Aunque la economía mundial abordó favorablemente el año 2026, las crisis geopolíticas la sumergen en un período de perturbaciones e incertidumbre, anunció el martes la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

La agencia prevé una disminución del crecimiento mundial, que pasaría de 2,9% en 2025 a 2,6% en 2026, debido al “aumento de los precios de la energía, las perturbaciones en el transporte, la volatilidad de los mercados y la búsqueda de activos financieros seguros, factores que lastran la inversión y la demanda”.

“La economía mundial abordó el año 2026 con resiliencia, impulsada por el comercio, la producción industrial en las economías en desarrollo y las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial”, explica la organización en un comunicado.

Sin embargo, “el aumento de las tensiones geopolíticas pone ahora a prueba esta dinámica”, haciendo que la economía mundial pase “de una fase inicial de perturbaciones en la oferta e inflación a un período más frágil, en el que una incertidumbre prolongada podría provocar escasez y acentuar las tensiones financieras”, estima.

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Si bien los últimos años se han caracterizado en gran medida por las tensiones comerciales y la incertidumbre política, Unctad estima que “los riesgos geopolíticos se están convirtiendo hoy en día en la principal fuente de inestabilidad para la economía mundial”.

Y las economías en desarrollo están especialmente expuestas. “Muchas deben hacer frente al aumento de los precios de los combustibles, los alimentos y los fertilizantes, al tiempo que gestionan las presiones sobre sus monedas, un acceso más restrictivo a la financiación y un debilitamiento de la confianza de los inversores”, afirma Unctad.

La agencia prevé, por tanto, que el crecimiento del comercio mundial de mercancías también se ralentice, pasando del 4,7% en 2025 a entre el 1,5% y el 2,5% en 2026, debido a las perturbaciones en las cadenas de suministro, el transporte marítimo y las decisiones de inversión.

Pese al aumento de los riesgos, especialmente en los sistemas alimentarios mundiales, la Unctad considera que el contexto actual “pone de manifiesto vías concretas para reforzar la resiliencia”.

Entre otros, este órgano de la ONU cita las energías renovables, que, según él, “se están volviendo cada vez más competitivos en términos de costos y ocupan un lugar estratégico en la reducción de la exposición a las crisis de los combustibles fósiles”, aunque las inversiones siguen siendo “muy desiguales” en detrimento de muchos países en desarrollo.

Para “estabilizar el crecimiento y reducir la vulnerabilidad ante futuras crisis”, la Unctad hace un llamamiento a “un refuerzo de la cooperación internacional, a condiciones comerciales más previsibles, a mayores garantías financieras para las economías en desarrollo ya una aceleración de las inversiones en energías limpias crecientes”.

• Fuente: AFP

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, representará a su país este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la máxima jurisdicción de la ONU, en la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. Se trata del primer viaje de Rodríguez a Europa desde que ejerce la presidencia de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, en enero de este año.

Rodríguez ya había representado a Venezuela en una cumbre realizada en Bruselas en 2023 entre la Unión Europea y países de América Latina, cuando era vicepresidenta de Maduro. Desde que ejerce la presidencia, Rodríguez realizó apenas dos viajes fuera de Venezuela, a los países vecinos caribeños Granada y Barbados. En esos viajes, Rodríguez lució en su vestimenta un broche dorado que mostraba a Venezuela, pero con el territorio en disputa, gesto que provocó indignación en Guyana.

La alta funcionaria venezolana desembarcó el domingo en Países Bajos para ponerse al frente de la delegación de su país en la CIJ. En declaraciones que reprodujo el canal oficial venezolano, Rodríguez afirmó que Venezuela “es el único que tiene titularidad” sobre el disputado territorio de Esequibo. “Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre este territorio, en esta controversia territorial, es Venezuela”, dijo.

“No hay duda alguna. Venezuela es la única titular de este territorio”, insistió. Su presencia en el imponente Palacio de la Paz, en La Haya, dijo, tiene como objeto defender “derechos históricos” sobre la “Guayana Esequiba”. En su canal en Telegram, Rodríguez señaló que “el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio”. La CIJ realizó desde el 4 de mayo tres audiencias públicas sobre esta disputa territorial, y este lunes está prevista la cuarta y última.

Guyana y Venezuela mantienen una disputa territorial que data del siglo XIX. La disputa territorial se intensificó a partir de 2015, después que ExxonMobil descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita. El Esequibo abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla.

Venezuela reclama ese territorio, que abarca 160.000 kilómetros cuadrados. Guyana sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial inglesa, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París y desea que la CIJ lo confirme. La parte venezolana pasó a cuestionar activamente ese fallo arbitral desde 1962, y ello condujo a la firma del acuerdo de 1966.

Venezuela afirma que el acuerdo firmado en 1966 con el Reino Unido en Ginebra -antes de la independencia de Guyana- sienta las bases de una solución negociada a la controversia. Por ello, sostiene que el río Esequibo debe ser la frontera natural, como en 1777, en la época de la colonización española.

Fuente: AFP.

En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.

El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.

Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.

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En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.

Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.

Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.

Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.

Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.

En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.

Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.

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El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.

Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.

En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.

En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.

Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.

Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.

“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.

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Naciones Unidas pidió este miércoles a Israel que libere de inmediato al hispanopalestino Saif Abu Keshek y al brasileño Thiago Ávila, los dos activistas detenidos en una flotilla con destino a Gaza, y exigieron una investigación sobre las acusaciones de maltrato. Ambos se encuentran en una prisión de Ascalón (Israel) desde que fueron capturados el pasado jueves, cuando su flotilla fue interceptada por las fuerzas israelíes frente a las costas de la isla griega de Creta.

“Israel debe liberar inmediata e incondicionalmente a los miembros de la Flotilla Global Sumud Saif Abu Keshek y Thiago Ávila, que fueron detenidos en aguas internacionales y llevados a Israel, donde siguen retenidos sin cargos”, declaró el portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, en un comunicado.

“No es un delito mostrar solidaridad e intentar llevar ayuda humanitaria a la población palestina de Gaza, que la necesita urgentemente”, añadió. Los barcos de la flotilla zarparon de Francia, España e Italia con el objetivo de romper el bloqueo y entregar ayuda humanitaria al territorio palestino, devastado por dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

Sus abogados acusan a las autoridades israelíes de maltrato, y el martes afirmaron que los dos se pusieron en huelga de hambre desde su captura el jueves. Kheetan denunció los “relatos perturbadores de malos tratos graves” y pidió una investigación, insistiendo en que “los responsables deben ser llevados ante la justicia”.

“Hacemos un llamamiento para que Israel ponga fin al uso de la detención arbitraria y de una legislación antiterrorista amplia y vagamente definida, incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos”, declaró. Israel acusa a ambos de vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás, lo que los interesados niegan. La justicia israelí ya había validado el domingo una primera prolongación de dos días de su detención.

Fuente: AFP.