“No maté a Narumi” Kurosaki, aseguró ayer martes el chileno Nicolás Zepeda, durante el nuevo juicio en apelación en Francia por asesinar presuntamente a su exnovia japonesa en 2016 y en el que se enfrenta a la cadena perpetua. El tribunal de apelación de Vesoul confirmó en 2023 la pena de 28 años de prisión impuesta en 2022 a Zepeda por asesinato premeditado, pero la Corte de Casación francesa ordenó el año pasado un nuevo juicio por irregularidades.

“Niego los hechos que se me reprochan. Soy inocente. No maté a Narumi. Lucho por demostrar que es así”, dijo Zepeda, vestido con una chaqueta oscura y remera gris azulado, ante el tribunal de Lyon, en el este de Francia.

Hasta el 26 de marzo, el tribunal deberá determinar de nuevo si estuvo detrás de la desaparición en diciembre de 2016 de la joven japonesa de 21 años en Besanzón, donde estudiaba francés. Su cuerpo nunca apareció.

Su abogado Sylvain Cormier ya avisó que su cliente, en prisión preventiva desde su extradición desde Chile a mediados de 2020, seguirá defendiendo su inocencia en el nuevo juicio con jurado popular.

El acusado, de 35 años y aspecto juvenil, siguió la lectura del informe de hechos inicial sin inmutarse. En primera fila, la madre y hermanas de Narumi, que siguen la audiencia gracias a la interpretación en japonés, tampoco reaccionaron.

Para la familia, este nuevo juicio “es una pesadilla”, aseguró a la prensa su abogada Sylvie Galley. “No esperan nada de este nuevo proceso”, sólo que “se respete la memoria” de Narumi, agregó.

Para la acusación, Zepeda habría cruzado el Atlántico a finales de 2016 dos meses después de romper con la joven, sin avisarla, con el objetivo de reconquistarla o, en caso contrario, matarla.

Tras espiarla durante varios días en la residencia universitaria Rousseau de Besanzón, el 4 de diciembre de 2016 coincidió con ella y fueron a cenar juntos. A continuación, la habría matado de madrugada en su habitación.

Los “gritos de mujer” que estudiantes escucharon son la “prueba central” de que murió, defendió en 2023 el entonces fiscal, Étienne Manteaux. Un día después, se habría desecho del cuerpo en una zona boscosa cercana o en el río Doubs. Posteriormente, habría pirateado sus cuentas en redes sociales para hacer creer que la joven, a quien conoció en Japón en 2014, seguía viva, mientras él ganaba tiempo para regresar a Chile.

Pese a no haberse hallado nunca el cadáver, la acusación se basa en la densidad de indicios que corroborarían que se trata de un crimen premeditado: testimonios, datos de telefonía, geolocalización del auto que alquiló, etc.

Los investigadores descartaron una fuga: la cartera de Narumi, 565 euros, dos tarjetas bancarias, su abrigo, sus zapatos, su celular y su pase de transporte estaban en su habitación, donde se apreciaban rastros de una limpieza reciente.

Zepeda compró el 1 de diciembre un bidón de 5 litros de un producto inflamable, cerillas, un pulverizador de detergente con lejía, y la geolocalización apunta a que permaneció en la habitación más de 24 horas.

Cinco días después, desde un centro comercial donde el chileno se encontraba, se compró un billete de tren Besanzón-Lyon a nombre de Narumi, un trayecto que la japonesa nunca tomó, según pasajeros a bordo.

Y, antes de regresar a Chile desde la ciudad española de Barcelona, Zepeda habría preguntado sobre “la muerte por asfixia” y cómo saber si una persona está “viva o muerta” tras un ahorcamiento. La defensa alega que, en ausencia de cuerpo y de pruebas materiales, debía ser absuelto por el beneficio de la duda.

“Como padre, lo único que pido es que lleguemos a la verdad”, aseguró a AFP Humberto Zepeda, que defiende la inocencia de su hijo. La Corte de Casación anuló el anterior juicio porque uno de los investigadores usó una presentación Powerpoint durante su declaración, que no había comunicado previamente a la defensa, y realizó nuevos actos de investigación.

El tercer juicio contra el chileno Nicolás Zepeda por el presunto asesinato de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en 2016 comenzó ayer martes en Francia con un inesperado pedido de su defensa: realizar nuevas pesquisas en este mediático caso sin cadáver. El tribunal de apelación de Vesoul confirmó en 2023 la pena de 28 años de prisión impuesta en 2022 a Zepeda por asesinato premeditado, pero la justicia francesa ordenó un nuevo juicio por irregularidades.

“Soy inocente. No maté a Narumi”, reiteró Zepeda, vestido con una chaqueta negra y remera gris azulado, desde el banquillo de los acusados del tribunal de Lyon, en el este de Francia. El hombre de 35 años enfrenta la cadena perpetua.

Hasta el 26 de marzo, el tribunal debe determinar de nuevo si el chileno la mató en diciembre de 2016 en la habitación 106 de la residencia universitaria de Besanzón, donde estudiaba la japonesa de 21 años, antes de deshacerse del cuerpo en un bosque o en un río cercanos.

