El gobernador mexicano del oficialismo acusado de nexos con el narcotráfico por Estados Unidos, Rubén Rocha Moya, anunció sorpresivamente el viernes que deja el cargo de manera provisional para facilitar las investigaciones de la fiscalía general mexicana. El gobernante del estado de Sinaloa (noroeste), que es cercano al expresidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, tachó de “falsas y dolosas” las acusaciones de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que pidió su captura con fines de extradición.

"Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia (separación) temporal al cargo de gobernador", dijo en un anuncio difundido en un video en YouTube poco antes de medianoche. Estados Unidos transmitió al gobierno mexicano la solicitud para que Rocha Moya sea detenido junto con otros nueve políticos del oficialismo.

Uno de ellos es Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán -capital de Sinaloa-, quien también comunicó que dejaba el cargo. La fiscalía estadounidense acusa al gobernador y a los otros nueve políticos de haberse asociado con el cártel de Sinaloa “para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”.

La separación del cargo de estos dos funcionarios allana el camino para que sean investigados, toda vez que por sus cargos gozaban de fuero y se requería un procedimiento legislativo de desafuero para ser llamados por las autoridades. Las renuncias se conocen unas horas después de que la fiscalía general mexicana señalara que no hay pruebas para detenerlos, y de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera que su gobierno no aceptará intervenciones de gobiernos extranjeros.

Hace casi dos años, cuando fue detenido en Estados Unidos Ismael “Mayo” Zambada, uno de los jefes del cartel de Sinaloa, el nombre de Rocha Moya se vio envuelto en el caso. Desde una cárcel estadounidense, el capo denunció que había sido engañado y “secuestrado” por los hijos de su exsocio criminal Joaquín “Chapo” Guzmán, que lo convocaron a una supuesta reunión encabezada por Rocha Moya, para limar asperezas entre los políticos de Sinaloa.

El gobernador salió pronto a rechazar todo nexo con narcotraficantes y argumentó que el día de la presunta reunión estaba en Estados Unidos. “No tenemos complicidad con nadie”, sostuvo en ese entonces Rocha Moya. La fiscalía general mexicana es la encargada de analizar actualmente la solicitud de Washington.

Pero este viernes anunció que al momento no hay suficientes pruebas en contra de los acusados y dijo que pedirá a Estados Unidos más elementos. “No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional”, dijo en rueda de prensa la tarde del viernes Raúl Jiménez, del área de asuntos internacionales de la fiscalía general.

La denuncia contra Rocha Moya ha sacudido al gobierno de Sheinbaum y su partido izquierdista Morena, pues es la primera vez que un gobernador o un senador en funciones son acusados judicialmente de estar vinculados al tráfico de drogas. El jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente las acusaciones y pidió a Estados Unidos presentar pruebas “irrefutables”.

La tarde del viernes, en un evento público en el sureño estado de Chiapas, la mandataria advirtió además que no permitirá que gobiernos extranjeros violen la soberanía mexicana, aunque sin referirse explícitamente a Estados Unidos o a este caso.

“Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio. Porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con principios”, subrayó. El caso Rocha Moya estalla cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, exige a México resultados en la lucha contra el narcotráfico. Y cuando ambos países y Canadá revisan el tratado de libre comercio de Norteamérica, el T-MEC.

Fuente: AFP.

Hace casi dos años, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya fue vinculado a la exitosa captura del gran capo del narcotráfico Ismael “Mayo” Zambada. Pero ahora el político oficialista es acusado por Washington de ayudar a narcos a enviar cantidades masivas de droga a Estados Unidos. Rocha Moya, de 76 años, nació en Badiraguato, comunidad de Sinaloa cuna del clan de Joaquín “Chapo” Guzmán. Maestro de profesión, compaginó academia y política, siempre militando en partidos de izquierda.

Actualmente pertenece al partido Morena del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de su heredera política, la mandataria Claudia Sheinbaum. Rocha Moya “es muy cercano a López Obrador, tiene décadas de amistad con él, hizo campaña con él”, dijo a la AFP David Mora, analista de la consultora Crisis Group.

El “Mayo” Zambada, jefe histórico del cartel de Sinaloa junto con Joaquín “Chapo” Guzmán, fue detenido en julio de 2024 en El Paso, Texas, con dos hijos de su exsocio criminal. Días después, en una carta desde la prisión, el “Mayo” reclamó que había sido engañado y “secuestrado” por los Guzmán, que lo convocaron a una supuesta reunión encabezada por Rocha Moya, para limar asperezas entre los políticos de Sinaloa.

