La policía detuvo este jueves en Perú a cinco personas acusadas de pertenecer a una organización internacional de pornografía infantil con presencia en Europa y América, informó a la AFP la institución.
El operativo se realizó en la madrugada en tres distritos de Lima y en las regiones de Tacna y San Martín.
“Se ha capturado a cinco personas que son integrantes de esta red internacional dedicada a la pornografía infantil”, dijo a la AFP el general Eric Ángeles, jefe de la dirección de investigación de Ciberdelincuencia.
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“Dentro de esta red criminal se ha identificado a 142 personas de 13 países, tanto de América como de Europa”, que accedieron a contenido sexual a través de un chat grupal en una aplicación de mensajería, indicó el oficial.
Ángeles señaló que en el operativo policial se encontraron videos de menores de 14 años. Las imágenes se almacenaban para ser difundidas en un canal de WhatsApp administrado por una persona de nacionalidad nicaragüense, según las investigaciones.
El caso surgió a raíz de una alerta internacional brindada por la policía de Colombia, quienes informaron sobre unos números telefónicos de Perú que compartían contenido explícito e ilegal en el chat grupal, informó la policía.
Perú sanciona con penas de hasta 15 años de cárcel los delitos de pornografía infantil.
- Fuente: AFP
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Gobierno colombiano suspende orden de captura del jefe narco “Chiquito Malo”
El gobierno de Colombia dispuso la suspensión de las órdenes de captura de “Chiquito Malo”, jefe del mayor cartel del narcotráfico y 28 miembros más de la organización, pese a que se había comprometido con Estados Unidos a redoblar su persecución, según un documento oficial divulgado el viernes.
“Chiquito Malo” lidera el poderoso Clan del Golfo, considerado terrorista por Washington, que negocia su desarme en Catar a cambio de beneficios penales desde septiembre del año pasado. Los diálogos forman parte de la agonizante política de paz del izquierdista Gustavo Petro, quien intenta alcanzar algún acuerdo con los principales grupos armados del país, antes de dejar la presidencia en agosto.
En un documento fechado el 29 de abril, el consejero presidencial de paz Otty Patiño pide a la fiscalía la suspensión de las órdenes de captura a favor Jobanis de Jesús Ávila, nombre real de Chiquito Malo, y otros miembros del Clan.
La intención es que puedan ingresar a una zona del noroeste del país designada por el gobierno para seguir con las negociaciones de paz, según un comunicado en X de la oficina del Alto Comisionado de Paz.
El abogado del grupo criminal dijo a finales de abril que veía “imposible” lograr un acuerdo de paz antes del fin del mandato de Petro el 7 de agosto.
En febrero, Petro acordó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, redoblar la persecución de los principales capos narco colombianos, entre ellos Chiquito Malo, durante una visita a la Casa Blanca que puso fin a meses de tensión diplomática entre los aliados históricos.
Washington retiró el año pasado a Colombia la certificación de aliada antidrogas al considerar insuficiente su lucha contra el narco.
El Clan del Golfo trafica la mayor parte de la cocaína que se produce en Colombia, el mayor proveedor mundial de esa droga y sus lucrativas rentas, que están en el foco de la ola violencia en el país.
Chiquito Malo, un criminal hermético de baja estatura, dirige desde 2021 la banda criminal que opera bajo un modelo de franquicias en reemplazo de Otoniel, capturado ese año y extraditado a Estados Unidos. El grupo ha aumentado sus filas bajo su mando, según cifras de las autoridades.
Asesinan a un periodista
Un joven reportero fue asesinado por guerrilleros en una conflictiva región del noroeste de Colombia afectada por la explotación ilegal de oro, informó el presidente Gustavo Petro. El comunicador Mateo Pérez, de 25 años, desapareció el martes mientras realizaba un reportaje sobre la violencia previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en una zona rural del departamento de Antioquia (noroeste).
En el área operan disidentes de la extinta guerrilla FARC que no firmaron la paz en 2016 y narcos del Clan del Golfo. Petro aseguró en X que el responsable del crimen es un líder guerrillero llamado Jhon Edison Chalá Torrejano.
