidenses en 2019, Saab fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos al año siguiente.

Fue liberado luego en 2023 por el gobierno de Joe Biden como parte de un canje de prisioneros negociado con Venezuela.

Maduro nombró a Saab ministro de Industria tras su regreso a Caracas, en 2024.

Poco después de que fuerzas estadounidenses capturaran en enero pasado a Maduro en Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó a Saab de todos sus cargos, y fue extraditado el 16 de mayo.

Tras el terremoto político que supuso la salida del país de Maduro y el nombramiento de Rodríguez, Washington y Caracas han emprendido una singular colaboración económica y política que ha generado sorpresa dentro y fuera de Venezuela.

Delcy Rodríguez, que era también una estrecha colaboradora de Maduro, salió el 1 de abril de la lista de responsables políticos extranjeros sancionados por el gobierno estadounidense, y ha sido elogiada repetidamente por el presidente Donald Trump.

Venezuela ha accedido a cambiar profundamente el marco legislativo de la explotación de hidrocarburos para abrir el mercado a las multinacionales extranjeras.

Esa apertura culminó en un acuerdo por el que Washington controlará parte de la producción de crudo, a través de una empresa concesionaria, North American Blue Partners.

Fuente: AFP.

La coalición militar liderada por Arabia Saudita aseguró este miércoles haber destruido un dron lanzado hacia la ciudad santa de La Meca por los hutíes de Yemen, un grupo apoyado por Irán que desmintió el ataque. Después de años de calma, Yemen se vio arrastrado en julio al conflicto regional, desencadenado a finales de febrero por una ofensiva estadounidense e israelí contra Irán.

Los hutíes, enfrentados al gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita, tomaron la semana pasada el control de la costa yemení que bordea el mar Rojo, reforzando su control sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb. La defensa aérea saudita destruyó el martes “un dron hostil lanzado por la milicia terrorista hutí antes de que ingresara al espacio aéreo restringido de la capital sagrada” del islam.

“La seguridad de las dos mezquitas sagradas y de sus visitantes constituye una línea roja”, advirtió la coalición liderada por Arabia Saudita que respalda al gobierno yemenita. La Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenó de inmediato unos “ataques atroces” que “profanan la santidad de los lugares sagrados y las mezquitas, y hieren los sentimientos de los musulmanes de todo el mundo”.

Por su parte el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó el miércoles “en los términos más enérgicos posibles el cobarde y abominable” ataque contra La Meca. Los últimos acontecimientos han vuelto a disparar los precios del petróleo, una escalada que lastra la economía mundial.

El Brent, referencia internacional del crudo, cotizaba el miércoles a 108,5 dólares por barril en las primeras operaciones asiáticas, ligeramente a la baja, pero todavía alrededor de un 80 % por encima del nivel anterior al inicio de la guerra en febrero.

Los hutíes, que desde principios de septiembre han intensificado los ataques contra Arabia Saudita, negaron haber atacado la ciudad santa y denunciaron “una mentira trillada”, dijo en la red social X uno de sus líderes, Hazm al Asad.

Las autoridades sauditas habían lanzado el martes por la mañana una alerta aérea para La Meca, la primera de este tipo en este destino religioso que cada año recibe a millones de peregrinos.

La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita recomendó el miércoles a sus ciudadanos reconsiderar cualquier viaje al país y evitar por completo acercarse a la frontera con Yemen.

El príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, y el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, llamaron el martes desde El Cairo a “garantizar la libertad y la seguridad de la navegación marítima” en el estrecho de Bab el Mandeb.

Este paso, que conecta a Europa con Asia a través del mar Rojo y el canal de Suez, se volvió crucial para Arabia Saudita, el principal exportador mundial de crudo, desde que Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

Su cierre tendría consecuencias “catastróficas”, admitió el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar.

Por su parte, los hutíes aseguran que no existe ninguna amenaza para la navegación en ese estrecho, salvo para los buques sauditas.

Mientras aumenta la presión sobre Arabia Saudita, amenazada en ambos estrechos y blanco de ataques contra sus infraestructuras petroleras, los hutíes afirmaron el miércoles haber derribado un avión de combate saudita y acusaron al país de haber llevado a cabo 450 ataques aéreos contra su vecino esta semana.

Arabia Saudita también ha sufrido la interrupción de su oleoducto Este-Oeste, que permite evitar el estrecho de Ormuz, tras ataques con drones procedentes de Irak, según las autoridades.

Al menos 100.000 personas han sido desplazadas en Yemen desde que se reanudaron los combates a principios de septiembre entre los hutíes y las fuerzas progubernamentales, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Fuente: AFP.