¿Mil, 10.000 o 50.000? La cifra de desaparecidos por el doble terremoto que golpeó hace casi un mes y medio a Venezuela da lugar a cifras disímiles que las autoridades no se esfuerzan por esclarecer. La búsqueda de cadáveres continúa entre las ruinas de decenas de edificios que se derrumbaron como castillos de arena y dejaron al menos 6.125 muertos, según el último saldo oficial.

Salvo algún hallazgo milagroso, a más de 40 días de la tragedia se considera “desaparecidas” a las personas cuyos cuerpos no han sido hallados bajo los escombros. El último parte oficial publicado el lunes indica la cantidad de muertos, personas atendidas en hospitales, viviendas afectadas y hasta las toneladas de escombros retiradas. Pero desde el 24 de junio, día de los terremotos, no hay dato alguno sobre desaparecidos.

En Caraballeda, una localidad del estado costero de La Guaira que concentra la mayor cantidad de víctimas y daños, decenas de voluntarios y rescatistas abren túneles entre escombros de edificios derrumbados. Intentan acceder a los apartamentos donde se encuentran los cuerpos de sus seres queridos.

“Vamos a seguir (...) Hasta que no lo consiga, no me voy a quedar quieto”, dice Víctor Morales con lágrimas en las mejillas. Busca el cuerpo de su nieto de 11 años tras recuperar el de su nieta de 13 de entre los escombros.

“Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a seguir. Y estamos desde el día uno aquí, pensando por aquí, abriendo huecos hasta la planta baja, buscando, sacando” escombros, dice este carpintero de 50 años que descansa bajo una lona al pie del edificio, recalentado por el inclemente sol caribeño.

Al día siguiente de la catástrofe, Tom Fletcher, responsable de ayuda humanitaria de la ONU, estimó la cifra de desaparecidos en unos 50.000.

Fue un “error”, estimó una fuente diplomática que pidió el anonimato. “Es imposible saberlo exactamente, pero lo que se maneja es arriba de 10.000”, añadió.

Proyectar un número es casi una misión imposible con los datos demográficos oficiales porque el último censo poblacional de Venezuela data de 2011.

El gobierno, que afronta una crisis económica y política desde 2013, no ha podido o querido hacer un censo en los últimos 15 años.

Las autoridades son en general reticentes a publicar estadísticas demográficas o económicas. Lo hacen a cuentagotas, cuando parece convenirles, incluso en medio de la crisis por los devastadores sismos.

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo el 30 de junio que 30.000 personas se encontraban en las zonas afectadas por el sismo, y que entonces se contabilizaron 19.000 que se salvaron y 2.000 fallecidos.

Según este recuento, faltaban 9.000 personas. 9.000 más 2.000 resulta en 11.000 muertos. ¿Será este el balance final?

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, habló la semana pasada de casi 6.000 muertos y, según un registro de habitantes, al menos 1.338 desaparecidos. Otra autoridad con nuevas cifras y más contradicciones.

Ante la ausencia de información oficial, los venezolanos han creado sitios web para intentar encontrar a las víctimas.

Allí también hay contradicciones. Al menos tres iniciativas distintas estiman entre 17.000 y 41.000 desaparecidos.

Según la página “Venezuela Te Busca”, unas 44.274 personas fueron declaradas desaparecidas por sus familiares y 17.790 “quedan por localizar”.

El sitio “Desaparecidos Terremoto Venezuela” data de 44.418 reportados como desaparecidos y 29.518 que siguen “sin contacto”.

Mientras que el portal Venezuela Reporta registra unos 41.311 “desaparecidos”. La fuente diplomática aplaudió la “buena voluntad” de las iniciativas, pero desestimó la fiabilidad de estas cifras.

En “eventos tan desastrosos de semejante magnitud (...) pueda suceder que alguien no se recupere, no se lo encuentre o quede desaparecido”, advirtió Esteban Chala, un experimentado rescatista argentino con experiencia en otras catástrofes.

El temor de muchas familias es que sus allegados figuren para siempre como desaparecidos. Quieren recuperar sus restos para darles una sepultura digna.