“La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, dijo el mandatario. La ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) destacó que Pérez era “una voz fundamental para la comunidad local”.
“Enfrentó presiones legales (...) por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados”, según la organización que defiende al periodista en Colombia.
Pérez era director del medio digital El Confidente de Yarumal, donde reportaba sobre el crimen, orden público, la política y la corrupción.
La región donde fue asesinado es una “zona de disputa” entre el mayor cartel del narcotráfico conocido como el Clan del Golfo y una disidencia de las FARC que se apartó del acuerdo de paz del 2016, indicó la FLIP.
Petro frenó el 21 de abril las negociaciones de paz con este grupo rebelde por incumplimientos a los acuerdos.
Desde septiembre el gobierno negocia la paz en Catar con el Clan, considerado un grupo terrorista por Washington.
A cuatro meses de dejar el poder, el presidente enfrenta una crisis de seguridad con atentados, masacres de civiles y ataques a la fuerza pública, en medio de frustradas negociaciones de paz.
Los periodistas en Colombia enfrentan constantes amenazas por parte de grupos armados que imponen terror en varios territorios en los que fabrican cocaína, explotan minas ilegalmente y extorsionan.
La Defensoría del Pueblo, entidad estatal encarga de proteger los derechos humanos, había informado el jueves que Pérez viajó “para realizar cubrimiento periodístico sobre los recientes hechos de confrontación armada”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó un operativo militar para ubicarlo. Por lo menos 170 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977, según la FLIP.
Fuente: AFP.
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Detuvieron a dos hombres que tenían 20 cartuchos, cargador de pistola y G. 6 millones
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes de la Unidad Motorizada de la Policía aprehendieron a dos hombres y una mujer que se encontraban en una camioneta donde fueron hallados cartuchos, cargador de pistola y dinero en efectivo. El procedimiento fue anoche, alrededor de las 23:40, en la vía pública, avenida Pioneros del Este, del centro de Ciudad del Este.
Los privados de su libertad son: Gustavo Rodrigo Arce González (21), del barrio San Miguel de esta ciudad, con antecedentes por robo agravado y prohibición de salir del país y; Claudio Alcides Ovelar (33), de nacionalidad argentina, residente en el barrio Dios Padre de Presidente Franco. La mujer fue liberada por disposición fiscal.
Los mismos circulaban en una camioneta de la marca Kia, modelo Sportage, color gris plata, chapa WCEA 633 Mercosur, inscripto en el Registro Único del Automotor a nombre de Leoncio Viana.
Hallaron en el rodado un cargador de pistola calibre 9mm, 14 cartuchos calibre 9 mm, 6 cartuchos calibre 12 y dinero en efectivo, 5.833.000 guaraníes. Todo fue incautado incluyendo la camioneta y los tres celulares propiedad de sus ocupantes.
Los agentes de la Unidad Motorizada reportaron que se encontraban en operación de control preventivo cuando visualizaron la camioneta con las ventanillas y vidrios polarizados de color negro y decidieron parar al vehículo para su control. Estaban a bordo los dos hombres citados más una mujer y su hija de 6 años en su regazo.
Cuando los agentes iniciaron la requisa de la camioneta, observaron que la mujer cargó rápidamente algo a su cartera y, ante eso, se le solicitó la revisión del objeto, siendo encontrados dentro los cartuchos, según reporte policial. La misma también fue aprehendida en flagrancia.
El hecho fue comunicado al fiscal de turno Carlos Almada, quien resolvió que la mujer quede liberada, pero se presente hoy ante el Ministerio Público para la declaración de rigor, mientras que los otros adultos quedaron detenidos en la Dirección de Policía.
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Operativo fiscal: detuvieron a una mujer en un shopping y allanaron juzgado de San Lorenzo
El Ministerio Público informó sobre un procedimiento realizado en el marco de una investigación por presuntos hechos de extorsión y cohecho pasivo agravado. El operativo derivó en la detención de una mujer, tras una entrega vigilada de dinero en el estacionamiento de un conocido shopping en la ciudad de San Lorenzo, seguido de un allanamiento en el juzgado penal de Garantías de dicha ciudad.
