El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya no es cabecilla del Cartel de los Soles, de acuerdo a la nueva imputación de Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo eliminó en gran parte de las alusiones a esa agrupación criminal.
En el año 2020, una acusación de un gran jurado estadounidense señalaba a Maduro como el que “ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que se consolidaba en el poder en el país caribeño”. Estos argumentos fueron repetidos por el presidente Donald Trump, como una manera de justificación para la campaña antidrogas que lleva adelante en el Caribe.
La Casa Blanca también ha acusado a la cúpula del Cartel de los Soles de apoyar a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa como parte de una conspiración para enviar drogas al territorio norteamericano.
Sin embargo, horas después de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas por fuerzas de Washington, en la nueva imputación modificada por la Fiscalía se modera el lenguaje del texto anterior y se eliminan las alusiones al supuesto cartel como una organización real, aunque mantienen los señalamientos al venezolano por tráfico de drogas.
Es de recordar que Paraguay había declarado terrorista a la organización de narcotráfico Cartel de los Soles, reiterando incluso que estaba al frente el ex presidente venezolano cuando se pronunció sobre su captura.
Maduro se declaró el lunes no culpable en su primera comparecencia ante la justicia en Nueva York y denunció haber sido secuestrado en su casa en Caracas por fuerzas estadounidenses.
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EE. UU. ratifica alianza y expresa respaldo al flamante presidente
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay destacó la importancia de la relación bilateral y expresó su disposición a trabajar con el nuevo gobierno del presidente Pedro Alliana, tras la salida de Santiago Peña del Poder Ejecutivo, en medio de la crisis de ueno bank.
“Paraguay es un socio regional estratégico, amigo y aliado de los Estados Unidos. Esperamos trabajar con el gobierno del presidente Alliana para avanzar los intereses de ambas naciones y pueblos”, señala el pronunciamiento oficial difundido por la representación diplomática estadounidense.
El mensaje constituye una señal de continuidad en los vínculos entre ambos países, pese al cambio abrupto en la conducción del Ejecutivo. Con la llegada de Alliana al Ejecutivo, EE. UU. deja en claro su intención de mantener y profundizar la cooperación con Paraguay, dando continuidad al ciclo iniciado bajo la actual administración que va hasta 2028 y que se solidificó con la asunción de Donald Trump en enero de 2024.
COMPLETARÁ MANDATO
Alliana juró el viernes pasado ante el Congreso tras la destitución –por vía del juicio político– de Peña, quien estuvo al frente del gobierno desde agosto de 2023. El nuevo mandatario completará el mandato, que vence en agosto de 2028.
La crisis estalló cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició el proceso de resolución de ueno bank, a raíz de una caída en su índice de solvencia. Con esa medida quedaron bloqueados los depósitos de casi 3 millones de clientes.
Entre los afectados figuran instituciones del Estado, como el Ministerio de Economía, que había colocado G. 250.000 millones de la Caja Fiscal en la entidad. La Fiscalía ya imputó a 27 directivos y vinculados del banco por presuntas maniobras con créditos a empresas del mismo grupo.
Israel reafirma sus nexos con Paraguay
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, expresó sus felicitaciones a Pedro Alliana por su asunción a la Presidencia y manifestó la voluntad de su país de mantener y profundizar la relación bilateral, en medio del nuevo escenario político que atraviesa el país.
A través de un mensaje publicado ayer, Sa’ar transmitió el saludo oficial del Estado israelí y deseó al nuevo mandatario “el mayor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones”.
Asimismo, reafirmó el compromiso de Israel de “seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad, cooperación y asociación” entre ambas naciones. El pronunciamiento no incluyó referencias directas a la crisis que derivó en la salida de Santiago Peña, sino que puso el acento en la continuidad de la relación diplomática
LA REGIÓN SALUDA AL GOBERNANTE
Los gobiernos de México, Chile, Perú y Guatemala enviaron sus felicitaciones a Pedro Alliana tras su asunción como presidente y ratificaron su voluntad de fortalecer la cooperación bilateral. El Gobierno de México saludó “en su nueva gestión como presidente de Paraguay” y le deseó “éxitos que redunden en beneficios al pueblo paraguayo”.
Desde Chile, el mensaje de José Antonio Kast destacó que ambos países “comparten valores y desafíos comunes, como la seguridad, el combate al crimen organizado y el crecimiento económico”, señaló. Desde Perú, Keiko Fujimori deseó éxito a Alliana, “quien asume la conducción de la hermana República del Paraguay tras el proceso de sucesión constitucional”, y reafirmó el “firme compromiso con la democracia y la institucionalidad en la región”.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
LOS HECHOS ATRIBUIDOS Y EL ROL DE LOS IMPUTADOS
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
VOLUMEN DE FONDOS Y SEVERIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá guardando reclusión en el REP
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
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Expresidente del BCP imputado por tres hechos punibles en el caso ueno bank
El Ministerio Público imputó este sábado al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.
El órgano extrapoder investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de ueno bank, así como su anterior vinculación con la financiera ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.
Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, de acuerdo a la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.
Como parte de las diligencias, los agentes fiscales incorporaron informes técnicos, actas de directorio, expedientes administrativos, declaraciones testificales y documentación financiera relacionada con los hechos investigados.
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La Fiscalía también requirió la prisión preventiva para Carvallo, quien se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel. A la vez ordenó la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
Según la hipótesis fiscal, entre el 2023 y 2026 la entidad bancaria habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades.
De acuerdo con el informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al mes de setiembre de 2026 los fondos correspondientes a organismos y entidades del Estado depositados en ueno bank habrían alcanzado aproximadamente G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
La Fiscalía requiere la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, al ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Además, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, en el marco de la causa judicial ueno bank.
También solicita la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
La imputación contra Peña quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
El proceso de investigación apunta a establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco, cuyos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Se busca a la vez determinar si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares. El otro eje de la investigación se centra en los créditos que la entidad bancaria habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de entes públicos y previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
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El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
La imputación también menciona que al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de ueno bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a ueno bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
“De esta manera, pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de ueno bank S.A., Santiago Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de dicha entidad, sin que se haya tomado medidas precautorias con relación a los fondos públicos allí colocados”, expresa.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por parlamentarios de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
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