Fernando Bencomo enciende un cigarrillo mientras personal forense, vestidos con trajes blancos de bioseguridad, extraen con cuidado el cuerpo irreconocible de su hijo, Fernando Antonio Bencomo, un estudiante de 21 años, y su perro. El cuerpo fue encontrado tras 40 días de búsqueda.

“Tenía toda la vida (por delante). Desde el primer día estoy aquí buscando, no quería parar antes que pudiera descansar en paz”, lamentó este policía de 50 años. “Sacamos entre 40 y 49 cuerpos. Voy a seguir ayudando. Hay otros cuerpos” por recuperar de entre los escombros, afirma. Su hijo es un desaparecido menos, pero un muerto más.

Fuente: AFP.

El gobierno interino de Venezuela y delegados de la oposición sostuvieron el jueves en Caracas un primer encuentro en el diálogo auspiciado por Estados Unidos, que muchos esperan que desemboque en una transición política y en elecciones. Sin la presencia de la líder de la oposición y Nobel de la Paz María Corina Machado, el proceso arrancó siete meses después de la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

En este tiempo, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha gobernado bajo fuerte presión de Washington. Las partes informaron que “suscribieron principios de respeto a la soberanía nacional” y “negociación de buena fe”, “protección de los derechos humanos” y “políticos de todas las fuerzas”, según una declaración conjunta difundida en las redes sociales.

La mesa fue encabezada, de un lado, por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, y del otro, por Dinorah Figuera, líder de la bancada opositora que ganó la mayoría legislativa en 2015, pero cuyos resultados fueron rechazados por Maduro. El proceso de diálogo “busca alcanzar la estabilización, la reconciliación política y una transición pacífica”, señaló la delegación opositora en un comunicado al término del encuentro.

La reunión se desarrolló a puertas cerradas en el Centro de Convenciones en el complejo militar de La Carlota. Solo se autorizó a los fotógrafos ingresar para una fotografía antes del inicio de las conversaciones. En esta instancia, que comenzó con varias horas de retraso, las delegaciones acordaron la metodología, los ciclos de trabajo y la agenda de discusión. En principio, sesionarán hasta el 12 de agosto.

Washington saludó el inicio del diálogo. “Estas conversaciones directas representan una oportunidad única”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado. El texto recuerda que el objetivo del gobierno de Donald Trump para Venezuela se desarrolla en tres fases: “estabilización, recuperación económica y reconciliación política”.

Al llegar a Venezuela el miércoles desde España, donde ha vivido exiliada, Figuera dijo que este proceso busca cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, en el órgano electoral nacional y una reivindicación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos. El diálogo despierta expectativa entre miembros de la oposición y familiares de presos políticos.

El dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano colaborador de Machado, destacó en X que “esta vez sí existe un garante que asegure que el chavismo cumpla su palabra”.

“Esperamos que Venezuela logre cuanto antes la liberación de TODOS los presos políticos, nuevos poderes públicos y un cronograma electoral que incluya la elección presidencial”, dijo en su mensaje, en el que proclamó a Machado “como candidata” presidencial.

Observadores aseguran que Washington veta el retorno de Machado a Venezuela, aunque el gobierno estadounidense lo niega. Trump, de su lado, alaba el trabajo de Rodríguez y ha sugerido en su red social Truth Social que Venezuela podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

Por otra parte, los venezolanos más izquierdistas no perdonan el giro de 180 grados del gobierno chavista tras 25 años de discursos antiimperialistas.

“¡Ni colonia ni tutela, la patria no se entrega!” y “Gringo go home”, gritaban militantes de izquierda venezolanos en recientes protestas en las que han quemado banderas estadounidenses.

Un grupo de familiares de presos políticos solicitaron el jueves a Figuera buscar la liberación de sus seres queridos.

Los presos políticos “no son una ficha de canje, nosotros pedimos la libertad inmediata de todos los presos políticos”, pidió a Figuera la hermana de un militar preso.

Mayra Morales, de 40 años, y decenas de personas llevan 60 días de vigilia en un campamento instalado cerca de la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Exigen que el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, abogue por la liberación de sus familiares, pero no han sido recibidos por el diplomático.

