La acusación del tribunal para el distrito del este de Virginia expone que el narco nacido en Uruguay operó y tuvo su momento de mayor expansión durante el gobierno anterior.

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La acusación formu­lada por la Fiscalía de Estados Unidos ratifica que el narcotrafi­cante uruguayo Sebastián Marset extendió sus ope­raciones en Paraguay en el periodo de tiempo que coincidía con el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2019). El documento presentado por autorida­des norteamericanas ante el Tribunal de Distrito del Distrito Este de Virginia señala que Sebastián Mar­set habría iniciado su acti­vidad ilícita en Paraguay y la región por lo menos desde noviembre del 2019, extendiéndose hasta parte de 2021, inclusive.

La franja de tiempo men­cionada en la acusación fis­cal coincide con el periodo en que Mario Abdo Bení­tez ocupó la Presidencia de la República (2018-2023). A su vez, coincido con el período en que Arnaldo Giuzzio se desempeñaba como titular de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad), institución en la que se desempeñó como ministro desde agosto de 2018 hasta enero de 2021. Tras su salida de dicho organismo, el exfiscal de Delitos Económicos fue nombrado como ministro del Interior.

Una de las personas que formaban parte del cír­culo cercano de Sebastián Marset para el tráfico de drogas era Marcus Vini­cius Espíndola, quien, de hecho, también posee vín­culos muy cercanos con Arnaldo Giuzzio, a quien entregó una camioneta en forma de préstamo para unas vacaciones en Bra­sil y con quien tuvo con­tactos para tratar de acce­der a licitaciones estatales, durante su gestión al frente del Ministerio del Interior.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Para­guay se consolidó como un centro logístico clave para el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, con cifras récord en lo rela­cionado con incautaciones de estupefacientes.

Se estima que en un periodo de solo 16 meses entre 2020 y 2022, se enviaron más de 42 toneladas de droga a territo­rio europeo desde nuestro país. Tan solo en 2021 fueron enviados aproximadamente 32.000 kilos de cocaína con destino a puertos del Viejo Continente.

Una de las decisiones que habrían propiciado este paso indiscriminado de droga fue la que adoptó el exministro de la Senad Arnaldo Giuzzio, quien en 2020 firmó una reso­lución que desmanteló la Dirección de Investi­gación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT). Esta unidad era la encargada de realizar fiscalizacio­nes directas en los puer­tos privados, desde donde partían los contenedores hacia Europa.

Dicha medida implicó el retiro de agentes especia­les de las terminales por­tuarias privadas, lo que dejó los puertos de nues­tro país sin una vigilancia estatal durante el periodo de mayor auge de expor­tación de droga.

La audiencia que estaba prevista para ayer 25 de marzo fue postergada para el 1 de abril, ante el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, ya que el juez accedió al pedido de la defensa del uruguayo Sebastián Marset. La solicitud se rea­lizó bajo el argumentando que requiere de más tiempo para preparar la estrategia legal de defensa y mantener comuni­cación con el defendido. De acuerdo con informes periodís­ticos internacionales, Marset también incluyó a su equipo de defensa a un exfiscal de Estados Unidos, abogado, especialista en casos de crimen organizado.

Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Vir­ginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y lle­vado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo. Marset está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organiza­ción, que supuestamente traficaba cocaína en Bolivia, Para­guay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal. Esta es la tercera audiencia que enfrentará el uruguayo, la segunda se desarrolló el pasado 20 de marzo en la cual el equipo de defensa también pidió una prórroga para cumplir con los requi­sitos legales para ejercer su defensa, por lo que fue reprogra­mada para este 25.

Un gesto que trasciende lo institucional y confirma el buen momento que atraviesa el mercado de capitales paraguayo.

Ayer, una delegación de la Bolsa de Valores de Asun­ción (BVA) llegó a Nueva York para visitar la sede de Nasdaq, en un gesto que tras­ciende lo institucional y con­firma el buen momento que atraviesa el mercado de capi­tales paraguayo.

La visita, que incluyó la tradicional fotografía institucional, se da en el marco de la reciente implementación de la nueva plataforma de negociación desarrollada por Nasdaq, que comenzó a operar ofi­cialmente en enero de 2026. Este avance marca un hito en el proceso de modernización de la bolsa local, alineándola con estándares internacio­nales en eficiencia, seguridad y escalabilidad.

Pero el dato más relevante no es solo la adopción tecnoló­gica, sino su impacto inme­diato, ya que desde su puesta en marcha, la plataforma ha tenido una excelente acep­tación por parte de los parti­cipantes del mercado, mejo­rando la experiencia de negociación y acompañando un crecimiento sostenido en los volúmenes operados. Este nivel de respuesta refleja una mayor confianza en el sis­tema y un dinamismo cre­ciente en el mercado bursá­til paraguayo, en un contexto donde la calidad de la infraes­tructura tecnológica se vuelve determinante para atraer inversiones.

La alianza con Nasdaq, uno de los principales proveedores de tecnología para mercados financieros a nivel global, per­mite a Paraguay operar bajo las mejores prácticas interna­cionales, un paso clave para su integración en los circui­tos globales de capital. En ese sentido, la presencia de representantes paraguayos en Nueva York no solo simbo­liza la consolidación de esta relación estratégica, sino que también funciona como una señal hacia el exterior: el país está avanzando en la direc­ción correcta. Además de for­talecer la operativa actual, esta nueva plataforma abre oportunidades concretas para el desarrollo de produc­tos financieros más sofistica­dos, la ampliación de la base de inversores y una mayor conexión con mercados inter­nacionales.

