Guerrilleros disidentes de las extintas FARC asumieron como un “error táctico” la autoría de un atentado que causó 21 civiles muertos en Colombia el fin de semana, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales. El Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de exmiembros de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz de 2016, aseguró la noche del martes en un comunicado que el hecho ocurrió en medio de combates con el ejército y se debió a “errores” en sus maniobras militares.

“Con profundo dolor debemos asumir la responsabilidad política por este error táctico, que no tiene justificación alguna”, señala el texto. Los explosivos activados por los rebeldes el sábado en una carretera del departamento del Cauca (suroeste) también causaron 56 heridos. Una fuente del ejército dijo a la AFP que los guerrilleros habían instalado un puesto de control en la carretera para tender una emboscada a militares.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que se trata de una represalia tras la presión militar, luego de las fallidas negociaciones de paz entre el presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, líder del EMC y el guerrillero más buscado del país. La oficina en Colombia del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos llamó el miércoles al gobierno a “proteger a la población civil y prevenir nuevos ataques”. También a los grupos armados a “cesar cualquier ataque”. El principal responsable del atentado mortal del sábado, alias “Mi Pez”, fue capturado el martes.

Petro aseguró que el ataque buscaba desestabilizar al país poco antes de la primera vuelta de elecciones presidenciales el 31 de mayo, en las que la izquierda apuesta por conservar el poder tras llegar a la presidencia por primera vez en 2022. Por ley, Petro no puede reelegirse, pero Iván Cepeda, candidato de su partido, es favorito en las encuestas para los comicios en los que enfrenta a los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

El gobierno y su heredero político sugieren que los ataques favorecen a la “extrema derecha” de cara a las elecciones. De su lado, la oposición responsabiliza al presidente de la violencia al señalarlo de ser negligente con los grupos armados. En numerosos mensajes y declaraciones, Petro ha acusado de injerencia indebida al gobierno de derecha de Ecuador con el que sostiene una guerra arancelaria y de declaraciones.

Petro pidió investigar si los explosivos usados en el ataque del sábado venían de ese país y ha publicado imágenes del presidente ecuatoriano Daniel Noboa en compañía de líderes de la derecha colombiana. “Noboa es el encargado de violentar a Colombia”, escribió el mandatario en X sin presentar evidencias.

Noboa, por su parte, señaló el miércoles a su par colombiano de impulsar una “incursión” guerrillera en la frontera común, sin precisar mayores detalles. Petro negó de inmediato las acusaciones y las calificó como “mentiras”. Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Por Ecuador pasa el 70 % de la droga que va hacia Estados Unidos y Europa.

Fuente: AFP.

La reciente escalada de tensiones en Oriente Medio volvió a dejar al descubierto una verdad incómoda: el sistema energético global sigue atado a los combustibles fósiles y, por lo tanto, a la inestabilidad geopolítica. En ese tablero volátil, donde un estrecho marítimo puede alterar precios y abastecimiento a escala planetaria, emergen con fuerza los países que apostaron por otra lógica: la autosuficiencia energética basada en fuentes renovables.

En ese grupo selecto, Paraguay ocupa un lugar destacado. Y no por proyección futura, sino por una realidad ya consolidada. Así lo sostiene un artículo firmado por Daniel Dickinson y publicado en el apartado de Noticias de la ONU.

Mientras cerca del 20% del petróleo y gas mundial circula por el estratégico Estrecho de Ormuz, hoy condicionado por conflictos, naciones como Noruega, Nepal, Etiopía y Paraguay muestran que existe un camino alternativo: generar energía dentro de sus propias fronteras, con recursos naturales inagotables y sin depender de mercados externos.

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Paraguay es, desde hace años, un caso singular a nivel global. Prácticamente el 100% de su electricidad proviene de fuentes renovables, con la energía hidroeléctrica como columna vertebral. En ese esquema, la represa de Itaipú, una de las mayores del mundo, no solo garantiza el abastecimiento interno, sino que además convierte al país en exportador neto de energía.

Este modelo ofrece ventajas evidentes: costos eléctricos bajos, independencia frente a shocks internacionales y una fuente constante de divisas gracias a la venta de excedentes, principalmente a Brasil.

