Argentina cerró 2025 con superávit anual en sus cuentas públicas por segundo año consecutivo, producto de la política de “déficit cero” aplicada por el presidente ultraliberal Javier Milei, anunció este viernes el gobierno.
En 2025, el superávit primario fue de 1,4% del producto interno bruto (PIB), mientras que el financiero fue del 0,2% del PIB, informó el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red X.
Argentina no conseguía hilvanar dos años seguidos de balance positivo en sus cuentas desde 2008.
El resultado marca un leve retroceso respecto de los números de 2024, cuando el superávit primario fue de 1,8% y el superávit fiscal de 0,3%.
“El ancla fiscal (déficit cero) es y será una política de Estado”, celebró Milei en su cuenta en X.
El resultado se apoyó en un fuerte ajuste del gasto público, que implicó reducción de subsidios y congelamiento de presupuestos en sectores como educación, salud, investigación científica y obras públicas.
“El orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos”, prometió el ministro.
Fuente: AFP
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Argentina: inicia juicio por la muerte de 44 marinos en implosión de submarino en 2017
La justicia argentina abre este martes un juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan que implosionó sumergido con sus 44 tripulantes en 2017 sin que se haya logrado dilucidar cómo ocurrió esa tragedia, la mayor de la Armada en tiempos de paz. Los restos deformados del submarino fueron localizados un año después. Todavía permanecen a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz, en cuya capital Río Gallegos comienza el primer juicio.
El submarino había zarpado en patrullaje siete días antes de su desaparición desde el austral puerto de Ushuaia y regresaba a la base en Mar del Plata (sur de Buenos Aires). El 15 de noviembre de 2017 reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio. Fue su último mensaje. Su búsqueda aunó esfuerzos de decenas de países y mantuvo en vilo a la sociedad y al gobierno del expresidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019).
“Los nadies”
No se espera la presencia en el juicio de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. “No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio”, explicó a la AFP la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familias de víctimas.
“Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años, por eso hay mucha expectativa. Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad”, agregó. Las penas posibles -de uno a 5 años de prisión- contrastan con la dimensión de los hechos. Se sospecha faltas administrativas, de mantenimiento y seguridad.
“Fue una tragedia evitable, pero está mal visto en la Armada decir tengo miedo, existen riesgos, hay una cultura de silencio”, dijo Carreras al recordar que la Marina “fue la fuerza de mayor hermetismo durante la dictadura” (1976-1983). Los cargos son incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado.
Los acusados, que llegan a juicio en libertad, son el extitular del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de Operaciones Hugo Correa. En 2021 un Consejo de Guerra destituyó a Villamide por negligencia y castigó con arresto de hasta 45 días a otros oficiales por ocultar información.
“Invisibilizar”
La justicia desoyó un pedido del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro -muerto en el ARA a los 27 años-, para que el juicio se realice en Mar del Plata, a 400 km de la capital argentina, donde residían los tripulantes. Allí los familiares realizaron protestas frente a los edificios de la Armada en el tiempo que duró la búsqueda y también luego del hallazgo, una exposición que incomodó a la fuerza.
Los familiares denunciaron que fueron víctimas de espionaje, una causa en la que Macri fue procesado y que la Corte Suprema cerró en 2025. “Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia”, dijo a la AFP el abogado que representa a una veintena de familiares.
El juicio se fijó allí por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. “Este es el primer proceso, todavía no se terminó la investigación respecto a los demás responsables de la línea de mando que llega hasta Macri”, agregó el abogado al recordar que restan analizar “67.000 fotografías y horas de video”. De su lado Carreras confió en que durante este juicio los más de 90 testigos aporten pruebas. En la instrucción “a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar”, opinó.
El juicio
Las audiencias se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, con pausas de una semana antes de la siguiente tanda. La hipótesis es que el submarino tuvo un fallo de válvula que permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Pero para corroborarla deberían reflotarse los restos, un operativo millonario, dicen querellantes.
“Es muy difícil condenar a alguien por un delito cuando no se sabe realmente lo que ocurrió. El juicio puede terminar en absolución”, dijo Tagliapietra. “Hubo muchas falencias previo al hundimiento, los mandos en tierra no tomaron decisiones adecuadas, pero todavía no sabemos por qué se hundió”, dijo Tagliapietra. “Hay resignación de familiares. Yo sigo luchando, es la promesa que le hice a mi hijo”.
Fuente: AFP.
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Cuatro claves de la controvertida reforma laboral de Milei
La controvertida reforma laboral del presidente argentino Javier Milei, destinada a flexibilizar el régimen laboral vigente, ya es ley tras un tratamiento parlamentario acompañado de protestas sindicales y una huelga general que afectó la actividad la semana pasada.
La llamada “ley de modernización laboral” es presentada por el gobierno como una herramienta para fomentar el empleo en blanco, facilitar nuevas contrataciones y reducir la litigiosidad; mientras los sindicatos la consideran “regresiva” y “anticonstitucional”, la repudiaron en la calle y se aprestan a combatirla también en los tribunales. A continuación, cuatro claves de la reforma laboral impulsada por Milei:
Jornadas y vacaciones
La “Ley de Modernización Laboral” modifica la Ley de Contrato de Trabajo vigente y otros regímenes.