Un hijo del “Chapo” le había pedido mediar en un conflicto entre Rocha y el diputado opositor electo Héctor Cuén, quien según el capo era un “viejo amigo” y fue “asesinado” en el mismo lugar de la celada. El gobernador salió pronto a rechazar todo nexo con narcotraficantes y argumentó que el día de la presunta reunión estaba en Estados Unidos. “No tenemos complicidad con nadie”, sostuvo.

López Obrador respaldó entonces a Rocha Moya, y además apuntó sus cañones hacia Estados Unidos, al achacar a Washington la violencia que la captura del capo narco desató en Sinaloa entre las facciones de los Zambada y los Guzmán. “No se puede actuar así”, reclamó.

La fiscalía de Nueva York acusa a Rocha de recibir ayuda de los hijos del “Chapo”, conocidos como “Los Chapitos”, para llegar a ser gobernador. “A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los ‘Chapitos’, a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos”, dice la acusación.

En la década de 1980 Rocha Moya fue diputado estatal, después se convirtió en rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en 2018, de la mano de la campaña de López Obrador, fue electo senador. El exmandatario izquierdista fue pieza clave para impulsar su candidatura al gobierno de Sinaloa en 2021. Pero Mario Zamora, un opositor que fue rival de Rocha Moya en aquella elección, denunció tras los comicios la presunta actuación del crimen organizado en favor del oficialismo.

Hubo una “intervención muy clara, documentada con todos los elementos, donde el crimen organizado apoya de manera contundente a un proyecto político (...) se hicieron dueños de un estado”, dijo el jueves el político y actualmente diputado del exhegemónico PRI a Radio Fórmula. El consultor David Mora subraya que la cercanía de Rocha Moya con López Obrador, quien conserva una gran influencia en el oficialismo, deja a Sheinbaum en una posición “muy compleja”, quizá en el momento “más difícil” en sus 19 meses de presidencia.

El caso Rocha Moya estalla cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, exige a México resultados en la lucha contra el narcotráfico. Y cuando ambos países y Canadá revisan el tratado de libre comercio de Norteamérica, el T-MEC, muy criticado por Trump. “Están poniendo a Sheinbaum a elegir entre su partido y Trump”, dice el analista. “Los costos son altísimos de lo uno y de lo otro”, resume.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió ayer jueves a Estados Unidos pruebas “irrefutables” en el caso del gobernador de Sinaloa y nueve personas más acusadas de nexos con el narcotráfico por la fiscalía de Nueva York. Rubén Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese violento estado desde 2021 y es considerado cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los otros imputados también son miembros del partido en el poder.

“Si la fiscalía general (...) recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder” a la solicitud de detención para extraditar a los acusados a Estados Unidos, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa matutina. La mandataria izquierdista señaló además que, si no se presentan pruebas, sería evidente que “el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo en México”, añadió Sheinbaum al cuestionar las motivaciones de la acusación. La fiscalía estadounidense asegura que Rocha Moya y otros nueve “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se asociaron con el cártel de Sinaloa “para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”.

Esta es la primera vez que un gobernador en funciones es acusado de narcotráfico. “No vamos a proteger a nadie” en caso de que se compruebe la culpabilidad de los acusados, dijo la mandataria. En Culiacán, capital de Sinaloa y sede del gobierno de Rocha, la población inquieta solo habla de las acusaciones contra los funcionarios de su estado, incluidos un senador y el presidente municipal.

“Que los investiguen y si están coludidos, que vayan a la cárcel”, dice con voz firme a AFP Alma Delia, una habitante de Culiacán que resguarda su apellido por temor a represalias. “Si están investigando, tiene que salir todo a la luz” porque “no tenemos seguridad de nadie” en Sinaloa, agrega quejándose de la Guardia Nacional y de los militares.

Rocha Moya, de 76 años, rechazó las acusaciones tan pronto se conocieron y ayer jueves convocó un evento público en el municipio de Navolato, según medios mexicanos. “Siento ser una persona limpia”, se limitó a responder a preguntas sobre los cargos en su contra.

Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa que ya había conversado telefónicamente con el gobernante estatal. “Le manifesté: si no hay nada, no hay nada que temer, nada. Tiene que haber pruebas”, insistió la mandataria. Desde hace días los gobiernos de México y Estados Unidos cruzaban reclamos por la presencia de dos agentes de la CIA un operativo antidrogas, sin el consentimiento del gobierno mexicano.

