Estados Unidos y sus aliados en América Latina y el Caribe han abierto una nueva etapa de cooperación antidrogas mediante extradiciones, inteligencia compartida y planes de seguridad que se basan en buena parte en el modelo salvadoreño, a pesar de las críticas de organismos internacionales.

Es el “Escudo de las Américas” que Trump y mandatarios de 16 países (la mitad de la región) anunciaron el pasado 8 de marzo en una cumbre celebrada en Doral (Florida). La agencia antidrogas (DEA) recibió el sábado al narco uruguayo Sebastián Marset, tras su captura en Bolivia, apenas un año después de entrar en la lista de fugitivos más buscados en Estados Unidos.

Marset compareció ante el juez el lunes, tras una expulsión muy rápida por parte de las autoridades bolivianas. Pero la colaboración también pasa entre otros países, como el bombardeo de Ecuador de un campo de entrenamiento de un grupo disidente de las FARC en una zona fronteriza con Colombia.

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció ese ataque, pero en entrevista con la AFP, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, reconoció que hay colaboración entre su país, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos para sofocar esos focos de rebelión.

El FBI abrió oficina permanente en Ecuador, cuyo gobierno acaba de declarar toques de queda en las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado. Washington también anunció el pasado viernes el arresto, con fines de extradición, del venezolano Rafael Enrique Gámez Salas, de 40 años, acusado de ser uno de los líderes de “Los Piratas”, la filial chilena de la pandilla Tren de Aragua. Este capo podría ser deportado en breve a Chile.

El gobierno Trump, consciente del giro conservador que tomó la región, parece decidido a acelerar el paso, antes de que se abra otro ciclo político contrario a sus intereses. La colaboración pasa en ocasiones por otros caminos más inesperados. El Departamento de Seguridad Nacional anunció en enero la detención del chileno Armando Fernández Larios, ex militar y agente de la DINA, la temida policía política del régimen de Augusto Pinochet.

Larios, que se había declarado culpable del asesinato del ex ministro chileno Orlando Letelier en Washington en 1976, vivía desde finales de los años 1980 en Estados Unidos.

Tras casi cuatro décadas podría ser expulsado en breve a su país, según confirmó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a la AFP.

Con Brasil, México y Colombia, que no acudieron a la cumbre de Doral, la cooperación en inteligencia se mantiene, según reconocen los mandatarios de esos países y fuentes diplomáticas en Washington.

Trump mantiene la presión sobre la mexicana Claudia Sheinbaum, como demuestra la violenta operación que acabó con la muerte del capo Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“La presión económica del presidente Donald Trump y sus veladas amenazas militares la han obligado a actuar”, considera Amanda Mattingly, ex diplomática y fundadora de ACM Global Intelligence.

Con Brasil, el próximo capítulo de una relación con altibajos podría ser la designación oficial de dos poderosas facciones criminales, Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), como grupos terroristas. Esa denominación provoca tensión en el gobierno brasileño.

Interrogado por la AFP, un portavoz del Departamento de Estado indicó que Washington no “anticipa posibles designaciones como organizaciones terroristas”, pero que está “comprometido a tomar las medidas apropiadas contra grupos extranjeros que participen en actividades terroristas”.

Esa lucha que incluye nuevos y controvertidos aspectos como los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, provocan alarma entre algunos países de la región.

“Estas ejecuciones extrajudiciales en serie violan gravemente el derecho a la vida”, denunció el relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo, Ben Saul, durante las audiencias que acaba de celebrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala. “La CIDH carece de competencia para examinar las cuestiones (que) se refieren a la interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario”, reaccionó el Departamento de Estado.

Fuente: AFP.

El ministro de gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, manifestó que la captura del narco uruguayo Sebastián Marset fue facilitada porque vivía con “absoluta impunidad” en el país andino, dentro de una estructura de protección conformada por policías, abogados, jueces y fiscales.

Detenido y extraditado a Estados Unidos, el pasado 13 de marzo, enfrenta cargos por tráfico internacional de cocaína y conspiración para lavado de dinero, exponiéndose a la cadena perpetua sin libertad condicional.

“Su captura ha sido de un impacto muy grande, la gente recibió la noticia con mucha satisfacción. Van a existir intentos de ensuciar este operativo. A mi juicio, lo que ha sucedido para facilitar su captura es que Marset vivía el día en absoluta impunidad en Bolivia por lo tanto se confío“, indicó Oviedo a la 1020 AM.

