Cientos de prisioneros se tomaron el domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, constataron periodistas de la AFP. Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Varios presos tenían el rostro cubierto. Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.

Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal. Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel. “Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director”, afirmó a las afueras de la prisión.

Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos. El gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el motín. Los reos “aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También “han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”.

Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres “se declararon en huelga” en esta prisión. En abril, el gobierno confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.

En 2023, el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por “pranes”, como se conoce en Venezuela a los cabecillas de bandas delictivas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, prometió una reforma al sistema de justicia.

Fuente: AFP.

La guerra en Medio Oriente empezó afectando al petróleo y al transporte marítimo. Ahora ya golpea algo mucho más cotidiano: las bolsas de papas fritas. ¿Qué decisión tomó una empresa japonesa ante la escasez de insumos?

Japón acaba de convertirse en el primer gran ejemplo visible de cómo un conflicto geopolítico puede alterar cadenas de suministro globales aparentemente lejanas. La empresa Calbee, líder japonés en snacks y papas fritas, anunció que desde el 25 de mayo comenzará a vender 14 de sus productos en envases blanco y negro por escasez de tinta industrial derivada del conflicto con Irán.

La razón parece insólita, pero revela una realidad mucho más profunda: muchas tintas industriales utilizan resinas derivadas de la nafta, un subproducto petroquímico cuya disponibilidad quedó afectada por la tensión en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

Lo ocurrido con Calbee podría ser apenas el comienzo ya que la guerra y la incertidumbre logística están tensionando toda la cadena petroquímica global. Y eso implica impactos directos sobre envases, fertilizantes, plásticos, agroquímicos, cosméticos, pinturas, componentes tecnológicos e incluso medicamentos.

El problema es que el petróleo ya no es únicamente combustible: es materia prima industrial. Y es que cuando se encarece o se interrumpe el flujo de derivados petroquímicos, el efecto dominó alcanza prácticamente todo lo que consume una economía moderna.

La propia industria japonesa ya comenzó a advertir dificultades para sostener importaciones de materiales plásticos y químicos. Algunas compañías incluso suspendieron pedidos mientras buscan proveedores alternativos fuera de Medio Oriente.

La decisión de Calbee tuvo un fuerte impacto en Japón porque la marca es casi un símbolo cultural. Sus tradicionales paquetes coloridos desaparecerán temporalmente de las góndolas para priorizar el abastecimiento y ahorrar insumos críticos.

La empresa explicó que el contenido seguirá siendo el mismo, pero admitió que el cambio responde a la necesidad de adaptarse a “condiciones geopolíticas cambiantes”.

Detrás de una simple bolsa en blanco y negro aparece una señal mucho más seria, la economía mundial vuelve a descubrir cuán dependiente es de cadenas logísticas extremadamente frágiles.

Si el conflicto escala, el impacto podría multiplicarse. Expertos y medios internacionales ya advierten que el problema podría expandirse mucho más allá del packaging.

El estrecho de Ormuz mueve cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier bloqueo prolongado afecta combustibles, seguros marítimos, transporte internacional y producción industrial.

Y el impacto no sería uniforme: países importadores y economías dependientes de insumos externos serían los más vulnerables.

En América Latina, por ejemplo, una suba sostenida del petróleo impactaría rápidamente en alimentos, logística, fertilizantes, producción agrícola, plásticos, tecnología, construcción, productos importados.

Incluso sectores aparentemente alejados de la guerra podrían verse afectados por aumentos de costos o faltantes parciales.

Del petróleo a los chips. El temor ya no gira solamente alrededor de la energía. Algunos análisis internacionales también empiezan a mencionar riesgos sobre helio industrial, semiconductores y componentes tecnológicos críticos si persisten las interrupciones logísticas en la región.

La guerra podría terminar acelerando una nueva ola inflacionaria global impulsada no por demanda, sino por escasez de insumos estratégicos.

La pandemia había dejado una lección: el mundo depende demasiado de pocas rutas y pocos proveedores.

Ahora, la crisis en Medio Oriente vuelve a mostrar que un conflicto regional puede modificar desde el precio del combustible hasta el diseño de una bolsa de snacks en Tokio.

Y si hoy faltan colores para imprimir envases, mañana podrían faltar otros componentes mucho más sensibles para la economía mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves el envío de 5.000 soldados a Polonia, aunque no precisó si se refería a un despliegue ya previsto anteriormente, retrasado en medio de su presión sobre Europa.

El mandatario afirmó que la medida se basaba en su relación con su homólogo polaco, Karol Nawrocki, un aliado nacionalista a quien dijo estar “orgulloso de respaldar” en las elecciones que ganó en 2025.

“Me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia”, escribió Trump en su red Truth Social.

Trump no dio más detalles, pero sus comentarios parecían referirse a un despliegue de varios miles de soldados estadounidenses en Polonia, cuyo destino ha sido incierto durante varios días.