Fuente: AFP.

El embajador Raúl Florentín, representante permanente del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos, manifestó ayer ante el pleno que la OEA no puede permanecer en silencio ante la intención del presidente nicaragüense Daniel Ortega de suprimir las elecciones libres en el país centroamericano, eliminando la participación de opositores, lo que compromete la seguridad hemisférica.

“Deseamos agradecer en primer lugar a la delegación de los Estados Unidos de América por su iniciativa para la convocatoria de esta sesión extraordinaria, que contó con el copatrocinio de Paraguay, así como con el de las delegaciones de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay, a quienes también agradecemos, declaró Florentín durante el debate en que se planteó una reunión extraordinaria de cancilleres sobre este tema.

“Hemos escuchado con suma atención y preocupación a la relatora de Nicaragua o para Nicaragua, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Rosa María Payá, a quien agradecemos por su presentación”, agregó el diplomático paraguayo. “Observamos como extremamente graves las declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega del 19 de julio pasado, en que mencionó que en Nicaragua nunca más se celebrarían elecciones, así como el posterior anuncio del 24 julio de llevar a cabo una modificación constitucional a inicios de septiembre próximo”.

“Parece hasta irónico que este tipo de declaraciones tengan lugar justamente en el año en que conmemoramos el vigésimo quinto aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Solemos escuchar con frecuencia en este ámbito el rol fundamental que desempeña la OEA en materia democrática en la región y el orgullo que representa el despliegue de las misiones de observación electoral, cuya intervención, en no pocas ocasiones, salvó la democracia de los Estados miembros”, puntualizó Florentín.

El representante de Paraguay mencionó otras situaciones histórica vinculantes: “En ese sentido, me permito traer a colación un ejemplo que antecede incluso a la adopción de la Carta Democrática Interamericana, la misión de observación electoral encabezada por el entonces secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, durante las elecciones generales celebradas en Nicaragua en 1990. Hoy sabemos que la presencia de nuestra organización fue determinante para garantizar una transición pacífica y hacer posible la toma posesión de Violeta Chamorro, la primera mujer elegida democráticamente para ejercer la presidencia de la República en el continente americano”.

“Los ejemplos del pasado también nos recuerdan la responsabilidad que como organización tenemos frente al presente y al futuro de nuestro hemisferio. No podemos permitir que la OEA permanezca en silencio ante una situación de esta gravedad, que ha dejado de ser únicamente una cuestión de violaciones de los derechos humanos y de erosión de la democracia para convertirse en un desafío que compromete la seguridad hemisférica”, refirió.

“Esta afirmación no la hacemos solo nosotros. La propia Asamblea General de la OEA, en su resolución 3022, aprobada en junio de 2024 en Asunción, ya advirtió, y cito: ‘La crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua afecta la estabilidad y la seguridad de otros países en la región’. Fin de la cita”, recordó el vocero del gobierno paraguayo.

“La misma preocupación fue reiterada este lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado de prensa número 15.226. Al respecto, la Comisión señaló, y cito: ‘La intensificación de la represión transnacional del régimen, sumada a la migración forzada de personas nicaragüenses, ha generado serios desafíos en materia de seguridad para otros Estados de la región. A esta situación se suma el impacto del accionar del crimen organizado en Nicaragua y otros países de la región’. Fin de la cita”, acotó Florentín

Continuó: “Por último, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido advirtiendo sobre el desacato sistemático de sus decisiones por parte del Estado de Nicaragua, habiendo urgido al Consejo Permanente para la aplicación de garantías colectivas en respuesta al incumplimiento de sus fallos por parte del régimen. Esto es particularmente grave porque atenta contra la efectividad misma del sistema interamericano”.

“Como bien lo señaló el tribunal en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto a Nicaragua, la garantía colectiva se traduce en una obligación que tienen tanto los Estados partes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como los Estados miembros de la OEA entre sí, de proteger el efecto útil de la Convención Americana y evitar que la justicia interamericana se torne ilusoria”, dijo el embajador en la parte final.

