El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este martes que “todos” los prisioneros políticos venezolanos serán liberados, y elogió de nuevo el “gran trabajo” de su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Vamos a sacarlos a todos” de las cárceles, declaró el mandatario a la prensa antes de emprender un viaje a China.

El gobierno de Rodríguez asegura que la reciente ley de amnistía ha beneficiado a más de 8.000 personas, cifra cuestionada por familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos.

“Delcy está haciendo un gran trabajo”, aseguró el mandatario republicano, que ordenó la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro y su esposa en enero.

“El pueblo de Venezuela está encantado con lo que ha pasado. Ni siquiera se lo pueden creer. Están bailando en las calles”, aseveró Trump.

El mandatario había vuelto a lanzar en una reciente entrevista la idea de que Venezuela se convierta en el 51º estado de la Unión, una sugerencia que despierta irritación en el gobierno venezolano, dispuesto a mantener las riendas del poder.

“Tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías (petroleras) en el país, y Venezuela ahora está ganando más dinero del que ha ganado en los últimos 25 años”.

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La salida del poder de Maduro provocó una cascada de cambios políticos y económicos en Venezuela, gracias en buena parte al levantamiento de sanciones al su petróleo por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.

La liberalización económica en Venezuela debe ser seguida, según los planes de Washington, por una transición política que desemboque en elecciones libres y transparentes.

Caracas se muestra ambivalente sobre los siguientes pasos políticos que dará el régimen chavista, en el poder desde hace un cuarto de siglo.

La amnistía debía ser un paso significativo en esa transición vigilada por Washington, pero quedó enturbiada por la lentitud en liberar los presos, y por la cantidad real de excarcelados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió la semana pasada que la cifra de personas con libertad plena asciende a 186, mientras que otras 554 salieron de la cárcel, pero bajo medidas cautelares.

• Fuente: AFP

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, representará a su país este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la máxima jurisdicción de la ONU, en la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. Se trata del primer viaje de Rodríguez a Europa desde que ejerce la presidencia de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, en enero de este año.

Rodríguez ya había representado a Venezuela en una cumbre realizada en Bruselas en 2023 entre la Unión Europea y países de América Latina, cuando era vicepresidenta de Maduro. Desde que ejerce la presidencia, Rodríguez realizó apenas dos viajes fuera de Venezuela, a los países vecinos caribeños Granada y Barbados. En esos viajes, Rodríguez lució en su vestimenta un broche dorado que mostraba a Venezuela, pero con el territorio en disputa, gesto que provocó indignación en Guyana.

La alta funcionaria venezolana desembarcó el domingo en Países Bajos para ponerse al frente de la delegación de su país en la CIJ. En declaraciones que reprodujo el canal oficial venezolano, Rodríguez afirmó que Venezuela “es el único que tiene titularidad” sobre el disputado territorio de Esequibo. “Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre este territorio, en esta controversia territorial, es Venezuela”, dijo.

“No hay duda alguna. Venezuela es la única titular de este territorio”, insistió. Su presencia en el imponente Palacio de la Paz, en La Haya, dijo, tiene como objeto defender “derechos históricos” sobre la “Guayana Esequiba”. En su canal en Telegram, Rodríguez señaló que “el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio”. La CIJ realizó desde el 4 de mayo tres audiencias públicas sobre esta disputa territorial, y este lunes está prevista la cuarta y última.

Guyana y Venezuela mantienen una disputa territorial que data del siglo XIX. La disputa territorial se intensificó a partir de 2015, después que ExxonMobil descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita. El Esequibo abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla.

Venezuela reclama ese territorio, que abarca 160.000 kilómetros cuadrados. Guyana sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial inglesa, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París y desea que la CIJ lo confirme. La parte venezolana pasó a cuestionar activamente ese fallo arbitral desde 1962, y ello condujo a la firma del acuerdo de 1966.

Venezuela afirma que el acuerdo firmado en 1966 con el Reino Unido en Ginebra -antes de la independencia de Guyana- sienta las bases de una solución negociada a la controversia. Por ello, sostiene que el río Esequibo debe ser la frontera natural, como en 1777, en la época de la colonización española.

Fuente: AFP.

Autoridades venezolanas exhumaron el cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político cuya muerte ocurrió en julio, pero fue reconocida oficialmente el jueves, lo que suscitó las críticas de la sociedad civil y la oposición, comprobó un periodista de AFP. Familiares de Quero Navas denunciaron su “desaparición forzada” y lo buscaron durante 16 meses sin éxito. Fue acusado de supuestos actos de “terrorismo” como cientos de presos políticos en Venezuela.

Las autoridades afirman que fue detenido en enero de 2025. Su madre Carmen Teresa Navas, de 81 años, lo buscó incesantemente desde entonces sin poder verlo nunca en prisión. Luego de la exhumación logró reconocer el cuerpo de su hijo y enterrarlo en otro cementerio. Dos sacerdotes estuvieron presentes, constató la periodista venezolana Maryorin Méndez, colaboradora de AFP, quien ha documentado la desaparición de Quero durante meses.

Desde 2014 han muerto 19 presos políticos bajo la custodia del Estado, según la ONG Foro Penal que cifra en 454 las personas detenidas por razones políticas en Venezuela al cierre de abril. Sin embargo, esta es la primera vez que las autoridades reconocen la muerte de un preso político reportado como desaparecido, varios meses después de su detención y fallecimiento.

Navas fue informada el jueves de la muerte de su hijo por el ministerio de Servicios Penitenciarios. Luego fue trasladada por funcionarios al cementerio y en el lugar pidió que se practicara una prueba de ADN para corroborar la identidad.

La exhumación ordenada por la Fiscalía se llevó a cabo este viernes en presencia de la madre.

La policía impidió el acceso público al cementerio Parque Memorial Jardín La Puerta, en las afueras de Caracas, donde se encontraban los restos.

“Hay que determinar cuándo murió y en qué condiciones”, dijo a la AFP desde las afueras del cementerio, Lilia Navas, tía de Víctor Quero.

“Hay que hacer justicia (...) Para limpiar el nombre del muchacho que le echaron no sé cuántos delitos encima, como le han hecho a otros tantos”, agregó.

El ministerio penitenciario admitió que Quero Navas murió en julio de 2025, a los 51 años, “por insuficiencia respiratoria” luego de ser trasladado al Hospital Militar en Caracas, y “tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

Activistas han denunciado que en Venezuela hay unas 200 personas en desaparición forzada.

“No puede normalizarse que una madre busque durante meses información sobre su hijo sin recibir respuesta por parte de las autoridades correspondientes”, protestó la ONG de derechos humanos Cofavic en un comunicado. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses, la presidenta interina Delcy Rodríguez, impulsó una ley de amnistía para la liberación de presos políticos.

Fuente: AFP.

En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.

El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.

Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.

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En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.

Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.

Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.

Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.

Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.

En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.

Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.

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El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.

Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.

En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.

En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.

Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.

Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.

“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.

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