El grupo islamista palestino Hamás afirmó este sábado que sigue dispuesto a avanzar con el plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos y pidió ejercer presión sobre Israel, que por su parte insiste en que no aceptó la última parte del acuerdo.

Hamás informó al Consejo de Paz, encabezado por el presidente estadounidense Donald Trump, que se mantenía comprometido con la última fase del plan, en virtud de la cual los militantes entregarían las armas a un naciente comité de gobierno palestino en el territorio.

“Hamás y otras facciones han confirmado a los mediadores su disposición a comenzar a aplicar el acuerdo y pasar a la segunda fase, siempre que reciban la aprobación israelí y que Israel comience a implementar el acuerdo”, dijo a la AFP un responsable del grupo palestino.

De acuerdo con la misma fuente, que habló bajo condición de anonimato, “Hamás insta a la administración estadounidense a ejercer presión sobre Israel para obligarlo a cumplir el acuerdo y pasar a la segunda fase”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que enfrenta una dura batalla de reelección en octubre y una amplia oposición de su base de derecha al acuerdo sobre Gaza, dijo el martes que Israel no había aceptado el “borrador” presentado por el Consejo de Paz.

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La semana pasada, Trump celebró como un avance que Hamás haya aceptado el desarme en el marco del plan, y el Consejo de Paz indicó que Israel llevaría a cabo paralelamente una retirada gradual de gran parte de Gaza.

Netanyahu, en tanto, se reunió el lunes con el alto representante del Consejo de Paz para Gaza, Nickolay Mladenov, quien dio marcha atrás y afirmó que Israel se retiraría únicamente después de un desarme completo de Hamás.

El ejército israelí también prometió seguir atacando al grupo palestino, que el 7 de octubre de 2023 llevó a cabo el ataque más mortífero jamás perpetrado contra Israel. Las operaciones israelíes en Gaza, aunque continúan, parecen haber disminuido en intensidad en los últimos días.

Este sábado, el hospital Nasser, de Jan Yunis informó de tres personas heridas por disparos del ejército israelí.

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Las operaciones israelíes en Gaza han causado la muerte de 1.257 palestinos desde octubre del año pasado, cuando ambas partes acordaron un alto el fuego respaldado por Trump, según el ministerio de Salud del territorio, que opera bajo la autoridad de Hamás y cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

Durante el mismo período, el ejército israelí ha reportado cinco muertos en sus filas.

Fuente: AFP

El exabogado personal del presidente Donald Trump, Todd Blanche, fue confirmado este sábado como fiscal general de Estados Unidos después de que los senadores republicanos desestimaran las preocupaciones de los demócratas sobre una posible politización del Departamento de Justicia.

Blanche -quien ya se ha venido desempeñando como el principal responsable de la aplicación de la ley en Estados Unidos en calidad de fiscal general interino- representó a Trump como su abogado privado en varios juicios penales antes de entrar al gobierno.

El Senado, que los republicanos controlan por un estrecho margen, lo confirmó por 50 votos contra 49. Trump, que ha doblegado las normas políticas estadounidenses al intentar someter a su control directo agencias gubernamentales que se supone son independientes, considera a Blanche como una “estrella”.

Los demócratas se opusieron al nombramiento de Blanche desde el principio y acusaron a Trump de convertir el Departamento de Justicia en un arma política. “Se supone que el fiscal general es el abogado del pueblo”, dijo el martes el senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado.

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“El señor Blanche sigue actuando como el abogado personal del presidente, tratando al Departamento de Justicia como un bufete que presta servicios a un solo cliente: el presidente”, señaló.

Existían dudas sobre si la Casa Blanca lograría convencer a un pequeño grupo de republicanos reticentes, cuyo apoyo era indispensable para conseguir incluso una ajustada confirmación. Uno de los principales obstáculos para la confirmación de Blanche era su intento de crear un fondo de 1.800 millones de dólares para lo que Trump considera víctimas de persecución judicial.

