Santiago Peña realizó una visita oficial a EE. UU. para participar de la Asamblea de la ONU y liderar una agenda de atracción de inversionistas y seguridad.

El presidente de la República, Santiago Peña, valoró el for­talecimiento de las relacio­nes entre Paraguay y Esta­dos Unidos, tras una reunión bilateral con su homólogo norteamericano Donald Trump, durante su reciente visita a Nueva York para par­ticipar de la Asamblea Gene­ral de las Naciones Unidas.

“En la Asamblea General de las Naciones Unidas fortale­cimos la relación estratégica con los Estados Unidos. El objetivo es uno: más oportu­nidades para nuestros com­patriotas”, destacó el jefe de Estado en un posteo a través de su cuenta oficial en “X”.

El mes pasado el presidente Peña realizó una visita ofi­cial a Estados Unidos para participar de la Asamblea de la ONU y liderar una agenda de atracción de inversionis­tas y seguridad.

Su agenda incluyó su pre­sencia en un foro en Nueva York junto a Bank of Ame­rica y J.P. Morgan, donde una comitiva de empresarios presentó más de 30 proyec­tos en infraestructura, ener­gía y el sector forestal.

Así también, el mandatario expuso las ventajas competi­tivas del país ante el Centro Adam Smith para la Liber­tad Económica de la FIU y el Consejo Empresarial CEAPI.

En otro ámbito, el gober­nante paraguayo se reunió con el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de los Esta­dos Unidos, para afianzar la cooperación contra el nar­coterrorismo y participó en una cumbre regional sobre crimen organizado.

En cuanto a reuniones diplo­máticas resaltó el contacto que mantuvo con el presi­dente Donald Trump, con quien conversó sobre la democracia regional y la situación de Venezuela, ade­más de coordinar priorida­des bilaterales con autorida­des de dicho país.

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, en entrevista con Nación Media, destacó durante una serie de reuniones en Estados Unidos las oportunidades que presenta Paraguay para atraer capital privado hacia proyectos de infraestructura, energía y logística. Según Sarubbi, existe un “enorme interés por parte de estos inversionistas en poder invertir en Paraguay”.

El empresario señaló que el país cuenta con un potencial importante de crecimiento y que la inversión en infraestructura será clave para acompañar ese proceso. En este contexto, planteó la necesidad de combinar inversión pública y privada para reducir la brecha existente y aprovechar herramientas como la Ley de Concesiones, las alianzas público-privadas y otros mecanismos de financiamiento. “Tenemos una riqueza enorme en infraestructura y ese déficit hay que seguir achicando”, sostuvo Sarubbi.

Entre los proyectos que ya presentan oportunidades para el sector privado mencionó la Ruta 1 y la Ruta 10, además de otros corredores viales que podrían incorporarse progresivamente. También señaló el potencial de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del aeropuerto, junto con las rutas 6 y 3. Para Sarubbi, la concreción de proyectos exitosos puede contribuir a generar confianza entre los inversores internacionales y abrir nuevas oportunidades de financiamiento para el país.

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El titular de Cavialpa estimó que Paraguay enfrenta actualmente una brecha de infraestructura de unos USD 30.000 millones, mientras que las necesidades de inversión para los próximos 20 años, incluyendo nuevas obras y mantenimiento, alcanzarían unos USD 70.000 millones. El monto abarca no solo carreteras y puentes, sino también aeropuertos, hospitales, centros educativos, energía, agua y saneamiento. “Al ritmo que estamos invirtiendo, no llegamos nunca a ese tipo de inversiones”, advirtió.

Ante este escenario, Sarubbi consideró fundamental mejorar la capacidad de las instituciones encargadas de llevar adelante los proyectos y agilizar los procesos para generar un entorno más previsible para el capital privado. A su criterio, las leyes existentes ofrecen herramientas suficientes, pero el desafío está en lograr que los procesos sean más dinámicos y eficientes. “Lo importante es gobernar y trabajar bien en esta asociación público-privada”, afirmó, al señalar que los casos de éxito pueden convertirse en una referencia para atraer nuevos inversores.

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Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.

Un grupo de suboficiales de la Guardia Nacional de Massachusetts y sus homólogos de las Fuerzas Armadas de Paraguay se reunieron del 15 al 18 de setiembre para participar en una actividad de desarrollo profesional.

El encuentro permitió fortalecer las habilidades de liderazgo esenciales para dirigir unidades, apoyar a los mandos y velar por el bienestar de las tropas. En representación de Paraguay asistieron sesenta miembros de las Fuerzas Armadas.

La actividad puso de relieve la alianza establecida en 2001 entre la Guardia Nacional de Massachusetts y Paraguay en el marco del Programa de Asociación Estatal de la Oficina de la Guardia Nacional.

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Suboficiales superiores de la Guardia Nacional de Massachusetts impartieron presentaciones. Se debatieron temas tales como motivación, gestión del estrés, gestión del cambio y el papel fundamental de los suboficiales en el ámbito militar. A lo largo de la actividad, los participantes y los ponentes compartieron experiencias, analizaron desafíos e intercambiaron mejores prácticas para el liderazgo de tropas.

“Para mí, la lección más importante y significativa sobre el liderazgo fue la de la confianza”, afirmó Miguel Sánchez, suboficial del Ejército de Paraguay.

“La confianza va más allá de la camaradería; se construye para cumplir la misión con eficacia. Esta lección me llegó muy hondo, ya que percibo el verdadero valor personal que aporto en mi función”, añadió.

Al combinar las presentaciones con debates abiertos realizados íntegramente en español, el evento brindó a los suboficiales de ambos países la oportunidad de fortalecer sus relaciones profesionales.

El sargento mayor Brian Vargas, de la Fuerza Aérea de los EE. UU. y suboficial especialista en operaciones de sistemas cibernéticos asignado al Ala de Inteligencia 102.ª, señaló que todos los asistentes participaron voluntariamente y aportaron historias y perspectivas muy valiosas.

“Contábamos con diversas especialidades, desde fuerzas especiales e ingenieros de combate hasta jefes de tripulación de aeronaves y mecánicos de motores. Los distintos puntos de vista hicieron que las discusiones fueran enriquecedoras y significativas”, destacó.

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