El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), aprobó una declaración estratégica sobre soberanía, seguridad nacional y gobernanza regional frente al crimen organizado y las economías ilícitas. La iniciativa partió del presidente alterno del bloque regional, el diputado paraguayo Carlos Núñez Salinas, con la cual apunta a aplastar las economías ilícitas de USD 300 mil millones que amenazan a la región y la Triple Frontera.

La propuesta que fue acogida y convertida en Declaración del Parlatino, impulsa una respuesta regional coordinada para fortalecer la seguridad fronteriza, proteger la soberanía de los Estados y combatir el avance del crimen organizado transnacional.

En su presentación, el legislador paraguayo explicó que la iniciativa surge ante una realidad que exige acciones inmediatas. Señaló que las economías ilícitas en América Latina y el Caribe superan los USD 300 mil millones anuales, una cifra comparable con el producto interno bruto de varios países de la región.

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“El narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el contrabando y la minería ilegal han transformado las fronteras en zonas de alta vulnerabilidad. Estas organizaciones ya no actúan como estructuras delictivas aisladas, sino como redes transnacionales con recursos económicos, capacidad tecnológica y sistemas logísticos que desafían directamente la autoridad de los Estados”, sostuvo el presidente alterno de Parlatino.

Mencionó que en este complejo escenario regional, Paraguay ocupa un rol geográfico crítico, enfrentando desafíos mayúsculos en zonas vulnerables como la Triple Frontera (punto neurálgico compartido con Argentina y Brasil).

“Esta región fronteriza, históricamente afectada por la porosidad de sus límites y dinámicas comerciales complejas, es utilizada por facciones criminales internacionales para el lavado de dinero, el contrabando a gran escala y el tráfico de armas y drogas. El fortalecimiento de la seguridad en este sector estratégico se vuelve, por ende, una prioridad urgente dentro de la agenda continental”, remarcó.

La declaración promovida por el presidente Alterno plantea fortalecer los marcos legislativos nacionales y avanzar hacia mecanismos de cooperación regional que permitan mejorar el intercambio de inteligencia, desarrollar operaciones coordinadas y reforzar la vigilancia de las zonas fronterizas, respetando la soberanía de cada país.

Conforme al documento declaratorio, propone priorizar la inversión pública en tecnologías avanzadas para el control territorial, incluyendo vigilancia satelital, radares de interceptación aérea, drones de reconocimiento de largo alcance y sistemas biométricos en los puntos de tránsito legal.

Además, la iniciativa también contempla la elaboración de una agenda regional de seguimiento, con la participación de distintas comisiones del Parlatino, para evaluar los avances legislativos y la implementación de políticas contra el crimen organizado transnacional. Se plantea, además, la presentación de un informe anual sobre la situación de las fronteras y las acciones adoptadas por los países miembros.

“Con esta Declaración, el Parlatino reafirma que la seguridad, la defensa de la soberanía y el control efectivo del territorio constituyen condiciones fundamentales para preservar la democracia, promover el desarrollo económico y garantizar el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe”, concluye el documento.

Desde el organismo regional se destaca que la propuesta del diputado Carlos Núñez Salinas coloca en el centro del debate regional la necesidad de pasar de las acciones aisladas a una verdadera estrategia continental, basada en la cooperación, la tecnología, la coordinación legislativa y el fortalecimiento institucional. Frente a un crimen organizado que no reconoce fronteras, América Latina y el Caribe necesitan una respuesta conjunta, firme y proporcional al desafío.

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El expresidente boliviano Evo Morales rechazó ayer jueves una denuncia penal presentada por grupos de derecha que lo acusan de “terrorismo” y “alzamiento armado” por liderar protestas contra el gobierno que desabastecieron a varias ciudades de Bolivia recientemente. En mayo y junio, Bolivia registró durante siete semanas protestas callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz, debido a la peor crisis económica en 40 años.

La Paz, su vecina El Alto y otras ciudades sufrieron una fuerte escasez de medicamentos, alimentos y combustibles por los cortes. El presidente Paz acabó con las manifestaciones tras decretar el estado de excepción. El comité cívico de Santa Cruz, un conglomerado de empresarios y líderes civiles de derecha, presentó el miércoles ante la fiscalía una denuncia contra Morales, el dirigente obrero Mario Argollo y el indígena Vicente Salazar por el daño económico que causaron los cortes al país.