El alto funcionario boliviano detalló que Marset y su equipo de seguridad no pusieron resistencia durante su captura. “Marset tenía una estructura de protección como policías y abogados. El operativo fue bien desarrollado quirúrgicamente y forma parte de la nueva política que tiene el gobierno boliviano para enfrentar el narcotráfico, terrorismo, trata de personas y el lavado de activos, el presidente Rodrigo Paz Pereira ha decidido establecer una lucha frontal“, comentó.

Oviedo mencionó que el operativo lanzado en Las Palmas, zona donde se encontraba resguardado se dividió en dos partes. "Primero se neutralizó la casa de seguridad el cual quedaba a unos minutos del domicilio de Marset y luego con unos minutos de diferencia se intervino la suya. Lo que hubo fue una diferencia de 6 minutos entre una casa y la otra", explicó.

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Señaló que la extradición de Marset al país norteamericano responde a cuestiones legales vinculadas al avance de los procesos judiciales en su contra. Agregó que el criminal posee un total de seis causas en Bolivia, pero, a raíz de su fuga en el 2023 en un operativo fallido en la ciudad de Santa Cruz, los expedientes quedaron en estado de rebeldía, lo que implica la paralización de los mismos conforme a la normativa vigente.

Añadió que, en Estados Unidos, las investigaciones siguen activas, lo que incentivó su extradición con la finalidad de garantizar la prosecución de la causa judicial. “Van a ir saltando responsabilidades en la Fiscalía, en la estructura judicial y policial“, comentó.

La medida también se sustentó en mecanismos internacionales, debido a que existía una notificación de Interpol con sello rojo, además de una solicitud formal de expulsión. “Marset instaló en Bolivia una base para sus operaciones con el fin de moverse en Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, el Medio Oriente, es la cabeza de un equipo transnacional delictivo”, indicó.

Por otra parte, el ministro explicó que Tatiana Marset, una de las ocho personas detenidas que integraba el equipo de seguridad del uruguayo, es su sobrina y no su hermanastra como en un principio se informó. “Al parecer ella estaba en el sitio ya hace unos meses, esto demuestra también el grado de confianza que tenían”, puntualizó.

Por otra parte, Oviedo comentó que el criminal lanzó una queja al encargado del operativo sobre el calzado que le fue otorgado. “Antes de abordar el avión, le dijo por qué le trajeron ese tenis, que debían traerle otro, no captaba la dimensión de lo delicado de su situación“, mencionó.

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El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, detalló que las investigaciones en Bolivia siguen su curso con el fin de desbaratar la estructura criminal montada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado el viernes 13 de marzo en la ciudad de Santa Cruz y extraditado a Estados Unidos.

“Hay todavía muchos procedimientos en curso que se están llevando a cabo. El despliegue logístico que Marset tenía en Bolivia era enorme. Las casas de seguridad que tenía, los hangares, las avionetas y lugares donde se escondía. Entonces hay una serie de cosas que son interminables de llevar a cabo en un tiempo corto, siguen las pesquisas”, indicó Rachid, este lunes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El funcionario de Estado acotó: “Esto recién empieza, obviamente la prioridad era la captura de Marset y su traslado a Estados Unidos. Lo que se viene en Bolivia es enorme, las cosas que pueden saltar después de su aprehensión, sin lugar a dudas, son importantes”.

Marset, quien ya se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos para someterse a la justicia, fue capturado en el barrio de Las Palmas, en la provincia de Santa Cruz de la Sierra. El operativo contra el criminal fue liderado por uniformados de la Administración de Control de Drogas (DEA), junto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía de Sustancias Controladas.

“Hay un antes y un después de Sebastián Marset, los datos que puedan surgir a partir de los procedimientos que se están llevando a cabo y las informaciones que se puedan tener por parte de él desde Estados Unidos, hay que ver si él colabora”, comentó.

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Para Rachid “no es desagradable” el hecho de que el criminal haya sido extraditado a los Estados Unidos, pese a que en Paraguay se encuentra imputado por tráfico internacional de estupefacientes, asociación criminal y lavado de dinero en el marco del operativo A Ultranza Py, lanzado en febrero del 2022.

“Acá las circunstancias fueron únicas. Marset ingresó de manera clandestina e ilegal a Bolivia y ese país, en uso total de sus atribuciones, lo expulsa. Quien fue el primero en llegar o estar ahí, el gobierno americano que también lo buscaba y puso una recompensa sobre su cabeza. Esa es la realidad, puede ser no muy jurídica, pero tampoco desagrada. Cuanto termine su condena en los Estados Unidos tendrá que venir al Paraguay para enfrentar su proceso”, refirió.

Marset figuraba en la nómina de los narcotraficantes más buscados por la DEA y se encontraba prófugo desde 2023, cuando logró burlar una operación policial destinada a capturarlo en Bolivia. En el país norteamericano enfrenta cargos relacionados con el tráfico de cocaína y el lavado de dinero.

