El gobierno iraní anunció el viernes la creación de una comisión de investigación para examinar las recientes protestas contra el alto costo de vida, que derivaron en movilizaciones antigubernamentales con un saldo de miles de muertos. “Se formó un comité de investigación con representantes de las instituciones pertinentes, que está recopilando documentos y tomando declaraciones”, declaró la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, a la agencia local de noticias ISNA.

La portavoz no precisó si la comisión se centrará únicamente en las demandas económicas que desencadenaron las protestas o si también investigará las miles de muertes ocurridas durante las movilizaciones. “El informe final se publicará para conocimiento público y para posibles acciones legales una vez concluido el proceso”, señaló.

Las protestas, que comenzaron a finales de diciembre por la crisis económica y evolucionaron hacia un movimiento más amplio con un punto álgido a inicios de enero, dejaron más de 3.000 muertos, según el recuento oficial. Las autoridades iraníes sostienen que la gran mayoría de las víctimas eran miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes asesinados por “terroristas” vinculados a Israel y Estados Unidos.

Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos humanos basadas fuera de Irán estiman que la cifra de fallecidos es mucho mayor y que muchas de las víctimas murieron a causa de la represión de las fuerzas de seguridad.

Dos líderes del sector reformista de Irán que habían sido detenidos en los últimos días tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de enero fueron puestos en libertad el jueves por la noche, informaron medios locales. El bando reformista apoyó al presidente Masud Pezeshkian durante su campaña en 2024, pero varias de sus figuras se distanciaron del gobierno y respaldaron las protestas, iniciadas en diciembre ante el costo de la vida pero que se extendieron a todo el país contra el sistema teocrático de la República Islámica.

El portavoz del Frente Reformista, la principal coalición de esa corriente política, Javad Emam, había sido detenido el domingo. En 2009 fue uno de los responsables de la campaña de Mir Hosein Mousavi, figura de la oposición iraní y ex primer ministro, bajo arresto domiciliario desde 2011. La detención de Emam se produjo tras las de otras tres personalidades del bando reformista, entre ellas Ebrahim Asgharzadeh, exmiembro del Parlamento.

Emam y Asgharzadeh “fueron liberados hace unos minutos tras pagar una fianza”, aseguró el jueves por la noche su abogado, Hojjat Kermani, a la agencia Isna, según el diario Etemad. Azar Mansouri, líder desde 2023 del Frente Reformista y exasesora del expresidente reformista Mohamad Jatamí (1997-2005), permanece detenida.

Sin embargo, su abogado indicó que la liberación de Mansouri podría producirse “en los próximos días, una vez que se anule su orden de detención”. Estas figuras del grupo reformista habían sido acusadas de “atentar contra la unidad nacional” y “coordinarse con la propaganda enemiga”, según la agencia Fars.

Un joven iraní de 18 años, acusado de la muerte de un policía durante las protestas masivas desatadas en enero contra el gobierno, corre el riesgo de ser ejecutado, aseguró el jueves la oenegé Iran Human Rights (IHR). Manifestaciones contra el aumento del costo de vida estallaron en Irán a finales de diciembre antes de transformarse en un movimiento de protesta antigubernamental en todo el país, que alcanzó su punto máximo entre el 8 y 9 de enero.

Según IHR, grupo con sede en Noruega, Saleh Mohammadi ya fue condenado a muerte, pero el poder judicial iraní aseguró que aún no hay una sentencia definitiva. El tribunal ordenó que el ahorcamiento se lleve a cabo en público en el lugar del presunto crimen, en Qom, una ciudad del centro de Irán, precisó la ONG.

El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeï, había advertido que no habría “indulgencia” con las personas declaradas culpables de actos violentos durante las manifestaciones. Saleh Mohammadi, que participó en competiciones internacionales de lucha, fue juzgado el 3 de febrero por un tribunal de Qom por el asesinato de un policía el 8 de enero, de acuerdo con IHR.

El joven fue “obligado” a confesar durante la investigación, según la misma fuente. Posteriormente, “se retractó ante el tribunal”, que finalmente lo condenó. El IHR asegura que cientos de personas están siendo procesadas por cargos relacionados con las manifestaciones, lo que podría acarrearles la pena de muerte. El órgano de prensa del poder judicial, Mizan, confirmó que Saleh Mohammadi fue detenido, aunque añadió que “no se había dictado ninguna sentencia definitiva y ejecutoria contra él”.

El joven tiene 20 días para apelar su condena a muerte, según la IHR, que advierte de que en el pasado se ha ejecutado a personas antes de que expirara ese plazo. Más de 7.000 personas murieron durante la ola de protestas, según la organización estadounidense Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), de las cuales 6.506 manifestantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.

Fuente: AFP.