El monto de activos venezolanos congelados en Suiza asciende a 687 millones de francos suizos (880 millones de dólares), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo a AFP este lunes, proporcionando por primera vez una cifra sobre estos fondos.
El 5 de enero entró en vigor en Suiza la orden de congelamiento de activos del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y otras personas vinculadas a él.
Hasta la fecha, intermediarios financieros suizos han reportado a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales un total de 687 millones de francos suizos en relación con esta orden, declaró el ministerio, sin especificar los nombres de los titulares de los activos.
- Fuente: AFP
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Fideicomiso, cimientos de confianza
Esta figura permite separar los bienes de un proyecto del patrimonio de sus participantes, ordenar los aportes de capital y establecer reglas para administrar los recursos. La notaria pública Annabel Villalba explica sus ventajas, alcances y aspectos importantes antes de invertir.
El fideicomiso inmobiliario gana cada vez más relevancia como alternativa para estructurar negocios, atraer inversores y brindar mayor previsibilidad a los proyectos de construcción. En Paraguay, está regulado por la Ley N.º 921/1996, de Negocios Fiduciarios, y por las disposiciones del Banco Central del Paraguay (BCP). La notaria pública Annabel Villalba señaló que su principal característica es la constitución de un patrimonio autónomo, separado tanto de los bienes de quien los aporta como de los de la entidad que los administra.
Pero, ¿cómo funciona y quiénes participan? El mecanismo consiste en transferir un terreno, dinero u otros bienes a un fiduciario, que los administra para cumplir una finalidad establecida en un contrato. Esta función está reservada a bancos, financieras y empresas fiduciarias autorizadas y supervisadas por el BCP.
A diferencia de una compra tradicional en pozo, en la que el comprador paga directamente al desarrollador, en el fideicomiso los fondos ingresan a cuentas propias del negocio y solo pueden utilizarse para el objetivo pactado. “El fideicomiso es una forma de ordenar la confianza”, acotó Annabel.
De esta manera, el desarrollador puede sumar inversores o propietarios de terrenos, mientras que quienes aportan capital conocen el destino previsto de sus recursos.
Más opciones para financiar obras. El fideicomiso no presta dinero, sino que facilita la organización de aportes provenientes de distintas fuentes, como terrenos, inversores, cuotas de preventa y créditos. También puede estructurarse como garantía para respaldar una financiación bancaria.
La separación patrimonial constituye una protección relevante, ya que los bienes afectados al negocio no quedan expuestos a los acreedores particulares de quien los aportó. Además, los fondos deben mantenerse en cuentas identificadas identificadas, cada fideicomiso lleva su propia contabilidad y el fiduciario debe informar al menos trimestralmente.
En proyectos de construcción, también se contemplan controles sobre el terreno, su tasación, la solvencia del constructor y las condiciones financieras para completar la obra. Los desembolsos pueden vincularse al avance y la fiscalización debe estar a cargo de un profesional independiente.
Costos y decisiones antes de invertir. Constituir un fideicomiso implica honorarios de estructuración y administración, además de gastos de escrituración, registros y tasaciones. La operación debe analizarse también desde el punto de vista tributario, porque el tratamiento depende de la naturaleza de los aportes y de los beneficiarios.
La especialista recomienda evaluar la escala del proyecto, la entidad fiduciaria, la situación jurídica del inmueble y las condiciones del contrato. También es importante distinguir entre proyectos a precio fijo, en los que el desarrollador asume los desvíos de costos, y aquellos al costo, donde estos pueden recaer sobre los compradores.
El fideicomiso, advirtió, no elimina todos los riesgos ni garantiza que una obra termine según lo previsto. Por eso, comprender las obligaciones de cada parte y los mecanismos previstos ante incumplimientos resulta esencial para proteger la inversión.
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La formalización de tierras, una llave para reducir la pobreza y dinamizar la economía
La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.
Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.
Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.
“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.
El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.
Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.
Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.
La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.
“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.
El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.
A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.
El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.
En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.
Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.
“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.
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ueno bank: el alcance de la resolución y los próximos pasos del BCP
El BCP inició este martes el procedimiento tras detectar una insuficiencia de solvencia en la entidad. Las operaciones permanecen suspendidas mientras se verifica su situación patrimonial. Además, informaron que la garantía cubre hasta G. 228,3 millones por depositante.
El Banco Central del Paraguay (BCP) inició durante la madrugada de este martes 3 de noviembre el procedimiento de resolución de ueno bank, luego de constatar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido. La decisión fue adoptada por unanimidad el lunes 2 de noviembre y comunicada oficialmente a primera hora.
Según explicó la institución, la medida responde a ajustes realizados en los estados financieros durante el proceso de regularización y busca atender la situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.
El presidente del BCP, Carlos Carvallo, señaló en conferencia de prensa que el proceso es resultado de varios meses de trabajo técnico. Entre los elementos analizados mencionó indicios de créditos a empresas vinculadas al grupo controlador, debilidades en operaciones crediticias y deterioro de los indicadores de liquidez.