La intervención estuvo a cargo de la agente fiscal Yeimi Adle, de la Unidad Especializada Anticorrupción, con el acompañamiento de personal de la Policía Nacional. La causa se originó a partir de una denuncia que señalaba la supuesta solicitud de dinero por parte de una funcionaria judicial, quien habría ofrecido intermediar para la obtención de medidas sustitutivas a la prisión a favor de una persona procesada en una causa penal.
De acuerdo con los antecedentes, el procedimiento incluyó la coordinación de una entrega vigilada de dinero, diligencia que permitió la detención de la sospechosa. En prosecución de las averiguaciones, se llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la sección Estadística y de la secretaría del juzgado penal de Garantías n.º 1 de la jurisdicción de San Lorenzo, en cumplimiento de una orden emitida por el juzgado penal de Garantías especializado en delitos económicos del primer turno.
Durante el operativo se incautaron documentos originales, copias certificadas y dispositivos de almacenamiento con información relevante para el esclarecimiento del hecho. Asimismo, se autorizó la extracción de datos de equipos informáticos para profundizar el análisis de los elementos colectados. El Ministerio Público prosigue con las diligencias para determinar la participación de otras personas y esclarecer plenamente las circunstancias del caso.
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Colombia: nueve muertos por explosión en una mina de carbón
Nueve mineros fallecieron y seis más fueron rescatados tras una explosión en una mina legal de carbón el lunes en el centro de Colombia, según el balance definitivo de las autoridades tras horas de búsqueda. El incidente ocurrió en Sutatausa, un municipio a unos 74 kilómetros al norte de Bogotá, en una región donde son frecuentes los accidentes de este tipo.
“¡Mi hermano no!”, gritó una familiar entre llantos, según pudo escuchar la AFP al llegar al lugar del accidente, cerrado al público y también a algunos allegados de los fallecidos. La hermana de una de las víctimas, que pidió no ser identificada, contó a la AFP que los trabajadores fueron desalojados dos veces la semana pasada de la mina La Trinidad por presencia de gases peligrosos.
“Solo (quiero) decir que ya estaban avisados”, dijo arropada por sus seres queridos y una ruana (abrigo tradicional). El estallido ocurrió al parecer por acumulación de gases mientras 15 trabajadores laboraban en el socavón, pero sólo “seis personas (fueron) evacuadas con vida” y son atendidas en un hospital aledaño, informó la Agencia Nacional de Minería en un comunicado.
La entidad aseguró haber realizado una “visita técnica” el 9 de abril a esta operación minera, en la que hicieron recomendaciones para “fortalecer” la seguridad, “debido a la presencia de polvo de carbón” y las “emanaciones de gases, especialmente metano”. Muchos de los presentes en el lugar, también mineros, pidieron que no se les identificara en fotos o videos para conservar sus trabajos en minas de la zona.
“Cuerpos tirados”
Otro trabajador, tampoco identificado, dijo a la AFP que llegó hasta el fondo de la mina antes que los equipos de rescate y encontró los cadáveres. La zona, plagada de minas de carbón, está atravesada por montañas y carreteras sin pavimentar. “Bajé y vi todos los cuerpos tirados”, contó con la cara manchada de carbón.
Los trabajadores se encontraban a unos 600 metros de profundidad, a unos 40 minutos a pie de la superficie, según dijo un trabajador del yacimiento a la AFP. En la tarde, el balance era de 15 mineros atrapados, pero se actualizó a medida que avanzaron con las operaciones de rescate. La AFP vio ambulancias, socorristas y militares desplegados en el lugar.
Los accidentes mineros en Colombia suelen ocurrir por mala ventilación en los socavones y con mayor frecuencia en explotaciones ilegales o artesanales. En la zona donde ocurrió este accidente también operan minas sin permisos que incumplen condiciones de seguridad. Seis trabajadores murieron en febrero tras un estallido en una mina de carbón ilegal en Guachetá, a unos 30 kilómetros de Sutatausa.
Fuente: AFP.