Diputados consideran que el uso de pago de dietas a concejales como herramienta de presión por parte de intendentes “es muy frecuente”, por lo que buscan sancionar a los jefes comunales que realicen esta práctica. Un grupo de diputados presentó el proyecto de ley para la modificación del artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal.

“En varios gobiernos locales se ha detectado que algunos intendentes pagan puntualmente a los concejales afines a su gestión, mientras retrasan o, directamente, suspenden el pago a ediles de la oposición o críticos del Ejecutivo municipal”, refiere la exposición de motivos de la iniciativa legislativa.

En este sentido, los proyectistas señalan que este tipo de discriminación se considera como una práctica “sistemática y perniciosa que atenta contra la democracia participativa y vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley”.

Podés leer: No se pueden desconocer los logros del Gobierno, señala Gamarra

El documento afirma que “la dieta de un concejal no constituye una dádiva, sino la contraprestación legítima por el ejercicio de un cargo de representación popular, y que privar a un edil de esos ingresos de forma arbitraria limita su capacidad de fiscalizar la gestión municipal y compromete su sustento personal”.

Con la modificación del artículo mencionado, se prevé la creación de un procedimiento sumario para sancionar a los municipios que incurran en esta práctica de discriminación. Se establece además que, “si un concejal no recibe su dieta de manera puntual e igualitaria, podrá denunciar la situación ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”.

Una vez verificada la irregularidad, “esa cartera de Estado procederá a retener las transferencias en concepto de royalties provenientes de las entidades binacionales que le corresponden al municipio, hasta que la situación se regularice”.

Igualmente, la modificación planteada permite a los concejales afectados informar sobre el trámite realizado a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, que quedará a cargo del seguimiento correspondiente.

Leé también: Peña extiende sus condolencias a presidente de Ecuador

Un proyecto de ley que busca regular la profesión del agente comunitario de Salud y establecer su régimen jurídico, funcional y laboral, se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados.

Según fundamentan los proyectistas, la iniciativa tiene por objetivo reconocer legalmente la profesión, crear una carrera específica y establecer derechos, obligaciones y un régimen laboral para estos profesionales que cumplen funciones desde 2008 en todo el país.

Es así que se plantea la creación de la Carrera del Agente Comunitario de Salud, el régimen jurídico, funcional y laboral que contemple sus derechos, obligaciones, formación profesional y posibilidades de desarrollo dentro del sistema público de salud.

Te puede interesar: Diputado presentó proyecto de reforma en la gobernanza del IPS

Se estima que existen 1.675 agentes comunitarios de Salud que prestan servicios en las distintas regiones sanitarias del país.

Más del 90 % de los agentes cuenta con más de cinco años de antigüedad, mientras que más del 70 % posee formación universitaria, principalmente en enfermería y otras disciplinas relacionadas con el área de salud, indica la normativa.

El proyecto propone que el desarrollo dentro del escalafón se base en criterios objetivos como antigüedad, formación académica, capacitación y evaluación del desempeño

Son proyectistas los diputados colorados José Rodríguez, Liz Acosta y Miguel Del Puerto.

Leé también: Peña pide acuerdo del Senado para designar nueva embajadora en EE. UU.

El Consejo Constitucional de Francia rechazó el viernes la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años, al considerar que esta medida constituye “una vulneración desproporcionada” de su libertad de expresión. La máxima autoridad constitucional del país estimó que el artículo 1 de la ley destinada a proteger a los menores de los riesgos a los que los expone el uso de las redes sociales “supone una vulneración que no es adecuada, necesaria ni proporcionada” a la libertad de expresión y de comunicación de los menores de 15 años.

La institución había sido consultada a finales de julio por diputados socialistas y de la izquierda radical sobre el artículo 1. Si bien el Consejo reconoce “la exigencia constitucional de protección del interés superior del niño”, señala que esta prohibición tan amplia “es susceptible de aplicarse a servicios de comunicación en línea cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los menores (...) no están establecidos”.

La ley, que debía entrar en vigor el 1 de septiembre, contempla dejar a los más jóvenes fuera de las redes sociales (TikTok, Snapchat, X, Instagram...), pero también evitar que puedan utilizar espacios de comunicación de algunas páginas web como YouTube; servicios de mensajería como WhatsApp y Messenger y algunos videojuegos en línea.

Aunque la ley preveía excepciones, en particular para las enciclopedias en línea y sitios educativos o científicos, estas siguen siendo demasiado “limitadas”, advierte el Consejo Constitucional. Poco después, el presidente francés, Emmanuel Macron, encargó al primer ministro, Sébastien Lecornu, “trabajar” en “una redacción jurídicamente sólida” del texto “en el menor plazo posible”, teniendo “en cuenta la decisión del Consejo Constitucional”.