Sin embargo, la abundancia energética también plantea interrogantes. Paraguay produce mucho más de lo que consume, pero aún enfrenta el desafío de traducir esa ventaja en desarrollo industrial, diversificación económica y mayor valor agregado. La energía barata, por sí sola, no alcanza: requiere políticas activas que la conviertan en motor productivo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lo sintetizó con claridad: las energías renovables no están sujetas a sanciones, embargos ni especulación. “No hay subidas de precios por la luz solar ni embargos al viento”, afirmó, destacando que estas fuentes son hoy la base de la seguridad energética.

En ese contexto, la experiencia paraguaya adquiere una nueva dimensión. Lo que durante años fue visto como una particularidad, una economía pequeña con gigantes hidroeléctricos, hoy se transforma en un activo estratégico en un mundo que busca estabilidad.

El caso paraguayo no es aislado, aunque sí excepcional en su escala. Noruega, por ejemplo, combina su rol de exportador de hidrocarburos con un sistema eléctrico casi totalmente renovable, basado en energía hidroeléctrica. Nepal, con limitaciones geográficas y económicas, logró que el 98% de su electricidad sea renovable. Etiopía, por su parte, avanza en una matriz dominada por hidroeléctrica, solar y eólica, apostando al acceso universal.

Cada país responde a su contexto, pero todos comparten una misma premisa: reducir la dependencia externa y construir resiliencia frente a crisis globales.

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Para Paraguay, el desafío ya no es generar energía limpia, eso está resuelto, sino cómo aprovecharla estratégicamente. La industrialización, la electrificación del transporte, el desarrollo de nuevas tecnologías y la atracción de inversiones intensivas en energía aparecen como los próximos pasos.

En un mundo donde la energía se ha vuelto sinónimo de poder, Paraguay parte con ventaja. La pregunta es si sabrá capitalizarla. La transición energética global, como advierten desde Naciones Unidas, es “imparable”. Y en ese proceso, países como Paraguay no solo tienen un lugar asegurado, sino la posibilidad de marcar el rumbo.

Cientos de colombianos vestidos de blanco homenajearon el lunes a los 21 civiles muertos en el atentado con bomba más letal en décadas, con una ceremonia en el municipio donde ocurrió el ataque de presuntos guerrilleros en vísperas de las elecciones presidenciales. Quiero “que no nos incluyan en estas guerras”, dijo a la AFP al borde de las lágrimas Ángela Puliche durante una jornada de conmemoración en Cajibío (suroeste), donde los manifestantes ondearon banderas blancas.

Su padre era el conductor de la chiva (bus escalera) que voló el sábado por los aires durante el atentado de disidentes de las FARC en un tramo de la vía Panamericana. Mi papá era “lo mejor”, añadió la habitante de la Pedregosa, un poblado pequeño de donde eran 12 del total de las víctimas que viajaba el sábado, día de mercado: Fue “atroz”, describe Puliche.

El gobierno atribuye la embestida a los disidentes de las FARC bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia que dio la espalda al histórico acuerdo de paz de 2016. La hipótesis del Ejército es que los rebeldes levantaron un retén para atraer a la fuerza pública y tenderle una emboscada con los explosivos, dijo una fuente militar a la AFP.

“No hay un caos de seguridad como se anuncia”, dijo el presidente Gustavo Petro, durante una alocución presidencial este lunes, en medio del repunte de violencia en plena campaña electoral. Ningún militar o policía murió en el ataque bomba del sábado. Todos los fallecidos eran civiles. Las autoridades también reportaron 56 heridos. “Han sido (...) masacrados”, dijo con voz entrecortada Ana Luz Valencia, líder comunal de Cajibío.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el ataque es una represalia de los guerrilleros tras la presión militar que siguió a las fallidas negociaciones de paz entre el presidente izquierdista Gustavo Petro y Mordisco. Elmer Puliche, sobrino del conductor víctima del atentado, recuerda a su tío “siempre ayudando en la comunidad”, mientras contenía el llanto. El departamento del Cauca declaró tres días de luto. Los allegados de las víctimas los velan y el martes habrá un entierro colectivo.

Solo este fin de semana se registraron 31 ataques guerrilleros, dijo a la AFP una portavoz de las Fuerzas Militares. La violencia ensombrece la campaña para las presidenciales del 31 de mayo. El lunes la candidata de derecha Paloma Valencia denunció un plan de las disidencias de Mordisco para matarla.

“Un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza”, dijo y aseguró que los rebeldes ofrecen unos 561.000 dólares para asesinarla. Expertos consultados por la AFP sostienen que el del sábado es el atentado con mayor número de víctimas civiles desde el ataque en 2003 contra el club social El Nogal de Bogotá, que dejó 36 fallecidos y fue perpetrado por la extinta guerrilla de las FARC.