El abogado de los denunciantes, Diego Coimbra, declaró a periodistas que el recurso también pide la captura de Morales y los dos dirigentes por “riesgo de fuga y obstaculización” de las investigaciones.

El periódico boliviano El Deber afirma que la fiscalía de Santa Cruz admitió la denuncia y abrió una investigación contra Morales y los dos dirigentes, pero el organismo no lo confirmó oficialmente.

“Procesos ha habido tantos... y les he ganado a todos”, dijo Morales ayer jueves en rueda de prensa tras conocerse la denuncia.

El expresidente se encuentra desde fines de 2024 en la región cocalera del Chapare, centro del país, fugitivo de la justicia. Contra él pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de una menor, que él denuncia como persecución.

Para el sindicalista cocalero, el grupo que presentó este recurso no tiene “ninguna autoridad para hablar de bloqueos” porque ellos mismos han sido “promotores” de cortes de rutas, como en 2019, afirma, cuando impulsaron su renuncia tras las elecciones en las que fue acusado de fraude.

El gobierno de Paz ha culpado a Morales por las protestas sociales y lo acusó de financiarlas con recursos del narcotráfico, aunque sin presentar pruebas. Su gobierno ha dicho que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, sin fijar una fecha.

Fuente: AFP.

En el último año del gobierno de Santiago Peña se desplegaron acciones contra el crimen organizado con un perjuicio económico estimado en casi USD 700 millones; tan solo la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) reportó USD 300 millones de pérdidas para el narcotráfico, que se suma a diversos operativos de otros organismos internos y trasnacionales de seguridad, según se desprende del informe de gestión presentado ayer ante el Congreso.

El reporte destaca en el apartado titulado “Paraguay dejó de ser el corredor de la cocaína de Latinoamérica” que la Senad aplicó controles estrictos, mecanismos de inteligencia operativa, el uso de tecnología y la cooperación internacional, que se habían debilitado durante la gestión anterior. “Desde principios de este gobierno hasta la fecha, no se ha registrado ninguna incautación de cocaína en Europa asociada a envíos desde Paraguay”, puntualiza el documento oficial.

Entre julio de 2025 a mayo de 2026, la Senad realizó 8.947 operativos, con 151 kilos de cocaína incautada y con un valor estimado en USD 1.057.000; 439 kilos de crack (3.075.758 dosis), equivalente a USD 3.075.758; 51.079 dosis de éxtasis, por valor de USD 1.532.370; 2.089 hectáreas de marihuana erradicadas, valuadas en USD 188.010.000; incautación de 625.968 kilos de marihuana lista, por valor de USD 18.779.040; incautación de 71 armas por valor de USD 71.000; además de 188 vehículo incautados y 341 detenidos. El total de perjuicio económico es de USD 212.525.168.

Entre julio de 2025 a mayo de 2026, la Policía Nacional ejecutó 1.181 allanamientos en todo el territorio de la República. Estos procedimientos tácticos resultaron en la detención de 2.309 personas, la aprehensión de otras 1.009, mientras que 238 personas fueron expulsadas del país. En el combate al narcotráfico, las intervenciones operativas permitieron sacar de circulación 101.755,446 kg de marihuana picada, 25.262,5 kg de marihuana prensada, 578,95 kg de cocaína y 14,58 kg de cocaína tipo crack, dando un perjuicio económico sobre el narcotráfico de G. 270.775.420.080 (USD 39.294.067,63).

Por otro lado, la Senad en alianzas operativas con instituciones nacionales, como el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), e internacionales como la Policía Federal de Brasil, incautó más de 625.968 kilogramos de marihuana procesada, lista para su comercialización, desde julio de 2025 a mayo de 2026. En paralelo, se erradicaron 2.089 hectáreas de cultivos de cannabis en la zona de Canindeyú, evitando la circulación de aproximadamente 6.892.968 kilogramos de droga, con un lucro cesante estimado para las organizaciones criminales que asciende a G. 1 billón 424 mil 983 millones 271 mil (USD 206.789.040), según valor de la sustancia en el mercado paraguayo.

En dicho periodo, a través de las operaciones Norte Soberano III y Escudo Guaraní dirigidas por las Fuerzas Armadas, se propinó un golpe al narcotráfico con la incautación de 8.847.044 kg de marihuana, generando un perjuicio económico estimado de USD 163 millones solo en el 2026. El informe destaca otros operativos puntuales como Nueva Alianza, cuyas tres últimas ediciones (52 al 55) anularon 2.125 toneladas de marihuana, que se traduce en un golpe financiero de G. 434.133.000.000 (USD 63 millones).