La Presidencia francesa destacó que su compromiso para sacar adelante esa ley “de aquí a la primavera [boreal] de 2027 sigue siendo total”.

La ley francesa se inscribe en un movimiento mundial y el país fue pionero en Europa en hacerlo.

A finales de 2025, Australia se convirtió en el primer Estado en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

Desde entonces, numerosos países han adoptado o han anunciado que estudian prohibiciones similares, como Brasil, Indonesia, el Reino Unido y Nueva Zelanda.

Por su parte, la Comisión Europea anunció en julio su intención de instaurar un acceso “progresivo y gradual” de los menores a las redes sociales.

El Consejo Constitucional se pronunció únicamente sobre el artículo 1, y no sobre la prohibición del celular en los centros de secundaria a partir del 1 de septiembre, una medida que también incluye esa ley.

La máxima autoridad constitucional de Francia validó el viernes en su totalidad la legislación que concede a los adultos que padecen una enfermedad incurable el derecho a la muerte asistida, aunque indicó que algunas disposiciones requieren una aclaración.

Con la aprobación del Consejo Constitucional, Francia se unirá a la reducida lista de países que autorizan la muerte asistida, desde Bélgica a Países Bajos pasando por España, Suiza, Canadá y Uruguay.

La ley, aprobada por el Parlamento francés en julio tras años de debate, establece el derecho a la muerte asistida para algunos adultos que padezcan una enfermedad incurable.

La decisión del Consejo Constitucional supone una victoria para el presidente Emmanuel Macron, quien prometió una ley de este tipo cuando fue reelegido para un segundo mandato en 2022.

Su validación “pone el broche final a un debate democrático ejemplar” y “ofrece una garantía esencial a nuestros conciudadanos”, declaró la presidencia francesa.

Para poder optar a la muerte asistida, el paciente debe ser mayor de edad, ciudadano francés o residente de larga duración.

Debe sufrir un dolor que no responda al tratamiento o que, en opinión del paciente, sea insoportable, en los casos en que haya optado por no seguir el procedimiento médico o interrumpirlo.

Un médico se encargará de verificar que el paciente cumple los requisitos, antes de que un comité evalúe los criterios.

En última instancia, el médico toma la decisión y el paciente puede retirar su consentimiento en cualquier momento.

El propio paciente se administrará la sustancia letal, salvo en el caso de quienes, por motivos físicos, no puedan hacerlo.

Aunque el Consejo confirmó la constitucionalidad de la ley, consideró que era necesario aclarar determinadas disposiciones, incluida la denominada “cláusula de conciencia”, que permite a los profesionales de salud negarse a participar en el procedimiento.

La cláusula también debe aplicarse a los centros de salud privados en los que la muerte asistida sea “manifiestamente contraria” a su misión, siempre que no sean los únicos establecimientos capaces de satisfacer las “necesidades locales”, señaló la autoridad constitucional.

Fuente: AFP.

El presidente Emmanuel Macron vuelve a ser objeto de críticas tras la publicación de un fotorreportaje en el que aparece practicando diversas actividades acuáticas en medio de un verano marcado en Francia por las numerosas olas de calor y los incendios. Las críticas provienen principalmente de la izquierda. Los franceses sufren un “verano apocalíptico” y “nuestro presidente se permite, por tanto, un publirreportaje sobre sus vacaciones” en la revista semanal Paris Match, criticó Marine Tondelier, líder de los Ecologistas y candidata a las próximas elecciones presidenciales.

“Emmanuel Macron: ‘¿Habéis visto mi enorme moto acuática? ¿A que va rápido?’”, se burló el viernes en X, comparando la foto de portada de la revista con los “fallecidos a causa de cinco olas de calor, una sequía y unos incendios históricos”. Esta no es la primera vez que un reportaje fotográfico realizado durante su estancia en la residencia presidencial del fuerte de Brégançon, en la Costa Azul del sur de Francia, le vale críticas al dirigente centroderechista por parte de sus oponentes de izquierda.

El entorno de Macron hizo saber que el fotógrafo no había tenido “ningún acceso autorizado” para realizar su reportaje, y afirmó que se publican “fotos robadas del presidente cada año desde hace nueve años”, cuando accedió al poder. “Durante la ola de calor, cuando Francia arde, cuando una parte de los franceses no ha podido irse de vacaciones, el presidente se divierte en moto acuática en Brégançon. ¿Ese es el mensaje? Menudo acierto”, ironizó el jueves Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista.

En el reportaje también se puede ver a Macron practicando otros deportes acuáticos, como el surf foil, y el artículo que acompaña a las fotos afirma que “el presidente pasa el día al teléfono” en la residencia, donde tiene un despacho habilitado.

Fuente: AFP.