Cientos de prisioneros se tomaron el domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, constataron periodistas de la AFP. Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Varios presos tenían el rostro cubierto. Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.

Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal. Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel. “Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director”, afirmó a las afueras de la prisión.

Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos. El gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el motín. Los reos “aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También “han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”.

Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres “se declararon en huelga” en esta prisión. En abril, el gobierno confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.

En 2023, el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por “pranes”, como se conoce en Venezuela a los cabecillas de bandas delictivas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, prometió una reforma al sistema de justicia.

Fuente: AFP.

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) designó hoy jueves al Abog. Pablo José Morínigo Cáceres, como nuevo director jurídico de la previsional.

Morínigo Cáceres fue designado en reemplazo del Abog. Enrique Arturo Galeano Moreno, según resolución 036-006/2026 y lleva la firma del titular de la institución, Dr. Isaías Ricardo Fretes.

Galeano permaneció en el cargo por casi dos meses, tras la salida de José González Maldonado, este último investigado por el Ministerio Público

Morínigo se desempeñaba como funcionario de la Procuraduría General de la República, cargo desde el cual llega a la nueva función en el ente previsional.

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Igualmente, el nuevo jefe jurídico forma parte del Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Una de las prioridades de la institución sería la verificación de los contratos de abogados externos vinculados al área jurídica.

Otra de las actividades a ser encaradas por la nueva jefatura de la dirección jurídica será igualmente la revisión de los alquileres de inmuebles pertenecientes al IPS, auditoría que actualmente está a cargo de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) que es el órgano técnico-normativo de control interno que asiste a la Presidencia de la República.

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Venezuela excarceló bajo la ley de amnistía a tres antiguos presos políticos el martes, quienes tenían más de 20 años en prisión, luego del anuncio del jefe del Parlamento sobre la excarcelación esta semana de 300 detenidos. La ley de amnistía fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Washington en enero.

"Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos en delitos demostrados, pero (otras) por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Entre los primeros liberados mencionó a exfuncionarios de la Policía Metropolitana de Caracas vinculados al golpe de 2002, cuando militares derrocaron momentáneamente al presidente Hugo Chávez (1999-2013). Estas excarcelaciones ocurrieron la noche del martes.

“Confirmamos la excarcelación de los policías metropolitanos presos políticos: Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovain, injustamente privados de libertad desde el 19/04/2003. Nunca debieron estar tras las rejas”, informó la ONG Foro Penal en un mensaje en Instagram. Los exfuncionarios habían sido condenados a 30 años de prisión, acusados de disparar a manifestantes. En marzo se les había negado la amnistía.

“Lo primero que tengo que decir a los familiares de los presos políticos es que mantengan la fe. Fuerza, sí se puede. Pasar por este proceso no es nada fácil”, dijo Erasmo Bolívar en un video publicado por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. “Sé que no va a ser fácil reincorporarnos tras más de dos décadas”, agregó a su salida de la cárcel Fénix, ubicada en la región centro-occidental de Venezuela.

La promesa de nuevas excarcelaciones ocurre el mismo día en que los venezolanos dieron el último adiós a Carmen Navas de 81 años, cuyo hijo Víctor Quero Navas murió en custodia del Estado tras ser detenido en enero de 2025. Navas buscó incansablemente a su hijo durante más de un año y se le negó su lugar de reclusión en múltiples oportunidades, hasta que las autoridades le informaron el 7 de mayo que el fallecimiento de Quero había ocurrido en julio de 2025.

Días después de reconocer el cuerpo y darle sepultura, Carmen Navas falleció y el martes fue sepultada junto a la tumba de su hijo. Decenas de personas la lloraron en silencio en un cementerio de Caracas. Lanzaban rosas y margaritas desde los flancos de su féretro.

Se convirtió en un “símbolo de resistencia” para familiares, activistas y perseguidos políticos en Venezuela que el martes la despidieron entre llanto y reclamos. “Si algo logró Carmen fue convertirse en símbolo de la resistencia, de la resiliencia, de la terquedad”, consideró su sobrina Fabiola Parra, abogada de 57 años.

En la mañana del martes unos 16 presos políticos acusados de delitos vinculados con la industria petrolera recibieron libertad condicional. El grupo es parte de un caso denominado ‘Pdvsa Obrero’ que implica a más de 170 detenidos entre trabajadores de Petróleos de Venezuela, agentes policiales y personas sin relación con la compañía estatal.

Todos se encontraban recluidos en Yare, una prisión ubicada a unos 75 km de Caracas. El caso ‘Pdvsa Obrero’ no recibió el beneficio de la amnistía. Las excarcelaciones se gestionaron mediante peticiones enviadas a la Defensoría del Pueblo y a una comisión parlamentaria creada para revisar casos no contemplados por la ley, explicó la abogada Zimaru Fuentes, familiar de uno de los detenidos.

El lunes fueron también excarceladas una adolescente de 16 años y una mujer septuagenaria. “Bienvenido el anuncio sobre exarcelaciones y/o liberaciones de presos políticos, pero más que las palabras, son los hechos los que importan (...) Que no quede nadie por fuera es la consigna”, escribió en redes sociales Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.

Según Foro Penal, cerca de 800 personas han sido excarceladas desde enero, de las cuales 186 salieron mediante esta ley. Los datos contrastan con el parte oficial del gobierno interino, que contabiliza más de 8.000 beneficiados con la normativa, de los cuales 314 han salido de prisión. El resto que se encontraba en libertad condicional recibió libertad plena. Foro Penal contabiliza más de 400 personas detenidas por razones políticas aún en las cárceles venezolanas.

Fuente: AFP.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el lunes investigar la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Quero, cuya madre falleció el domingo, días después de confirmar la muerte de su hijo. Quero, de 51 años, había sido arrestado en enero de 2025 y sus familiares nunca tuvieron información de su paradero hasta que las autoridades informaron de su fallecimiento casi un año después.

Su madre Carmen Navas, de 81 años, falleció pocos días después de reconocer el cuerpo tras una exhumación solicitada por ella. Su caso ha generado gran conmoción en el país. Otras 19 personas detenidas por razones políticas han fallecido en Venezuela bajo custodia del Estado desde 2014.

Navas buscó exhaustivamente a su hijo por más de un año, sin obtener respuestas de las autoridades. Sus allegados advirtieron que postergó sus problemas de salud para enfocarse en hallar a Quero. El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que la muerte del detenido se produjo el 24 de julio.

“La presidenta ordenó una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido y se solicitó la colaboración de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público”, según la nota oficial.

La Fiscalía ya había informado el 8 de mayo del inicio de una investigación penal sobre el caso y ordenó exhumar el cuerpo de Quero.

“Una vez concluidas las averiguaciones, se informará al país de manera amplia sobre los resultados y las acciones correspondientes”, agregó la Presidencia.

Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos luego de la captura en enero de Nicolás Maduro en una operación militar, impulsó una ley de amnistía que ha beneficiado a más de 8.000 presos políticos. Unas 314 personas han sido liberadas de las cárceles y el resto que se encontraba en libertad condicional recibió libertad plena. Aún quedan unos 500 presos políticos en Venezuela, según la oenegé Foro Penal. Mientras que se desconoce el paradero de otras 11 personas arrestadas por razones políticas.

Fuente: AFP.