El peor desenlace tuvo la desaparición de Agostina Vega, una niña de 14 años, en la ciudad argentina de Córdoba, que durante una semana tuvo en vilo a todo el país. El rastro de la adolescente se perdió la noche del 23 de mayo y un taxista fue testigo clave en torno al presunto victimario, cuyas pistas condujeron hasta un descampado donde se produjo el macabro hallazgo, el sábado pasado.

“Me eximo de dar detalles por respeto a la familia, pero nos encontramos con el peor escenario“, dijo el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN), y agregó que el ahora imputado “mintió desde el primer momento”, al referirse sobre Claudio Barrelier, de 33 años, expareja de la madre de Agostina, quien había sido detenido como único sospechoso del crimen.

El día de su desaparición, la niña y su hermano de 7 años fueron a buscar empanadas al negocio de su abuelo, cerca de su casa, pero ella no volvió. Entonces su mamá la llamó por teléfono a eso de las 22:30. “Sonó cuatro veces y después nunca más”, relató Melisa Heredia al diario porteño La Nación.

Al día siguiente, 24 de mayo, un taxista llamado Ariel vio la foto de Agostina en su teléfono y supo que había desaparecido, dándose cuenta que la había llevado la noche anterior para encontrarse con Barrelier. Luego, una cámara de seguridad captó a la menor entrando a la casa del hombre de 33 años, en el barrio Cofico. El remisero buscó en redes sociales y logró comunicarse con la madre.

“Le pregunté cuántos años tenía y me dijo que tenía 14. Le pregunté por qué iba ahí. Me dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá y que le iban a hacer una sorpresa”, detalló Ariel a los medios locales, resaltando que le pareció muy sospechoso el episodio al llegar al destino, donde el hombre que la esperaba se acercó a pagarle, cubierto con campera y encapuchado, y poniéndose de costado para evitar que le viera la cara.

Con la hipótesis en torno a Barrelier, los peritos dieron con un registro, el 25 de mayo, que vinculaba al sospechoso con un vehículo de la marca Ford, en una casa del barrio Cofico. Con señales de su teléfono lograron ubicar el trayecto de ese automóvil por casi 40 minutos, hasta un predio de 240 hectáreas del barrio Ampliación Ferreyra, donde la inspección concluiría con el penoso hallazgo de los restos humanos enterrados en diversas zonas.

“Todavía queda por aclarar por qué estaba Agostina ese día en esa casa. Para nada la investigación está terminada. Tanto el entorno familiar como el no familiar es materia de investigación. Por el momento no hay más imputados, pero los que pudiera haber lo serán por el avance y el aval de la investigación”, dijo el fiscal Raúl Garzón ayer domingo.

El operativo en el descampado de Ampliación Ferreyra contó con perros rastreadores, helicópteros, drones y un despliegue de más de 200 agentes policiales. El fiscal Garzón aseguró en una conferencia de prensa que el crimen habría ocurrido entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y la una o dos de la mañana del domingo 24.

Argentina y Panamá se sumaron a Ecuador entre los “10 peores países del mundo” para los derechos de los trabajadores, según un estudio de la Confederación Sindical Internacional (CSI) divulgado este lunes. Estas tres naciones latinoamericanas integran el grupo junto a Bielorrusia, Egipto, Esuatini, Birmania, Nigeria, Túnez y Turquía, según el último informe Índice Global de los Derechos.

“Argentina se incorpora este año a la lista de los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría 5, segundo año consecutivo de deterioro de su calificación”, apuntó la CSI. “Las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han vuelto cada vez más represivas y hostiles con el gobierno de extrema derecha del presidente Javier Milei”, sostiene el estudio.

El informe recordó que “Argentina ha instituido un protocolo antibloqueo para mantener ‘el orden público en caso de bloqueos de carreteras’, por el cual se autoriza a hacer un uso indiscriminado de la fuerza policial”.

“La calificación de Argentina ha empeorado por segundo año consecutivo, situándose en la categoría 5, el peor nivel alcanzado en el Índice por este país sudamericano. Esto representa un descenso brusco y sin precedentes de la categoría 3 a la 5 en apenas dos años”, señala el estudio. El grupo 5 corresponde al de los países con “derechos no garantizados”.

