La disidencia de las extintas FARC que comanda el guerrillero más buscado de Colombia anunció el viernes una tregua para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, marcadas por los altos índices de violencia. Los rebeldes que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 figuran entre los principales actores del deterioro de la seguridad en el país, sumido en su peor crisis de violencia en una década de cara a los comicios para elegir al sucesor del mandatario izquierdista Gustavo Petro.
El llamado Estado Mayor Central, liderado por el comandante guerrillero Iván Mordisco, anunció en un comunicado la “suspensión de operaciones militares ofensivas” desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio. La tregua busca brindar las “condiciones de tranquilidad suficientes para que el pueblo colombiano asista masivamente a las urnas”.
Petro ha intentado sin éxito negociar con Mordisco como parte de su política de “paz total” con la que quiso lograr el desarme de todos los grupos armados del país. En abril, hombres de Mordisco asesinaron a 21 personas en un atentado con explosivos en una carretera del suroeste del país, el peor ataque contra civiles en dos décadas.
Después del desarme de las FARC, que se convirtió en partido político, Petro solo mantiene actualmente negociaciones con el poderoso cartel narco del Clan del Golfo y algunas guerrillas menores.
El 31 de mayo, los principales candidatos son el senador izquierdista Iván Cepeda, que propone darle continuidad a esos esfuerzos de negociaciones, y otros que prometen mano dura contra el crimen, como el abogado millonario Abelardo de la Espriella y la senadora opositora Paloma Valencia.
La violencia también afecta a los candidatos. El agosto pasado murió víctima de un atentado a bala en Bogotá el senador Miguel Uribe, que aspiraba a ser el candidato presidencial del principal partido opositor.
De la Espriella ha denunciado amenazas de muerte y da sus discursos de campaña en una urna de cristal antibalas. Paloma Valencia también ha revelado mensajes intimidatorios en su contra, por lo que el gobierno reforzó su seguridad recientemente. Petro sostiene que existe información sobre un plan para atentar contra su aliado Cepeda, el favorito en las encuestas.
Fuente: AFP.
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Roberto Sánchez disputará el balotaje en Perú contra Keiko Fujimori
El candidato izquierdista Roberto Sánchez clasificó para la segunda vuelta de las presidenciales de Perú y enfrentará en junio a la derechista Keiko Fujimori, tras alcanzar el miércoles una ventaja insuperable cuando el escrutinio avanzó al 99,94 %. Sánchez se consolidó en el segundo al superar al ultraderechista Rafael López Aliaga por 18.799 votos. Las actas de la primera vuelta del 12 abril que faltan revisar corresponden a 16.500 votos, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) difundidos en su página web.
El candidato de la coalición Juntos por el Perú acumuló 12 % de los apoyos, contra 11,9 % de López Aliaga. El recuento avanza con retraso por las denuncias de irregularidades en la votación. Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, lidera los resultados de la primera vuelta con 17,1 % de los sufragios.
“Estamos preparados para los retos que ponga nuestro pueblo”, declaró Sánchez a periodistas luego de conocer la diferencia irreversible. El balotaje presidencial entre dos candidatos opuestos ideológicamente está previsto para el 7 de junio. La probabilidad de que López Aliaga revierta su derrota apelando al tribunal electoral ha sido descartada.
“El Jurado Nacional de Elecciones ya no puede hacer nada, no hay nada que resolver en el porcentaje que ya señala a los dos primeros puestos”, dijo a la AFP el politólogo Fernando Tuesta. Será la cuarta vez que Keiko Fujimori, de 50 años e hija del expresidente Alberto Fujimori, intente ganar la presidencia de su país, mientras que, para Sánchez, de 57 años, se trata de su primera postulación.
Pena de prisión
La fiscalía de Perú pidió más de cinco años de prisión para el candidato presidencial Roberto Sánchez por el presunto delito de declarar información falsa ante el organismo electoral sobre aportes a su campaña entre 2018 y 2020, informó este miércoles el Ministerio público. Sánchez aventaja levemente al ultraderechista Rafel López Aliaga por el segundo lugar de la primera vuelta para asegurar su paso el balotaje presidencial contra la derechista Keiko Fujimori. El recuento oficial debe terminar esta semana.
La acusación contra Sánchez halló inconsistencias en los reportes financieros del partido del líder izquierdista, Juntos por el Perú, en campañas para comicios regionales y municipales en los que participó, según un documento difundido en medios locales y cuya autenticidad fue confirmada este miércoles a la AFP por la fiscalía.
“A Roberto Sánchez se le atribuye ser autor de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones e ingresos de organizaciones políticas”, señala la acusación. La fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses para el candidato.