¿Qué pasa con los ahorros? Uno de los principales puntos de atención es la disponibilidad de los fondos. Desde el anuncio, las tarjetas, aplicaciones y demás canales de ueno bank permanecen suspendidos, mientras se realiza la conciliación de activos y pasivos.
El BCP informó que la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos alcanza hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228.300.000 por persona física o jurídica en cada entidad financiera. La cobertura se aplica por depositante y entidad, no por cada cuenta.
De acuerdo con las explicaciones brindadas por las autoridades, el dinero comprendido dentro de ese límite está garantizado. Para los saldos superiores, se analizarán mecanismos de compensación de activos y pasivos, con el objetivo de procurar la mayor protección posible.
La banca matriz desplegó funcionarios para avanzar en el balance de exclusión, que permitirá determinar qué activos y obligaciones serán considerados en el procedimiento. El plazo legal para completar esta etapa es de hasta 15 días, aunque las autoridades indicaron que buscan acortarlo.
El alcance para el sistema financiero. La situación también involucra a grandes depositantes institucionales. El mayor es el Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene alrededor de G. 1,74 billones en certificados de depósito de ahorro en ueno bank, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas figura con G. 250.000 millones.
El instituto previsional confirmó, además, que cerca del 9 % de su cartera de inversiones está colocada en la entidad, equivalente a unos USD 345 millones entre certificados de depósito y bonos financieros.
En paralelo, el BCP sostuvo que se trata de una situación particular de ueno bank y que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo.
La resolución abre una etapa de verificación y reorganización. Los próximos pasos dependerán del balance patrimonial y de los mecanismos que se definan para atender a los depositantes, mientras las autoridades instan a consultar únicamente los comunicados oficiales para conocer las instrucciones de recuperación de fondos.
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Varios muertos deja un bombardeo de Venezuela contra la guerrilla colombiana del ELN
Varios muertos dejó un presunto bombardeo militar de Venezuela contra la guerrilla colombiana del ELN en una zona fronteriza, informaron el sábado a la AFP la oenegé Fundaredes y una activista de derechos humanos.
Fundaredes compartió a la AFP un video en el que se ven varios cuerpos dispersos por el suelo, árboles caídos y las ruinas de lo que parece ser un campamento en una zona rural boscosa del estado de Apure.
Según la ONG, las imágenes corresponden al pasado viernes 30 de octubre.
“Un coordinador de Fundaredes vio los primeros nueve” cadáveres, dijo el director Javier Tarazona.
La AFP intentó contactarse con las autoridades venezolanas pero no obtuvo respuesta de inmediato.
Tarazona sostiene que es “el primer bombardeo de Venezuela contra el ELN”, la guerrilla activa más poderosa del continente tras el desarme del grueso de las FARC en 2016.
Además del ELN, en los 2.219 km de frontera colombo-venezolana operan otros grupos como las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, enfrentados entre sí por las lucrativas rentas del narcotráfico y la minería ilegal.
Fundaredes y la defensora de derechos humanos y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, advierten que podría haber otros diez fallecidos del ELN en el sector Buena Vista del Meta de Apure, que colinda con el departamento colombiano de Vichada.
“Los habitantes de la zona han reportado el ataque, han reportado los muertos” y que las víctimas son integrantes del ELN, afirmó San Miguel.
“Hay mucho miedo en la zona” porque “las personas están sujetas a enormes presiones de la guerrilla del ELN”, añade la experta.
San Miguel prevé un desplazamiento forzado de esta apartada comunidad si se intensifica el conflicto.
En 2021 iniciaron intensos enfrentamientos entre militares venezolanos y grupos armados colombianos que ya causaron el desplazamiento forzado de comunidades enteras en Apure.
“Cambio de doctrina”
Con el apoyo de Estados Unidos, el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, impulsa una ofensiva militar contra los grupos armados que se financian del narcotráfico en Colombia.
Venezuela también se ha alineado con los intereses de Washington tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina.
San Miguel explica que durante años las fuerzas armadas venezolanas se mantuvieron neutrales ante las actividades en su territorio del ELN, pero ahora “hay un cambio en la doctrina” del ejército.
Por mucho tiempo, Bogotá ha acusado a las autoridades venezolanas de acoger a las fuerzas ilegales que operan en Colombia.
Hace un mes se produjo otro enfrentamiento entre miembros del ELN y militares venezolanos, que dejó un muerto y cinco heridos.
De la Espriella militarizó la víspera Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, debido a una ola de violencia que incluyó asesinatos a manos de grupos ilegales en los últimos días.
Es la segunda ciudad militarizada por el mandatario derechista desde que llegó al cargo el 7 de agosto y le declaró la guerra a los grupos armados.
En las últimas semanas se han registrado ataques de guerrillas colombianas en al menos cuatro estados venezolanos.
Líderes indígenas advierten sobre una escalada de violencia de los grupos colombianos en zonas de Amazonas (suroeste) y Bolívar (sur) por ganar control sobre la minería ilegal.
Fuente: AFP.