Estos dos agentes murieron en un accidente automovilístico cuando volvían del operativo. De acuerdo con analistas, a Washington le desagradó la forma en que el gobierno mexicano respondió a este asunto. “Se puso la presidenta sarcástica” y se burló incluso de un discurso reciente del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo a la AFP Raúl Benítez Manaut, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en seguridad nacional.

Johnson criticó el fin de semana la corrupción en el país durante la inauguración de unas obras en Sinaloa. “Ese nivel de relación no va a favorecer a México, porque desafortunadamente estamos haciendo negociaciones” con Estados Unidos, un país “con mucha más capacidad de presión”, indicó Benítez Manaut.

Washington podría decir: “Ya no hay tratado” de libre comercio con México. Esto sería un fuerte golpe a la economía nacional, consideró el analista. El cártel de Sinaloa fue designado como organización terrorista por el gobierno de Trump, quien ejerce una fuerte presión para detener el tráfico de drogas hacia su territorio, en particular del fentanilo.

La mandnnataría desestimó algunas de las pruebas presentadas por los estadounidenses, como una supuesta relación de pagos de sobornos a los políticos señalados. “Es de llamar la atención, es una hoja de papel”, describió. La gestión de Rocha Moya, de 76 años, está marcada por la confrontación entre los “Chapitos” y los herederos del otro cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, preso en Estados Unidos.

El enfrentamiento entre ambos grupos ha dejado centenares de muertos y desaparecidos en el estado. Los presuntos nexos del gobernador de Sinaloa con el crimen organizado salieron a la luz en una carta del “Mayo” Zambada, en la que afirmaba que fue llevado bajo engaños a Estados Unidos cuando se dirigía a una reunión con Rocha Moya.

Fuente: AFP.

La FIFA dijo ayer jueves que revisará su estrategia de venta de entradas para el Mundial 2030 tras la indignación suscitada por los precios elevados de las entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El secretario general del órgano rector del fútbol, Mattias Grafstrom, afirmó a periodistas que los altos precios de los ingresos para el torneo de este año reflejan “la realidad del mercado en Norteamérica”.

"Siempre comprenderé a los aficionados y sus opiniones, pero creo que hay una gama bastante amplia de precios de entradas: algunas son baratas, otras más caras", señaló al término del Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá. “Pero, por supuesto, como saben, escuchamos, tenemos en cuenta los comentarios y, por supuesto, como en cada Mundial, revisaremos y veremos cómo lo hacemos para el siguiente”, añadió.

La FIFA se ha enfrentado a duras críticas por la subida desorbitada de los precios de las entradas para el Mundial de este año. La organización de aficionados Football Supporters Europe (FSE) ha calificado la estructura de precios de “extorsiva” y de “traición monumental” a los hinchas.

El mes pasado, la FSE presentó una demanda ante la Comisión Europea dirigida contra la FIFA por los “precios excesivos de las entradas” para la máxima cita del balompié. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, insiste en que los precios de los ingresos son simplemente consecuencia de la enorme demanda.

“En Estados Unidos, en particular, existe esto que se llama precios dinámicos, lo que significa que los precios subirán o bajarán”, dependiendo del partido, ha dicho Infantino. La propia plataforma de reventa de la FIFA mostró esta semana cuatro entradas disponibles para la final del Mundial, el 19 de julio en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York, a un precio de dos millones de dólares cada una, según informes.

Otras plataformas de reventa muestran habitualmente tiquetes para la final que cuestan decenas de miles de dólares. Grafstrom señaló que los ingresos del Mundial —que se estima generará hasta 13.000 millones de dólares— se reinvertirán en el fútbol.

“El legado también es lo que podremos hacer con el dinero que genera”, dijo el directivo, tras ser interrogado sobre si los precios afectarían la huella del Mundial, que comienza el 11 de junio. El torneo de 2030 se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos, con partidos de la fase inicial a disputarse en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Fuente: AFP.

La fiscalía general de México anunció ayer miércoles que abrió una investigación al gobernador del estado de Sinaloa, luego de que Estados Unidos lo acusara de narcotráfico. La fiscalía federal de Nueva York inculpó al gobernador Rubén Rocha Moya de narcotráfico. El mandatario local es miembro del partido oficialista Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su mandato, Sinaloa se ha visto sacudido por la pugna entre dos facciones del cártel del mismo nombre.