El caso había sido presentado por primera vez ante los tribunales en enero de 2026, pero la justicia lo rechazó parcialmente y pidió a los fiscales reformularlo. El Poder Judicial programó para el 27 de mayo una audiencia para determinar si el caso pasa a juicio oral o se archiva.
Según la acusación, Sánchez habría recibido más de 57.000 dólares en aportes de integrantes de Juntos por el Perú para actividades partidarias, que no fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “Durante años han intentado instalar una mentira para desacreditarme políticamente. La justicia ya archivó las acusaciones sobre un supuesto uso personal de recursos económicos del partido, porque jamás existió fraude ni apropiación indebida”, indicó Sánchez en sus redes sociales.
Fuente: AFP.
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Jeffrey Epstein estuvo en Colombia en 2002 durante el gobierno de Pastrana
La autoridad migratoria colombiana reveló ayer martes que el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein estuvo en Colombia en 2002 durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana. Además, la pareja y cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, estuvo en el país en 2007, según ese departamento. Migración Colombia acató la orden de un tribunal de Cundinamarca (centro) y compartió la información disponible sobre las entradas y salidas de la pareja de depredadores sexuales con el medio Casa Macondo.
Según el portal, Epstein salió del aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia Miami el 20 de julio de 2002, aunque no hay registro de su entrada. Se desconoce cuántos días pasó y qué hizo en Colombia el señalado líder de la red internacional de tráfico sexual de mujeres y menores de edad. Maxwell ingresó al país el 19 de marzo de 2007 y salió tres días después rumbo a Panamá, según los datos compartidos por Casa Macondo.
“Migración Colombia confirma que Epstein estuvo en Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana”, dijo en X el presidente izquierdista Gustavo Petro. En archivos publicados por la justicia estadounidense en enero sobre el caso Epstein aparece el exmandatario colombiano Andrés Pastrana (1998-2002). El expresidente de derecha ha reconocido que se reunió con Epstein y Maxwell, pero dice que las reuniones con el empresario financiero y su socia fueron de caracter formal.
No se conocen pruebas de que Pastrana se reuniera con Epstein en 2002. Medios locales difundieron fotografías en las que se ve a Maxwell y a Pastrana vestidos con uniformes de la Fuerza Aérea Colombiana en 2002, aunque no hay registros migratorios de ese viaje.
Maxwell, condenada a 20 años de prisión en Estados Unidos por explotación sexual de menores, declaró ante el Departamento de Justicia que estuvo en Colombia ese año.
“Viajé a lugares con Pastrana. Uno fue Colombia, y Epstein estaba presente”, dijo durante una entrevista en 2025, según su transcripción desclasificada. “Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y piloteé un Blackhawk en Colombia”, agregó.
Pastrana también figura como pasajero en vuelos privados de Epstein y en correos electrónicos que sugieren una relación cercana con él y Maxwell. Epstein tenía vínculos de larga data con las élites políticas y empresariales del mundo. En 2008 se declaró culpable de solicitar servicios de prostitución a una menor y murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio en otro caso acusado de explotación sexual.
Fuente: AFP.
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A cuatro años del crimen de Pecci, investigación internacional avanza con resultados positivos
Este domingo 10 de mayo se cumplieron 4 años de cuando un grupo de sicarios asesinó al fiscal paraguayo, especializado en lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, en Colombia. En la víspera se dio a conocer respecto a una reunión reservada que se concretó en el mes de marzo pasado en la ciudad de Panamá, entre los investigadores de Colombia y Paraguay; la cual arrojó expectativas muy favorables y datos relevantes que por ahora no pueden revelar, pero que permiten confirmar avances en autoría intelectual.
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán confirmó que las últimas novedades que están dando seguimiento tienen que ver con los rastros de fuentes financieras.
Mencionó que se decidió mantener una reunión reservada del Equipo Conjunto de Investigación Paraguay - Colombia, bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de las Naciones Unidas. En ese periodo, exploraron aspectos dejados de lado a lo largo de la investigación en el territorio colombiando, debido a que tenían planes operativos diferentes a los de Paraguay.
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Consultado acerca de los autores intelectuales, aseguró que se está avanzando de manera muy positiva en ese aspecto. En cuanto a la hipótesis de que la orden de matar a Pecci salió de Paraguay, el fiscal contestó: “Es una variable positiva, es una variable lógica y que está siendo barajada por la Fiscalía desde el suceso del homicidio de Marcelo”.
Cabe señalar que el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en la playa de la Isla de Barú, cerca de Cartagena. Aquel 10 de mayo del 2022, debía ser una fecha de gratos recuerdos para la pareja que recientemente había contraído matrimonio y aguardaron hasta esa fecha para dar a conocer sobre el embarazo y la espera de su hijo Marcelito, el cual se dio apenas horas antes de que se cometiera el crimen.