La semana pasada, funcionarios estadounidenses dijeron que el despliegue de 4.000 soldados en Polonia había sido descartado, la última medida de la administración de Trump para recortar el número de tropas y castigar a los aliados de la OTAN por no ayudar en la guerra con Irán.

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Luego, el vicepresidente JD Vance precisó el martes que el despliegue de los 4.000 soldados había sido pospuesto, no cancelado, y agregó que Trump no había tomado una “decisión definitiva”.

Vance afirmó, sin embargo, que Europa tenía que valerse “más por sí misma”, mientras Trump continúa presionando para que los aliados europeos asuman una mayor parte de la carga de su defensa.

El presidente estadounidense parece decidido a castigar a los aliados que no han respaldado la guerra en Oriente Medio ni han colaborado en su petición de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene cerrado en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero.

El Pentágono anunció a comienzos de mayo que Washington retiraría 5.000 soldados de Alemania después de que el canciller Friedrich Merz dijera que Irán estaba “humillando” a Estados Unidos en la mesa de negociaciones.

Fuente: AFP

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Venezuela excarceló bajo la ley de amnistía a tres antiguos presos políticos el martes, quienes tenían más de 20 años en prisión, luego del anuncio del jefe del Parlamento sobre la excarcelación esta semana de 300 detenidos. La ley de amnistía fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Washington en enero.

"Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos en delitos demostrados, pero (otras) por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Entre los primeros liberados mencionó a exfuncionarios de la Policía Metropolitana de Caracas vinculados al golpe de 2002, cuando militares derrocaron momentáneamente al presidente Hugo Chávez (1999-2013). Estas excarcelaciones ocurrieron la noche del martes.

“Confirmamos la excarcelación de los policías metropolitanos presos políticos: Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovain, injustamente privados de libertad desde el 19/04/2003. Nunca debieron estar tras las rejas”, informó la ONG Foro Penal en un mensaje en Instagram. Los exfuncionarios habían sido condenados a 30 años de prisión, acusados de disparar a manifestantes. En marzo se les había negado la amnistía.

“Lo primero que tengo que decir a los familiares de los presos políticos es que mantengan la fe. Fuerza, sí se puede. Pasar por este proceso no es nada fácil”, dijo Erasmo Bolívar en un video publicado por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. “Sé que no va a ser fácil reincorporarnos tras más de dos décadas”, agregó a su salida de la cárcel Fénix, ubicada en la región centro-occidental de Venezuela.

La promesa de nuevas excarcelaciones ocurre el mismo día en que los venezolanos dieron el último adiós a Carmen Navas de 81 años, cuyo hijo Víctor Quero Navas murió en custodia del Estado tras ser detenido en enero de 2025. Navas buscó incansablemente a su hijo durante más de un año y se le negó su lugar de reclusión en múltiples oportunidades, hasta que las autoridades le informaron el 7 de mayo que el fallecimiento de Quero había ocurrido en julio de 2025.

Días después de reconocer el cuerpo y darle sepultura, Carmen Navas falleció y el martes fue sepultada junto a la tumba de su hijo. Decenas de personas la lloraron en silencio en un cementerio de Caracas. Lanzaban rosas y margaritas desde los flancos de su féretro.

Se convirtió en un “símbolo de resistencia” para familiares, activistas y perseguidos políticos en Venezuela que el martes la despidieron entre llanto y reclamos. “Si algo logró Carmen fue convertirse en símbolo de la resistencia, de la resiliencia, de la terquedad”, consideró su sobrina Fabiola Parra, abogada de 57 años.

En la mañana del martes unos 16 presos políticos acusados de delitos vinculados con la industria petrolera recibieron libertad condicional. El grupo es parte de un caso denominado ‘Pdvsa Obrero’ que implica a más de 170 detenidos entre trabajadores de Petróleos de Venezuela, agentes policiales y personas sin relación con la compañía estatal.

Todos se encontraban recluidos en Yare, una prisión ubicada a unos 75 km de Caracas. El caso ‘Pdvsa Obrero’ no recibió el beneficio de la amnistía. Las excarcelaciones se gestionaron mediante peticiones enviadas a la Defensoría del Pueblo y a una comisión parlamentaria creada para revisar casos no contemplados por la ley, explicó la abogada Zimaru Fuentes, familiar de uno de los detenidos.

El lunes fueron también excarceladas una adolescente de 16 años y una mujer septuagenaria. “Bienvenido el anuncio sobre exarcelaciones y/o liberaciones de presos políticos, pero más que las palabras, son los hechos los que importan (...) Que no quede nadie por fuera es la consigna”, escribió en redes sociales Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.

Según Foro Penal, cerca de 800 personas han sido excarceladas desde enero, de las cuales 186 salieron mediante esta ley. Los datos contrastan con el parte oficial del gobierno interino, que contabiliza más de 8.000 beneficiados con la normativa, de los cuales 314 han salido de prisión. El resto que se encontraba en libertad condicional recibió libertad plena. Foro Penal contabiliza más de 400 personas detenidas por razones políticas aún en las cárceles venezolanas.

Fuente: AFP.