Este retroceso obedece a la “existencia de violaciones regulares de los derechos a una situación en la que los trabajadores no tienen garantizados sus derechos”.

En el caso de Panamá, la CSI señaló que “trabajadores y sindicatos de este país centroamericano carecen de garantías en cuanto a sus derechos básicos, y se enfrentan a una opresión constante por parte de los empleadores y del Estado”.

Sobre Ecuador, el informe apuntó que “los legisladores ecuatorianos promulgaron en 2025 una ley que permite ejercer la vigilancia sin disponer de una orden judicial, así como interceptar comunicaciones y recopilar datos privados”.

Los países del grupo 5 “son los peores países del mundo para trabajar. Si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos”, indica el estudio.

Brasil, Costa Rica, El Salvador, Perú y Trinidad y Tobago están en el grupo 4, sobre países con “violaciones sistemáticas de derechos”.

Bahamas, Bolivia, Chile, Jamaica, México y Paraguay aparecen en el grupo 3, con “violaciones regulares” de derechos.

En el grupo 2 (“violaciones repetidas”) aparecen España, Portugal y República Dominicana.

El único país latinoamericano en el grupo 1 (“violaciones esporádicas”) es Uruguay, junto a Alemania, Austria, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Noruega y Suecia.

El estudio pone de relieve que Uruguay constituye “una excepción en una región caracterizada en gran medida por la represión sindical y la explotación”.

En general, América Latina “ha seguido siendo la más mortífera para los trabajadores y sus representantes, con ejecuciones extrajudiciales registradas en Colombia y México”.

“En cerca de 9 de cada 10 países se ha vulnerado el derecho de huelga y se ha impedido el registro de sindicatos. En aproximadamente la mitad de los 25 países de la región se ha detenido o encarcelado a trabajadores”, señala la CSI.

Luc Triangle, secretario general de la CSI, señaló que “el Índice 2026 revela que la crisis de los derechos de los trabajadores ya no se limita a unos pocos países: ahora se encuentra en el centro de las democracias”.

“Los gobiernos ya no protegen a los trabajadores y, en algunos casos, contribuyen a debilitar sus derechos”, apuntó.

Este informe, elaborado por la CSI desde 2014, clasifica a 151 países sobre la base de 97 indicadores que se apoyan en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en su jurisprudencia.

Fuente: AFP.

El crucero MV Hondius, que había suscitado preocupación en todo el mundo debido a un brote de hantavirus a bordo, fue autorizado ayer sábado a volver a hacerse a la mar, tras haber sido debidamente desinfectado. “Desde el punto de vista de la salud pública, ya no hay obstáculos para la puesta en servicio del buque Hondius”, anunció la agencia de salud municipal de Róterdam en su página web, luego de una inspección final realizada el viernes.

Durante la inspección, expertos en prevención de infecciones “determinaron que el Hondius había sido limpiado de manera eficaz y que la desinfección se había llevado a cabo de acuerdo con las directrices establecidas“, añadió el organismo sanitario. Por su parte, la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions, propietaria del barco, había precisado esta semana que el buque abandonaría próximamente Róterdam, una vez concluidas las inspecciones, y que reanudaría su programa de cruceros a partir del 13 de junio.

El MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde, vio perturbado su periplo tras el fallecimiento de tres de sus pasajeros debido a un brote de hantavirus, un virus poco frecuente para el que no existe ni vacuna ni tratamiento específico. Los pasajeros fueron evacuados en Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, antes de su repatriación en avión a sus respectivos países.

El barco, que navega bajo pabellón neerlandés, concluyó posteriormente su viaje el 18 de mayo en Róterdam, el mayor puerto de Europa, donde el resto de su tripulación fue puesta en cuarentena. La OMS contabiliza hasta la fecha 13 casos confirmados o probables vinculados a este episodio, incluidos los 3 fallecimientos.

Expertos argentinos en hantavirus estimaron ayer sábado que el reciente brote en un crucero, que dejó tres muertos y generó alarma mundial, parece “bastante controlado”, según señalaron durante el congreso anual de la Sociedad Argentina de Infectología en Buenos Aires.