Era probable que ese fondo incluyera a los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 en un intento de insurrección para impedir que se certificara la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. Otro tema polémico fue una propuesta extraordinaria que otorgaba inmunidad a Trump frente a auditorías fiscales.

Blanche logró finalmente desactivar la oposición dentro de su propio partido al emitir en el fin de semana una orden escrita que eliminaba el llamado fondo contra la “instrumentalización política” de la justicia. También aclaró que el acuerdo de inmunidad frente a auditorías fiscales para Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump solo se aplicaría de manera retroactiva a ejercicios fiscales anteriores y no a futuras declaraciones.

Blanche ejercía ya como fiscal general interino desde que Trump destituyó en abril a Pam Bondi, otra figura considerada cercana al presidente. Desde entonces, ha estado estrechamente vinculado a lo que los demócratas califican como una campaña de “represalias” de Trump contra sus adversarios.

Blanche también ha sido objeto de críticas por parte de víctimas de Jeffrey Epstein por la forma en que gestionó la publicación de los archivos de la investigación sobre el condenado y hoy fallecido agresor sexual, en otro tiempo estrecho amigo de Trump.

Antes de incorporarse al Departamento de Justicia, Blanche representó a Trump en su juicio en Nueva York por los presuntos pagos realizados para comprar el silencio de la actriz de cine porno Stormy Daniels.

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También integró su equipo de defensa en dos casos federales presentados contra Trump por el fiscal especial Jack Smith: uno por el presunto manejo indebido de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca y otro por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Ambos casos fueron desestimados después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de 2024.

Fuente: AFP

La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) celebró la imputación de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) y otros siete funcionarios de la previsional.

Durante una conferencia de prensa realizada, el vicepresidente de la UNJP, Lic. Elvio Brun Ayala, pidió que esta imputación de las autoridades llegue hasta el final, y las mismas sean condenadas y que devuelvan hasta el último guaraní que han robado.

“Como jubilados nos sentimos orgullosos, somos protagonistas principales, porque fuimos los primeros en hacer la denuncia. Hace cinco años venimos denunciando. No solo dinero se han robado del IPS, sino se robaron la tranquilidad de la familia por falta de medicamentos. Por eso pedimos que esta imputación llegue hasta el final y que los responsables devuelvan lo robado”, sostuvo.

Brun señaló estar conforme juntos con los demás jubilados por una parte, porque el actual presidente de la entidad previsional apoyó la denuncia del sector.

El Ministerio Público ordenó la imputación y pidió la prisión preventiva de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y Jorge Brítez, por supuesta lesión de confianza (daño patrimonial). Además imputó a otras siete personas. Brítez obtuvo libertad ambulatoria, mientras continúa el proceso. El ex presidente del IPS accedió a la fianza de G. 1.000 millones.

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Los otro cuatro funcionarios accedieron también a la libertad ambulatoria. Ellos son: la exasesora jurídica Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Coronel; el exgerente de Abastecimiento, Hugo Aranda; y el exdirector de Contrataciones, Juan Manuel Villar.

Según la Fiscalía, existen elementos de sospecha seria sobre el caso. Los otros funcionarios imputados son: Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado.

Los investigados habrían firmado adendas irregulares a un contrato para instalar quirófanos en el Hospital Central, generando un perjuicio de G. 61.000 millones.

El Ministerio Público también solicitó el embargo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de todos los procesados.

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¿Mil, 10.000 o 50.000? La cifra de desaparecidos por el doble terremoto que golpeó hace casi un mes y medio a Venezuela da lugar a cifras disímiles que las autoridades no se esfuerzan por esclarecer. La búsqueda de cadáveres continúa entre las ruinas de decenas de edificios que se derrumbaron como castillos de arena y dejaron al menos 6.125 muertos, según el último saldo oficial.

Salvo algún hallazgo milagroso, a más de 40 días de la tragedia se considera “desaparecidas” a las personas cuyos cuerpos no han sido hallados bajo los escombros. El último parte oficial publicado el lunes indica la cantidad de muertos, personas atendidas en hospitales, viviendas afectadas y hasta las toneladas de escombros retiradas. Pero desde el 24 de junio, día de los terremotos, no hay dato alguno sobre desaparecidos.

