El director del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans, fue detenido en Venezuela ayer sábado, según denunciaron su esposa y diversas oenegés, después de que la policía de inteligencia se lo llevara de su casa en Caracas. Diversas organizaciones han denunciado la persecución sistemática de personas adversas al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Hay al menos 889 “presos políticos” en el país, según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa judicial de la mayoría de estos casos.

Al inicio de la tarde, Evans alertó en sus redes sociales que fue visitado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que sin orden judicial le solicitaron acompañarlos para una “entrevista”. Un video grabado por vecinos evidencia cómo ingresó junto con dos hombres vestidos de civil a una camioneta estacionada frente a su residencia.

“Dicen que van a realizar una entrevista, yo voy a ir voluntariamente a esa entrevista. Esperemos ver cuáles son las consecuencias de esto”, afirmó Evans en el video publicado en X. “Voy a dar la cara, no tengo nada que temer”, dijo. Los servicios de inteligencia venezolanos ya han empleado el pretexto de las “entrevistas” para cometer “desapariciones forzadas”, comentó a la AFP Marino Alvarado, coordinador del equipo jurídico de la oenegé Provea.

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“Ya es una política de Estado que a todo detenido por motivos políticos lo someten a desaparición forzada”, comentó. La detención fue ratificada por Marta Cambero, esposa de Evans, que exigió a las autoridades dar información sobre su paradero y alertó que requiere de un estricto tratamiento médico por un cuadro de hipertensión.

Evans es politólogo y director del medio independiente Punto de Corte. Ya estuvo detenido durante 51 días en 2020 y fue liberado junto a más de 100 “presos políticos” que recibieron un indulto del gobierno.

Al menos 20 periodistas y trabajadores de medios de comunicación están presos en Venezuela, según el sindicato de la prensa.

Este viernes, 33 sindicatos venezolanos denunciaron que en los últimos años unos 180 trabajadores han sido víctimas de “detenciones arbitrarias” y “desapariciones forzadas”, incluido el secretario general del mayor sindicato del país, José Elías Torres, quien también fue abordado por policías para una “entrevista”.

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Un tribunal estadounidense divulgó la orden judicial, fuertemente censurada, que autorizó la incautación por parte de Washington de un petrolero frente a las costas de Venezuela, una medida que Caracas denunció como un acto de “piratería internacional” y “robo descarado”.

A diferencia de los ataques en altamar contra presuntas narcolanchas, que han causado desde septiembre cerca de 90 muertes, esta operación, realizada el miércoles, iba acompañada de una orden de decomiso.

La Guardia Costera estadounidense ejecutó la orden judicial, emitida el 26 de noviembre, poco antes de su vencimiento, de acuerdo con un documento de 32 páginas, publicado el viernes, del que más de la mitad fue censurado.

El Departamento de Justicia señaló que el buque, identificado como M/T Skipper y anteriormente llamado Adisa, fue empleado para trasladar combustible sancionado “dentro de una red de transporte de petróleo que respalda” al movimiento islamista Hezbolá y a una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní, ambos catalogados por el Departamento de Estado estadounidense como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Washington también impuso nuevas sanciones contra tres familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro y contra seis navieras que transportan crudo del país sudamericano.

“El servicio de contrainteligencia del FBI, junto con nuestros socios, seguirá aplicando las sanciones de Estados Unidos y bloqueando a nuestros adversarios el acceso a los mercados financieros y a la tecnología crítica”, declaró en un comunicado el director del FBI, Kash Patel.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el jueves a la prensa que el petrolero incautado sería trasladado a un puerto estadounidense y que Washington tiene la intención de confiscar el crudo.

El petrolero debía atracar en Galveston, Texas, según dijeron a NBC News dos funcionarios estadounidenses que pidieron no ser identificados. La tripulación del petrolero será liberada una vez que llegue a su destino.

Al ser abordado, el busque transportaba 1,1 millones de barriles de crudo, según registros de MarineTraffic. Maduro alegó el jueves que eran 1,9 millones. La incautación fue un golpe al “régimen” socialista de Caracas, declaró en el Congreso la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem.

Fuente: AFP.