La defensa, que defiende su absolución por el beneficio de la duda al no haber ni cuerpo ni pruebas materiales, fue ayer martes más allá y pidió al presidente del tribunal, Éric Chalbos, que ordene nuevas pesquisas.

“Es el juicio de la última oportunidad. Hay que hacer todo lo posible para que la verdad salga a la luz”, explicó el abogado Robin Binsard, quien se mostró favorable al aplazamiento del juicio.

Las pesquisas solicitadas incluyen pedir nuevas informaciones a Facebook sobre el uso de la cuenta de Kurosaki días después de su desaparición y tomar declaración de un amigo suyo que debía visitarla la semana de los hechos.

Los letrados pidieron además interrogar a una mujer que podría haberse cruzado con Zepeda después de supuestamente matar a su exnovia e identificar un ADN hallado en un cojín de la habitación, que no corresponde a ninguno de los dos.

“Me opongo firmemente a estas demandas”, reaccionó la abogada de la familia de Narumi Kurosaki, Sylvie Galley, para quien sólo buscan ganar tiempo en un procedimiento abierto hace casi 10 años.

En primera fila, la madre y hermanas de Narumi, compungidas, siguieron sin inmutarse la audiencia. “Están viviendo una pesadilla”, agregó Galley. El presidente aplazó al miércoles su decisión sobre las nuevas pesquisas, para que el tribunal escuche primero a los investigadores del caso.

Para la acusación, Zepeda habría cruzado el Atlántico dos meses después de romper con la joven, sin avisarla, con el objetivo de reconquistarla o, en caso contrario, matarla. Tras espiarla durante varios días en la residencia universitaria, el 4 de diciembre de 2016 coincidió con ella y fueron a cenar juntos. A continuación, la habría matado de madrugada en su habitación.

Los estudiantes de la residencia escucharon “gritos de horror” de mujer, recordó el investigador David Borne, al evocar las pesquisas de caso que llevaron a la identificación del chileno.

Posteriormente, habría pirateado sus cuentas en redes sociales para hacer creer que la joven, a quien conoció en Japón en 2014, seguía viva, mientras él ganaba tiempo para regresar a Chile.

Pese a no haberse hallado nunca el cadáver, la acusación se basa en la densidad de indicios que corroborarían que se trata de un crimen premeditado: testimonios, datos de telefonía, geolocalización del auto que alquiló, etc.

La defensa intentó durante el interrogatorio a Borne sacar a relucir errores y zonas grises en una investigación que, para el otro abogado defensor Sylvain Cormier, “se centró por completo” en Zepeda, sin explorar realmente otros sospechosos.

“Esta investigación se ha llevado a cabo con la máxima seriedad y rigor, y la única pista que ha surgido es la de Nicolás Zepeda”, explicó el investigador.

El acusado fue extraditado de Chile a Francia a mediados de 2020 y desde entonces se encuentra en prisión preventiva.

Ayer martes, rompió a llorar al recordar los meses en régimen de aislamiento que pasó entre 2020 y 2022 en la prisión de Besanzón. La Corte de Casación anuló el anterior juicio porque uno de los investigadores usó una presentación Powerpoint durante su declaración y realizó nuevas pesquisas sin avisar.

Fuente: AFP.

El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, aseguró el martes que recuperó la visa estadounidense hasta el final de su mandato en agosto tras los acercamientos con su homólogo Donald Trump. En medio de una guerra de palabras entre los mandatarios, Washington retiró la visa y aplicó sanciones económicas contra Petro y varios miembros de su familia en septiembre. Trump incluso amenazó con acciones militares en Colombia tras el operativo y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero.

Los países históricamente aliados en la región resolvieron la crisis el 3 de febrero con una reunión en la Casa Blanca, en la que acordaron golpear conjuntamente al narcotráfico. “Mi visa hacia EE. UU. como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato”, dijo en X Petro, que sale de la presidencia el 7 de agosto, sin posibilidad de reelección.

También pidió su salida de la lista negra de sanciones OFAC, usada en especial contra grandes narcos, terroristas y dictadores, que implica dificultades para tener cuentas bancarias, bloqueo de bienes en Estados Unidos y el acceso a cualquier empresa estadounidense entre otras restricciones.

“No hay razón alguna para estar allí”, añadió. El gobierno de Trump retiró en 2025 la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes sus esfuerzos para combatir a los poderosos grupos narco y detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Colombia vive un repunte de violencia y es el principal productor de cocaína en el mundo, pero Petro asegura que durante su gobierno se han hecho incautaciones récord de la droga. Washington no incluyó a Bogotá en el llamado “Escudo de las Américas”, una alianza de 17 países del continente creada recientemente para enfrentar amenazas de seguridad, pero los aliados clave sostienen una fuerte cooperación militar y comercial.

Fuente: AFP.

Este lunes, la Policía Nacional informó que está buscando al hombre que habría asesinado a otra persona durante un juego de naipes en la localidad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú. El crimen se produjo durante el fin de semana y tras cometer el hecho el presunto autor se internó en una zona boscosa.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la jornada de ayer domingo en el barrio San Antonio de Saltos del Guairá, cuando un grupo de hombres estaba jugando naipes y disfrutando de una ronda de tragos en una bodega denominada BF. Todo quedó grabado en imágenes de cámaras de seguridad.