El brote de hantavirus se produjo en el buque de bandera neerlandesa MV Hondius, que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, e hizo escala en remotas islas del sur del océano Atlántico antes de dirigirse hacia el norte a Cabo Verde y luego a Tenerife, en las Islas Canarias, donde fueron evacuados los pasajeros restantes.

En su último informe, el jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó 13 casos, incluidos tres fallecimientos, y dijo que no se habían registrado nuevas muertes desde el 2 de mayo.

El brote “parecería que está bastante controlado”, afirmó Carla Bellomo, bióloga del Laboratorio de Hantavirus del Instituto Malbrán, un centro argentino de investigación y diagnóstico epidemiológico, frente a una sala colmada.

En la conferencia, Esteban Couto, asesor médico del Ministerio de Salud de argentina, Teresa Strella, infectóloga epidemióloga en el hospital de Puerto Madryn y Enzo Lavarra, coordinador de infectología del hospital de Esquel, ambos en la provincia de Chubut, coincidieron.

Transmitido por el ratón “colilargo” (Oligoryzomys longicaudatus), el hantavirus es un virus poco frecuente para el que no existen vacunas ni tratamientos específicos.

El brote del crucero corresponde a la cepa Andes, la única conocida que se contagia entre humanos, y que circula en el sur chileno y argentino.

A pesar del revuelvo mundial generado, los expertos subrayan que el riesgo de que la situación se descontrole es bajo.

“No debería ir mucho más de donde está ahora”, dijo Lavarra, de la región patagónica andina, donde habita el ratón.

Lavarra trabajó con pacientes afectados por el brote anterior de hantavirus Andes, que ocurrió unos 120 kilómetros al norte de Esquel, en Epuyén, que dejó dejó 34 contagiados y 11 muertos entre diciembre de 2018 y marzo de 2019.

Para Strella, también “parece que se terminá acá”, aunque recalcó que el hantavirus es un gran desafío para la salud pública que exige “reflexión y conciencia colectiva”. Una misión científica en Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, capturó más de cien roedores para analizarlos, aunque no halló entre ellos ningún “colilargo”, informó el 21 de mayo una autoridad sanitaria.

Fuente: AFP.

La justicia de Bolivia anuló ayer viernes las órdenes de captura que pesaban sobre dos líderes sindicales que alientan las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz, informó a la AFP la Central Obrera Boliviana (COB).

Obreros y campesinos que exigen una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas y la renuncia del mandatario de centroderecha, con sólo seis meses en el poder, se han negado hasta ahora a dialogar con el gobierno. Una de sus condiciones era precisamente la revocatoria de los mandatos de detención.

Con bloqueos de carreteras, los manifestantes cercan a La Paz, donde se ha disparado la escasez de alimentos, combustibles y medicinas. “El día de hoy se ha llevado una audiencia” en la que los jueces “han determinado levantar la orden de aprehensión en contra” de Mario Argollo, jefe de la COB, principal organización obrera de Bolivia, dijo Gabriel Mena, secretario de comunicación de la institución.

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La medida también cobija a Vicente Salazar, líder de los campesinos aimaras conocidos como Ponchos Rojos, precisó. Sus capturas fueron ordenadas por la Fiscalía, que los denunció por supuestamente instigar fuertes protestas en La Paz que terminaron en disturbios. Fuentes del Ministerio Público confirmaron a la AFP la decisión judicial.

Ayer viernes se reportaron más de 70 tomas de autopistas en el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, una veintena más que a inicios de semana. Durante un acto público el miércoles, Paz invitó “por última vez” a negociar a los principales sindicatos obreros y campesinos. “Si no quieren dialogar, entonces viene la ley”, dijo.

El vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor de Paz, instaló esta semana una comisión de diálogo con representantes del gobierno, del parlamento, de la Iglesia católica y de la Defensoría del Pueblo. Los obreros y campesinos no asistieron a ninguna sesión.

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Argollo dijo este viernes en un video difundido por medios locales, que “las bases” de la COB decidirán si el sindicato conversará o no con el gobierno. Un congreso obrero se realizará este sábado para debatir esa posibilidad. El gobierno de Rodrigo Paz denuncia un supuesto intento de “alterar el orden democrático”. Acusa al exmandatario Evo Morales, prófugo por un presunto caso de trata de una menor, de estar detrás.

Fuente: AFP