Periodistas de la AFP vieron el sábado cuerpos desmembrados y una decena de vehículos destrozados junto a un enorme cráter en medio de la vía, en escenas que recuerdan a la peor época del conflicto armado de más de seis décadas en el país. “Por favor, no más muerte, no más violencias”, dijo Joao Valencia, de 42 años y familiar de una de las víctimas.

La arremetida en el suroeste del país continuó este lunes. En Jamundí, departamento de Valle del Cauca, militares hallaron incinerado un camión cargado con pollos, constató un reportero de la AFP. Durante la madrugada, en una zona cocalera del Cauca, una camioneta cargada con explosivos estalló sin dejar víctimas, según medios locales.

El Cauca, con una extensa superficie de narcocultivos, es uno de los departamentos más azotados por esta ofensiva guerrillera. Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, los ataques son parte de una estrategia de “zozobra y desestabilización” que busca mantener el “control sobre población civil” en la región. Petro tildó a los rebeldes de “terroristas” y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

Tras su llegada al poder en 2022, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que se han fortalecido en los últimos años. Los principales candidatos presidenciales condenan la violencia y denuncian amenazas de muerte. El heredero de Petro y primero en las encuestas, Iván Cepeda, sostiene que la seguidilla de ataques favorece a la “extrema derecha” de cara a los comicios.

Fuente: AFP.

Al menos 31 ataques guerrilleros se registraron el fin de semana en plena campaña para las presidenciales de Colombia, incluida una bomba que dejó decenas de muertos en una carretera, el peor atentado contra civiles en las últimas tres décadas.

La embestida es atribuida por el gobierno a una facción disidente de las FARC comandada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, que se negó a firmar el histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy se financia principalmente con el tráfico de cocaína.

El saldo de asesinados por el ataque del sábado en el departamento del Cauca pasó de 20 a 21, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a Caracol Radio el lunes. Otras 56 personas resultaron heridas.

Periodistas de la AFP vieron el sábado cuerpos desmembrados y una década de vehículos destrozados junto a un gigantesco cráter en medio de la vía, en escenas que recuerdan a la peor época del conflicto armado de más de seis décadas en el país.

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El gobierno atribuye los ataques a una represalia de los rebeldes por la presión militar que siguió a las fallidas negociaciones de paz entre el presidente izquierdista Gustavo Petro y Mordisco.

Según expertos consultados por la AFP, el del sábado es el atentado con mayor número de víctimas civiles desde el ataque en 2003 contra el club social El Nogal de Bogotá, que dejó 36 fallecidos y fue perpetrado por la hoy extinta guerrilla de las FARC.

Desde el viernes se registraron 31 acciones guerrilleras en tres departamentos del suroeste del país, dijo a la AFP un portavoz de las Fuerzas Militares.

La arremetida continuó este lunes. En Jamundí, departamento del Valle del Cauca, militares encontraron incinerado un camión cargado de pollos, constató un reportero de la AFP. Durante la madrugada, en una zona cocalera del Cauca, una camioneta cargada con explosivos estalló sin dejar víctimas, según medios locales.

El Cauca, con una extensa superficie de narcocultivos, es uno de los departamentos más azotados por la guerrilla ofensiva previa a las elecciones generales del 31 de mayo.

Las filas de Mordisco buscan “negociar la finalización de esa zozobra” con autoridades locales “a cambio de acciones” de la fuerza pública, dijo a la AFP la investigadora.

Petro tildó a los rebeldes de “terroristas” y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

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Tras su llegada al poder en 2022, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que se han fortalecido en los últimos años.

La expansión de los grupos armados “se le salió de las manos al gobierno” y el pie de fuerza de los grupos armados ilegales se duplicó en diez años hasta llegar a 27.000 combatientes, señaló el investigador de la Fundación Ideas para la Paz Gerson Arias.

Los candidatos presidenciales condenaron la violencia.

El heredero de Petro y primero en las encuestas, Iván Cepeda, advirtió sobre el impacto electoral en una región donde la izquierda tiene “un amplio respaldo”: “Surge una inquietud legítima sobre si (...) estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha”.

Para los dos candidatos que lo segundo en los sondeos, la responsabilidad es del oficialismo.

De su lado, la senadora Paloma Valencia, candidata por el partido del expresidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010), responsabilizó al gobierno por haber “permitido que la violencia crezca”.

• Fuente: AFP

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