“Me permito aquí agradecer la presencia en sala de la víctima de este emblemático asunto ante la CIDH o la Corte IDH, el señor Juan Sebastián Chamorro. Muchas gracias por estar acá”, indicó al mencionar al precandidato presidencial nicaragüense que pidió una reforma electoral y fue encarcelado por el gobierno de Daniel Ortega, cinco meses antes de los comicios de noviembre de 2021. Chamorro fue liberado en febrero de 2023, y expulsado a Estados Unidos tras serle revocada la nacionalidad.

“Señor presidente, por la gravedad de la situación que representa un abierto desafío a las democracias del hemisferio, me complace anunciar ante este Consejo el copatrocinio de la República del Paraguay al proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos, a los efectos de activar la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores prevista en la carta de la OEA para considerar la situación grave que estamos viviendo en Nicaragua”, concluyó el embajador de Paraguay.

Estados Unidos y países aliados propusieron ayer miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar posibles medidas contra Nicaragua, cuyo gobierno quiere excluir a la oposición de las elecciones. Esa reunión debería realizarse antes de septiembre, cuando el régimen nicaragüense prevé aprobar esa reforma constitucional, propuso Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.

Washington formuló esa demanda al inicio de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que agrupa a todos los embajadores de la organización regional. La moción fue bien recibida por una amplia mayoría, pero México y Brasil formularon reservas. La propuesta debía ser en principio votada este mismo miércoles, pero los representantes levantaron la sesión para seguir negociando.

“Estados Unidos, junto con Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay, está presionando a la OEA para ir más allá de declaraciones sobre Nicaragua. Es hora de una acción colectiva contra el asalto de la dictadura Murillo-Ortega a las libertades del pueblo nicaragüense y a la estabilidad de nuestro hemisferio. Las palabras solas no han funcionado. La acción está retrasada”, publicó el embajador Leandro Rizzuto, representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, en su cuenta oficial de X.

La resolución “sigue en la agenda del Consejo Permanente” pero “se necesitan más conversaciones” explicó una fuente de la OEA a la AFP bajo anonimato. Nicaragua, aislada diplomáticamente en la región, se retiró de la OEA en noviembre de 2023. El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, declaró recientemente que su país iba a acabar con las elecciones, ya que a su juicio la oposición está al servicio de Estados Unidos.

La reforma que irá a debate ante la Asamblea Nacional nicaragüense propone ampliar el periodo presidencial a siete años “prorrogables”. Los opositores, dijo Ortega la semana pasada, son “golpistas” y “traidores a la Patria”. Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, cogobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

“Se acabó el tiempo de las declaraciones sin acciones. Ahora es el momento de una respuesta formal, institucional y colectiva”, pidió Kozak en su discurso ante los países miembros. La propuesta de resolución “propone convocar una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores para determinar una respuesta colectiva apropiada”, indicó Kozak.

“El texto establece explícitamente que no autoriza el uso de la fuerza armada”, precisó. “Lo que pedimos a este consejo es que defina qué deben decidir los ministros”, añadió el alto funcionario diplomático estadounidense. “En nuestra opinión, los ministros deberían reunirse antes del 1 de septiembre”, añadió.

“Los ministros deberían examinar todo el abanico de opciones lícitas disponibles en los planos diplomático, institucional, económico y de seguridad colectiva”, propuso Kozak ante la OEA. La convocatoria de una reunión de cancilleres es una de las potestades de la OEA, y sería “un espacio propicio” de debate, indicó Uruguay en su moción de apoyo.

En términos similares se expresaron la mayoría de países aliados de Washington, que suponen una mayoría (en torno a 18) en la actual composición del Consejo Permanente. Pero México consideró por su parte que “debe ponderarse adecuadamente la convocatoria a una reunión de consulta” de los cancilleres, y que hay que buscar “canales de diálogo” con Managua, explicó el embajador ante la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez. “La organización debe desempeñar un papel constructivo, priorizando la apertura de canales de negociación”, añadió Brasil.

Fuente: AFP.