En el video socializado se puede ver que eran siete los hombres que estaban jugando y otros dos eran espectadores. Hasta que en un momento dado llegó el presunto autor identificado como Ramón Rivas Mélida, de 42 años y se acercó a la mesa. Seguidamente sacó un puñal de su cintura para atacar a uno de los hombres.

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La víctima, Luis Alberto Ibáñez Duarte, de 31 años, recibió una estocada a la altura del tórax y logró levantarse, fue auxiliado por las personas que lo acompañaban, pero horas más tarde se confirmó su fallecimiento. Tras cometer el hecho, Rivas huyó del sitio y se internó en una zona boscosa.

“El supuesto autor todavía sigue prófugo, estaría internado en una zona boscosa. Previo al crimen el victimario y el supuesto autor estaban compartiendo, presuntamente ya habían discutido por problemas personales”, detalló el comisario Víctor Espínola, en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Resaltó que el presunto autor sería un presunto adicto y acompañado de la bebida alcohólica perdió el control. “Este hombre ya esta identificado y es cuestión de tiempo para poder ubicarlo”, puntualizó. La Fiscalía investiga en caso para determinar el posible trasfondo del asesinato.

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Ecuador inició el domingo en la noche un plan de dos semanas para atacar a las bandas narcotraficantes con apoyo de Estados Unidos y bajo estrictos toques de queda en las regiones más golpeadas por la violencia. Fiel aliado de Washington, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa implementa desde hace más de dos años una política de mano de hierro contra los carteles de la cocaína, pero las cifras de homicidios, desapariciones, extorsiones y otros delitos no ceden.

Entre el domingo en la noche y el 31 de marzo las fuerzas militares ecuatorianas lanzarán una “ofensiva muy fuerte” con “asesoramiento” de Estados Unidos, anticipó el martes el ministro de Interior, John Reimberg. Son 75.000 militares y policías los que participan en las operaciones, acompañados de caravanas de camionetas blindadas, motocicletas y helicópteros, según imágenes e información de la cartera.

El gobierno se ha mantenido hermético sobre el detalle de la misión y si desplegará efectivos estadounidenses en su territorio como ha ocurrido durante el mandato de Noboa. A lo largo de dos semanas los ecuatorianos de las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro tendrán prohibido salir entre las 23:00 locales (4:00 GMT) y las 5:00 (10:00 GMT).

“Permanezcan en sus hogares (...) es por su propia seguridad (...) que no tengamos después alguna consecuencia que no quisiéramos”, dijo Reimberg y anunció “checkpoints” como en la pandemia. Aunque no produce cocaína, Ecuador se ha convertido en el principal punto de partida de la droga que llega a Estados Unidos mientras en sus calles la guerra se ensaña contra la población local.

Vecino de los mayores productores del polvo blanco, Colombia y Perú, el país pasó de ser una isla de paz a tener una de las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado. Durante el toque de queda sólo podrán salir viajeros con tiquete de avión en mano, personal de salud y de emergencias.

La medida preocupa a periodistas, transportistas, dueños de restaurantes, bares y otros negocios nocturnos y personas que viven lejos de sus trabajos. Martha Ladines, de 28 años, es panadera en Guayaquil y no podrá comenzar a tiempo su jornada laboral. “Nos han dicho que esa hora no se recupera porque hay turnos de los otros compañeros, y nos descontarán del sueldo”, dice a la AFP esta madre de dos niños.

Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por Donald Trump para combatir al narcotráfico en la región, tras un acuerdo sellado a comienzos de mes en Miami bajo el nombre de “Escudo de las Américas”. Noboa se alinea con países como El Salvador y Argentina, dispuestos a respaldar la campaña estadounidense para ampliar su influencia en Latinoamérica tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por Trump en Venezuela.

Desde hace meses las Fuerzas especiales estadounidenses apoyan a los comandos ecuatorianos en entrenamiento, inteligencia y financiación. El miércoles el gobierno anunció la inauguración de la primera Oficina del FBI en Ecuador. La semana pasada bombardeó con apoyo de Estados Unidos un campamento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, que opera en los límites de ambos países.

Esta ofensiva divide a los ecuatorianos, ante denuncias de organismos de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública durante los frecuentes estados de excepción ordenados por Noboa desde que llegó al poder en noviembre de 2023. El toque de queda “será duro para muchos por el trabajo, pero se necesita para tratar de controlar la inseguridad que vivimos. Ojalá las autoridades hagan un buen operativo táctico y no haya tantos muertos”, dice Luis Villacís, un guardia de seguridad de 58 años.

Quienes incumplan la medida se exponen a penas de hasta tres años de prisión. Los ecuatorianos votaron “no” al regreso de bases militares extranjeras al país en un referendo promovido por Noboa. Estados Unidos tuvo por una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, principal puerto pesquero ecuatoriano y un bastión narco.

Fuente: AFP.