“Se cierra el paso a drogas en terminales aéreas del país”, dice un apartado resaltado dentro de la descripción de operativos contra el crimen organizado, indicando que, desde julio del 2025, fueron ejecutados 38 operativos de impacto en el ámbito aeroportuario, principalmente en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Las mayores incautaciones estuvieron vinculadas a cargamentos de marihuana de alta concentración provenientes de los Estados Unidos, que pretendían ser ingresados al territorio nacional mediante encomiendas y equipajes.

En total, fueron confiscados 77 kg de esta droga, cuyo valor estimado asciende a USD 308.000 en el mercado ilegal. Se suma la incautación de 20 kg de cocaína, detectados en procedimientos orientados a impedir el envío de drogas hacia mercados internacionales, representando aproximadamente USD 140.000. En conjunto, las sustancias decomisadas representan una afectación económica estimada en USD 448.000 para las estructuras criminales.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, advirtió en su mensaje durante la cumbre de presidentes de Mercosur en Paraguay que la región está siendo azotada por otro “terremoto” tras el sufrido por Venezuela, uno “más lento, más silencioso”: el crimen organizado. Aunque la agenda del bloque está dominada por el comercio, Kast y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aprovecharon sus intervenciones como mandatarios de Estados asociados al Mercosur para reclamar una mayor coordinación regional frente al avance de las organizaciones criminales transnacionales.

“De una tragedia, del dolor, de la desesperanza, nace también la esperanza”, dijo Kast al recordar la ayuda enviada por los países de la región a Venezuela, golpeada por dos mortíferos terremotos consecutivos que destruyeron la semana pasada el norte del país y dejaron más de 1.700 muertos.

“Pero hay un segundo terremoto (...) más lento, más silencioso, que puede llegar a asesinar a más personas (...) Ese terremoto se llama crimen organizado”, prosiguió el presidente chileno de ultraderecha, quien asumió en marzo tras una campaña electoral centrada en el combate a la delincuencia.

Detalló que el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, el lavado de dinero y la minería ilegal, entre otros, conforman un “terremoto que mata año a año a miles de personas”. Al tiempo que el Mercosur -conformado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay- se ocupa de discutir cuotas arancelarias en el comercio exterior, es necesario que se asegure además de que “la inversión llegue sin pagar un costo adicional cobrado por el crimen organizado”.

Su llamado fue respaldado por el presidente Noboa, cuyo país sufrió en los últimos años un fuerte deterioro de la seguridad por la expansión de bandas vinculadas al narcotráfico. En Ecuador “tomamos la decisión de enfrentar al narcoterrorismo con toda la fuerza del Estado, pero esta es una guerra que ningún país puede pelear solo. Los carteles buscan destruir la democracia y nuestra libertad”, dijo.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, dijo el martes en la cumbre del Mercosur que su país está dispuesto a establecer relaciones comerciales con China si eso no implica romper lazos diplomáticos con Taiwan, de quien Paraguay es el único aliado sudamericano. “Paraguay no se niega a establecer relaciones comerciales con China, siempre y cuando no haya condicionamientos respecto a la relación diplomática que Paraguay sostiene y mantiene con Taiwán”, expresó el ministro en el contexto de una cumbre de Mercosur en Luque, en la periferia de Asunción.

“Vamos a seguir el diálogo, vamos a negociar, si esas son las condiciones, no tenemos ninguna restricción”, añadió el funcionario. Paraguay es el único país del bloque, conformado además por Brasil, Argentina y Uruguay, que no mantiene relaciones diplomáticas con China. En cambio, es uno de los 12 socios diplomáticos que Taiwan tiene en todo el mundo. Pekín reclama a la isla como parte de su territorio.

En mayo, en plena visita del presidente paraguayo, Santiago Peña, a Taiwán, el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Lin Jian, exhortó al país sudamericano a “romper sus llamadas relaciones diplomáticas con las autoridades de Taiwán”.

Las declaraciones de Ramírez se dieron luego de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, dijera que el bloque sudamericano avanza en las negociaciones para una asociación económica con Japón, y añadiera: “Muy pronto queremos hacer lo mismo con China”.

Fuente: AFP.