La acusación del tribunal para el distrito del este de Virginia expone que el narco nacido en Uruguay operó y tuvo su momento de mayor expansión durante el gobierno anterior.

• HOY.COM.PY

La acusación formu­lada por la Fiscalía de Estados Unidos ratifica que el narcotrafi­cante uruguayo Sebastián Marset extendió sus ope­raciones en Paraguay en el periodo de tiempo que coincidía con el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2019). El documento presentado por autorida­des norteamericanas ante el Tribunal de Distrito del Distrito Este de Virginia señala que Sebastián Mar­set habría iniciado su acti­vidad ilícita en Paraguay y la región por lo menos desde noviembre del 2019, extendiéndose hasta parte de 2021, inclusive.

La franja de tiempo men­cionada en la acusación fis­cal coincide con el periodo en que Mario Abdo Bení­tez ocupó la Presidencia de la República (2018-2023). A su vez, coincido con el período en que Arnaldo Giuzzio se desempeñaba como titular de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad), institución en la que se desempeñó como ministro desde agosto de 2018 hasta enero de 2021. Tras su salida de dicho organismo, el exfiscal de Delitos Económicos fue nombrado como ministro del Interior.

Una de las personas que formaban parte del cír­culo cercano de Sebastián Marset para el tráfico de drogas era Marcus Vini­cius Espíndola, quien, de hecho, también posee vín­culos muy cercanos con Arnaldo Giuzzio, a quien entregó una camioneta en forma de préstamo para unas vacaciones en Bra­sil y con quien tuvo con­tactos para tratar de acce­der a licitaciones estatales, durante su gestión al frente del Ministerio del Interior.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Para­guay se consolidó como un centro logístico clave para el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, con cifras récord en lo rela­cionado con incautaciones de estupefacientes.

Se estima que en un periodo de solo 16 meses entre 2020 y 2022, se enviaron más de 42 toneladas de droga a territo­rio europeo desde nuestro país. Tan solo en 2021 fueron enviados aproximadamente 32.000 kilos de cocaína con destino a puertos del Viejo Continente.

Una de las decisiones que habrían propiciado este paso indiscriminado de droga fue la que adoptó el exministro de la Senad Arnaldo Giuzzio, quien en 2020 firmó una reso­lución que desmanteló la Dirección de Investi­gación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT). Esta unidad era la encargada de realizar fiscalizacio­nes directas en los puer­tos privados, desde donde partían los contenedores hacia Europa.

Dicha medida implicó el retiro de agentes especia­les de las terminales por­tuarias privadas, lo que dejó los puertos de nues­tro país sin una vigilancia estatal durante el periodo de mayor auge de expor­tación de droga.

La audiencia que estaba prevista para ayer 25 de marzo fue postergada para el 1 de abril, ante el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, ya que el juez accedió al pedido de la defensa del uruguayo Sebastián Marset. La solicitud se rea­lizó bajo el argumentando que requiere de más tiempo para preparar la estrategia legal de defensa y mantener comuni­cación con el defendido. De acuerdo con informes periodís­ticos internacionales, Marset también incluyó a su equipo de defensa a un exfiscal de Estados Unidos, abogado, especialista en casos de crimen organizado.

Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Vir­ginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y lle­vado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo. Marset está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organiza­ción, que supuestamente traficaba cocaína en Bolivia, Para­guay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal. Esta es la tercera audiencia que enfrentará el uruguayo, la segunda se desarrolló el pasado 20 de marzo en la cual el equipo de defensa también pidió una prórroga para cumplir con los requi­sitos legales para ejercer su defensa, por lo que fue reprogra­mada para este 25.

El ministro de Exteriores iraní dijo que el hecho de hablar de negociaciones es una admisión de derrota de parte de Estados Unidos, no de Irán.

• AFP.

Irán “no tiene la inten­ción de negociar” sino de “seguir resistiendo”, afirmó ayer miércoles por la noche el ministro de Rela­ciones Exteriores, Abás Araqchi, sobre las conversa­ciones mencionadas por el presidente estadounidense, Donald Trump en los últimos dos días, pero desmentidas por Teherán.

Que Estados Unidos “hable de negociaciones ahora es un reconocimiento de derrota” por parte de Washington, estimó también el jefe de la diplomacia iraní en declara­ciones a la televisión estatal.

La República Islámica quiere “poner fin a la guerra con sus propias condiciones”, “de tal manera que no vuelva a repetirse nunca más”, aña­dió Araqchi.

El estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica, está “cerrado únicamente a los enemigos”, afirmó ayer por la noche el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi. El paso, “desde nuestro punto de vista, no está completamente cerrado, está cerrado únicamente a los enemigos”, afirmó en la tele­visión estatal. El canciller añadió que no hay “ninguna razón para dejar pasar los bar­cos” de los “enemigos y de sus aliados”. El ejército iraní ya ha “asegurado un paso seguro” a los barcos de los países ami­gos, subrayó.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, “desatará el infierno” contra Irán si no acepta un acuerdo para terminar la gue­rra, advirtió la Casa Blanca ayer miércoles, aunque ase­guró que las conversaciones continúan pese al rechazo de los iraníes al plan propuesto por Washington.

Una retórica agresiva que echó por tierra cualquier esperanza de una desesca­lada inminente en el con­flicto, desencadenado por los ataques de Estados Uni­dos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

“Si Irán no acepta la reali­dad del momento actual, si no entiende que ha sido derro­tado militarmente (...), el presidente Trump se asegu­rará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“El presidente Trump no fanfarronea y está prepa­rado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo”, señaló, y añadió que “las conversaciones con­tinúan”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la guerra está “fuera de control”, mien­tras llegaban reportes de bombardeos en Irán, Israel, Líbano, Baréin, Kuwait, Jor­dania y Arabia Saudita.