Captura y condena de autores materiales
En estos 4 años, las autoridades colombianas identificaron a un grupo de autores materiales compuesto por al menos siete personas vinculadas directamente a la planificación y ejecución del crimen. Hasta la fecha, la causa sigue abierta ya que continúa la búsqueda de quienes ordenaron el asesinato del fiscal paraguayo, el cual está teniendo avances positivos.
La Justicia colombiana actuó con cierta celeridad respecto a la estructura operativa, logrando en corto tiempo la captura de los principales involucrados que fueron identificados. De los cuales, varios de ellos ya se encuentran con condena firme y ejecutada, que son:
- Wendre Still Scott (sicario): condenado a más de 23 años de prisión.
- Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve (marcadores): madre e hijo que siguieron los pasos de la pareja durante su luna de miel en Colombia; condenados a 23 años y 6 meses.
- Everson Zabaleta (logística): encargado del transporte, condenado a la misma pena.
- Los Hermanos Pérez Hoyos (financiadores): Ramón y Andrés Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión por planificar y pagar por el asesinato.
- Margareth Lizeth Chacón: condenada a 39 años de cárcel por ser la coordinadora logística y facilitar el vehículo para el crimen.
- Francisco Correa Galeano (articulador): testigo clave de la fiscalía colombiana. Inicialmente condenado a una pena menor (6 años y medio) tras un acuerdo de colaboración.
Es importante señalar, que este último, Correa Galeano habría fallecido en una cárcel de Bogotá en enero del año pasado, en circunstancias que aún son objeto de investigación.
Eslabón perdido
A cuatro años del crimen, el principal interrogante sigue siendo quién o quiénes dieron la orden desde la cima de la pirámide criminal. Existen varias hipótesis que los investigadores siguen rastreando y que todo apunta a una presunta red o estructura transnacional, vinculada al crimen organizado. Presumen que las acciones que llevó adelante el fiscal Marcelo Pecci en el caso A Ultranza Py habrían generado molestias en la cúpula criminal.
En ese marco, se ha mencionado que figuras como Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”) y el uruguayo Sebastián Marset, hoy capturado y extraditado a los Estados Unidos, aguarda el avance del proceso judicial en su contra. Al respecto, el fiscal Manuel Doldán señaló que están aguardando que las autoridades judiciales de Virginia, Estados Unidos, bajen el “recelo judicial”, y puedan compartir información sobre el caso.
Cooperación Internacional
Cabe resaltar que las investigaciones siguen abiertas, a cargo de Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que se constituyó el 21 de octubre de 2024, tras la firma de un acuerdo entre Paraguay y Colombia para agilizar el intercambio de pruebas sin burocracia, lo que ha permitido analizar dispositivos móviles y documentos financieros de manera directa.
A la par, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene una colaboración activa, procesando información de dispositivos electrónicos entregados por la familia para rastrear flujos de dinero y comunicaciones de redes criminales internacionales.
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A cuatro años del crimen, familia de Pecci reitera su clamor de justicia
En coincidencia con los cuatro años del crimen del fiscal especializado en lucha contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia, su familia dio a conocer un comunicado en el que reitera su pedido de justicia y esclarecimiento del caso.
“Hoy no queremos confrontaciones, y si las hay… que sea con la verdad y con quienes ordenaron su muerte. ¡SUPLICAMOS JUSTICIA!. No con voz temeraria, sino con la voz que sale de nuestros corazones que de manera diaria remiendan el amor que quedó desamparado, una voz que busca tenazmente mantener su memoria intacta, revivir y transmitir sus valores y, por sobre todo… cobijar a su hijo”, expresa el manifiesto.
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Destaca que existen hipótesis, nombres, diligencias, “pero no son suficientes por eso clamamos a los investigadores paraguayos, colombianos, estadounidenses: el tiempo pasa, pero NO NOS DEJEN SOLOS, el afán de justicia se enciende cada día más”.
La familia del extinto agente del Ministerio Público expone además su postura sobre la problemática del crimen organizado al sostener que “ya no se trata solo de su muerte, se trata del Paraguay y del mundo”.
“No podemos ser una sociedad que se funde en la quietud ante el crimen organizado, la corrupción o la indiferencia de gente que prefiere el silencio antes que la verdad y la Justicia”, señala.
A cuatro años del asesinato de Pecci, su familia insiste en que no está conforme con las pericias.
“Exigimos la verdad, no estamos conformes, queremos el compromiso de una investigación dispuesta a evidenciar quiénes fueron, sin importar las redes que caigan”, advierte.
“Queremos que todo salga a la luz… esa luz que de manera recurrente nos cuesta ver… ¿Quién ordenó su muerte? ¡JUSTICIA PARA MARCELO PECCI!”, concluye el comunicado.