Estados Unidos, ofreció una recompensa de USD 2 millones (G. 15.600 millones) para quienes provean informaciones que conduzcan a su arresto y condena. El capo narco ingresó en el radar de los Estados Unidos mediante la operación de transferencia que realizó uno de sus principales cómplices, desde un banco de Portugal a otro en China.

El monto aproximado fue de USD 32 millones. La operación tuvo como intermediaria a una institución financiera de Estados Unidos, que la aprobó mediante un servidor ubicado en Richmond (Virginia). Esta es una transferencia de un monto muy bajo para el mundo del narcotráfico, pero fue clave en la investigación contra Marset.

La citada transferencia fue una de las transacciones utilizadas por el país norteamericano para acusar formalmente a Marset de lavado de activos. Los fiscales de la causa refieren que el uruguayo es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde América del Sur con destino a Europa y que tuvo operaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal.

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Ecuador inició el domingo en la noche un plan de dos semanas para atacar a las bandas narcotraficantes con apoyo de Estados Unidos y bajo estrictos toques de queda en las regiones más golpeadas por la violencia. Fiel aliado de Washington, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa implementa desde hace más de dos años una política de mano de hierro contra los carteles de la cocaína, pero las cifras de homicidios, desapariciones, extorsiones y otros delitos no ceden.

Entre el domingo en la noche y el 31 de marzo las fuerzas militares ecuatorianas lanzarán una “ofensiva muy fuerte” con “asesoramiento” de Estados Unidos, anticipó el martes el ministro de Interior, John Reimberg. Son 75.000 militares y policías los que participan en las operaciones, acompañados de caravanas de camionetas blindadas, motocicletas y helicópteros, según imágenes e información de la cartera.

El gobierno se ha mantenido hermético sobre el detalle de la misión y si desplegará efectivos estadounidenses en su territorio como ha ocurrido durante el mandato de Noboa. A lo largo de dos semanas los ecuatorianos de las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro tendrán prohibido salir entre las 23:00 locales (4:00 GMT) y las 5:00 (10:00 GMT).

“Permanezcan en sus hogares (...) es por su propia seguridad (...) que no tengamos después alguna consecuencia que no quisiéramos”, dijo Reimberg y anunció “checkpoints” como en la pandemia. Aunque no produce cocaína, Ecuador se ha convertido en el principal punto de partida de la droga que llega a Estados Unidos mientras en sus calles la guerra se ensaña contra la población local.

Vecino de los mayores productores del polvo blanco, Colombia y Perú, el país pasó de ser una isla de paz a tener una de las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado. Durante el toque de queda sólo podrán salir viajeros con tiquete de avión en mano, personal de salud y de emergencias.

La medida preocupa a periodistas, transportistas, dueños de restaurantes, bares y otros negocios nocturnos y personas que viven lejos de sus trabajos. Martha Ladines, de 28 años, es panadera en Guayaquil y no podrá comenzar a tiempo su jornada laboral. “Nos han dicho que esa hora no se recupera porque hay turnos de los otros compañeros, y nos descontarán del sueldo”, dice a la AFP esta madre de dos niños.

Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por Donald Trump para combatir al narcotráfico en la región, tras un acuerdo sellado a comienzos de mes en Miami bajo el nombre de “Escudo de las Américas”. Noboa se alinea con países como El Salvador y Argentina, dispuestos a respaldar la campaña estadounidense para ampliar su influencia en Latinoamérica tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por Trump en Venezuela.

Desde hace meses las Fuerzas especiales estadounidenses apoyan a los comandos ecuatorianos en entrenamiento, inteligencia y financiación. El miércoles el gobierno anunció la inauguración de la primera Oficina del FBI en Ecuador. La semana pasada bombardeó con apoyo de Estados Unidos un campamento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, que opera en los límites de ambos países.

Esta ofensiva divide a los ecuatorianos, ante denuncias de organismos de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública durante los frecuentes estados de excepción ordenados por Noboa desde que llegó al poder en noviembre de 2023. El toque de queda “será duro para muchos por el trabajo, pero se necesita para tratar de controlar la inseguridad que vivimos. Ojalá las autoridades hagan un buen operativo táctico y no haya tantos muertos”, dice Luis Villacís, un guardia de seguridad de 58 años.

Quienes incumplan la medida se exponen a penas de hasta tres años de prisión. Los ecuatorianos votaron “no” al regreso de bases militares extranjeras al país en un referendo promovido por Noboa. Estados Unidos tuvo por una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, principal puerto pesquero ecuatoriano y un bastión narco.

Fuente: AFP.