En Caraballeda, una localidad del estado costero de La Guaira que concentra la mayor cantidad de víctimas y daños, decenas de voluntarios y rescatistas abren túneles entre escombros de edificios derrumbados. Intentan acceder a los apartamentos donde se encuentran los cuerpos de sus seres queridos.

“Vamos a seguir (...) Hasta que no lo consiga, no me voy a quedar quieto”, dice Víctor Morales con lágrimas en las mejillas. Busca el cuerpo de su nieto de 11 años tras recuperar el de su nieta de 13 de entre los escombros.

“Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a seguir. Y estamos desde el día uno aquí, pensando por aquí, abriendo huecos hasta la planta baja, buscando, sacando” escombros, dice este carpintero de 50 años que descansa bajo una lona al pie del edificio, recalentado por el inclemente sol caribeño.

Al día siguiente de la catástrofe, Tom Fletcher, responsable de ayuda humanitaria de la ONU, estimó la cifra de desaparecidos en unos 50.000.

Fue un “error”, estimó una fuente diplomática que pidió el anonimato. “Es imposible saberlo exactamente, pero lo que se maneja es arriba de 10.000”, añadió.

Proyectar un número es casi una misión imposible con los datos demográficos oficiales porque el último censo poblacional de Venezuela data de 2011.

El gobierno, que afronta una crisis económica y política desde 2013, no ha podido o querido hacer un censo en los últimos 15 años.

Las autoridades son en general reticentes a publicar estadísticas demográficas o económicas. Lo hacen a cuentagotas, cuando parece convenirles, incluso en medio de la crisis por los devastadores sismos.

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo el 30 de junio que 30.000 personas se encontraban en las zonas afectadas por el sismo, y que entonces se contabilizaron 19.000 que se salvaron y 2.000 fallecidos.

Según este recuento, faltaban 9.000 personas. 9.000 más 2.000 resulta en 11.000 muertos. ¿Será este el balance final?

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, habló la semana pasada de casi 6.000 muertos y, según un registro de habitantes, al menos 1.338 desaparecidos. Otra autoridad con nuevas cifras y más contradicciones.

Ante la ausencia de información oficial, los venezolanos han creado sitios web para intentar encontrar a las víctimas.

Allí también hay contradicciones. Al menos tres iniciativas distintas estiman entre 17.000 y 41.000 desaparecidos.

Según la página “Venezuela Te Busca”, unas 44.274 personas fueron declaradas desaparecidas por sus familiares y 17.790 “quedan por localizar”.

El sitio “Desaparecidos Terremoto Venezuela” data de 44.418 reportados como desaparecidos y 29.518 que siguen “sin contacto”.

Mientras que el portal Venezuela Reporta registra unos 41.311 “desaparecidos”. La fuente diplomática aplaudió la “buena voluntad” de las iniciativas, pero desestimó la fiabilidad de estas cifras.

En “eventos tan desastrosos de semejante magnitud (...) pueda suceder que alguien no se recupere, no se lo encuentre o quede desaparecido”, advirtió Esteban Chala, un experimentado rescatista argentino con experiencia en otras catástrofes.

El temor de muchas familias es que sus allegados figuren para siempre como desaparecidos. Quieren recuperar sus restos para darles una sepultura digna.

Fernando Bencomo enciende un cigarrillo mientras personal forense, vestidos con trajes blancos de bioseguridad, extraen con cuidado el cuerpo irreconocible de su hijo, Fernando Antonio Bencomo, un estudiante de 21 años, y su perro. El cuerpo fue encontrado tras 40 días de búsqueda.

“Tenía toda la vida (por delante). Desde el primer día estoy aquí buscando, no quería parar antes que pudiera descansar en paz”, lamentó este policía de 50 años. “Sacamos entre 40 y 49 cuerpos. Voy a seguir ayudando. Hay otros cuerpos” por recuperar de entre los escombros, afirma. Su hijo es un desaparecido menos, pero un muerto más.

Fuente: AFP.