Ulises Lara, vocero de la fiscalía, dijo en un video en redes sociales que la dependencia iniciará una investigación para "conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuenta con fundamento legal" para solicitar órdenes de aprehensión. La fiscalía federal de Nueva York inculpó ayer miércoles de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, el político de ese país de mayor rango en funciones señalado por nexos con el crimen organizado.

Rubén Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese violento estado desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del cártel del mismo nombre. La fiscalía asegura que Rocha Moya y otros nueve “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se asociaron con el Cártel de Sinaloa “para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”.

Entre los funcionarios señalados están también el senador por Morena, Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.

Estas acusaciones se dan tras días de reclamos entre los gobiernos de México y Estados Unidos por la participación de dos agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos en el vecino estado de Chihuahua, sin el consentimiento de autoridades mexicanas. Los agentes fallecieron en un accidente de tráfico en territorio mexicano. Apenas la semana pasada, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, criticó la corrupción en el país al inaugurar unas obras en Sinaloa. En Culiacán, pobladores señalaron que la posible colusión del gobernador con el crimen organizado explica la crisis de seguridad en el estado.

“Esto es algo que, de cierta manera, se veía venir. Era insostenible lo que teníamos en Sinaloa”, dijo Miguel Taniyama, de 55 años, empresario restaurantero. “Esto nos explica mucho el por qué no puede bajar ni apagarse la violencia”. “Esas cosas que sentimos e intuimos aquí es lo que se ve reflejado en una acusación de un gobierno extranjero”, dijo por su parte la activista Rebeca Espinoza, de 47 años.

En su primera respuesta, la cancillería mexicana se mostró sorprendida por la forma pública en que se anunció la acusación contra el gobernador, al señalar que se violó la “confidencialidad” de los tratados entre México y Estados Unidos. “Por esta razón se enviará un extrañamiento” a la embajada estadounidense, dijo la cancillería en un comunicado.

Sin mencionar expresamente a Rocha Moya, la cancillería dijo que el gobierno estadounidense presentó la tarde del martes solicitudes de extradición de “diversas personas”. Por su parte, la fiscalía general mexicana dijo que abrió una investigación para conocer si “la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenta con fundamento legal” para solicitar órdenes de aprehensión.

Añadió que la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Estados Unidos “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes”. Rocha Moya apareció por la tarde en su camioneta en Culiacán y aseguró desde la ventana de su auto a la prensa local que está “tranquilo trabajando por Sinaloa”, que no “va a pasar nada” y que hasta ayer miércoles no estaba enterado de las acusaciones en su contra. Antes dijo en su cuenta de X que las acusaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno”. Se trata de un ataque “al movimiento de la ‘Cuarta Transformación’”, dijo en referencia al partido de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La fiscalía de Nueva York señala que la facción de los hijos del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, conocida como “Los Chapitos”, ayudó a que Rocha Moya fuera electo a la gobernación. “A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los ‘Chapitos’, a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos”, dice el documento.

El “Chapo” purga cadena perpetua en Estados Unidos. Dos de sus hijos, exlíderes de los “Chapitos”, también se encuentran presos en ese país. Rubén Rocha Moya, de 76 años, fue antes diputado local y senador por Sinaloa. Su gestión está marcada por la confrontación entre los “Chapitos” y los herederos del otro cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, detenido en julio de 2024 y preso en Estados Unidos.

El enfrentamiento entre ambos grupos ha dejado centenares de muertos y desaparecidos en el estado. Los presuntos nexos del gobernador de Sinaloa con el crimen organizado salieron a la luz en una carta del “Mayo” Zambada, en la que afirmaba que fue llevado engañado a Estados Unidos cuando se dirigía a una reunión con Rocha Moya. El Cártel de Sinaloa fue designado como organización terrorista por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El gobierno de Trump presiona a México para detener el tráfico de drogas hacia su territorio, en particular del fentanilo, y amenaza con imponer aranceles como castigo o con utilizar sus tropas para perseguir narcos en el país. En respuesta la administración de Sheinbaum ha aumentado las incautaciones y acelerado acciones contra capos de la droga, entre ellos Nemesio Oseguera “El Mencho”, quien murió en febrero tras su captura en un operativo militar. Antes Estados Unidos canceló la visa a varios políticos mexicanos, entre ellos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Fuente: AFP.