El proceso forma parte de una visión más amplia de la BVA, orientada a posicionar al mercado de capitales como un pilar del crecimiento eco­nómico del país, con foco en la innovación, la transparencia y la sostenibilidad. Así, mien­tras Paraguay da un paso firme en su modernización bursátil, la escena de hoy en la sede de Nasdaq resume el momento: una alianza con­solidada, tecnología de clase mundial en funcionamiento y un mercado que responde con confianza.

Un jurado de Los Ángeles declaró el miércoles a Meta y YouTube responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales, y ordenó a las empresas pagar 3 millones de dólares en daños.

La decisión abre la puerta a posibles indemnizaciones mucho mayores.

El jurado respondió afirmativamente a las siete preguntas que se le plantearon sobre ambas compañías, y concluyó que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño y funcionamiento de sus plataformas y que esa negligencia fue un factor central en el daño causado a la demandante.

Los jurados también determinaron que ambas empresas sabían o deberían haber sabido que sus servicios representaban un peligro para los menores, que no advirtieron adecuadamente a los usuarios de ese peligro y que un operador razonable de una plataforma sí lo habría hecho.

“La hora de rendir cuentas ha llegado”, dijeron los abogados de la demandante en un comunicado.

Un portavoz de Meta señaló que la empresa “respetuosamente discrepa” con el veredicto.

El panel atribuyó a Meta el 70 % de la responsabilidad por el daño sufrido por la demandante -una parte de 2,1 millones de dólares de la indemnización compensatoria- y a YouTube el 30 % restante, es decir, 900.000 dólares.

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“Tres millones de dólares es un tirón de orejas para empresas como Meta y YouTube, que son dos de los mayores vendedores de publicidad del mundo”, dijo Jasmine Engberg, de Scalable, que hace un seguimiento de la industria de las redes sociales.

“Pero si estas empresas se ven obligadas a rediseñar sus productos, eso supone una amenaza existencial para sus modelos de negocio”, enfatizó.

El jurado determinó que ambas compañías actuaron con malicia, conducta abusiva o fraude, una conclusión que abona el terreno para una fase separada de daños punitivos.

La demandante, identificada en los documentos judiciales por sus iniciales K.G.M. y presentada solo como Kaley en el juicio, es la figura central de un caso modelo que podría determinar si las empresas de redes sociales pueden ser consideradas legalmente responsables de perjudicar la salud mental de los menores.

Kaley comenzó a usar YouTube a los seis años, descargando la aplicación en su iPod Touch para ver videos sobre brillo labial y un juego infantil en línea.

Se unió a Instagram a los nueve, burlando un bloqueo que su madre había implementado para mantenerla fuera de la plataforma.

Declaró ante el jurado que su uso casi constante de las redes sociales “realmente afectó (su) autoestima”, y afirmó que las aplicaciones la llevaron a abandonar aficiones, tener dificultades para hacer amigos y compararse constantemente con los demás.

En los alegatos finales, el abogado de la demandante, Mark Lanier, presentó el caso como una historia de codicia corporativa.

Sostuvo que funciones como el desplazamiento infinito (scrolling), la reproducción automática de videos, las notificaciones y los contadores de “me gusta” fueron diseñados para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes.

Meta y YouTube sostuvieron en todo momento que los problemas de salud mental de Kaley no tenían nada que ver con sus plataformas.

El abogado de Meta, Paul Schmidt, destacó la conflictiva relación de Kaley con su madre y puso a los jurados una grabación en la que aparentemente se escucha a la madre gritarle e insultarla.

YouTube cuestionó cuánto tiempo pasaba realmente Kaley en su plataforma; su abogado dijo al tribunal que los registros de uso mostraban que ella promediaba poco más de un minuto al día en las mismas funciones que sus abogados calificaron de adictivas.

El jurado rechazó los argumentos de la defensa en las siete preguntas de cada formulario de veredicto que les fue entregado.

Un jurado diferente de Nuevo México determinó el martes que Meta era responsable de poner en peligro a los niños al hacerlos vulnerables a depredadores en sus plataformas, y a otros riesgos.

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La fiscalía había solicitado la indemnización máxima de 2.200 millones de dólares, pero el jurado otorgó una cantidad menor, de 375 millones de dólares.

Fuente: AFP

Estados Unidos atacó y destruyó una presunta narcolancha en el Caribe y mató a cuatro personas a bordo, informó este miércoles el Comando Sur, a cargo de la zona.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío transitaba en una ruta conocida del narcotráfico en el Caribe y que estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, aseguró el mensaje en X del Comando Sur.

“Cuatro narcoterroristas murieron en esta acción”, añadió el mensaje, acompañado de un video en blanco y negro que muestra una lancha en alta mar, antes de ser destruida.

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El gobierno de Donald Trump designó el año pasado como organizaciones terroristas a varios cárteles narcotraficantes, lo que a su juicio le permite atacarlos aunque no representen un peligro inmediato para las fuerzas desplegadas en el Caribe y el Pacífico.

Organizaciones de defensa de derechos civiles, así como instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han criticado ese tipo de ataques, que consideran ilegales según el derecho internacional.

Los ataques contra las lanchas se iniciaron en setiembre, y desde entonces han muerto más de 160 personas en el Carine y en el océano Pacífico.

• Fuente: AFP

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