Un jurado de Los Ángeles declaró el miércoles a Meta y YouTube responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales, y ordenó a las empresas pagar 3 millones de dólares en daños.

La decisión abre la puerta a posibles indemnizaciones mucho mayores.

El jurado respondió afirmativamente a las siete preguntas que se le plantearon sobre ambas compañías, y concluyó que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño y funcionamiento de sus plataformas y que esa negligencia fue un factor central en el daño causado a la demandante.

Los jurados también determinaron que ambas empresas sabían o deberían haber sabido que sus servicios representaban un peligro para los menores, que no advirtieron adecuadamente a los usuarios de ese peligro y que un operador razonable de una plataforma sí lo habría hecho.

“La hora de rendir cuentas ha llegado”, dijeron los abogados de la demandante en un comunicado.

Un portavoz de Meta señaló que la empresa “respetuosamente discrepa” con el veredicto.

El panel atribuyó a Meta el 70 % de la responsabilidad por el daño sufrido por la demandante -una parte de 2,1 millones de dólares de la indemnización compensatoria- y a YouTube el 30 % restante, es decir, 900.000 dólares.

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“Tres millones de dólares es un tirón de orejas para empresas como Meta y YouTube, que son dos de los mayores vendedores de publicidad del mundo”, dijo Jasmine Engberg, de Scalable, que hace un seguimiento de la industria de las redes sociales.

“Pero si estas empresas se ven obligadas a rediseñar sus productos, eso supone una amenaza existencial para sus modelos de negocio”, enfatizó.

El jurado determinó que ambas compañías actuaron con malicia, conducta abusiva o fraude, una conclusión que abona el terreno para una fase separada de daños punitivos.

La demandante, identificada en los documentos judiciales por sus iniciales K.G.M. y presentada solo como Kaley en el juicio, es la figura central de un caso modelo que podría determinar si las empresas de redes sociales pueden ser consideradas legalmente responsables de perjudicar la salud mental de los menores.

Kaley comenzó a usar YouTube a los seis años, descargando la aplicación en su iPod Touch para ver videos sobre brillo labial y un juego infantil en línea.

Se unió a Instagram a los nueve, burlando un bloqueo que su madre había implementado para mantenerla fuera de la plataforma.

Declaró ante el jurado que su uso casi constante de las redes sociales “realmente afectó (su) autoestima”, y afirmó que las aplicaciones la llevaron a abandonar aficiones, tener dificultades para hacer amigos y compararse constantemente con los demás.

En los alegatos finales, el abogado de la demandante, Mark Lanier, presentó el caso como una historia de codicia corporativa.

Sostuvo que funciones como el desplazamiento infinito (scrolling), la reproducción automática de videos, las notificaciones y los contadores de “me gusta” fueron diseñados para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes.

Meta y YouTube sostuvieron en todo momento que los problemas de salud mental de Kaley no tenían nada que ver con sus plataformas.

El abogado de Meta, Paul Schmidt, destacó la conflictiva relación de Kaley con su madre y puso a los jurados una grabación en la que aparentemente se escucha a la madre gritarle e insultarla.

YouTube cuestionó cuánto tiempo pasaba realmente Kaley en su plataforma; su abogado dijo al tribunal que los registros de uso mostraban que ella promediaba poco más de un minuto al día en las mismas funciones que sus abogados calificaron de adictivas.

El jurado rechazó los argumentos de la defensa en las siete preguntas de cada formulario de veredicto que les fue entregado.

Un jurado diferente de Nuevo México determinó el martes que Meta era responsable de poner en peligro a los niños al hacerlos vulnerables a depredadores en sus plataformas, y a otros riesgos.

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La fiscalía había solicitado la indemnización máxima de 2.200 millones de dólares, pero el jurado otorgó una cantidad menor, de 375 millones de dólares.

Fuente: AFP

Mientras continúa el intercambio de lanzamientos misiles entre EE. UU. e Israel contra Irán, desde el país persa el canciller Abbas Araghchi explicó que no hay razón para permitir que los enemigos de Irán pasen por el estrecho de Ormuz.

Pese a que navíos de todo el mundo -incluidos los de América, Europa y Asia- pretenden utilizar esa vía marítima vital, esa posibilidad fue terminantemente vedada por el régimen iraní.

Sin embargo exiten cinco excepciones que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, divulgó sobre los buques de qué países amistosos pueden pasar libremente por el estrecho de Ormuz.

“A algunos países que consideramos amigos, les hemos permitido el paso por el estrecho de Ormuz; hemos permitido el paso a China, Rusia, India, Irak y Pakistán“, dijo el canciller, citado por medios locales, refiere el medio RT. Y agrega que, según explicó, ”no hay razón para permitir que sus enemigos pasen por el estrecho de Ormuz".

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Pese a que no existe una lista de países cuyo paso por Ormuz se halla restringido por Irán, según declaraciones oficiales el acceso está restringido para Estados Unidos, Israel y para cualquier país que apoye militarmente o participe en ataques contra Irán.

La agencia AFP también se hizo eco de la información divugada este miércoles en la que la televisión estatal aformó que “el paso, desde nuestro punto de vista, no está completamente cerrado, está cerrado únicamente a los enemigos”.

El canciller añadió que no hay “ninguna razón para dejar pasar los barcos” de los “enemigos y de sus aliados”. El ejército iraní ya ha “asegurado un paso seguro” a los barcos de los países amigos, subrayó.

Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

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