Permite extender la jornada diaria de ocho a hasta 12 horas sin pago de horas extras, pero compensadas con horas libres a convenir a partir de un banco de horas o con francos compensatorios.
Las vacaciones pueden fraccionarse en tramos de siete días, en lugar de en un mínimo de 14 como era hasta ahora.
Aunque el proyecto explicita que estos cambios serán de mutuo acuerdo, los sindicatos interpretan que la disparidad de fuerza irá en detrimento del trabajador.
Indemnizaciones
La ley reduce los montos de las indemnizaciones por despido y habilita para costearlas un fondo financiado con contribuciones mensuales deducidas de los aportes jubilatorios.
Además, explicita los criterios de actualización de montos para el pago de los juicios laborales, que hasta ahora quedaban a consideración de cada juez, y permite a los empleadores pagar las sentencias condenatorias en hasta 12 cuotas.
El gobierno sostiene que la norma permitirá “unificar criterios”, evitar juicios laborales y aliviar a las pequeñas y medianas empresas.
Matías Cremonte, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, dijo a la AFP que estas modificaciones incumplen “el deber del Estado de proteger la fuente de trabajo” al eliminar el “efecto disuasivo” de las indemnizaciones sobre los despidos sin causa.
Dirigentes opositores advirtieron que podría redundar en un desfinaciamiento de las cajas previsionales.
Salarios y convenios
La nueva norma habilita a los empleadores a pagar salarios en moneda extranjera o parcialmente en especies: es decir, con comida, habitación u otros bienes y servicios.
Además permite renegociar contratos para ajustar salarios según métricas de productividad, cumplimiento de objetivos o desempeño.
Los convenios colectivos hechos por empresa o regionales tendrán prioridad por sobre los convenios establecidos de cada sector laboral.
Además, se derogan algunos estatutos profesionales, entre ellos el de periodistas.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y los sindicatos del sector rechazaron la derogación al considerar que constituye “un grave retroceso para la calidad institucional y la independencia del periodismo argentino”.
Derecho a huelga
La norma incorpora porcentajes mínimos de funcionamiento durante huelgas del 75 % para rubros como telecomunicaciones, aeronáutica comercial y educación y del 50 % para un amplio número de industrias incluyendo medicamientos, siderurgia, alimentos, construcción, minería y comercio electronico.
Además, las asambleas de personal y los congresos de delegados deberán contar con autorización del empleador, y el trabajador no cobrará por ese tiempo.
Para Cremonte “la restricción del derecho de huelga es ostensiblemente contraria a toda la normativa de la Organización Internacional del Trabajo y de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
El Abogado, que asesora a varios sindicatos locales, explicó que el control de constitucionalidad en Argentina es “difuso” por lo que “pueden pasar años hasta que se vaya consolidando una jurisprudencia que determine que haya inconstitucionalidad”.
Fuente: AFP.
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Argentina eleva nivel de seguridad por conflicto en Medio Oriente
El gobierno de Argentina elevó este sábado el nivel de seguridad a “alto” en todo el territorio nacional y en las embajadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los bombardeos de Teherán en represalia. La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía”. También implica el refuerzo de los controles fronterizos, según un comunicado difundido en X por la oficina del presidente Javier Milei.
La justicia argentina señala a Irán y al movimiento libanés Hezbolá como responsables del atentado contra la mutual judía AMIA, el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. La decisión del mandatario argentino busca “garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”, dice el comunicado.
“En ese marco, por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”, detalló.
El dispositivo implica además el monitoreo de la situación en Medio Oriente, en cooperación con agencias internacionales, “a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.
En enero, el gobierno de Milei incluyó a las Fuerzas Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria iraní en el registro de personas y organizaciones señaladas como “terroristas”.
La justicia del país sudamericano cree que hubo vínculos entre ese grupo militar y el atentado perpetrado con un coche-bomba contra la AMIA.
Más de tres décadas después, la causa permanece impune. La justicia argentina impulsa la realización de un juicio en ausencia contra diez acusados iraníes y libaneses.
Fuente: AFP.
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Histórico: el Senado argentino cambia la ley y baja a 14 años la edad de imputabilidad
El Senado argentino convirtió en ley el viernes una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que el gobierno festejó como “un acto de justicia hacia la sociedad”.
El proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado. Modifica el sistema penal juvenil que data de 1980.
“Quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”, publicó en X la Presidencia minutos después de la votación.
Argentina mantenía la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).
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Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.
“Venimos a terminar con una doctrina terriblemente peligrosa, la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema”, dijo la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, principal promotora del proyecto.
Legisladores opositores denunciaron que el oficialismo aceleró el tratamiento en comisiones pese a que la mayoría de los expertos convocados se pronunciaron en contra, y advirtieron que los plazos para adecuar las instalaciones de detención y el presupuesto previsto resultan insuficientes.
“Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, que incluya educación, resocialización”, dijo el senador Martín Soria (peronismo, oposición), que votó en contra de la nueva ley. “Del lado de enfrente únicamente la respuesta es penal”, añadió.
El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.
La sanción de la nueva ley se produjo en una jornada en la que el Senado se apresta a ratificar la reforma laboral, que también impulsa Milei.
Fuente: AFP
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